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La Fiscalía de El Salvador investiga irrupción en el Congreso de militares

San Salvador.- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador comenzó una investigación contra las personas involucradas en la irrupción en la Asamblea Legislativa del presidente Nayib Bukele el pasado domingo con agentes armados, según lo informó este miércoles.

“La obligación de la institución (fiscal) es perseguir el delito y garantizar la legalidad, por tanto, si la investigación iniciada arroja indicios de delito, se tomarán acciones legales contra las personas involucradas”, señaló la FGR en un comunicado.

Indicó que el fiscal general, Raúl Melara, ha señalado que el orden constitucional se puso en peligro y ha llamado a la calma y al consenso.

“Estas acciones pusieron en riesgo el Estado de Derecho, la división de poderes y el orden Constitucional”, subrayó.

El Ministerio Público apuntó que “reconoce el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, pero no al llamado a la violencia o amenaza de las instituciones en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales” y agregó que “el llamado de cualquier ciudadano a sustituir, intervenir o coaccionar de manera ilegítima a cualquier institución del Estado va en contra de nuestra Constitución y atenta contra el Estado de Derecho”.

El país centroamericano aguarda a que los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelvan una demanda de inconstitucionalidad relacionada con los hechos del fin de semana, generados por la no aprobación en la Asamblea Legislativa de un préstamo de 109 millones de dólares para la tercera fase de un plan de seguridad contra las pandillas.

Los juzgadores, en una resolución de admisión de la demanda emitida el lunes, prohibieron a Bukele utilizar al Ejército para “actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos”.

El Gobierno de este país centroamericano manifestó, a través de un comunicado de prensa, que no comparte la decisión judicial, pero que acatará las medidas cautelares.

El Ejecutivo de Bukele atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que fue lanzada dicha iniciativa.

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Bukele irrumpe con militares en Congreso para exigir préstamo

San Salvador.-El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien irrumpió ayer con militares en el Parlamento, dijo luego ante miles de personas que los diputados que no acudieron a la sesión para discutir un préstamo que financie un plan contra las pandillas rompieron “el control constitucional” y los emplazó a votarlo.

Bukele entró al Parlamento, custodiado por militares y policías, algunos de los cuales también ingresaron al recinto, para abrir la discusión sobre el polémico préstamo, pero la sesión no pudo realizarse por falta de cuórum, ya que solo se presentaron 20 de los 84 diputados.

“Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria extraordinaria tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución”, señaló el mandatario, quien se ubicó en la silla que le corresponde al presidente del Congreso, Mario Ponce, que no acudió a la convocatoria.

Bukele hizo una oración y luego salió del salón del Congreso, ya que la sesión no fue establecida, para dirigirse a una multitud que lo esperaba en una de las entradas del órgano Legislativo.

El presidente subrayó que si hoy los diputados, convocados a sesión plenaria, “no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución”. Dicho artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección”, para “restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.

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Trump insta al Congreso a acabar con vacío legal que dificulta deportaciones

WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos instó ayer al Congreso a acabar con los “vacíos” legales que dificultan la deportación de extranjeros que hayan sido condenados por cometer un crimen después de que el Tribunal Supremo determinara horas antes que la legislación actual es demasiado “vaga” y no se puede aplicar.

“La decisión de la Corte implica que el Congreso debe acabar con los vacíos que impiden la deportación de peligrosos criminales extranjeros (…). Esta es una crisis de seguridad pública que sólo puede ser arreglada por el Congreso”, reclamó el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

Trump agregó que tanto la Cámara de Representantes como el Senado deben aprobar “rápidamente” una legislación que garantice que este tipo de extranjeros sean “expulsados” de la sociedad estadounidense.

La reacción del presidente se produce después de que el Tribunal Supremo determinara ayer, por cinco votos a favor y cuatro en contra, que la imprecisión de la legislación vigente que permitía al Gobierno acelerar la expulsión de aquellos extranjeros condenados impide su aplicación.

Con su fallo, la Corte respalda la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que en 2015 ya anuló esa provisión de la ley al considerarla demasiado confusa.

Al igual que Trump, el Departamento de Justicia también ha mostrado su deseo de que las leyes permitan la expulsión de extranjeros que han cometido ciertos delitos.

“El Departamento de Justicia cree que ciertos crímenes cometidos por inmigrantes ilegales, con visado o de alguna otra manera con permiso legal en Estados Unidos, deberían activar su expulsión. Por ello exhortamos al Congreso a acabar con esos vacíos”, afirmó el portavoz de la cartera de Justicia, Devin O’Malley, en un comunicado.

Por su parte, el responsable de prensa del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Houlton, aseguró que la decisión judicial “socava” el trabajo de su agencia y “permite” que Estados Unidos se convierta en “un refugio para criminales” y, por lo tanto, lo hace “más vulnerable”.

“¡Mantengamos Estados Unidos Seguro!”, clamó Trump.

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Discutirán cambio en ley de divorcio de la República Dominicana

Santo Domingo.-El Congreso Nacional iniciará esta semana la discusión de un proyecto de ley sometido por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Santiago, Víctor D’Aza, que procura eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer en materia de divorcio.

La iniciativa, que modifica la ley No. 1306-bis de divorcio, del 21 de mayo de 1937, busca poner en práctica los valores de igualdad prevalecientes en la Constitución de la República, que establece que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley” y que “prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres”.

El legislador considera que la actual ley de divorcio implica limitaciones en razón de la edad de los esposos para los divorcios por mutuo consentimiento, llegando al extremo de impedirlo a las mujeres que tengan 50 años de edad.

“El proyecto propone eliminar la prohibición de que la mujer que tenga 50 años pueda divorciarse por mutuo consentimiento, ya que el proceso de divorcio incoado por medio de las otras causales que contempla la ley 1306 son, en sí mismas, causas litigiosas, que implican la presentación de testigos y la celebración de audiencia judicial”, expresó D’Aza cuando presentó el proyecto a la Cámara de Diputados.

El procedimiento para el divorcio por mutuo consentimiento transcurre en privacidad al no exigir celebración de audiencias ni la presentación de pruebas litigiosas para justificarlo, agregó. Informó que la iniciativa también reduciría a 30 días el plazo de la apelación a partir de la notificación de la sentencia.

