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Sentencian en Boston dominicano a 1 año de cárcel y deportación por robo de identidad

NUEVA YORK.-Un juez de la corte federal de Boston, condenó al dominicano Santos Pascual Soto Díaz, de 39 años de edad, por robo de identidad para lo que usó una tarjeta de seguro social de un boricua, y trató de obtener una tarjeta de identificación del estado de Massachusetts (State ID).

También fue puesto de inmediato en el ojo de la policía de inmigración que lo pondrá en proceso de deportación, cuando cumpla la condena, dijeron los fiscales.

El juez Richard G. Stearns, también le impuso un año de libertad supervisada.

La fiscalía dijo que el 12 de abril de 2016, Soto Díaz declaró falsamente que un número de seguro social de un ciudadano puertorriqueño era suyo en una solicitud de una tarjeta de identificación en una oficina del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts. En relación con la solicitud, Soto Díaz proporcionó varios documentos, incluida la tarjeta de seguridad social.

El fiscal federal de Massachusetts, Andrew E. Lelling, varios agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional y el Seguro Social y la fiscal federal adjunta Sandra S. Bower, de la Unidad de Delitos Mayores de procesaron el caso.

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Suspenden sin sueldo jueza estatal que habría protegido dominicano para evadir deportación

NUEVA YORK._ La jueza estatal de la corte del distrito de Newton en Massachusetts, Shelley M. Richmond Joseph, de 51 años de edad, fue suspendida de sus funciones sin sueldo después de ser acusada por el fiscal federal de ese estado, de obstrucción de la justicia y encubrimiento, luego que supuestamente protegiera al presunto narco dominicano José Medina Pérez, ordenando que lo sacaran por una puerta trasera del tribunal, para evadir a un oficial de inmigración que lo buscaba para detenerlo.

La jueza, con décadas de ejercicio, salió llorando de la corte federal en Boston el jueves donde fue instruida de los cargos junto al oficial retirado de su tribunal, Wesley McGregor, que ejecutó la orden de proteger a Medina Pérez.

La acción del fiscal federal Andrew E. Llelling, ha generado fuertes críticas de amplios sectores, entre ellos ex jueces y juezas, oficiales electos y líderes políticos.

Los federales alegan que la jueza ayudó ilegalmente a Medina Pérez, un ciudadano dominicano que había sido repatriado dos veces por condenados de narcotráfico y reentró ilegal a Estados Unidos.

El salario de la jueza era de $184,694 al año cuando el fiscal anunció que un Gran Jurado federal la acusó de cargos de obstrucción de la justicia, ayudar a un fugitivo de la policía migratoria (ICE) e instigar para interferir en una investigación federal.

El Tribunal Supremo Judicial anunció que había suspendido a la jueza sin paga, con vigencia inmediata.

La alta corte dijo en un comunicado el viernes, firmado por el secretario, que la suspensión fue como resultado de la acusación y que de ninguna manera refleja los méritos de la causa penal subyacente.

El Gran Jurado acusó también al ex oficial McGregor, de 56 años de edad y que trabajaba por décadas en la Corte de Primera Instancia con sueldo de $83,344 al por obstrucción de la justicia y ayudar a un criminal, instigación y perjurio.

La jueza y MacGregor se declararon inocentes el jueves por la tarde en la corte federal, y la juez Jennifer Boal los dejó en libertad sin programar una próxima comparecencia para ninguno de los dos.

El fiscal Lelling dijo que el inmigrante ilegal que identificó solo como «AS» (Sujeto Extranjero) fue capturado aproximadamente un mes después de un incidente el 2 de abril de 2018 en el Tribunal del Distrito de Newton (Massachusetts) y actualmente se encuentra en proceso de ser deportado de los Estados Unidos.

“AS había sido arrestado por cargos de drogas y por ser un fugitivo de la justicia. También estaba ilegalmente en el país, habiendo sido arrestado y deportado administrativamente dos veces antes», añadió el fiscal.

Lelling dijo que en la fecha en cuestión, la ICE había enviado a un solo oficial federal vestido de civil para que tomara la custodia de Medina Pérez, después de su liberación del Tribunal del Distrito de Newton. Cuando el oficial llegó al juzgado, se identificó y explicó el propósito de estar allí ante el personal de varios juzgados, incluido el secretario del tribunal, quien se lo dijo a la jueza Joseph.

Según el fiscal, el oficial federal se sentó en el área pública de asientos de la sala del tribunal, esperando que se llamara el caso del dominicano.

“Pero antes de que eso sucediera, la jueza Joseph le ordenó al agente de ICE que esperara en el vestíbulo”, argumenta el fiscal.

Durante la grabación de audio de la audiencia, Lelling la jueza le ordenó al secretario de la corte que apagara el grabador lo que hizo durante 52 segundos.

La fiscalía alega que a Medina Pérez, que había sido deportado previamente en 2003 y 2007, se le prohibió regresar a los Estados Unidos 2027.

Pero cuando el abogado del dominicano le dijo a la jueza Joseph que ICE lo arrestaría si lo liberaba bajo fianza.

«La jueza y el abogado defensor conspiraron para que fuera liberado por la puerta trasera del tribunal y evadir al oficial de ICE», dijo el fiscal.

