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“Sobrantes” en obras de Odebrecht se usaron a albedrío de funcionarios

SANTO DOMINGO. De las 17 obras que ejecutó y/o ejecuta la empresa Odebrecht en el país, algunas no agotaron todos los recursos que se contrataron para financiarlas, y los funcionarios encargados de las dependencias que las ejecutaban decidieron usar, donde mejor les parecía, el sobrante de esos recursos.

Tal es el caso del proyecto del Acueducto de Samaná, que tuvo un remanente de su presupuesto complementario de US$5.6 millones, así como el proyecto de la Presa de Pinalito, en Constanza, del que se transfirió unos US$11 millones para una carretera.

El contrato para el Proyecto del Acueducto Múltiple de Samaná se firmó en octubre del 2005 entre el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) y el Consorcio Bahía de Samaná, por un monto de US$164,799,642.00.

En la resolución aprobatoria de la adenda 2 del contrato, firmada en abril del 2009, se indica que “el financiamiento será cubierto por los créditos externos denominados “Financiamiento Inicial” y por el “Financiamiento Complementario”, por montos de US$115,200,000.00. y US$50,286,572.24, respectivamente.

El 11 de agosto del 2009, durante una reunión con los miembros de la Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial de la Cámara de Diputados, el entonces director de Inapa, Mariano Germán, explicó que “a raíz de una discusión técnica del proyecto con el contratista, se determinó que, efectivamente, había una parte de las obras que estaban en el contrato original como derecho adquirido y que nosotros lo sacamos porque entendimos que no era necesario, puesto que estas obras ya estaban finalizadas”.

Expuso sobre las modificaciones a varios aspectos de la obra y de cómo los US$50 millones para obras complementarias se redujeron a US$33 millones, “porque es bueno señalar que aquí hay unos diez millones de dólares que son para terminar la primera etapa”.

Justificó el traspaso de esos recursos en que, supuestamente unos estudios realizados para la obra de toma del proyecto indicaron que había que modificar la fundación.

“Eso conllevó naturalmente a un encarecimiento de la obra y otras partidas adicionales en escalamiento de precios durante todo el proceso constructivo y… que eran 10 millones de dólares. De modo que nos estaban quedando 5.6 millones de dólares. Mal podíamos nosotros decir, señores, de un préstamo que es a crédito a la exportación que lo da Brasil”, comentó Germán en el encuentro, según el acta que al respecto redactó la Cámara.

Y agregó: “Tenemos 5.6 millones de dólares disponibles, vamos a utilizar estos recursos para mandarlos a la provincia Hermanas Mirabal”. La Comisión, presidida por el diputado Hugo Fortuna, emitió un informe favorable.

En el expediente que presentó el Ministerio Público para sustentar la solicitud de medidas de coerción contra los 14 imputados de recibir los US$92 millones en sobornos que admitió Odebrecht haber pagado en el país a cambio de que le facilitaran los contratos de obras, se cita que la adenda 2 del proyecto se hizo con la finalidad de incluir, sin previa licitación, la construcción de otro acueducto en la provincia Hermanas Mirabal.

“Esta adenda se realiza bajo el fundamento de que este acuerdo era una obra complementaria, sin embargo, la obra constituía un proyecto totalmente independiente al proyecto original y a todas luces resultaba ser distinta a la obra contratada originalmente”, concluye la Procuraduría.

De Pinalito a Casabito

En el expediente por el caso Odebrecht, el Ministerio Público cita el contrato que el 26 de diciembre firmó el imputado Víctor Díaz Rúa con la Constructora Norberto Odebrecht para la rehabilitación de la carretera Constanza- Tramo Cruce Autopista Duarte– Casabito-Constanza por un monto de US$40,553,690.

Indica que del referido monto, US$11,512,584 fueron sufragados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

En su declaración de defensa frente al juez especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, quien impuso medidas de coerción contra 13 de los sometidos por el caso, el exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Radhamés Segura, justificó las trasferencias de un proyecto a otro.

“Había una provisión de más de once millones de dólares para la carretera que iba a unir la presa de río Blanco con la presa de Pinalito y, en virtud de que hubo una prohibición de Medio Ambiente, porque iba a haber una gran deforestación, aportamos esa aprobación para que nos hicieran una desviación hasta llegar a la presa de Pinalito”, detalló Segura, afirmando que ese aporte se le comunicó al Ministerio de Hacienda.

La Procuraduría también recoge en su pieza acusatoria la adenda número 6 que se realizó al contrato para la construcción de la presa Pinalito, la cual sumó US$88 millones al costo original del proyecto e incluyó la “ejecución de trabajos de rehabilitación de la carretera El Abanico-Constanza” como parte de las obras complementarias.

“Justificar en esa adenda la ejecución de trabajos de rehabilitación de la carretera El Abanico- Constanza y posteriormente darle un uso distinto al que fue contratado, deber ser tomando como una evidencia a prima facie de desfalco”, plantea la Procuraduría.

Los investigadores señalan que luego de que el proyecto de la presa de Pinalito fuera inaugurado, el 11 de agosto de 2009, el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) ingeniero Víctor Garame Ventura Hernández, firmó en febrero de 2010 (siete meses después), un contrato de cierre de la construcción. Y señala: “Dicho contrato de cierre fue la forma más clara y descarada de sustraer los fondos del Estado”, destacando que el contrato de cierre y la adenda 6 se firmaron para los mismos trabajos, “es decir, que hubo un desvío de los referidos fondos, constituyendo esto un desfalco en perjuicio del Estado”.

El proyecto Pinalito se firmó el 22 de octubre del 2002, entre la CDEEE y la Constructora Norberto Odebrecht S.A. por un monto de US$131,721,080. Con las seis adendas, más el contrato de cierre, terminó por US$361,222,243.49.

Sometidos por esos contratos

El Ministerio Público sostiene que los incrementos y justificaciones de las adendas a Pinalito hacen pensar que Odebrecht estaba improvisando, sin embargo, “la ampliación de la referida obra se debió al entramado de corrupción y la aceptación de sobornos dados por la compañía a través del imputado Ángel Rondón a los imputados César Sánchez, Bernardo Antonio Castellanos, Máximo De Óleo Ramírez, Andrés Bautista García, Alfredo Pacheco Osoria y Ramón Radhamés Segura”. También acusa al exministro de Obras Pública, Víctor Díaz Rúa. Con excepción de Castellanos, Pacheco y los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, todos tienen medidas de coerción de entre un año a tres meses de prisión. Por los sobornos tienen medidas de coerción, además, el exministro Temístocles Montás, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y Ruddy González.

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