La propuesta establece que la guarda de los hijos quede a cargo del padre o la madre que a juicio del tribunal represente mayor ventaja para los hijos y no a cargo del padre como impone la actual ley.

Además que la mujer podrá dejar la residencia común, durante cualquier parte del proceso de divorcio, y solicitar una pensión alimenticia proporcional a las capacidades económicas del marido.

“El proyecto además eliminaría el artículo 23 de la actual ley de divorcio que dice que la mujer estará obligada a justificar su residencia en la casa indicada, cada vez que se le requiera, y que a falta de esta justificación, el marido podrá rehusar la pensión alimenticia”, dijo.

Además eliminará la prohibición de que la mujer divorciada pueda contraer nuevo matrimonio una vez su divorcio sea definitivo, antes de los diez meses posteriores al pronunciamiento.

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Zuckerberg comparecerá ante el Congreso de EEUU por la filtración de datos

Washington, Estados Unidos.-El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos para responder a las preguntas de los legisladores sobre la filtración de datos que ha quedado en evidencia a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, según informaron hoy medios locales.

El joven empresario, de 33 años de edad, habría decidido así aceptar alguna de las numerosas invitaciones que le han llegado tanto desde el Senado como desde la Cámara de Representantes en los últimos días, de acuerdo con una información divulgada este martes por la cadena CNN.

La empresa, consultada por Efe, no quiso pronunciarse sobre esta información, si bien sí confirmó haber recibido diversas invitaciones y afirmó que en estos momentos representantes de Facebook están «en conversaciones con legisladores».

De confirmarse la comparecencia de Zuckerberg ante el Congreso, supondría un cambio en relación con la postura del directivo en los últimas horas.

De hecho, hoy mismo, la responsable de Relaciones Públicas de Facebook, Rebecca Stimson, indicó que el director ejecutivo de la red social ha rechazado la posibilidad de comparecer ante el Parlamento británico para dar explicaciones sobre el escándalo de Cambridge Analytica.

Zuckerberg, sin embargo, sí se disculpó ante los ciudadanos británicos mediante un anuncio que fue publicado este pasado domingo en diversos medios de comunicación, en el que reconoció que el deber de la compañía es proteger los datos de sus usuarios.

Esta disculpa se produjo después de que a mediados de mes se desvelara que la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica había tenido acceso en 2014 a datos recopilados por la empresa dirigida por Zuckerberg, lo que podría suponer una violación de las condiciones de confidencialidad de la compañía.

De acuerdo con medios británicos, la empresa de análisis de datos, que colaboró con el equipo de Trump durante la campaña electoral para los comicios presidenciales de 2016, empleó dicha información para desarrollar un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes para poder influir en ellas.

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El 60% de EEUU urge a Trump y al Congreso a hacer más para prevenir tiroteos

Washington.-Más de 6 de cada 10 estadounidenses considera que ni el presidente Donald Trump ni el Congreso hacen lo suficiente para prevenir tiroteos masivos en el país, aunque la mayoría culpa a la salud mental antes que al acceso a las armas de fuego, según una encuesta divulgada hoy.

El sondeo elaborado para The Washington Post y la cadena ABC, indica que el 62 % de los encuestados consideran que Trump no está tomando las medidas apropiadas tras el tiroteo de una escuela de secundaria en Florida que dejó 17 muertos y una quincena de heridos.

El rechazo es aún mayor a la labor del Congreso estadounidense, al que culpa un 77 %.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados, un 58 %, subrayó que la principal causa de esos tiroteos masivos es la incapacidad para identificar y tratar la enfermedad mental.

Frente a esto, solo un 28 % apuntó como responsable las débiles leyes de control al acceso de armas.

La encuesta , que se realizó a una muestra de 808 adultos entre el 15 y el 18 de febrero, tiene un margen de error del 4 %.

Este lunes, Trump dio un pequeño paso hacia un posible refuerzo del control de armas al señalar que respaldaba un proyecto de ley sobre el tema, que trataría de aumentar la eficacia de la base de datos nacional sobre antecedentes criminales y así impedir que las personas allí incluidas puedan comprar armas.

Trump, en su discurso a la nación tras la masacre, prometió «encarar el difícil problema de la salud mental» y evitó realizar mención alguna al control de armas.

La encuesta se produce después del tiroteo en Parkland (Florida) de la semana pasada que ha reabierto el debate sobre el control de armas en Estados Unidos.

El presunto autor de la masacre es Nikolas Cruz, de 19 años, un joven con problemas mentales que abrió fuego contra sus excompañeros de escuela con un arma de asalto AR-15 que compró legalmente.

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El Congreso de EE.UU. cada vez más cerca de provocar un cierre del Gobierno

WASHINGTON. Con la presión de los demócratas en el Senado, el Congreso de EE.UU. está cada vez más cerca de provocar un cierre parcial del Gobierno federal, ante la falta de consenso entre los dos partidos para lograr una ley presupuestaria que impida que los fondos expiren en la media noche del viernes.

La Cámara Baja aprobó ayer con 230 votos a favor y 197 en contra los fondos para financiar al Gobierno hasta febrero, pero todavía falta el visto bueno del Senado.

Según indicaron ayer fuentes de la Cámara Alta a Efe, los demócratas del Senado dicen contar con los votos suficientes para bloquear la propuesta presupuestaria republicana que ya aprobó la Cámara Baja, habida cuenta de que no incluyen sus principales demandas, como una solución definitiva para los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”.

Las negociaciones sobre el acuerdo migratorio, que rozaban el éxito la semana pasada, saltaron por los aires tras una reunión con el presidente Donald Trump, aumentando la tensión entre demócratas y republicanos.

Aquel acuerdo bipartidista, que fue presentado de igual forma por el grupo de los seis senadores que lo conforman, en principio cumple con los requisitos planteados por el multimillonario, entre los que se encuentra una solución para los “soñadores”, más inversión en seguridad fronteriza, el fin de la “lotería de visados” y no promover “la inmigración en cadena” mediante reagrupación familiar.

El texto de la Cámara Baja que rechazan los demócratas del Senado financiaría el Gobierno hasta el 16 de febrero, incluyendo una extensión de seis años de los fondos para el Programa de Seguro Médico para niños (CHIP, por sus siglas en inglés).