Dijo que el oficial MacGregor, acompañó a Medina Pérez, a su abogado defensor y a un intérprete en español después de la audiencia y los sacó afuera por la puerta trasera.

«Una vez en la planta baja, MacGregor abrió la puerta trasera del palacio de justicia y liberó a Medina Pérez», dijo el fiscal Lelling.

«El oficial de ICE a quien se le ordenó que esperara afuera en la sala del tribunal en el vestíbulo, no sabía que AS había sido liberado, y de hecho, se sentó allí esperando a alguien que ya se había ido», añadió la fiscalía en la acusación.

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Otro juez bloquea plan de Trump de deportar a haitianos

NUEVA YORK. — Un segundo juez federal le impidió al Departamento de Seguridad Nacional obligar a decenas de miles de haitianos a regresar a su país.

El juez federal de distrito William F. Kuntz en Brooklyn emitió el jueves un interdicto a nivel nacional en el que impide que la dependencia ponga fin al Estatus de Protección Temporal para los haitianos.

Un juez federal en California ya había bloqueado temporalmente la decisión de poner fin al TPS para Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán. El fallo del jueves sólo se aplica a Haití.

Kuntz falló en torno a una demanda incoada por haitianos en Florida y Nueva York, la cual impugnaba la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al estatus concedido a Haití tras el terremoto de 2010 en el país caribeño.

La evidencia muestra que el cambio de política estaba motivado por “un propósito discriminatorio de expulsar del país a los inmigrantes que no son blancos”, dijo Kuntz.

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Otro dominicano perdonado por el gobernador de Nueva York para evitar su deportación

NUEVA YORK._ Siriaco Concepción Santana, es otro dominicano perdonado por el gobernador estatal Andrew Cuomo para evitar su deportación a la República Dominicana, después de cometer un delito hace 20 años.

«No sé cómo explicarlo, porque ya yo estaba allá, tenía como quien dice ya un pie aquí y el otro allá. Esto me da una oportunidad a pelear», dijo Santana, al noticiero NY 1 Noticias en una entrevista frente a la iglesia Santa Rosa de Lima en el Alto Manhattan, donde es un militante católico.

Fue arrestado en 1997 por posesión de una droga y estuvo dos días en la cárcel, siendo sentenciado a tres años en libertad probatoria, pero ahora, enfrenta la deportación.

Con el perdón del gobernador, el ejecutivo del estado, busca que se anulen los cargos de ex presos a los que también les ha condonado las sentencias, para tratar de que no sean repatriados a sus países de origen.

El gobernador dijo que con los perdones, busca hacerle frente a las políticas anti inmigrantes del presidente Trump, que han deportado a miles de migrantes por delitos menores.

«Ha sido un año muy difícil, la comunidad tiene mucho miedo y más que nada, inmigración ha perseguido a gentes que verdaderamente no merecen ser deportados», dijo la activista Melissa Mora, abogada de la organización “Neighborhood Defenders of Harlem”.

Siriaco es uno de 29 inmigrantes perdonados por Cuomo a comienzos de este año y están en procesos de repatriación.

Concepción Santana, fue detenido en 2015 en el aeropuerto John F. Kennedy después de un viaje a la República Dominicana.

La abogada Mora dijo que él ha tenido un récord impecable por los últimos 20 años, y es probable que un juez de inmigración, anule el pedido de deportarlo del Gobierno de Estados Unidos.

Él dijo que se puede ser una persona hoy y mañana cambiar y ser otra.

En 2020, Siriaco tendrá que volver a enfrentarse a inmigración.

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Propuesta de Trump deportaría cientos de dominicanos legales

NUEVA YORK._ Cientos de inmigrantes dominicanos que son residentes legales, permanentes o temporales, serían deportados desde los Estados Unidos, por el hecho de recibir ayudas sociales, viviendas y seguros de salud con fondos del Gobierno federal, si se aprueba un proyecto de ley sometido por el presidente Donald Trump al congreso y cuyo texto está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Dada la amplia desventaja de los republicanos en las encuestas para las elecciones de medio término en noviembre, es improbable que la propuesta ni siquiera sea tomada en cuenta, pero el Gobierno trata con gran agresividad de imponerla entre sus legisladores.

El periódico The Washington Post, dijo que la Casa Blanca busca reclasificar una gran cantidad de inmigrantes legales que reciben beneficios sociales que incluyen cupones de alimentos y salubridad, los que serían deportados y a otros, se les negarían sus peticiones para residenciarse, lo que los ubicaría en deportables automáticamente.

El proyecto, cambiaría radicalmente la definición y categorías de los inmigrantes radicados en Estados Unidos.

Los defensores sostienen que el Gobierno no tiene autoridad para hacerlo y de someterse la modificación y aprobarse legislativamente, sería recusada en cortes federales para enfrentarla legalmente.

Miles de dominicanos se benefician por décadas de esos beneficios y una gran parte de ellos, se nutren de las ayudas sociales de los gobiernos federal, estatal y municipal, incluyendo el seguro de salud conocido como Medicaid, subsidios para apartamentos y otros como becas para sus hijos residentes que estudiantes en colegios comunitarios y universidades.

