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Sindicato de enfermeros demanda a gobernación y hospitales por riesgos durante COVID-19 en Nueva York

Un sindicato que representa a miles de enfermeros en el estado Nueva York ha presentado demandas contra el estado y dos hospitales, alegando que no protegieron adecuadamente la salud y la seguridad de las trabajadoras de primera línea que tratan a pacientes con COVID-19.

La Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA) presentó el lunes sendas demandas estatales contra el Departamento de Salud de Nueva York (DOH) y el Centro Médico Westchester, y una demanda federal contra el Centro Médico Montefiore, informó The Epoch Times.

La asociación alegó en las demandas que las enfermeros han estado expuestas a riesgo de muerte y daños físicos graves al no proporcionarles el equipo de protección personal adecuado, capacitación y condiciones de trabajo seguras para las empleadas de alto riesgo, incluidas las enfermeras embarazadas.

“Más de siete de cada diez de nuestros enfermeros reportan exposición al COVID-19 y la mayoría aún no han sido examinadas. Estas demandas se presentaron para proteger a nuestras enfermeros, nuestros pacientes y nuestras comunidades de protecciones gravemente inadecuadas y negligentes”, dijo la directora ejecutiva de la NYSNA, Pat Kane, en un comunicado.

“No podemos permitir que estas prácticas peligrosas continúen”, añadió.

Algunas de las alegaciones específicas detalladas en las quejas contra los hospitales incluyen el racionamiento de equipos de protección personal, como mascarillas y batas N95; no capacitar adecuadamente a las enfermeros y no ventilar adecuadamente las habitaciones de pacientes con COVID-19.

Mientras tanto, en una demanda separada, el sindicato acusó al DOH de no cumplir con su responsabilidad de salvaguardar la salud y la seguridad del público. 

Esa demanda también alegó que una directiva del DOH para los proveedores de atención médica no brinda suficiente reposo a las enfermeros y otros trabajadores de la salud que han dado positivo con el virus, a pesar de que la legislación recientemente promulgada proporciona 14 días pagados por enfermedad a los trabajadores contagiados.

Los dos hospitales no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Mientras el DOH dijo en un comunicado que no pueden comentar sobre litigios pendientes, pero destacó que:

“El Estado de Nueva York continúa dando todos los pasos necesarios para garantizar que los trabajadores de la salud, particularmente aquellos que toman muestras y brindan atención directa, tengan el apoyo y los suministros necesarios para abordar esta emergencia de salud pública sin precedentes”, dijo un portavoz en un comunicado.

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Familia de dominicano que murió en cárcel de NY con heroína en estómago demanda al Gobierno EE.UU

NUEVA YORK.- Una demanda contra el Gobierno federal de Estados Unidos por la muerte del dominicano Félix Antonio de la Rosa Álvarez con 37 gránulos de heroína en el estómago, fue interpuesta por su hija en la corte federal de Brooklyn.

La familia del occiso, arrestado el 23 de febrero 2018 en el aeropuerto John F. Kennedy, trayendo como “mula”  bolsas de heroína en el estómago, y falleció en la cárcel federal de Brooklyn con la droga en el tracto digestivo, está demandando al gobierno federal de Estados Unidos por muerte negligente.

El dominicano murió en una celda, cuando la heroína hizo explosión en su cuerpo, provocándole una sobredosis masiva.

Las autoridades lo acusaron en 2018 de haber traído  70 bolitas de heroína en el estómago cuando fue arrestado por agentes federales del  Departamento de Seguridad Nacional, dice la demanda de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn.

Los agentes lo mantuvieron en un cubículo médico del aeropuerto hasta que evacuó 33 gránulos, lo que tomó días, luego lo enviaron al Centro de Detención Metropolitano (MCC) en Brooklyn con 37 bolitas todavía en sus intestinos, según los cargos de la demanda.

En la demanda presentada contra el Gobierno de los Estados Unidos, la hija de De la Rosa argumenta que su padre debería haber recibido laxantes para ayudarlo a eliminar los gránulos, o que deberían haber sido retirados quirúrgicamente por los médicos.

La demanda también nombra a un agente de Seguridad Nacional que manejó el caso y al personal médico que lo cuidó mientras estaba bajo custodia.

Ella dijo que su papá era propietario de una fábrica  y un colmado en el momento de ser arrestado en el aeropuerto y morir en la cárcel federal.

El Departamento de Seguridad Nacional no se ha referido a la demanda.

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$110 millones para joven que quedó en silla de ruedas por accidente en el Metro de Nueva York

Robert Liciaga recibirá una compensación de $110 millones de dólares tras demandar a la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York debido a un accidente que lo dejó en silla de ruedas.

Liciaga testificó en el juicio que estaba montado en su bicicleta por Broadway Avenue en Bushwick, debajo de las líneas J y M del Metro, cuando fue alcanzado por una pieza caída desde un sitio de construcción de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

“No tiene memoria después de eso”, dijo su abogado Scott Occhiogrosso a New York Post. “Su próximo recuerdo es despertarse en el hospital”.

Liciaga, quien ahora tiene 26 años, no estuvo en la sala del tribunal para escuchar el veredicto del jurado el martes por la tarde, ya que había sido llevado de regreso al centro de enfermería donde ahora vive a tiempo completo.

Hoy miércoles se cumplen tres años de la tragedia, sucedida el 10 de abril de 2016, cuando tenía 23 años.

Los documentos judiciales acusaron a la Autoridad de Tránsito de NYC de realizar el mantenimiento del Metro sin barricadas para mantener a los peatones alejados del área.

Ese día, un supervisor supuestamente hizo que dos trabajadores arrastraran una pieza de ferrocarril de 10 pies hasta el borde y la dejaran de lado. La viga aterrizó en Liciaga y le fracturó la columna vertebral.

Si bien el veredicto traerá alivio a Liciaga, su abogado recordó que las lesiones de su cliente son permanentes.

“Era un muchacho sano y fuerte de 23 años. Caminaba en bicicleta con regularidad y jugaba al baloncesto”, dijo Occhiogrosso. “Hay un grado realmente trágico de permanencia en sus lesiones. La medida en que él puede experimentar la curación es en un nivel espiritual, no físico”.