Esa, una de las demandas de los republicanos más moderados y también de los demócratas, aleja los votos de los ultraconservadores, aunque para convencer a estos últimos también se introdujeron recortes para los aportes a la ley de salud implementada por el expresidente Barack Obama.

Los senadores demócratas han aumentado la presión sobre los republicanos y la Casa Blanca para aprobar un acuerdo migratorio bipartidista junto a los presupuestos que incluya un camino a la ciudadanía para los 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, cuyo alivio de la deportación expira en marzo por orden de Trump.

No obstante, la inclusión de la disposición para los fondos de CHIP pone en una complicada situación a los demócratas, ya que se trata de una cuestión por la que llevan peleando varios meses, después de que los republicanos permitieran que expirara su financiación.

La Casa Blanca expresó su apoyo a la medida de la Cámara Baja este miércoles.

“Los demócratas han secuestrado a los trabajadores de Estados Unidos, incluidos los hispanos, porque no permiten que se tramite un proyecto de ley de gasto sin condiciones”, dijo una alta funcionaria de la Casa Blanca en conferencia telefónica, bajo anonimato.

Respecto al contenido del acuerdo migratorio, la misma fuente indicó que la objeción de la Casa Blanca radica en que a su juicio son insuficientes los fondos planteados para la construcción del muro con México, que los senadores acordaron fijar en algo más de 1.000 millones de dólares, por los 18.000 que pide el Ejecutivo.

Pero los demócratas parecen haberse cansado de negociar presupuestos temporales -este, de aprobarse, sería el cuarto en lo que va de año fiscal-, y de que no sean escuchadas sus demandas, tanto así que han llegado a considerar un juego sucio el hecho de que los conservadores negocien con los fondos destinados a la salud infantil.

En caso de que el Congreso no llegue a un acuerdo, se producirá un cierre del Gobierno parcial, el primero desde el año 2013, y coincidirá con el primer aniversario de la toma de posesión de Trump como presidente mientras los legisladores calientan motores para las elecciones legislativas de noviembre.

Por Raquel Godos
Vía Diario Libre

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Congreso obliga a renunciar a todos los ministros de Perú

LIMA. El Congreso peruano, dominado por la oposición, obligó el viernes a renunciar a todos los ministros del gobierno tras retirarles su voto de confianza y desató una crisis política que forzó al presidente Pedro Kuczynski a cancelar su viaje a Naciones Unidas y una reunión con Donald Trump.

Es la primera vez que bajo la vigencia de la constitución aprobada en 1993 un parlamento toma una decisión de esta magnitud.

Kuczynski dijo en un mensaje difundido por la televisora estatal que la visita cancelada “tenía un carácter muy importante porque nuestro país está por ingresar al consejo de seguridad de la ONU, que en la actual coyuntura internacional tiene un rol fundamental para mantener la paz en el mundo y velar por un ambiente cada día más dañado por el calentamiento global”.

El lunes en Nueva York, Kuczynski también tenía pactada una reunión con Trump junto a los mandatarios de Brasil, Michel Temer, y de Colombia, Juan Manuel Santos.

Kuczynski señaló temprano a través de su cuenta de Twitter que agradecía a su “primer ministro y su gabinete, que trabajaron por proteger las políticas de Estado en beneficio del país”. El presidente dijo que juramentará el domingo a su nuevo gabinete ministerial.

La carta magna establece que una vez formado el equipo presidencial, sus integrantes deben necesariamente obtener “el voto de confianza” del Parlamento que, para un equilibrio de poderes, es el que autoriza o no a gobernar a un gabinete.

Expertos consideran que lo ocurrido es el choque más fuerte entre la oposición parlamentaria liderada por la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y Kuczynski.

El partido fujimorista tiene 71 de 130 sillas y el grupo político de Kuczynski apenas 17 legisladores.

La confrontación política entre fujimoristas y los partidarios del presidente se incrementó el miércoles al fin de una huelga de maestros.

Ese día, el partido fujimorista promovió la renuncia de la ministra de Educación, Marilú Martens. Meses atrás, ya habían forzado al anterior titular de esa misma cartera. Los docentes, que estuvieron de paro por más de 60 días, reclamaban un aumento de salarios.

El saliente primer ministro Fernando Zavala dijo entonces que la decisión parlamentaria afectaba la “gobernabilidad del país”, por lo que solicitó la “confianza” para su equipo ministerial.

Tras un acalorado debate en el que la oposición incluso insultó al primer ministro, en la madrugada del viernes el Parlamento rechazó el pedido de confianza por 77 votos a favor y 22 en contra y obligó a renunciar a Zavala junto a sus 18 ministros.

Kuczynski ahora tendrá que formar un nuevo equipo que deberá obtener obligatoriamente la confianza del Parlamento. Si el Legislativo rechaza a los nuevos ministros el presidente tiene la opción de disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias.

Según la ley, Kuczynski tiene que cambiar necesariamente al primer ministro Zavala, pero puede mantener en sus puestos al resto del gabinete.

Sin embargo, el presidente del parlamento, el fujimorista Luis Galarreta, dijo a la prensa que esperan se cambien a todos los ministros para otorgarles su “confianza”.

Hasta ahora el parlamento opositor había promovido y logrado la renuncia de los ministros de economía, transportes y de educación.

Santiago Mariani, coordinador de la maestría en Ciencia Política de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, dijo a la AP que ahora Kuczynski está ante el dilema de construir un gabinete de consenso o propone otro que puede ser censurado por el parlamento y lleva la disputa al extremo.

“Resulta preocupante que ante tan poco tiempo de gobierno, estemos en esta espiral de crisis que no está enfocándose en temas centrales que la mayoría del Perú espera que son los avances en salud y educación”, dijo.

Kuczynski tiene 19% de popularidad, según un reciente sondeo de agosto de la firma Gfk.

“No cederemos… Por los niños, por el Perú, por la gobernabilidad”, advirtió Kuczynski, de 78 años, en Twitter. AP/Por FRANKLIN BRICEÑO

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Congreso guatemalteco frena avance de polémicas reformas a favor de políticos

CIUDAD DE GUATEMALA. Las reformas al Código Penal realizadas por el Congreso de Guatemala, y que despertaron la ira de miles de guatemaltecos porque al tratar de quitar responsabilidad a políticos que cometieran financiamiento electoral ilícito también librarían de prisión a quienes cometieran al menos unos 400 delitos tipificados en ley, fueron derogadas el viernes.