Los más perjudicados serían los hijos pequeños de los inmigrantes, debido a que son los principales beneficiarios, incluso con créditos por los impuestos que pagan sus padres.

Especialistas en materia migratoria explicaron que esos beneficios son pagados por los propios beneficiarios en base a los impuestos con los que cumplen religiosamente, cada año, lo que nunca hecho Trump.

La información se divulga a horas de que Trump les diera un plazo hasta enero de 2020 a 85 mil hondureños, que gozan del Estatus de Protección Temporal (TPS), a los que advirtió que deben prepararse para abandonar los Estados Unidos.

Lo propio, ya lo hijo con haitianos, salvadoreños y guatemaltecos, beneficiados con la misma protección.

El tórrido golpeo de Trump a los inmigrantes, incluye deshacer amparos que están vigentes por décadas, como el asilo político, inocentes acusados que nunca han sido condenados y otros con protecciones.

De pasar la propuesta, residentes permanentes y temporales y sus hijos, serían víctimas del azote.

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Migración deportó a 7,598 extranjeros con estatus ilegal

SANTO DOMINGO. La Dirección General de Migración (DGM) informó ayer que sumaron 7,598 los extranjeros que fueron repatriados y no admitidos durante el mes de febrero y que proceden de 12 países. Un informe de la entidad dice que de esa cantidad, 3,140 no fueron admitidos al intentar ingresar al país por vía aérea, marítima y terrestre, sin documentos o con ellos falsos.

De acuerdo al reporte, los extranjeros repatriados eran provenientes de Afganistán, Albania, China, Colombia, Cuba, Gran Bretaña, Haití, Honduras, Nigeria, Puerto Rico, Turquía y Venezuela.

La mayoría de estos deportados que tenían estatus migratorio irregular, fueron detenidos durante decenas de operaciones de interdicción migratoria realizadas durante las últimas semanas en diferentes provincias del país, por disposición del Director General de la institución, Teniente General Máximo William Muñoz Delgado.

El informe de la DGM señala además que en los movimientos migratorios a través de los aeropuertos nacionales durante el mes de febrero, el registro de 557,096 y 602, 966 salidas, siendo el Aeropuerto Internacional de Punta Cana la terminal aérea que concentró la mayor cantidad de pasajeros, seguido por los aeropuertos Las Américas en Santo Domingo, Gregorio Luperón en Puerto Plata, Cibao en Santiago, La Romana, El Catey de Samaná y Joaquín Balaguer en Santo Domingo. En lo que concerniente a la frontera terrestre, la institución informó que fueron registradas 21, 123 entradas y 17, 958 salidas, principalmente por el puesto fronterizo de Jimaní.

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Dreamer dominicana teme la deportación, entre el miedo y la esperanza

NUEVA YORK. Sinny Feliz, una estudiante dreamer” (soñadora) dominicana y que cursa la licenciatura en contabilidad, amparada como otros miles de jóvenes por el programa DACA, bajo ataque del presidente Donald Trump, llegó a los cinco años de edad desde la República Dominicana.

Tiene 21 años y estuvo lejos de conocer su situación migratoria cuando entre los 11 y 12 años buscaba participar en una competencia de baile, pero tendría que viajar. En ese momento, supo que vivía ilegalmente o estaba no autorizada en Estados Unidos.

Pero no se amilanó por esa condición, especialmente en un ambiente que no era hostil contra los indocumentados como ahora.

Es hija única y se graduó del bachillerato con notas de excelencia y entró a Hunter College, donde estudia contabilidad.

Ahora, con las políticas migratorias de Trump, su futuro está bajo amenaza y con el riesgo de ser deportada.

“Tengo una mezcla de miedo y esperanza”, dijo el miércoles en la tarde en una entrevista con este reportero en las oficinas de la Coalición del Norte de Manhattan por los Derechos del Inmigrante, que dirige la activista Ángela Fernández, expresidenta de la Parada Dominicana en Nueva York.

¿Qué haría si llegas deportada a la República Dominicana?, se le pregunta.

Es algo en lo que no he pensado mucho, pero en caso de que ocurra, hay que estar preparada.

“tengo miedo de que algo me pueda tumbar el futuro, como la deportación, pero también tengo esperanza, porque siempre creo que cuando algo se ve muy mal, hay una esperanza.

Dijo que tiene fe en que los congresistas que respaldan a los dreamers lograrán una ley para protegerlos y que sigan en los Estados Unidos.

Se quejó de conceptos usados por los medios en relación a los dreamers, como el de que los padres que los trajeron son los culpables.

“Quiero que todos me vean como una estadounidense, porque me crie aquí, aunque estoy muy orgullosa de ser dominicana”, expresó.

Su mensaje a los estudiantes en el DACA es que se queden con sus sueños y sigan estudiando.

En Estados Unidos ha estado en la escuela y trabajado y participado en actividades teatrales.

“La primera vez que me informé que no tenía papeles, fue cuando estaba en una competencia de baile y tenía que viajar, pero mi mamá me dijo que no podía viajar”, relata.

“Cuando le pregunté el por qué, me respondió que yo no tenía papeles”, añadió la dreamer dominicana.

Ella está a ley de un semestre para graduarse en contabilidad, una carrera de la que también se tituló su padre.