Los abogados de la ciudad intentaron argumentar que Liciaga debería haber sabido que no debía ingresar al sitio de construcción.

El Director de Asuntos Externos de la MTA, Maxwell Young, comentó que el veredicto del jurado era absurdamente grande.

“Tenemos la intención de seguir todas las vías de apelación, además de pedirle al tribunal que reduzca la compensación“, dijo en una declaración.

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Dominicano que se prendió en fuego en Nueva Jersey radica demanda por 25 millones de dólares

NUEVA YORK.-El dominicano Miguel Feliz Rodríguez, que se prendió en fuego, salvándose milagrosamente de quemaduras en todo su cuerpo en más de un 30%, cuando un fugitivo huía de policías de Jersey City y estrelló su carro contra un poste en una avenida de la ciudad, radicó una demanda de $25 millones contra la policía y la alcaldía.

Feliz, quien todavía se recupera de las heridas por quemadura y aún no ha podido restablecerse por completo, incoo la demanda en un documento de 19 páginas.

Cuando los policías llegaron a la escena, en vez de auxiliarlo lo patearon y lo arrastraron hasta una ambulancia, mientras él creía que se iba a morir antes de llegar al hospital.

El reclamo alega que la policía de Jersey manejó mal la persecución de un sospechoso y luego agredió a Feliz Rodríguez mientras estaba envuelto en llamas.

No especifica una cifra, pero el aviso previo de la demanda por agravio presentado a fines del año pasado dice que Feliz Rodríguez reclamaría los $25 millones.

Trece meses después del estallido en la avenida Tonnelle, Feliz Rodríguez todavía se está recuperando de sus heridas y también tiene pesadillas y recuerdos, dijo uno de sus abogados al periódico de Nueva Jersey Asbury Park Press.

Los funcionarios de Jersey City no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el reclamo.

La demanda detalla los eventos del 4 de junio de 2017, cuando un vehículo conducido por Leo Pinkston era perseguido por policías de Jersey City. La persecución de 6 millas terminó cuando el vehículo de Pinkston chocó contra el auto de Feliz Rodríguez en la avenida Tonnelle, cerca de la frontera norte de la ciudad de Bergen.

Ambos vehículos se incendiaron y, cuando Feliz Rodríguez, envuelto en llamas, se arrastró fuera de su automóvil, los policías sacaron sus armas y le ordenaron que levantara las manos.

«En lugar de ayudar y proporcionar auxilio, los agentes acusados ​​teniente Keith Ludwig, y los oficiales Khan, Francisco) Rodríguez, Eric Kosinski y Enrique Encarnación procedieron a atacar al demandante con patadas en la cabeza y el cuerpo mientras él todavía estaba envuelto en llamas», dice la demanda.

El brutal ataque de los policías fue grabado en video celular por un espectador.

La demanda, que también nombra al director de la Policía James Shea y al ex jefe de la policía Phil Zacche, usa las propias palabras del alcalde de Jersey City, Steve Fulop, a raíz del choque contra la ciudad, quien calificó en una conferencia de prensa días después del incidente, como escandaloso el ataque de los agentes a Feliz Rodríguez.

«Una persona razonable que mire ese video diría que esos no parecen ser manos amigas», señaló entonces el alcalde Fulop.

Los policías fueron suspendidos y en noviembre de 2017 y están acusados ​​de numerosos cargos criminales.

El fugitivo Pinkston fue sentenciado a cinco años de cárcel por su papel en la persecución.

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Policía de origen dominicano demanda al jefe por proponerle un trío sexual

NUEVA YORK._ Maribel Sarante, una agente de origen dominicano con 15 años en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), entabló una demanda contra su ex jefe en el cuartel 7 de Manhattan,  Freddy López, acusándolo de proponerle a ella que participara en un trío de relaciones sexuales con su esposa.

Sarante dice en la demanda interpuesta en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, que después de negarse a la exigencia de López, quien supervisaba su trabajo en el precinto, él comenzó a acosarla, perseguirla y a anotar fallas que nunca cometió en busca de sanciones injustas.

Dijo que también lo denunció y acusa al NYPD de contratar policías no calificados que luego entrampan por prejuicios a los géneros más débiles, como es su caso.

El reclamo también incluye al comisionado de la policía James O´Neill.

Sarante, quien todavía es policía activa,  alega que López le pidió hacer el trío en 2015 diciendo que su esposa no le importaba, y luego trató de incriminarla por falsos reportes de horas extras cuando ella lo rechazó.

Eric Sanders, abogado de la veterana policía,  dijo que las quejas de Sarante fueron ignoradas por el NYPD.

“Cada vez que presentaba una queja, decían que no había aumentado a un cierto nivel”, dijo Sanders el lunes, cuando se cometió la demanda. “Simplemente no toman en serio el acoso sexual ni ninguna forma de discriminación”.

Sarante afirma que el sargento López sabía que ella estaba casada y tenía hijos cuando le hizo la propuesta.

También afirma en su demanda que solo el 10 por ciento de los casos de prejuicio de género contra policías de la ciudad, se justifican porque el sistema está en contra de sus acusadores.

El NYPD se negó a comentar a través de portavoces, alegando que no se ha estudiado la demanda y el Departamento Legal de la ciudad dijo que no discute casos que se procesan en las cortes.

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Dominicana demanda por US$110 millones por muerte de hija asesinada por pandilleros de la MS13

NUEVA YORK. La madre dominicana Evelyn Rodríguez, entabló una demanda el lunes por $110 millones de dólares contra el distrito escolar de Brentwood en el condado Suffolk de Long Island, por el brutal asesinato de su hija Kayla Cuevas, a manos de pandilleros de la ganga centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13), el 13 de septiembre de 2016.

La adolescente, de 16 años de edad, estudiante de la escuela secundaria Brentwood, fue asesinada a balazos y tubazos por los pandilleros quienes dejaron el cadáver tirado en la calle.

Cuevas, estaba acompañada por su mejor amiga y compañera de escuela, la afroamericana Nisa Mickens de 15 años de edad.