Con 130 votos (el total de los asistentes) a favor de 158 diputados, los legisladores aprobaron suspender en definitiva la reforma de tres artículos del Código Penal. Los cambios a la ley se hicieron unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.

Miles de manifestantes rodearon durante 12 horas las instalaciones del Congreso y no permitieron la salida de los diputados del palacio legislativo tras la sesión de revocatoria de las reformas, exigiendo que renunciaran por los cambios hechos a la ley. A la media noche del viernes, nueve horas después de finalizada la sesión, un grupo de 200 policías antimotines evacuó a los diputados, lanzando gas pimienta contra los manifestantes que aún permanecían en el lugar.

A su salida, la diputada Alejandra Carrillo del partido Movimiento Reformador, hizo señas obscenas a manifestantes, encendiendo la ira de éstos.

Los bomberos atendieron a varios civiles intoxicados con el gas lanzado por la policía.

El mecanismo para derogar se conoce como Precedente Legislativo y sirve para regular los procedimientos que pueden aplicarse a decretos que reciban objeciones. En este caso, según el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, varios diputados objetaron el decreto.

Las manifestaciones de miles de guatemaltecos y la rabia expresada por ellos logró no solo que los diputados dieran marcha atrás, sino que además varios de ellos pidieran disculpas públicas “por el error” cometido. Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), uno de los partidos impulsores de la reforma, fue una de las legisladoras que aseguró que aprobó las reformas con conocimiento de causa.

“Por eso pido perdón”, dijo.

“¡No nos vamos hasta que renuncien!” y “¡Depuremos el Congreso!” eran algunas de las frases que miles de manifestantes gritaban el viernes a las afueras del Congreso.

La diputada de oposición, Nineth Montenegro, quién voto en contra de las polémicas reformas dijo al pleno: “Ojala que desde hoy, si es que nos dejan terminar el periodo, leamos bien las iniciativas para evitar el descontento que ahora hay”.

Antes de que las reformas fueran derogadas por el Congreso, la Corte de Constitucionalidad ya había hecho una suspensión provisional de las mismas con un recurso legal aduciendo que los cambios ponían en riesgo el sistema de justicia del país.

Los legisladores habían acordado reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurriera en el delito de financiamiento ilícito y en paralelo aprobaron que una sentencia de una década de cárcel pueda ser conmutada por una multa.

La indignación de la población evoca a la suscitada en 2015 cuando miles de personas pidieron la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de actos de corrupción. Ambos renunciaron a sus cargos y están presos a la espera de saber si irán a juicio.

Tras la convulsión política llegó al poder el presidente Jimmy Morales, que con poca experiencia política y después de ser un comediante de televisión ganó popularidad con el lema “Ni corrupto, ni ladrón”. El partido que lo apoyó —el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por exmilitares, algunos acusados de crímenes de lesa humanidad— fue uno de los impulsores de los cambios legales.

Las reformas fueron aprobadas unos días después de que la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran a Morales de financiamiento electoral ilícito durante la campaña política que lo llevó al poder en 2016.

Tras la acusación, el mandatario ordenó la expulsión del titular de ésta última, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país ante lo que varios consideraron un intento de protegerse. Finalmente, la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.

Esta semana también se conoció que el mandatario recibió durante nueve meses un sobresueldo de 61.000 dólares de parte del ejército. La Contraloría General de Cuentas, que investiga el pago, lo obligó a devolver el dinero.

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El Congreso de EE.UU. urge a Trump condenar el racismo y el supremacismo

WASHINGTON. El Congreso de EE.UU. aprobó ayer por unanimidad una resolución de rechazo a la violencia racista en la que se exhorta al presidente, Donald Trump, a condenarla públicamente y combatir el supremacismo blanco y otras formas de odio.

La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad esta resolución que el Senado aprobó este lunes, también por unanimidad.

La decisión es la primera respuesta del Congreso a la violencia racista del 12 de agosto en Charlottesville (Virginia).

Ese día, un neonazi mató a una mujer e hirió a una veintena de personas al arrollar con su vehículo a los participantes de una manifestación antirracista que protestaba por la presencia de ultraderechistas en Charlottesville.

La resolución aprobada en el Congreso condena “la violencia racista y el ataque terrorista” ocurrido en Charlottesville.

También “rechaza el nacionalismo blanco, el supremacismo blanco y el neonazismo como expresiones de odio y de intolerancia que contradicen los valores que definen al pueblo de Estados Unidos”.

En la resolución, el Congreso urge a Trump a “rechazar públicamente los grupos de odio que adoptan el racismo, el extremismo, la xenofobia, la antisemitismo y el supremacismo blanco”.

Además, urge al presidente y a su Gobierno a “usar todos los recursos disponibles” para “abordar” la “creciente prevalencia de estos grupos de odio en Estados Unidos”.

Trump evitó señalar a los ultraderechistas como responsables de lo ocurrido el 12 de agosto al culpar primero a “muchos bandos”, aunque pasadas 48 horas de los hechos condenó a neonazis, supremacistas blancos y el Ku Klux Klan, todos presentes en Charlottesville.

El presidente, no obstante, no tardó ni 24 horas en enmendar esa condena al insistir en su teoría de “los dos bandos” y afirmar que entre los neonazis había “gente muy buena”.

La resolución aprobada en el Congreso está ahora en la mesa de Trump, que tiene que decidir si la secunda con su firma.

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Congreso de EE.UU. desea llamar a Trump Jr. a testificar

WASHINGTON. El titular de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado anunció el jueves que convocará al hijo mayor del presidente Donald Trump a declarar, ante evidencias de que aceptó reunirse con alguien que dijo ser del gobierno ruso y que deseaba ayudar a la campaña electoral de su padre.

El senador republicano Chuck Grassley reveló el jueves que enviará una carta a Donald Trump Jr. para pedirle que declare ante la comisión “muy pronto”, probablemente la semana entrante. Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a emitir una citación obligatoria, Grassley respondió: “Sí”.