Sobre el DACA dijo que a través de ese programa ha logrado conseguir muchas oportunidades, como una en la cadena de tiendas Zara y obtuvo la identificación oficial de Nueva York.

Respecto a su país, dice que recuerda “un chin”, los colores de la casa y agregó: “Me gustaría ir si un día me dan la oportunidad”. Su padre, nativo de Barahona, vive ahora en la República Dominicana y viene a Nueva York una vez al año.

A ella le gustaría estar más tiempo con él.

“Es poco lo que recuerdo, son recuerdos vagos de la infancia”, dijo la dreamer, consciente de que por la evolución urbanística no reconocería ahora muchas áreas de su pueblo natal.

Su madre nació en Las Matas de Farfán.

La familia se mudó a Santo Domingo, capital de la República Dominicana.

La amenaza de Trump

“Me afectó mucho las declaraciones de Trump al decir que quería eliminar el DACA, porque es lo que me está dando todas las oportunidades que tengo en este país”, dijo respecto a las advertencias del presidente de cancelar el programa y deportar a miles de soñadores y soñadoras.

“Creo que Trump necesita tratar de entender más historia de los dreamers, porque no todos somos iguales”, dijo Feliz.

Expresó que no ha tenido problemas con la policía migratoria (ICE). Su tarjeta de DACA expira en 2018.

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Guatemalteca se refugia en iglesia para evitar deportación

La reverenda Maria Santiviago, segunda desde la izquierda, se detiene junto a Amanda Morales, segunda desde la derecha, y los hijos de ésta durante una conferencia de prensa en una iglesia el jueves 17 de agosto de 2017 en Manhattan. Morales es una inmigrante guatemalteca que ha vivido en Estados Unidos desde 2004 y ahora se refugia en el templo para evitar su deportación. (AP Foto/Mary Altaffer)

NUEVA YORK (AP) — Una inmigrante guatemalteca se refugió con sus hijos pequeños en una iglesia de Manhattan el jueves para evitar ser deportada.

Amanda Morales, de 33 años y quien vive ilegalmente en Estados Unidos desde 2004, asegura que se trasladó a la iglesia tras no presentarse a una cita que tenía por la mañana con los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas. Según la guatemalteca, la agencia la avisó este mes de que sería deportada y que tenía que comprar un billete de avión sólo de ida a Guatemala.

?Tengo miedo pero al mismo tiempo me siento segura aquí?, dijo durante una rueda de prensa en la iglesia Santa Cruz, ubicada en una zona hispana del alto Manhattan.

Sus hijos, Dulce, de 9 años, Daniela de 8 y David, de 2, todos de apellido Carvajal y nacidos en Estados Unidos, se mantenían a su lado mientras funcionarios locales y federales hablaban ante las cámaras de televisión. Éstos dijeron que presentarán una petición para cancelar temporalmente la deportación de Morales y evitar así que sus hijos sean separados de su madre. También dijeron que Morales no abandonará la iglesia hasta que su situación quede resulta.

?ICE (los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas) no deberían venir aquí. No vendrán aquí?, dijo el congresista dominicano Adriano Espaillat. ?Quieren enviar a gente de regreso a sus países para que éstos sufran daño. Nosotros decimos: no?.

La campaña de mano dura contra la inmigración ilegal que lleva a cabo el presidente Donald Trump ha resultado en un aumento del 37% en arrestos de inmigrantes sin autorización durante los seis primeros meses de este año, en comparación con el mismo periodo el año pasado. El gobierno dice que se enfoca en criminales, pero de momento el número de inmigrantes detenidos que no posee un historial criminal ha incrementado a más del doble.

Morales dijo que huyó de Guatemala debido a la violencia en su país. Desde entonces ha trabajado en Estados Unidos y se ha presentado a todas sus citas con ICE, explicó, excepto la del jueves.

?Lo que quiero es quedarme en este país con mis hijos para que no queden desamparados?, dijo a los periodistas.

ICE no suele acceder a escuelas o iglesias a menos que sus agentes reciban órdenes especiales de parte de sus supervisores, asegura el portal de internet de la agencia. Una vocera de ICE en Nueva York no comentó sobre el caso de Morales.

El padre Luis Barrios, de la iglesia Santa Cruz, dijo que cualquier inmigrante que necesite protección de las autoridades migratorias será acogido.

?No podemos ser indiferentes al sufrimiento humano?, aseguró.

Santa Cruz forma parte de la Coalición Nuevo Santuario de Nueva York, una red de distintas congregaciones que ayuda a inmigrantes.

Unas 800 iglesias en Estados Unidos han accedido a ser calificadas como iglesias ?santuario?. Hace un año la cifra era sólo de 400, según la organización Church World Service de ayuda a inmigrantes.

En Austin, Texas, Hilda Ramírez y su hijo Iván, de 11 años, llevan casi dos años viviendo en la iglesia Saint Andrew, explicó a The Associated Press el padre Jim Rigby.

En Denver, Colorado, la mexicana Jeanette Vizguerra, madre de cuatro hijos, y quien vivió en iglesias durante 86 días, las abandonó finalmente en mayo después de que el gobierno le garantizara una cancelación temporal de su deportación.