La madre alega que las autoridades escolares hicieron caso omiso a las denuncias de su hija, sobre las amenazas que los pandilleros que la mataron, a pesar de las numerosas veces que fueron notificadas.

La policía de Brentwood y el FBI dijeron que fue uno de los asesinatos más brutales perpetrados por los pandilleros de la MS-13, mientras varios de ellos fueron arrestados y acusados por los homicidios de las adolescentes.

Con los asesinatos de ambas mujeres, suman 17 las muertes de estudiantes en Brentwood en conexión con la pandilla, pero sólo 11 de las víctimas han sido identificadas por las autoridades.

Además de Kayla y su amiga, los cadáveres de Miguel García Morán, Oscar Josué Acosta, Dewann A.S. Stacks, José Peña Hernández, Esteban Alvarado Bonilla, Justin Llivicura, Jorge Tigre, Jefferson Villalobos y Michael López Banegas, fueron encontrados en descomposición en bosques de la zona después que los padres denunciaran que estaban desaparecidos por varios días.

El Gobierno de Estados Unidos, ha declarado una guerra frontal contra la MS-13 en Long Island y los federales se han comprometido a barrerla.

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Directora de la Junta Distrital de Jicome podria demandar a EDENORTE

Foto: Rita Perez – Directora Junta Distrital de Jicome (Fuente: Redes Sociales)

Jicome, Esperanza.-La Junta distrital de Jicomé sopesa someter a la justicia a la Empresa Dominicana de Electricidad del Norte EDENORTE, debido al desmonte y posterior retito de decenas de lámparas instaladas por la institución edilicia.

De acuerdo al comunicador Josué Moronta, la titular distrital, Rita Pérez, en cualquier momento podría incoar un proceso judicial contra de EDENORTE, ya sea por robo u otras acciones legales establecidas en la ley.

Las lámparas retirados por EDENORTE fueron colocadas por la Junta Distrital de Jicomé desde la autopista Duarte hasta el centro del referido distrito, según precisan las informaciones.

Por Eduar Espinal

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Dominicano interpone demanda porque fue apuñalado en cárcel de Nueva York

NUEVA YORK. El exreo dominicano en la cárcel municipal de Rikers Island, Joel Cruz, demandó al Departamento de Correcciones porque fue apuñalado por otro preso que le rompió la yugular durante un ataque el 17 de mayo en esa prisión.

Cruz, de 25 años y residente en El Bronx, dijo que fue apuñalado debido a los supuestos vínculos de un hermano suyo con una de las pandillas.

Los guardias de corrección en turno en ese momento son responsabilizados de no haber actuado adecuadamente durante el incidente que puso en riesgo a Cruz, quien fue encarcelado por robo y debió recibir una cirugía de 80 puntos para cerrarle la herida.

El dominicano estaba confinado en el Centro Anna M. Kross en la cárcel de Rikers Island.

“Trataron de matarme”, dijo Cruz ayer martes en una entrevista con el tabloide New York Daily News, especulando que el ataque fue ordenado por otro preso en la celda que le preguntó a cuál pandilla pertenecía.

“Me cortó la vena yugular”, recordó. “Si hubiera sido más profunda, habría muerto”, añadió Cruz.

Adelantó que presentará una notificación de la demanda, el primer paso legal en la presentación de un reclamo, que dijo será sometido en la corte en las próximas semanas.

Cruz se unirá a una creciente lista de exinternos que toman acciones legales contra el Departamento de Corrección de la ciudad, según los documentos.

Hubo 4,321 casos violentos en esa cárcel registrados en 2016, casi el triple los ocurridos en el 2007, cuando se registraron 1.463, según la oficina del contralor de la ciudad que rastrea los incidentes.

Eso ha llevado a un aumento en los pagos legales por parte de la ciudad.

El departamento tuvo que repartir $31.3 millones para resolver demandas en 2016, frente a los $17 millones en casos similares en 2007.

Otro exreo, Dani Vicente, de 26 años, también está planeando demandar al departamento después de que otro preso lo atacó y lo hirió severamente en la cara.

Vicente, que es representado por el mismo abogado de Cruz, Joshua Stein, estaba en la cárcel por narcotráfico y fue atacado por detrás por otro preso.

Se ha presentado una notificación de reclamación indicando su intención de demandar.

Cruz dijo que sabía que podía ser un objetivo, por lo que pidió ser puesto en custodia de protección.

Dice que hay una guerra por el control de territorios o zonas dentro de la misma prisión.

El dominicano relata que pensó levantarse y vengarse del ataque, pero que se hizo el “muerto” y eso le salvó la vida.

“Le preguntaron si él era un pandillero”, dijo el abogado Stein. “Él dijo que no. Y lo atacaron de todos modos”.

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Fiscales demandarán a Trump por pagos de gobiernos extranjeros a sus empresas

WASHINGTON. Los fiscales generales de Washington DC y Maryland demandarán al presidente de EEUU, Donald Trump, este lunes alegando que ha violado las cláusulas anticorrupción de la Constitución al aceptar millones de dólares de Gobiernos extranjeros en pagos a sus empresas, según adelantó hoy el Washington Post.

Los dos fiscales generales, ambos demócratas, basarán su demanda en que esos “millones en pagos y beneficios de Gobiernos extranjeros” los ha recibido desde que se mudó a la Casa Blanca y teniendo en cuenta que optó “conservar la propiedad de su compañía” tras asumir el cargo.

Trump transfirió el control de su conglomerado empresarial a sus dos hijos adultos varones, Donald Jr. y Eric, para evitar posibles conflictos de intereses durante el tiempo en que ocupe la Presidencia.

Sin embargo, el fiscal general de DC Karl A. Racine y el fiscal general de Maryland Brian Frosh consideran que Trump “ha roto muchas promesas de mantener separado su deber público de sus intereses de negocios privados, incluyendo el recibir actualizaciones regulares sobre la salud financiera de la compañía”.