Trump Jr. reveló hace dos días emails en los que parece aceptar una oferta del gobierno ruso para facilitar información dañina sobre la candidata demócrata Hillary Clinton durante la campaña. Poco después se realizó la reunión en la Trump Tower con una abogada rusa, a la que también asistieron el entonces jefe de la campaña de Trump, Paul Manafort, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Grassley ha declarado previamente que también desea que Manafort testifique, principalmente sobre si el gobierno está acatando una ley que obliga el registro de toda persona que esté actuando políticamente en nombre de un gobierno extranjero, pero posiblemente también sobre la reunión realizada en Nueva York.

Grassley no reveló qué desea preguntarle a Trump Jr., pero aclaró que los miembros de la comisión “pueden preguntar lo que deseen”. La demócrata de mayor rango en el panel, Dianne Feinstein, también ha pedido interrogar a Trump Jr. y ha hablado con Grassley sobre la posibilidad de emitir citaciones obligatorias.

Un abogado de Trump Jr. no respondió de inmediato a mensajes pidiéndole comentario sobre si su cliente aceptaría comparecer ante la comisión. Un portavoz del panel dijo que la carta no ha sido enviada.

La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado es una de varias instancias que investigan denuncias de que el gobierno ruso trató de sesgar las elecciones a favor de Trump. El senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia del Senado, también se ha declarado a favor de convocar a Trump Jr. pero el presidente de la comisión, el republicano Richard Burr, no ha revelado si convocará o no al hijo del presidente.

En respuesta a los numerosos pedidos de que testifique ante las comisiones investigadoras, Trump Jr. tuiteó el lunes que “estoy dispuesto a colaborar con las comisiones para facilitarles la información que tengo”.

Queda por ver si Trump Jr. estará tan dispuesto a colaborar con la Comisión de Asuntos Judiciales, que por lo general celebra sus audiencias en público. La Comisión de Inteligencia del Senado usualmente interroga a sus testigos a puertas cerradas.

Cuando se le preguntó sobre la carta de Grassley y sobre si Trump Jr. debería declarar, el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan no se manifestó en contra.

“Creo que cualquier testigo que ha sido convocado a declarar ante el Congreso debe venir a declarar”, expresó Ryan.

Por MARY CLARE JALONICK y ERIC TUCKER, Associated Press

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Desde el 2001: Congreso aprobó US$5,000 millones para Odebrecht

Santo Domingo.-Desde el año 2001, cuando la empresa brasileña Odebrecht inició operaciones en el país, el Congreso Nacional aprobó, por pedido del Poder Ejecutivo, préstamos por un total de US$5,047 millones para la construcción de obras en distintos puntos del país.

Los préstamos fueron aprobados en la gestión de distintos presidentes de cámaras y durante los gobiernos de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD).

Una gran parte de esos préstamos fueron modificados mediante adenda que llegaban después al Congreso Nacional, según un cuadro estadístico enviado a este diario.

El primero de los préstamos aprobados ocurrió durante la presidencia de Andrés Bautista, en el Senado; y Rafaela Alburquerque, en la Cámara de Diputados, y fue de US$161.8 millones para la construcción del acueducto de la Línea Noroeste.

Eso ocurrió durante el período del 30 de marzo al 03 de abril de 2002,  pero meses después el 29 de septiembre de 2009,  el Congreso  aprobó un adenda donde el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la constructora Norberto Odebrecht tomaron otro préstamo por 89.9 millones de dólares para terminar la obra. Ya para esa ocasión, el presidente de la cámara baja era Alfredo Pacheco.

El 15 de enero de 2004, el Congreso, liderado por Jesús Vásquez (Chu), en el Senado, y Pacheco, en la Cámara de Diputados aprobó otro préstamo de US$131 millones para la construcción de la presa de Pinalito, en La Vega.

Como comenzó a hacerse costumbre, ese no fue el precio final, ya que  fue necesario que entre julio de 2007 y octubre de 2008, el Congreso le aprobara otros préstamos para su terminación.

Los adendum aprobados en esa ocasión fueron de 20 y 68 millones de dólares, respectivamente, pero la presidencia de las cámaras había cambiado, ya que Reinaldo Pared ahora era el presidente del Senado, y Julio César Valentín, de la cámara baja.

LOS FINANCIAMIENTOS A TRAVÉS DEL BANDES

Teniendo como punto común que los préstamos se tomaban al Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BANDES), el Poder Ejecutivo logró que el Congreso le aprobara otros préstamos para una obra que construiría la multinacional sudamericana.

Esta vez eran US$71 millones para hacer el acueducto de Samaná, al cual se le sumaron después otros de US$50 y 62 millones para totalizar 183 millones de dólares.

Antes, el 13 de diciembre del 2005, con Bautista y Pacheco se aprobó un préstamo de 15 millones de dólares, a los cuales se le fueron agregando otros hasta el 2010, en la gestión de Pared Pérez y Abel Martínez, que totalizaron 306 millones.

Desde octubre del 2009 hasta agosto del 10 se aprobaron tres préstamos por un monto de 265.4 millones para la carretera Constanza- Cruce Casabito- Autopista Duarte y el Corredor Duarte, en la capital.

En la gestión de Cristina Lizardo y Abel Martínez, Odebrecht se estrenó en el 2011 con la aprobación de préstamos de unos 450 millones en total para la construcción de obras en Jarabacoa y la carretera que comunica varios puntos de la zona turística del Este del país.

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Congreso de EE.UU. logra acuerdo sobre presupuesto, pero ignora muro fronterizo

WASHINGTON. Los líderes del Congreso estadounidense presentaron este lunes un acuerdo para dotar al gobierno federal de un presupuesto que mantiene el plan de la Casa Blanca de potenciar la defensa, pero no incluye previsión para el polémico muro en la frontera con México.

Resultado de semanas de negociaciones entre legisladores republicanos y demócratas, el acuerdo alcanzado permite financiar el funcionamiento federal por lo menos hasta el 30 de septiembre, sin el riesgo de un cierre por falta de presupuesto.

Este entendimiento deberá ser aprobado esta semana primero en la Cámara de Representantes y a continuación en el Senado, para destinar aproximadamente 1,1 billones de dólares para cubrir gastos considerados fundamentales.

El acuerdo, plasmado en un texto de 1.665 páginas, representa un delicado equilibrio entre la propuesta de presupuesto lanzada el mes pasado por el presidente Donald Trump y las exigencias impuestas por la oposición en el Congreso para que el proyecto prospere.