Voluntarios en la iglesia de Santa Cruz aceptarán donaciones de comida y ropa para Morales y su familia.

 

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Dominicana vive pesadilla por proceso de deportación de su esposo

NUEVA YORK. La dominicana Yahaira Burgos, quien trabaja como portera en un edificio de Manhattan, está viviendo una pesadilla por la detención de su esposo, el electricista colombiano Juan Vivarez Mazo, a quien se le rechazó una solicitud de asilo político y fue detenido por la Policía de Inmigración y Fronteras (ICE) y puesto en proceso de deportación.

Vivares, quien estaba casi en la puerta del avión que lo llevaría de vuelta a Colombia, como repatriado, no tiene antecedentes penales, pero gracias a las órdenes ejecutivas de Donald Trump la repatriación iba a ser ipso facto, salvándose temporalmente de esa situación, al ser liberado ayer lunes de la base de la ICE en Luisiana, desde donde se deportan todos los inmigrantes que son expulsados.

La dominicana, que conoció a Vivares en 2014 y tiene un hijo con él, es miembro del sindicato BJ -32, que se movilizó, buscó abogados y logró que Vivares fuera liberado temporalmente, hasta que un juez federal revise su caso.

Ella y el hijo de la pareja son ciudadanos americanos y dijo que su esposo es la única ayuda que tiene, por lo fuerte de su horario de trabajo, para ayudarla en el cuidado del hijo.

Dirigentes políticos, funcionarios electos y activistas comunitarios, se movilizaron frente al edificio federal donde opera inmigración y en el que Vivares fue arrestado la semana pasada y enviado sin dilación a Luisiana para su deportación.

Después de una campaña encabezada por el sindicato y otras organizaciones, la ICE se vio obligada a liberarlo por orden de un juez federal.

Ella sostiene que también está en medio de una crisis familiar, y aunque recibió ayer lunes la noticia de su esposo estaba de regreso a casa desde Luisiana, entre sollozos y alegría, el futuro del colombiano es incierto, aunque espera que el juez que revisará el caso se compadecerá de ella y su hijo.

La situación de Vivares, se complicó cuando inmigración le negó su petición de asilo político.

Y a pesar de que su esposa y su hijo son ciudadanos estadounidenses, sus opciones son bastante limitadas.

“Hay varias cosas que podemos hacer. La verdad es que necesito hablar con Juan antes de tomar una decisión, porque algunas de ellas requiere que el pase más tiempo en detención”, dijo la abogada especialista en inmigración Rebecca Press.

“Es un ataque realmente vicioso y maligno en contra de los trabajadores. Trabajadores de limpieza, de seguridad y porteros como Yahaira”, dijo Héctor Figueroa, líder de la filial del sindicato en Nueva York.

“Es una política racista. Lo que quieren hacer es sacar a la gente de color de esta nación”, aseguró la presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark Viverito, quien se unió a la protesta.

“Tenemos una petición. Es una persona clean (limpia). Supuestamente eso le iba a pasar a las personas que tienen récord criminal, este no es el caso. No es el caso. Injustificada su respuesta”, añadió la esposa.

Los especialistas dicen que el caso de Vivares es inusual, porque es el tipo de inmigrante que habría sido previamente una prioridad baja para ser deportado por la administración del ex presidente Barack Obama.

La abogada Press, del Centro de Asistencia Legal de América Central, dijo que Vivares cruzó ilegalmente la frontera con México en 2011. Fue detenido y solicitó asilo, citando la situación política de violenta en Colombia. Posteriormente fue puesto en libertad y se le dio documentos de trabajo a la espera de que un tribunal de inmigración revisara su caso de asilo.

Vivares vive en El Bronx con Burgos y ella recuerda que se conocieron en 2014, mientras él hacía trabajos de electricidad en una lavandería. Se casaron en 2016 y el niño tiene 14 meses de edad. En noviembre, Vivares perdió su apelación final de asilo.

Press dijo que Vivares tampoco debió haber sido detenido porque su esposa es una ciudadana americana y que esté solicitando su residencia. Ese caso sigue abierto.

Sin embargo, el envío de Vivares a Texas sin consultar a su abogado o su esposa parece violar normas de la agencia.

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Dominicana acusada de narcotráfico en Estados Unidos enfrenta deportación

NUEVA YORK. Yuly Ortiz, una madre dominicana de tres hijos nacidos en Estados Unidos, y acusada en New Hampshire, de tráfico de heroína, enfrenta la deportación a la República Dominicana, tras dos años y medio de libertad condicional, si es encontrada o se declara culpable después que la policía la detuvo, por venderle droga a un encubierto.

Sus movimientos son vigilados por los federales a través de un brazalete GPS.

Su situación, devino luego que su hermano, Harrison Ortiz, cayera en una redada de policías anti narcóticos y fue condenado a más de 10 años de prisión.

La policía dijo después del arresto de Yuly, de 34 años de edad, que ella quedó a cargo del punto de drogas que manejaba su hermano.

Ayer jueves, su abogado trató de convencer al juez federal para que continúe el caso, sin que sea entregada a la policía de inmigración y evitar la repatriación.