Si un juez federal permite que el caso proceda, según explicaron los fiscales de Washington y Maryland al Post, uno de los primeros pasos sería pedir copias de las declaraciones fiscales de Trump -que se ha negado a hacer públicas hasta ahora- para conocer hasta dónde llegan sus tratos de negocios en el extranjero.

Esa batalla, señalaron, acabaría muy probablemente ante el Tribunal Supremo, con los abogados de Trump obligados a defender por qué las declaraciones fiscales del presidente deben seguir siendo privadas.

La demanda podría abrir un nuevo frente para Trump en un momento en el que lidia con la investigación sobre si alguien de su campaña confabuló con el Gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016.

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Juez aprueba demanda de dominicana baleada en su casa por agente de la DEA

NUEVA YORK. Un juez de la Corte Federal en Concord (New Hampshire) aprobó ayer miércoles la demanda de la dominicana Lilian Alonso, quien fue baleada por un agente de la DEA en una violenta incursión a su casa, donde los federales buscaban a sus hijos por narcotráfico.

El magistrado Joseph DiClerico dictaminó que la dominicana tiene derecho a reclamar compensación por la actuación de los oficiales de la DEA, en 2014.

En el allanamiento fue arrestada su hija Jennifer Núñez, acusada y declarada culpable de traficar miles de pastillas de Oxicodona y condenada a 11 años de cárcel.

La señora Alonso nunca ha sido acusada en el caso que ha dado lugar a condenas contra otras 11 personas, mientras que uno del grupo, Edward Anthony Hiciano Beltré, sigue fugitivo.

En su fallo, el juez federal DiClerico se negó a despedir la demanda de Alonso como solicitaron los abogados del agente de la DEA Michael Connolly, que alegó que le disparó accidentalmente, y no ha sido sancionado.

“Cuando los civiles utilizan armas de fuego tienen el deber específico de tener cuidado razonable para evitar lesiones a las personas, y no se requiere un mayor grado de atención cuando el riesgo de un accidente es considerable”, escribió el juez.

Los federales allanaron el apartamento #3 de Alonso en el 110 de la calle Beach en Manchester el 27 de agosto de 2014.

El agente Connolly estaba dando fuertes patadas en la puerta cuando su arma se disparó y Alonso, también conocida como Lilian Núñez, recibió el balazo.

Pero los abogados de Connolly mantienen que la orden del allanamiento era únicamente una función del gobierno, y por lo tanto la prueba particular en una demanda por daños no se puede aplicar.

Una investigación sobre el grupo de narcos se inició en 2013 y concluyó en agosto de 2014, con la detención de Raúl Hernández cuando él estaba tratando de entregar más de 600 pastillas de Oxicodona en la residencia de Sammy García y Jennifer Núñez en la avenida del Este en Manchester.

La policía recuperó 800 pastillas, más de $30.000 en efectivo y tres armas de fuego de la residencia.

García fue condenado hace dos semanas a 15 años en una prisión federal y será deportado a la República Dominicana después de su salida de la cárcel.

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Fiscalía Brasil demanda al Partido Progresista para exigirle devolver dinero de corrupción

SÃO PAULO, BrasilEl grupo de trabajo del caso de corrupción Lava Jato en Curitiba presentó a una acción judicial contra el Partido Progresista por improbidad administrativa y a diez políticos, además de un ex asesor parlamentario.

Esta es la primera demanda en contra de un partido político basado en las investigaciones del esquema de sobornos instalados en Petrobras. Los fiscales piden la devolución de más de 2 mil millones de reales (igual a 634,718.81 dólares de EEUU), la pérdida de posiciones y la suspensión de los derechos políticos de las personas involucradas, así como la pérdida contarles el tiempo para la jubilación parlamentaria.

Los acusados son los ex diputados federales de varios estados Pedro Correa, Pedro Henry, João Pizzolatti y Mario Negromonte, y congresistas los Nelson Meurer, Mario Negromonte Jr. Arthur Lira,Otavio Germano, Luiz Fernando Faria y Roberto Britto, y João Genu exasesor José Janene, que era líder del partido y murió en 2010.

El congresista Mario Negromonte junior es citado por haber contribuido a los actos de incorrección de su padre, el ex ministro, Mario Negromonte, al recibir sobornos disfrazados de donación oficial de elecciones.

Según el fiscal Deltan Dallagnol, los políticos mencionados recibieron mesadas que van desde R$30,000 (US$9,521.61) a R$300,000 (US$95,174.46). Según el grupo de trabajo, los diputados Otávio Germano, Luiz Fernando Faria y Roberto Britto, por ejemplo, recibieron una “asignación” de R$30,000 por mes, durante más de siete años.

– Los fondos obtenidos a través del cobro de tarifas se utilizaron para cuadros políticos delPartido Progresista y para el propio partido, con el objetivo de enriquecimiento ilícito, así como la financiación de las campañas electorales, dijo el fiscal.

Dallagnol señaló que los sobornos ayudaron al PP para elegir a más diputados y por lo tanto beneficiarse de los recursos más comunes.

– El aumento de los recursos para fines de financiamiento de campaña, tiende a generar un mayor número de funcionarios elegidos y, finalmente, a aumentar el presupuesto del Fondo Partidario, que es otro de los beneficios generado, dijo el procurador, añadiendo que la acción de la falta de honradez no impide la continuación de la actividad de la organización y los políticos involucrados.

El fiscal explicó que la acción no penaliza a los implicados ni pretende obstaculizar la actividad política. Por lo tanto, no se pidió el bloqueo de los recursos del Fondo Partidario.

– Es importante destacar que esta acción no penaliza ni obstruye la actividad política, pero sujeta a todos, incluidos los poderosos, bajo la misma ley – dijo Dallagnol.

Según el fiscal, además de los políticos mencionados en la demanda, existe evidencia de que por lo menos otros 21 políticos del PP recibieron asignación de sobornos en forma de subsidio.

La acción implica las asignaciones dirigidas al PP por el circuito de Abastecimiento de Petrobras, que cobraba un porcentaje de comisión sobre el valor de las obras distribuidas entre los contratistas. También incluye beneficios que el ex director de área, Paulo Roberto Costa, el denunciante de Lava Jato, concedió a Braskem, el grupo petroquímico de Odebrechtque dependía de la nafta suministrada por la empresa estatal.