De esta forma, la propuesta reserva 598.500 millones de dólares para el sector de Defensa, un aumento de 25.000 millones o 4,5% con relación a 2016.

Ni un dólar al muro

“Estados Unidos será más fuerte y más seguro gracias a este presupuesto”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan.

El acuerdo responde “al compromiso del presidente Trump de reconstruir nuestras fuerzas armadas para el siglo XXI y reforzar nuestras fronteras para proteger el país”, añadió.

El texto también incluye una previsión por 1.500 millones de dólares para el incremento de la seguridad fronteriza, además de contratación de nuevos agentes para la patrulla de la frontera.

Esto incluye recursos para las operaciones de arresto y deportación de inmigrantes en situación irregular y que hayan cometido delitos, contratación de jueces para tribunales migratorios y construcción de nuevas instalaciones para mantener personas detenidas.

Sin embargo, el acuerdo no prevé ni un solo dólar para el polémico muro que Trump propone construir en la frontera con México y que cada día parece más improbable, a raíz de su costo estratosférico y la falta de un presupuesto específico.

El pasado 16 de marzo, cuando la Casa Blanca anunció el proyecto de presupuesto que enviaría al Congreso, el texto asignaba 2.600 millones de dólar a la “planificación, diseño y construcción” del controvertido muro fronterizo.

Pero de inmediato se tornó evidente que las bancadas de la oposición demócrata no aprobarían un presupuesto federal que incluya provisiones para el muro, y ante la necesidad de garantizar esos votos, la Casa Blanca no tuvo otra opción que dejar la idea a un lado.

“Espero que (Trump) pida a México que incluya en su propio presupuesto” los fondos para el muro, ironizó la senadora demócrata Patty Murray.

“Tenemos tiempo”

Este lunes, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, admitió que el gobierno no ha “obtenido todo lo que queríamos” pero asomó que aún hay tiempo para una renegociación: “Estamos a cinco meses del presupuesto para 2018”.

El viernes, al hablar ante la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), Trump había asegurado que el muro será construido, aunque no ofreció detalles. “Tenemos todo el tiempo que haga falta”, dijo el mandatario.

Así, la ausencia de cualquier provisión para el muro no constituye precisamente una sorpresa en este presupuesto temporario hasta septiembre, pero confirma que el presidente usó la idea como una carta en la negociación.

Ya desde la campaña electoral del año pasado Trump insiste en que, de una forma o de otra, México pagará por el muro, pero para el inicio de cualquier obra requiere de fondos disponibles en un presupuesto aprobado por el congreso.

La oposición quedó satisfecha con la propuesta presupuestaria.

“Es un buen acuerdo para el pueblo estadounidense, y deja la posibilidad de una parálisis del gobierno fuera de la mesa”, dijo el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.

“La ley asegura que los dólares de los contribuyentes no sean usados para financiar un muro fronterizo inefectivo, (…) e incrementa inversiones en programas por los que la clase media se preocupa como la investigación sanitaria, la educación y las infraestructuras”, agregó.

por Aldo GAMBOA

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Donald Trump entra en semana difícil en el Congreso

WASHINGTON. El presidente Donald Trump se apresta a entrar de una de las semanas más difíciles de su tiempo en la Casa Blanca, lidiando con una nueva gestión para reformar la ley de salud y con la proximidad de un plazo presupuestario. Todo ello es complicado con un potencial enfrentamiento con los demócratas sobre los fondos para financiar el muro fronterizo.

La marca simbólica de los 100 primeros días de gobierno se cumple el sábado. Ese mismo día el gobierno pudiera paralizarse si no se llega a un acuerdo presupuestario. Trump ha anunciado una concentración política en Pensilvania ese día.

Pese al comentario de Trump de que la marca de los 100 días es “artificial”, la Casa Blanca planea una semana cargada de actividades antes del sábado. Trump firmará órdenes ejecutivas sobre energía y políticas rurales, cenará con jueces de la Corte Suprema, se reunirá con el presidente de Argentina y viajará a Atlanta para un evento de la NRA, la asociación de derechos de tenencia de armas. Varios colaboradores del presidente viajarán por el país para promover su gestión.

El domingo, varios resaltaron en programas noticiosos que el financiamiento del muro fronterizo con México y una votación sobre las gestiones para anular y reemplazar la ley de salud de Barack Obama son las prioridades e indicaron que podía evitarse un cierre del gobierno.

“No pienso que nadie prevea ni espera o quiera un cierre del gobierno”, dijo el director de presupuesto Mick Mulvaney en “Fox News Sunday”.

Trump desea resucitar una fallida gestión de los representantes republicanos de reemplazar la reforma del sistema de salud promovida por el gobierno de Obama. Espera además usar una ley de gastos de 1 billón de dólares para conseguir victorias en su prometido muro fronterizo, un pago para el fortalecimiento de las fuerzas armadas y quizás represalias contra ciudades que se niegan a cooperar con las tareas de las autoridades federales de inmigración.

Pero hasta ahora las negociaciones han sido difíciles, con disputas sobre el muro fronterizo y subsidios para ayudar a las personas de bajos ingresos a tener seguro médico.

Por CATHERINE LUCEY y HOPE YEN, Associated Press

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Comité del Congreso pide a Trump que presente este lunes pruebas contra Obama

WASHINGTON. Los líderes del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU. solicitaron a la Casa Blanca que faciliten a la comisión cualquier prueba sobre las presuntas escuchas ordenadas por el expresidente Barack Obama en la Torre Trump hoy.

Según informó ayer el diario especializado en información legislativa The Hill, el presidente del comité, el republicano Devin Nunes, y el demócrata de más alto rango de la misma comisión, Adam Schiff, pusieron fecha al Gobierno para sustentar las acusaciones del presidente Donald Trump sobre el exmandatario.

Trump ha mantenido las distancias con la prensa desde el fin de semana pasado, cuando acusó a Obama de poner dispositivos de vigilancia en la Torre Trump de Nueva York antes de las elecciones de noviembre.

Trump no proporcionó ninguna prueba al respecto, y un portavoz de Obama negó que él o cualquier funcionario de la Casa Blanca ordenara ningún tipo de “pinchazo” a las comunicaciones del entonces candidato presidencial.