Ortiz, que residía en Salem en 2015, es acusada de un cargo de distribución de heroína, un delito grave y por lo que podría ser condenada.

Si va a juicio, su condena sería casi segura, debido a la evidencia de la venta directa o mano a mano de dos pequeñas bolsas de heroína al policía encubierto.

El jueves, ella y su abogado comparecieron en el Tribunal Superior de Salem para discutir la resolución del caso y eludir el juicio con el juez Timothy Feeley.

La fiscal Kristen Buxton describió cómo el hermano de Ortiz, que dirigía una banda de tráfico de drogas en Salem, fue arrestado con otros dos hombres en marzo de 2015 tras una larga investigación.

El hombre, está cumpliendo una condena de ocho a diez años de prisión por tráfico de heroína y cocaína y posesión ilegal de armas de fuego.

El mismo día que Harrison fue arrestado, la policía de Salem, sospechando que había otras personas involucradas en el tráfico, marcó el número que un oficial encubierto había utilizado para contactarlo.

La llamada fue respondida por Yuly que aceptó venderle dos bolsas de heroína. Fue arrestada en la calle Bridge, momentos después de que hiciera el trato con el encubierto.

Fue acusada de un cargo de distribución de heroína. El fiscal Buxton reconoció que la cantidad de heroína vendida por Yuly Ortiz era pequeña. Pero dijo que ella se involucró directamente en el papel de su hermano, lo que sugiere que no era la primera vez que había hecho eso.

“Ella estuvo inmediatamente disponible para correr el negocio de su hermano”, dijo Buxton.

El punto de Ortiz, estaba en el barrio Salem Point, poblado mayoritariamente por dominicanos, y el fiscal dijo que allí, al igual que en toda la ciudad, la heroína es epidémica.

El fiscal reconoció el fuerte impacto que los hijos de Yuly sufrirían si fuera deportada.

“Ella debió haber pensado en eso”, dijo, antes de aceptar ayudar a su hermano. El fiscal recomendó una sentencia de libertad condicional supervisada.

El abogado de la dominicana, Tim Connors, no discutió los hechos del caso, ni un registro previo de arrestos con cargos desestimados por la corte.

Y sugirió al juez que tome en cuenta el tiempo que ella ha pasado en la libertad condicional antes del posible juicio, bajo arresto domiciliario, que le ha servido como castigo.

El defensor le dijo repetidamente al magistrado Feeley, que Yuly ha estado en arresto domiciliario por dos años y medio y no por año y medio.

Ella emigró de la República Dominicana, en 1995 y es residente legal permanente, dijo su abogado. Sus hijos, tienen 6, 8 y 15.

Pidió al juez continuar el caso sin encarcelarla por un año, lo que evitaría la deportación. Feeley dijo que aceptaría la solicitud de la defensa, pero quiere que Yuly se declare culpable, empero una decisión comprensiva del juez, no evitaría su repatriación.

Ella pidió una semana para pensar en la decisión que tomará y el magistrado le dio plazo hasta el próximo 2 de marzo. La dominicana, que no ha sido encarcelada, está en libertad condicional y es vigilada con un brazalete GPS.

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Estados Unidos está listo para deportar cuatro mil haitianos

MIAMI. Bernedy Prosper tiene miedo de que su hijo de 23 años, Harold, muera si es deportado desde Estados Unidos a Haití.

Prosper, de 52, tenía la esperanza de que Harold se beneficiara de un estatus especial que da residencia a los inmigrantes haitianos desde el terremoto que destruyó el país caribeño en 2010.

En cambio, Harold ahora es uno de los más de 4.000 haitianos detenidos a la espera de su deportación. Con gran sigilo, desde fines del año pasado Estados Unidos comenzó a expulsar a los haitianos a un país azotado por los desastres naturales, la pobreza y la inestabilidad política.

El reinicio de las deportaciones fue uno de los últimos regalos que dejó Barack Obama en política migratoria. Y el actual presidente Donald Trump no genera demasiadas esperanzas de que esto cambie.

“Creo que si lo envían a Haití lo voy a perder”, dice Prosper, hablando de su hijo, mientras espera que lo atiendan en un centro de ayuda a los inmigrantes en Pequeño Haití, el corazón de la diáspora haitiana en el deprimido norte de Miami.

Prosper llegó a Florida en bote en el año 2000 y obtuvo asilo político. Luego intentó traer a su hijo, pero Harold se cansó del largo proceso legal e intentó entrar a Estados Unidos por la frontera con México tras comenzar su periplo en Brasil.

Lo capturaron en San Diego, California, y ahora es parte de una nueva oleada de deportaciones.

La cantidad de haitianos indocumentados detenidos en Estados Unidos aumentó cerca de 1.500% en un año: de 267 en enero del año pasado, a 4.060 en enero de este año, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Si Harold es devuelto a su país, “yo sé que lo van a matar”, dice Prosper, hablando con la mirada apagada y la voz baja, monótona.

– “Haití ha mejorado” –

“Es inhumano deportar a los haitianos a un país devastado por un terremoto y un huracán”, dijo a la AFP Randy McGrorty, abogado de Catholic Legal Services, una organización que provee ayuda legal a los inmigrantes en Florida.