Costa fue nombrado para el cargo por el PP. Con el tiempo, también comenzó a contar con el apoyo del PMDB y del PT.

De acuerdo con las investigaciones, en el caso del PP, las tasas fueron negociados por un grupo de líderes de los partidos, compuesto por el diputado José Janene, ya fallecido, y los ex diputados federales Pedro Corrêa, Pedro Henry, João Mário Pizzolatti y Negromonte, y por el diputado Nelson Meurer, con la ayuda de ex asesor parlamentario João Genu, ya condenado penalmente en la operación Lava Jato.

La acción procesal se basa en la Ley 8.429 / 92, que establece sanciones para los funcionarios públicos que violan la ley y causan daño a las arcas públicas.

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El país, a la puerta de una demanda internacional por contrato de OMSA

SANTO DOMINGO. La República Dominicana podría verse nueva vez ante una demanda internacional debido a un contrato que firmó la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en marzo 2012, pero que nunca se ejecutó.

El contrato, firmado entre la OMSA y la empresa Excel Credit S.R.L tiene como objeto el arrendamiento de 150 unidades de autobuses, para sumarlo al servicio del transporte urbano. Pero la OMSA lo ha dejado al tiempo, sin rescindirlo ni ejecutarlo, por lo que los ejecutivos de la empresa piensan demandar ante los tribunales de España al Estado y pedir indemnización por las cifras millonarias que dicen han perdido.

La licitación

El 9 de diciembre del 2011, la OMSA, bajo la firma de Ignacio Ditrén, llamó a licitación para “la contratación del servicio de 300 autobuses urbanos a gas natural mediante contrato de arrendamiento por un periodo de 7 años”. El acta de adjudicación muestra como ganadores de ese proceso a las empresas: Matola Comercial, SRL, con 150 unidades; Excel Credit, S.R. L. con 150; y Ventosa Group, E.I.R.L, con 70 unidades, aumentando así el total convocado.

A raíz de la licitación, el dirigente choferil Ramón Pérez Figuereo (hoy fallecido) tildó de viciado el proceso, alegando que las empresas ganadoras no estaban registradas en Compras y Contrataciones como transportistas, sino como mecánicos y que tenían vinculaciones comerciales con OMSA. Pero eso no detuvo el contrato.

Pero Martin Zamburek, presidente de Excel Credit, sostiene que ellos llevan años como importadores, y que han traído autobuses chinos con motor americano a reconocidas empresas de transporte como Metro y Aeptra.

Costo y carga

El monto del contrato se fijó en RD$12.90 por pasajeros transportados por autobús en servicio. Excel Credit y Matola fueron beneficiadas con 100 unidades de 71 pasajeros o más y 50 de 50 pasajeros. Los autobuses de Exel Credit debían ser de marca Golden Dragon o Buscar Urbanuss del año 2012, y por lo menos 15 de ellos debían tener rampa para discapacitados, conforme el contrato firma en marzo del 2012.

En el artículo 4, párrafo I establece que la OMSA, como arrendataria, tenía que garantizarle al arrendador un pago mínimo diario de 600 pasajeros durante 30 días, y que si el arrendador excede esa cantidad, recibiría el 40% de los ingresos por ese concepto.

Excel Crédit recibiría unos RD$34, millones al mes. También el 50% de la publicidad que se colocara en las unidades y, en caso de un aumento de la tarifa, el 50% de dicho incremento. La empresa era responsable del mantenimiento de la flotilla.

No ejecución

Para finales de julio llegaron los primeros 10 autobuses y la prensa se hizo eco de ello. Pero un mes después nombraron a un nuevo director en la OMSA, el ingeniero Manuel Rivas y todo se detiene.

Zamburek cuenta que al buscar una explicación en la OMSA, le pidieron unas semanas para empaparse del tema, pero que al pasar los días, decidió enviar una comunicación, en noviembre de ese año. La dirección de la entidad pidió más tiempo antes de ejecutar el contrato.

Dice que llegó a reunirse unas 15 veces con Rivas, hasta que le pidieron modificar el contrato.

La adenda, que le llegó a Excel Credit por el correo personal del encargado de Jurídica de la OMSA, elimina el párrafo I de artículo 4, relativo a la garantía de pago por día y modifica la fecha de entrada en vigencia a la de la adenda realizada el 15 de enero del 2014, pero ésta no llegó a firmarse.

“También decidieron probar uno de los autobuses. Y una de las cosas que medía era la cantidad de pasajeros. Cuando le llevamos los resultados, ellos se sorprenden, pues era casi un 60% más de lo que habían reportado los choferes y las cajeras”, afirma Zamburek.

La ficha del reporte, del que dio copias a Diario Libre, muestra los días de operación. El 22 de mayo de 2014, el autobús de prueba movió 1,154 pasajeros.

Las estadísticas de la OMSA al año 2013 (únicas disponibles en la página) indican que el promedio de pasajeros por autobuses es de 509 al mes de mayo.

“Lo que reporta OMSA no es lo que se recauda, pues ellos mismos saben que hay más de un 40% que se pierde entre los empleados. Y hay estudios que vimos en donde se reporta ese dato… Y esa es una de las razones por las que no se ejecutó ese contrato, porque las unidades venían preparadas para la instalación de unos equipos que tenían un contador automático de cada pasajero que entrara en la unidad”, infiere Zamburek. Los autobuses también tenían cámaras de seguridad interna.

Al Tribunal Superior Administrativo

El 2 de julio 2014 Excel Credit envió un acto de intimación a la OMSA al que no le respondieron.

En agosto de ese año fueron al Tribunal Superior Administrativo (TSA) demandando también a la Presidencia de la República.

Zamburek dice que estaba presionado por sus socios españoles y la fabricante, la empresa China Zhon Tong.

“Yo tenía créditos aprobados, los autobuses en Aduanas con una multa de un millón y pico de pesos y sin poder hacer nada con esos autobuses que por ser a gas natural no le interesaban a los demás transportistas”, comenta el empresario de origen checo.