La Casa Blanca ha pedido que se investiguen dichas presuntas escuchas telefónicas como parte de la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales, lo que para muchos es un movimiento de distracción respecto al papel del Kremlin en los comicios.

Precisamente ayer, el influyente senador republicano John McCain solicitó al presidente que presente dichas pruebas, o bien se retracte de las acusaciones contra Obama.

Nunes ha dicho que el comité de inteligencia investigaría la potencial vigilancia de los partidos políticos como parte de su investigación sobre Rusia, sin precisar que fuera una maniobra orquestada por Obama, mientras que Schiff calificó a los republicanos de “extravagantes” y destructivos”.

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Trump cambia las formas pero mantiene el fondo en discurso ante el Congreso

Washington.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizó hoy el tono y las formas en su primer discurso ante la sesión conjunta del Congreso, en el que llamó a la unidad del país, pero mantuvo el contenido de fondo de su agenda política, tanto en materia migratoria, como sanitaria y en comercio exterior.

El mandatario se alejó de su estilo abrupto y negativo, y adoptó una postura mucho más protocolaria en su primera aparición ante los miembros de ambas cámaras del Legislativo, ante los que se mostró más abierto a encontrar lugares de encuentro con los republicanos, a los que criticó duramente en campaña, y también con los demócratas.

«El presidente Trump pronunció un discurso mucho más eficaz y con visión de futuro ante la sesión conjunta del Congreso esta noche. El discurso comenzó fuerte, centrándose en el mes de la historia negra y condenando los recientes incidentes de odio» en el país, explicó a Efe el experto en Ciencia Política de la Universidad de Michigan Aaron Kall.

El multimillonario, más sobrio también en su indumentaria, con traje y corbata oscuros, se ciñó al guión y, a juicio de Kall, hasta se mostró «conmovido por la importancia de la ocasión y el lugar histórico donde tuvo lugar».

Trump no hizo uso alguno de un lenguaje violento, ni tampoco de acusaciones insultantes como en otras ocasiones, y se cuidó de hacer afirmaciones que claramente faltaran a la verdad.

«A diferencia de los discursos anteriores en la campaña, esta intervención trató de llegar más allá de su base y encontrar un terreno común potencial sobre temas como el gasto en infraestructura y las ayudas fiscales para el cuidado infantil», apuntó Kall.

No obstante, Trump reiteró los puntos más fuertes de su agenda política: la construcción del muro en la frontera con México -aunque no citó siquiera al país vecino-, la derogación y reemplazo de la reforma sanitaria y la reconsideración de las reglas de comercio exterior, pilares fundamentales de su ideario.

En ese sentido, a diferencia de otros mandatarios anteriores, el magnate no detalló demasiado cómo piensa llevar a cabo sus propuestas, ni tampoco cómo va a financiarlas, apelando, eso sí, a una «reforma tributaria histórica» que recortará impuestos tanto a las empresas como a la clase media.

Como explica el profesor de la Universidad de Michigan, la reforma migratoria y la reestructuración del sistema sanitario son temas «extremadamente complicados y requerirán un enorme trabajo adicional y compromiso».

«El discurso carecía de una lista detallada (de medidas) como los anteriores (discursos de otros mandatarios). El estilo de gestión del presidente Trump refleja el de un director ejecutivo de una empresa y probablemente delegará la minucia política en el Congreso», consideró Kall.

El momento más destacado del discurso ocurrió cuando el presidente hizo referencia al soldado de las fuerzas especiales de la Armada Ryan Owens, fallecido en Yemen a los pocos días de su investidura.

El padre de Owens fue muy crítico en una entrevista concedida este fin de semana con la misión militar en la que su hijo perdió la vida y con el propio mandatario, pero Trump sorprendió al llevar como invitada al discurso a la viuda del soldado, Carryn Owens.

El presidente, lejos de alimentar la polémica, a falta de que se dilucide la investigación sobre lo ocurrido, rindió homenaje al militar y, en reconocimiento a su esposa, logró la mayor ovación de la noche.

«Convirtió una gran controversia que estaba persiguiendo a su Gobierno en lo más destacado del discurso de esta noche. Ese momento fue indiscutiblemente el más destacado y mostró un comportamiento muy presidencial», opinó Kall.

En contraposición con la intervención que hizo a los pies del Capitolio el día de su investidura, el presidente abogó por la conciliación y la esperanza como parte de los valores fundamentales de Estados Unidos, e instó a sus ciudadanos a creer en sí mismos y en el futuro del país.

Y es que Trump ofreció hoy unos de sus grandes discursos desde que llegara a la arena política, huyendo de las controversias, las malas palabras y la división.

El presidente, en definitiva, evitó cualquier comentario indefendible que pudiera alejar de su lado a los republicanos, a quienes necesita para sacar adelante su visión del país, algo de lo que parece, por fin, ser consciente.

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Poder Ejecutivo propone elevar penas por lavado de activos a 40 años cárcel

SANTO DOMINGO. Las modificaciones de la Ley de Lavado de Activos (72-02) que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, vía el Senado, contemplan elevar las penas mínimas de cinco a 10 años, las máximas hasta 40 años y sanciones de hasta 400 salarios mínimos y el decomiso de los bienes, además de incluir penalidades por el financiamiento al terrorismo.

Con las modificaciones se cambiaría el nombre a Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Aunque el terrorismo tiene una ley especial (267-08), por la que se ha condenado a una persona, este proyecto no lo menciona. Las sanciones serían de hasta 40 años, y cualquier persona podría ser condenada a la pena máxima, aunque el acto terrorista no se haya llevado a cabo.

Este proyecto también contempla sanciones para los funcionarios públicos, no importa el rango jerárquico que ofrezca información sobre cualquier persona que estén investigando por sospecha de lavado de activos. Las sanciones van de dos a cinco años de prisión y multas de hasta 200 salarios mínimos.

La pieza contiene un capítulo ampliado de definiciones, a fin de especificar o aclarar el sentido de la terminología especializada de la ley, gran parte de la cual no aparece en la ley actualmente vigente.

La ley 72-02, vigente, contempla penas de cinco a 20 años y multas de 50 a 200 salarios mínimos para quien convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre bienes fruto del lavado. Las mismas penas enfrenta quien oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes.