Haití es el país más pobre de América y no se ha recuperado todavía del terremoto. Unas 55.000 personas aún sobreviven en campamentos en condiciones infrahumanas.

Pero a fines del año pasado, Obama decidió que los haitianos ya no califican para el Estatus de Protección Temporal (TPS), una política que impide la deportación de personas a países azotados por desastres naturales o conflictos armados.

“La situación en Haití ha mejorado lo suficiente para permitir que el gobierno remueva a los nacionales haitianos de forma regular, consistente con la práctica de los nacionales de otros países”, escribió el entonces secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, el 22 de septiembre.

Pero días después, el 4 de octubre, el huracán Matthew golpeó Haití con fuerza de categoría 4 (de un máximo de 5) y arrasó el suroeste, dejó más de 500 muertos, miles de damnificados y un brote de cólera.

Las autoridades suspendieron entonces la medida por un mes, pero a principios de noviembre comenzaron a “expandir significativamente las remociones” de los haitianos, dijo el ahora exsecretario.

El TPS caducará formalmente en julio de este año, pero desde octubre del año pasado el ICE ha deportado a más de 1.600 haitianos.

“Recibimos llamadas telefónicas de gente desesperada, pero no podemos hacer nada por ellos”, dice a la AFP Steve Forester, responsable en Florida del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH).

Para él, “es simplemente equivocado, insensible, inmoral, incluso obsceno” proseguir con esta política.

– Escaso número –

Después del terremoto, los haitianos emigraron masivamente a Brasil. No obstante, a medida que la situación económica del gigante sudamericano empeoró, se dirigieron hacia el norte, siguiendo la ruta centroamericana para entrar a Estados Unidos a través de México.

De acuerdo al Migration Policy Institute, para 2012 había unos 600.000 inmigrantes haitianos en Estados Unidos, la mayoría de ellos en Florida. Comprenden apenas el 1,5% del total de los extranjeros en el país.

Forester considera que la política migratoria hacia los haitianos, especialmente si se la compara con los beneficios que han tenido los cubanos desde la Ley de Ajuste de 1966, es esencialmente racista.

“Los haitianos son negros y no tienen el poder político de los hispanos en general, porque no tienen los números”, señala.

Ahora, el futuro de los haitianos está en manos de Trump, quien ganó las elecciones con un discurso antiinmigrante.

“Espero que decida que está mal deportar a nadie a Haití en este momento y que es de nuestro interés nacional que Haití sea fuerte y seguro”, comenta Forester. Pero niega con la cabeza, escéptico.

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EEUU reanuda expulsión de los haitianos ilegales

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Washington.-Las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron ayer la reanudación de las deportaciones a Haití de los inmigrantes indocumentados de esa nacionalidad después de la suspensión temporal debido al impacto del huracán Matthew.

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció ayer que el Gobierno ha restablecido la expulsión de inmigrantes indocumentados en vuelos con dirección a Haití tras el paso del huracán Matthew, que ha dejado al menos 573 muertos y una de las peores crisis humanitarias después del terremoto de 2010.

Como consecuencia del potente temblor de tierra de 2010, Estados Unidos decretó una moratoria de las deportaciones a Haití.

Sin embargo, el pasado 22 de septiembre, el Ejecutivo anuló esa moratoria y las autoridades migratorias ya han deportado a 200 indocumentados haitianos en las últimas semanas, informó ayer en un comunicado Johnson.

La moratoria de las deportaciones decretada por Estados Unidos ya había cambiado en abril de 2011 con la decisión de entregar a Haití a los inmigrantes haitianos condenados por delitos graves, que planteaban una amenaza para la seguridad estadounidense o que tenían ordenes finales de expulsión.

El cambio de política de Estados Unidos llegó después de un «aumento significativo» del número de haitianos que trata de entrar en territorio estadounidense a través de la frontera suroeste, aseguró Johnson.

El cambio en la política migratoria estadounidense no afecta a los inmigrantes haitianos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), un permiso temporal de residencia y trabajo que EE.UU. concede de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Las autoridades migratorias decidieron entregar a los haitianos que residían en EE.UU. el Estatus de Protección Temporal (TPS) después del terremoto de 2010 y posteriormente lo han renovado varias veces, de manera que ahora está vigente hasta el 22 de julio de 2017.

En los centros de detención de Estados Unidos suele haber entre 31.000 y 34.000 personas a la espera de ser deportadas, pero actualmente se encuentran recluidos 41.000 individuos, de los que 4.400 son haitianos, según datos de ayer del Departamento de Seguridad Nacional.

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Demandan al Gobierno de EE.UU. por la deportación de niños centroamericanos

menores_migracionWashington.-Cuatro organizaciones defensoras de los derechos civiles demandaron ayer al Gobierno de Estados Unidos por la deportación de madres y niños inmigrantes que, según la querella, huyen de la violencia en Centroamérica.

El Consejo Estadounidense de Inmigración, la Unión de Libertades Civiles, el Proyecto Nacional de Inmigración en el Gremio de Abogados y el Centro Nacional para Ley de Inmigración presentaron su demanda en nombre de mujeres y niños inmigrantes recluidos en el centro de detención de Artesia, en Nuevo México.