El recurso del TSA fue notificado en septiembre de 2014. La Presidencia reconoce el contrato, pero dice que está en manos de la OMSA que, a su vez, responde al tribunal el 14 de septiembre del 2015, un año después.

De la Respuesta de la OMSA, Excel Credit como demandante, fue notificada el 5 de diciembre de 2016. “Si va al tribunal ahora mismo, le dicen que el expediente está completo, pero que no tiene un juez asignado, así nos dijeron hace dos semanas”, comenta.

Se queja demás de que el no poder cumplir con los créditos, le generó una demanda de la empresa china; perdió la mitad de la compañía porque los inversionistas españoles ejecutaron la garantía y se quedaron con el 50% , y la empresa quedó en solo una oficina que no cierra para no perder los derechos del contrato. “Sin hablar de las consecuencias personales, pues perdí vehículo, apartamento. Ya no me queda nada”, lamenta.

Al tribunal español; OMSA espera el TSA

Daniel Tejeda, representante en el país de la empresa española Recalvi S. L., socia de Excel Credit para esta licitación, asegura que desde el 3 de octubre de 2016 envió a la OMSA una comunicación requiriéndole de carácter inmediato el plan de ejecución del contrato. “De lo contrario, procederemos de conformidad con lo previsto por el acuerdo para la protección y promoción recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Dominicana (BOE N. 282, del 22 de noviembre del 1996) a iniciar ante los juzgados y tribunales de España cuantas acciones legales nos asistan en defensa de nuestros legítimos intereses”. “La OMSA no ha obtemperado y si no lo hace es posible que para el cinco o seis de abril, que es cuando vence la carta, iniciaremos el procedimiento de lugar en España”, advierte Tejeda.

Consultado al respecto, el consultor jurídico de la OMSA, Willians Hernández, se limitó a decir que el contrato no se ejecutó porque fue devuelto por la Contraloría General de la República a la espera de opiniones técnicas y jurídicas. Indicó además que el caso está en manos del TSA y que están preparados para hacer lo que diga ese tribunal, donde el caso está en estado de fallo. Refiere incumplimiento de parte de Excel, pero no los precisa.

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Demandan a hospital de Universidad de Columbia por cobro excesivo de copias de récords

NUEVA YORK. El Hospital Presbiteriano de la Universidad de Columbia ha subido a precios excesivos el costo por las copias de los récords médicos de sus pacientes, según una demanda colectiva de los afectados.

La señora Vicky Ortiz, residente en el Alto Manhattan, es una de las pacientes que figura como demandante.

Una ley estatal vigente obliga a los hospitales a cobrar solo 75 centavos de dólares por cada hoja, pero ella tuvo que pagar $2.963 por 1.758 páginas. Ortiz es jubilada y su caso hizo explotar otros quienes se sumaron a la demanda colectiva contra el nosocomio.

El reclamo legal fue sometido en la Corte Suprema Estatal en Manhattan. La señora Ortiz dice que tuvo que pagar $1.50 por cada página copiada, más un cargo administrativo.

“Le dije que eso era una locura. Es simplemente demasiado”, dijo Ortiz.

Su abogado, Sidney Lowell, dijo que solicita habitualmente los registros de sus casos, pero nunca se había pagado un precio tan alto por la información que se busca.

El jurista dijo que “el prestigioso hospital tiene un monopolio. No hay otra manera de proceder. Si usted no paga, usted no consigue nada’’.

“Estoy seguro de que son lo suficientemente inteligentes como para saber que voy a pagar cualquier precio ‘’, añadió el abogado de Ortiz.

La demanda colectiva es contra el hospital y la empresa IOD Inc., que produce los registros.

Se busca una compensación no especificada para todos los pacientes que se puedan haber pagado en exceso por los registros, entre 2011 y 2016.

La inflación de los precios de las copias ha traído beneficios y ganancias inesperadas sustanciales para Columbia y IOD a costa de miles de pacientes, explica la demanda.

Ortiz necesitaba los documentos para una demanda de lesiones personales que presentó contra un hogar de ancianos el año pasado.

Documentos de la corte dicen que cuando su abogado llevó el asunto a la atención de los administradores del hospital, se negaron a bajar el precio.

Una demanda colectiva similar contra hospitales de Rochester está pendiente ante un tribunal federal de apelaciones.

Una portavoz del Hospital Presbiteriano dijo que está investigando la reclamación.

La empresa IOD dijo que no hace comentarios sobre litigios judiciales pendientes.

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Dominicanos demandan compañía de cable de Nueva York

NUEVA YORK. Dominicanos residentes en esta urbe demandaron a la compañía local Time Warner Cable, comprada por la empresa Charter y convertida recientemente en “Spectrum”, que mantuvo un esquema por años con el que engañó a más de dos millones de consumidores con una oferta de internet a alta velocidad, aunque prestó servicios a menos del 50% de lo ofrecido a los clientes.

El procurador general, Eric Schneiderman, anunció una demanda contra Time Warner-Spectrum, para que devuelva el diferencial del dinero pagado por sus suscriptores.

“Este proveedor de cable e internet no suplió la velocidad que promete a los consumidores, además de la falta de fiabilidad”, dice un comunicado de la oficina del fiscal estatal.

Se acusa a Time Warner de mantener también equipos obsoletos en el servicio a sus clientes, que la fiscalía calificó de inservibles.

Miles der usuarios tienen que ir con frecuencia a los centros de Time Warner a cambiar sus viejos equipos por fallas técnicas que los hacen disfuncionales.

Spectrum se defendió al alegar que está en proceso de cambiar los equipos y que deplora las acusaciones de la fiscalía.

La nueva empresa eliminó algunas facilidades que antes ofrecía a los clientes, como extensión de los plazos para el pago y la de mantener el servicio por siete días como cortesía, hasta que los consumidores hicieran el pago total.

“Ya no somos Time Warner, somos Spectrum y todas las facilidades que había antes, han sido eliminadas a partir del 24 de enero de este año”, confirmó un supervisor a este reportero por teléfono.