En las modificaciones propuestas por el presidente Danilo Medina se contempla penas igual de 10 a 20 años, incluso para quien adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes. Además, sería inhabilitado temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

El proyecto contempla también que la persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite o colabore con personas que estén implicadas en lavado de activos para eludir la persecución, sometimiento o condenaciones penales, será sancionada con una pena de cuatro a 10 años de prisión mayor, multa de 200 a 400 salarios mínimos.

Igual sanción recaerá sobre el cómplice, quien se asocie para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar a su comisión con una prestación esencial para realizarlas o facilitar su ejecución.

Otorga importancia al capítulo relativo al congelamiento preventivo de bienes y activos ilícitos ordenados por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas números 1267, 1373, 1718, 1737, 1988 y sucesoras, así como cualquier otra relativa al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

“Por tanto, los procedimientos establecidos en el proyecto permitirán a la República Dominicana hacer efectivas las indicadas resoluciones, llenándose así lagunas normativas actualmente existentes en esa materia”, dicen las motivaciones enviadas por el Poder Ejecutivo.

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Congreso decidirá sobre abandono del cargo de Maduro

CARACAS, Venezuela. La Asamblea Nacional venezolana convocó el lunes a una sesión en la que discutirá el supuesto abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, lo que podría llevar a elecciones presidenciales anticipadas.

Aunque el Congreso tiene la potestad constitucional para declarar el abandono del cargo es muy posible que el Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar controlado por el gobierno, dicte una sentencia que podría paralizar o dejar sin efecto ese proceso.

La mayoría opositora de la Asamblea se juega su última carta para acelerar el fin del mandato de Maduro a quien acusa de incumplir sus deberes constitucionales y ser el responsable de la compleja crisis económica que atraviesa el país.

Las próximas horas son determinantes para la oposición debido a que el 10 de enero Maduro alcanzará más de la mitad de su mandato, lo que anula cualquier posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. La constitución establece que de darse en los dos últimos años de gobierno alguna falta absoluta del mandatario su período debe ser completado por el vicepresidente.

La decisión de emprender un nuevo proceso contra Maduro generó diferencias entre algunos partidos de la coalición opositora como Avanzada Progresista, que anunció que sus tres diputados salvarán sus votos en el debate porque “no es posible sostenerla (la declaratoria de abandono del cargo) dentro del marco constitucional ni el ámbito jurídico”, indicó en un comunicado.

El prominente dirigente oficialista, el diputado Diosdado Cabello, consideró “ridículo” el nuevo proceso y dijo en su cuenta de Twitter que “Maduro seguirá siendo presidente”.

“Nada me sacará ni me distraerá de lograr mi objetivo: la recuperación de la economía”, afirmó la víspera el mandatario durante su programa dominical “Contacto con Maduro” en el que anunció la creación un comando nacional que actuará contra los sectores “golpistas y terroristas” del país.

El académico y abogado constitucionalista José Vicente Haro afirmó que de aprobar la Asamblea Nacional por mayoría simple la declaratoria de abandono del cargo y de publicarse la decisión en la Gaceta Legislativa su efecto sería inmediato.

Pero agregó que podría ser sometida a una revisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que podría anular el proceso.

La Corte anuló el mes pasado una declaratoria de responsabilidad política de Maduro que había aprobado el Congreso. AP/ Por Fabiola Sánchez

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Excandidato al Congreso de EE.UU. planeó un asesinato masivo de musulmanes

robert_doggartREDACCIÓN INTERNACIONAL.- Las autoridades de EE.UU. confirman la detención del excandidato al Congreso, Robert Doggart, de 63 años, por haber planeado el 15 de abril atacar a los habitantes de Islamberg, un barrio musulmán del estado de Nueva York, informan medios locales. Sus llamadas telefónicas, interceptadas por el FBI, revelan que Doggart planeaba destruir una mezquita y una escuela del mencionado barrio.

A pesar de que Doggart fue detenido el 10 de abril por el FBI, su arresto ha sido anunciado recién hace unos días.

El político planeaba realizar un asesinato masivo, utilizando un rifle M4, una pistola, explosivos y un machete, informa la Oficina Federal de Investigación de EE.UU.

“Vamos a quemar sus edificios. Si alguien intenta hacernos daño de alguna manera, nuestro artillero estará preparado para abatirlos… Vamos a cortarlos en pedazos”, asegura el excandidato durante una de sus llamadas.

El portavoz de Musulmanes de América (TMOA), Muhammad Matthew Gardner, opina que “Doggart es un ejemplo del resultado de una islamofobia rampante sin control que se ha extendido”.
Fuente: actualidad.rt.com

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Congreso aprueba poderes especiales para Maduro

Nicolas MaduroCARACAS, Venezuela (AP) — La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una ley que le da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para legislar en diferentes ámbitos y garantizar la defensa del país.

En medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, la mayoría oficialista del congreso aprobó cerca de la medianoche del martes en primera discusión la llamada «ley habilitante antiimperialista para la paz», pero deberá ser sometida a un segundo debate para su aprobación final, indicó la agencia estatal de noticias.

La legislación especial, que es la segunda que recibe Maduro en casi dos años de gobierno, tendrá una duración de seis meses y se centrará en la protección contra la injerencia de otros estados, acciones bélicas y cualquier otra actividad que pretenda violentar la paz y el funcionamiento de las instituciones, informaron congresistas opositores a la AP.

El mandatario acudió la víspera a la Asamblea Nacional para pedir poderes especiales para enfrentar lo que consideró como «la amenaza del gobierno de los Estados Unidos», y preparar al país en el ámbito económico, financiero y comercial para «cualquier variante de bloqueo».

La solicitud de Maduro se dio un día después que Estados Unidos decidió congelar los bienes de siete funcionarios venezolanos en territorio estadounidense y declarar al país sudamericano una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional.

Las tensiones diplomáticas ocurren en medio de una compleja crisis económica que enfrenta Venezuela por una galopante inflación, que cerró el año pasado en 68,5%; severos problemas de abastecimiento, y una recesión.

Algunos opositores rechazaron las acciones del mandatario alegando que lo que busca es desviar la atención de la crisis económica y cohesionar a sus seguidores cara a las elecciones parlamentarias previstas para este año.