La querella sostiene que el gobierno del presidente Barack Obama, en aplicación de una política de «mano dura» contra la inmigración ilegal «asegura las deportaciones rápidas exigiendo que estas madres con sus hijos cumplan con requisitos casi insuperables para respaldar su pedido de asilo».

En lo que va de este año fiscal, que concluye el 30 de septiembre, más de 58.000 menores de edad, no acompañados por adultos, han ingresado ilegalmente a Estados Unidos, en su mayoría por la frontera de Texas, según datos oficiales.

La gran mayoría de esos menores procede de El Salvador, Honduras y Guatemala, y una ley estadounidense de 1998, promulgada para combatir el tráfico y la explotación sexual de menores, prohíbe su deportación inmediata sin una audiencia de inmigración.

Los grupos defensores de los derechos civiles y quienes ayudan a los inmigrantes indocumentados sostienen que esos menores, y en muchos casos sus madres, deben considerarse como refugiados que huyen de las amenazas de muerte, las violaciones y las extorsiones en sus países de origen.

«Estas madres y sus hijos han buscado refugio en Estados Unidos porque sufrieron amenazas contra sus vidas», dijo Cecilia Wang, directora del Proyecto de derechos de Inmigrantes en la Unión de Libertades Civiles.

«La ley estadounidense garantiza una oportunidad justa para que busquen asilo», añadió Wang, quien aseguró que «la política del gobierno viola esa ley básica y los valores fundamentales de Estados Unidos».

Según la querella, interpuesta ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, el gobierno de Obama ha «prejuzgado categóricamente» los casos de asilo sin tomar en cuenta las circunstancias individuales, y ha restringido drásticamente la comunicación de las mujeres y niños en el centro Artesia.

«El trámite apurado de las deportaciones de mujeres y niños desde la detención es un asalto contra el proceso debido», opinó Melissa Crow, directora legal del Consejo Estadounidense de Inmigración.

«No hay forma en que se pueda actuar con justicia cuando a tantas personas se las procesa de forma apresurada sin que se les dé oportunidad de sustanciar su pedido de asilo», añadió.

Entre los casos mencionados en la querella se cuenta el de una madre hondureña que huyó a Estados Unidos con dos hijos pequeños después de recibir numerosas amenazas de muerte y de que el padre de los niños fuese asesinado por una pandilla.

Otra madre, salvadoreña en este caso, huyó a Estados Unidos con dos hijos debido a las amenazas de una pandilla que controlaba su barrio, de la misma forma que escapó una mujer con su hijo de diez meses después que unos pandilleros amenazaron con matar a la criatura, según los demandantes.

Artesia, una localidad de unos 20.000 habitantes en el norte de Nuevo México, alberga en su centro de detención a «mujeres y niños que han sobrevivido los asesinatos brutales de sus seres queridos, violaciones, amenazas de muerte y atrocidades similares, según Trina Realmuto, del Gremio Nacional de Abogados.

«El centro de procesamiento de deportaciones de Artesia carece de las protecciones más básicas», agregó.
Por Agencia EFE

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La deportación es la mayor preocupación para inmigrantes indocumentados en EEUU

deportadosWashington.-A los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos la amenaza de deportación les preocupa más que el permiso de trabajo y una senda hacia la ciudadanía, según dos encuestas que divulgó hoy el Centro Pew de Investigación.

Una de las encuestas se desarrolló del 16 de octubre al 3 de noviembre entre 701 adultos hispanos en todos los estados y el Distrito de Columbia y admite un margen de error de 4,4 puntos porcentuales.

La otra se llevó a cabo entre 802 personas de origen asiático entre el 16 y el 31 de octubre, y admite un margen de error de 5 puntos porcentuales.

El 55 por ciento de los hispanos opinó que la posibilidad de vivir y trabajar en Estados Unidos legalmente sin la amenaza de la deportación es más importante para los inmigrantes indocumentados que una senda hacia la ciudadanía. El 35 por ciento dio prioridad a la ciudadanía.

Los encuestados de origen asiático opinan algo parecido, aunque su margen es del 49 por ciento más preocupados por la deportación, y un 44 por ciento que ve como prioridad la obtención de la ciudadanía estadounidense.

En conjunto, los hispanos y los asiáticos representan dos tercios de los 28 millones de inmigrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos.

En julio pasado, el Senado de EE.UU. aprobó un proyecto de ley bipartidista para una reforma integral del sistema de inmigración, que incluye un trámite difícil y largo para la legalización de los indocumentados y, eventualmente, su naturalización.

Pero en la Cámara de Representantes, donde el Partido Republicano tiene mayoría, la estipulación del proyecto del Senado que ofrece un trámite de 13 años para llegar a la ciudadanía ha surgido como el obstáculo mayor para un acuerdo.

Las encuestas de Pew muestran que si el Congreso no aprueba una reforma del sistema de inmigración, el 43 por ciento de los hispanos y el 48 por ciento de los asiáticos responsabilizarán, principalmente, a los republicanos.

El 34 por ciento de los hispanos y el 29 por ciento de los asiáticos dijeron a Pew que tal fracaso sería culpa, principalmente, de los demócratas en el Congreso y del presidente Barack Obama.
Por Agencia EFE