El periodista dominicano Fernando Aquino, portavoz de la fiscalía estatal, dijo que la empresa de cable e internet tenía pleno conocimiento de lo que hacía.

La demanda sostiene que la empresa no pudo hacer frente a los problemas de red que llevaron a velocidades más lentas el servicio prometido. La demanda exige una indemnización para los clientes.

“Las acusaciones en esta demanda confirman lo que muchos de ustedes han sospechado durante mucho tiempo. “Espectro de Time Warner les ha estado robando”, dijo el fiscal Schneiderman.

La compañía es el mayor proveedor de internet en el estado, y acumula ganancias anuales de más de $1 mil millones al año.

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Demandan a Whatsapp, acusándola de violar privacidad

Berlín.-Un grupo defensor de los consumidores en Alemania demandó el lunes a WhatsApp, acusándola de recaudar datos privados de los usuarios y compartirlos con terceros.

WhatsApp «recauda y almacena datos en parte ilegalmente y los comparte con Facebook», asevera la demanda presentada en un tribunal de Berlín por la Federación de Organizaciones de Consumidores de Alemania.

Facebook adquirió WhatsApp en 2014 y el año pasado anunció que WhatsApp empezará a compartir los números telefónicos de sus usuarios con la red social. Ello enfureció a defensores de la privacidad individual, en Alemania y en otros países.

WhatsApp dijo que su «política de privacidad está actualizada y se ajusta a las leyes del sector».

Añadió que el uso de datos del WhatsApp europeo para fines de publicidad en Facebook ha sido «temporalmente suspendido» mientras el tema es debatido con las autoridades.

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Médicos residentes en hospitales demandan pago de RD$60 millones

SANTO DOMINGO. Médicos residentes de diferentes hospitales públicos montaron una vigilia en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia en reclamo de que el director del Servicio Nacional de Salud (SNS) les pague RD$60 millones que les adeudan por salarios atrasados e incentivos.

Soviescky Tavárez, representante de los galenos en formación, dijo que además, de atraso, el pasado año, Nelson Rodríguez Monegro no les entregó los bonos que anualmente les dan, como parte de las compensaciones por servicios.

Aprovechó la actividad, la cual respaldó el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, para quejarse de las limitaciones con las que trabajan en los hospitales.

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Familiares de Claudio Caamaño demandarán clínicas no le dieron oportuna atención

Claudio CaamañoSanto Domingo.-Los familiares de Claudio Caamaño Grullón informaron ayer que demandarán a varios centros de salud que no le dieron la oportuna atención médica a su pariente, porque en sus emergencias no tenían un cirujano torácico, quien falleció el 22 de abril días después de sufrir un accidente de tránsito cuando conducía su vehículo y otro conductor lo embistió al esquivar un motorista.

Así lo informó Claudio Caamaño Vélez, hijo del exguerrillero, quien dijo que solo están a la espera de los resultados de un informe del INACIF y del Ministerio de Salud Pública para establecer responsabilidades y actuar judicialmente.

Sostuvo que desde que su padre sufrió el accidente, en Baní no se encontraba un cirujano torácico, en Cedimat no se encontró un cirujano torácico y en la clínica Abreu no se encontró un cirujano torácico, porque los especialistas se niegan a atender en emergencias.

Criticó que en los centros de emergencias no cuenten con especialistas porque no resulta rentable para esos profesionales de la salud, trabajar en esas unidades comparado con el dinero que pueden cobrar por procedimientos privados.

En rueda de prensa junto a otros familiares, Caamaño Vélez, exhortó a la población a articular un reclamo social para que no se anteponga el dinero a la salud, como entienden fue lo que sucedió con el ex combatiente constitucionalista.

“Esta situación pone de manifiesto el peligro que está corriendo toda la sociedad dominicana porque nuestro país no cuenta con un sistema de atención de emergencias que sea capaz de proteger y garantizar un trato digno y de calidad a nadie en este país”, enfatizó, al tiempo de entregar a los medios una copia del extracto de acta de defunción  y un informe médico de emergencia del Centro Médico Regional Aguasvivas, en Baní, donde fue llevado por primera vez.

Dijo que esperaron hasta el martes para fijar su posición  en torno al fallecimiento de su paciente, porque no querían especular y que por esa razón no habían querido hablar con anterioridad.

Indicó que en el acta de defunción no se explica cómo fue que Caamaño pasó de ser un paciente en condiciones de salud estables y de un momento a otro entró en condiciones críticas hasta fallecer.

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Regidor Julio Cesar Valdez y Suplente José Ortíz, demandan Alcaldía y Concejo Municipal de Esperanza

demandaconsejalesesperanzaEsperanza, Valverde.- El Concejo Municipal y la alcaldia de Esperanza recibieron este fin de semana, dos demandas provenientes del  Regidor del PLD Julio Cesar Valdez, (PAPO MACHON) y del Suplente del PRM Jose Erasmo Ortiz Velez, (JOSE ORTIZ), donde el primero solicita a los Órganos del Ayuntamiento de Esperanza pagarle más de un millón de pesos en sueldos atrasados, viáticos, ordenes de compras entre otras, mientras que Ortiz, solicita abstenerse de ejercer pagos al Regidor titular Salvador De Jesus Muñoz, quien se encuentra en los Estados Unidos bajo permiso.

Los alegatos están contenidos en los actos de alguacil numero 041-2016, notificado a requerimiento del Lic. Manuel Basilio González Peralta, en representación de José Ortiz y 044-2016, a requerimiento del Lic. Julio cesar valdez Toribio, quien tiene como abogado apoderado al Lic. Carlos Miguel De Aza.

Jose Ortiz presentó también certificaciones del Concejo Municipal, donde consta que el Regidor titular Salvador Muñoz, de su mismo Partido Revolucionario Moderno, dejó vencer el permiso que le otorgó el Concejo, razón por la cual solicita su entrada en su condición de suplente.

Por su parte Julio César Valdez, solicita el pago de sueldos, viáticos, ordenes de compras entre otros beneficios, correspondientes a los meses de enero a octubre del 2015 y los completivos de las regalías de los años 2014 y 1015. También solicita los pagos de los meses de noviembre y diciembre del 2015.

Se recuerda que en el caso de José Ortiz, este había firmado un acuerdo con Muñoz, donde el ultimo se comprometía a renunciar dejando el segundo en su lugar por dos años, cosa que no ocurrió.

En el caso de Valdez, los salarios y de mas beneficios solicitados, les fueron pagados por el Ayuntamiento a su Suplente Rudy Francisco tavarez, mientras cubría la vacante dejada por valdez, quien fue condenado a cinco años de prisión correccional, por violencia domestica.

Por
Municipio, Gente y Opinión

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Demandan por 150 millones de dólares a Spotify en EEUU por violar copyright

spotifyLOS ÁNGELES, Estados Unidos.- El músico David Lowery, líder de los grupos de rock Camper Van Beethoven y Cracker, demandó en EE.UU. al servicio de “streaming” (emisión en directo) musical Spotify por supuesta infracción de sus derechos de autor y solicitó una indemnización de 150 millones de dólares.

Según informó hoy la revista especializada Billboard, la demanda, presentada el lunes en un juzgado de Los Ángeles, sostiene que Spotify, con conocimiento de causa, distribuyó y reprodujo música protegida sin tener los derechos mecánicos de esas obras.

Los derechos mecánicos se refieren al pago que recibe el compositor de una obra por la reproducción de sus canciones protegidas por copyright.

Lowery pidió al tribunal que admita una demanda colectiva al respecto, porque no se conoce el número de compositores perjudicados, y apuntó también que Spotify incluyó entre sus contenidos canciones sin haber identificado, informado ni pagado correctamente a sus creadores.

En este sentido, el músico señaló que cuatro de sus canciones (“Almond Grove”, “Get On Down the Road”, “King of Bakersfield” y “Tonight I Cross the Border”) fueron reproducidas de manera ilegal en el servicio de “streaming”, que se estima tiene unos 75 millones de usuarios en todo el mundo.

En un comunicado, Spotify expresó su compromiso a pagar “cada centavo” a los compositores, pero añadió que, especialmente en Estados Unidos, los datos necesarios para confirmar quiénes poseen los derechos de autor están a menudo desaparecidos, incompletos o son incorrectos.

Por ello, el portavoz de la compañía Jonathan Prince afirmó que Spotify está trabajando con las autoridades para encontrar la mejor manera de pagar los derechos de autor.

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Demandan al Gobierno de EE.UU. por la deportación de niños centroamericanos

menores_migracionWashington.-Cuatro organizaciones defensoras de los derechos civiles demandaron ayer al Gobierno de Estados Unidos por la deportación de madres y niños inmigrantes que, según la querella, huyen de la violencia en Centroamérica.

El Consejo Estadounidense de Inmigración, la Unión de Libertades Civiles, el Proyecto Nacional de Inmigración en el Gremio de Abogados y el Centro Nacional para Ley de Inmigración presentaron su demanda en nombre de mujeres y niños inmigrantes recluidos en el centro de detención de Artesia, en Nuevo México.

La querella sostiene que el gobierno del presidente Barack Obama, en aplicación de una política de «mano dura» contra la inmigración ilegal «asegura las deportaciones rápidas exigiendo que estas madres con sus hijos cumplan con requisitos casi insuperables para respaldar su pedido de asilo».

En lo que va de este año fiscal, que concluye el 30 de septiembre, más de 58.000 menores de edad, no acompañados por adultos, han ingresado ilegalmente a Estados Unidos, en su mayoría por la frontera de Texas, según datos oficiales.

La gran mayoría de esos menores procede de El Salvador, Honduras y Guatemala, y una ley estadounidense de 1998, promulgada para combatir el tráfico y la explotación sexual de menores, prohíbe su deportación inmediata sin una audiencia de inmigración.

Los grupos defensores de los derechos civiles y quienes ayudan a los inmigrantes indocumentados sostienen que esos menores, y en muchos casos sus madres, deben considerarse como refugiados que huyen de las amenazas de muerte, las violaciones y las extorsiones en sus países de origen.

«Estas madres y sus hijos han buscado refugio en Estados Unidos porque sufrieron amenazas contra sus vidas», dijo Cecilia Wang, directora del Proyecto de derechos de Inmigrantes en la Unión de Libertades Civiles.

«La ley estadounidense garantiza una oportunidad justa para que busquen asilo», añadió Wang, quien aseguró que «la política del gobierno viola esa ley básica y los valores fundamentales de Estados Unidos».

Según la querella, interpuesta ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, el gobierno de Obama ha «prejuzgado categóricamente» los casos de asilo sin tomar en cuenta las circunstancias individuales, y ha restringido drásticamente la comunicación de las mujeres y niños en el centro Artesia.

«El trámite apurado de las deportaciones de mujeres y niños desde la detención es un asalto contra el proceso debido», opinó Melissa Crow, directora legal del Consejo Estadounidense de Inmigración.

«No hay forma en que se pueda actuar con justicia cuando a tantas personas se las procesa de forma apresurada sin que se les dé oportunidad de sustanciar su pedido de asilo», añadió.

Entre los casos mencionados en la querella se cuenta el de una madre hondureña que huyó a Estados Unidos con dos hijos pequeños después de recibir numerosas amenazas de muerte y de que el padre de los niños fuese asesinado por una pandilla.

Otra madre, salvadoreña en este caso, huyó a Estados Unidos con dos hijos debido a las amenazas de una pandilla que controlaba su barrio, de la misma forma que escapó una mujer con su hijo de diez meses después que unos pandilleros amenazaron con matar a la criatura, según los demandantes.

Artesia, una localidad de unos 20.000 habitantes en el norte de Nuevo México, alberga en su centro de detención a «mujeres y niños que han sobrevivido los asesinatos brutales de sus seres queridos, violaciones, amenazas de muerte y atrocidades similares, según Trina Realmuto, del Gremio Nacional de Abogados.

«El centro de procesamiento de deportaciones de Artesia carece de las protecciones más básicas», agregó.
Por Agencia EFE