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Hacienda reconoce bancas ilegales duplican a las que cumplen con registro

SANTO DOMINGO. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, admitió este jueves que en los últimos años se ha producido una multiplicación de las bancas de loterías y de apuestas ilegales, así como la incapacidad de las entidades estatales de regular ese sector que ha caído bajo la mira de la opinión pública, tras ser dejado fuera del alcance de una ley para prevenir el lavado de activos que se conoce en el Congreso Nacional.

Reveló que en la actualidad las bancas ilegales duplican el número de las que están debidamente registradas ante el Ministerio de Hacienda.

Durante una reunión con la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Guerrero señaló que el Ministerio de Hacienda ha realizado de manera activa operativos de cierre de bancas ilegales, lo cual ha arrojado como resultado la clausura de más de 4, 000 centros ilegales.

“La proliferación de bancas que hubo en los últimos años realmente sobrepasó la capacidad de fiscalización de cualquier entidad”, reconoció el funcionario, quien fue invitado por la comisión para analizar aspectos relativos a la Ley Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se conoce en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, explicó que la fiscalización de las bancas de lotería y apuestas ilegales pasa por un proceso que requiere una mayor inversión en tecnología.

“Este año, el Ministerio de Hacienda tiene en su presupuesto una partida para invertir en adecuación tecnológica que nos permita tener una supervisión más efectiva de esas operaciones”, subrayó Guerrero.

Asimismo argumentó que la normativa, aprobada en el Senado con una modificación donde se dejó fuera del alcance de la ley al sector de las bancas, establece que “la responsabilidad está en el dueño de banca como sujeto de riesgo, no en el jugador de la banca, y por tanto, la banca como tal no es sujeto obligado, pero la entidad si es sujeto de riesgo”.

Guerrero detalló que la génesis de la proliferación de las bancas ilegales se debió a una prohibición que se dio en un momento para no emitir nuevos permisos.

“Comenzaron a surgir bancas sin permisos porque no se estaban dando y vinieron las bancas ilegales”, añadió.

FINJUS

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) Servio Tulio Castaños dijo ayer que aunque las bancas de apuestas no estén incluidas en la Ley de Lavado no significa que no sean tocadas por la nueva legislación y agregó que el Comité Antilavado tiene la facultad para incluirlas.

Castaños explicó que la Ley de Lavado abarca todo, incluyendo las propias bancas de apuestas. “Creo que en esta ocasión la administración lo que ha querido es que como el Comité Nacional de Antilavado de Activos tiene la facultad de crear nuevos sujetos obligados a mí me luce que lo que se ha querido hacer es un estudio del riesgo con la finalidad de diseñar los mecanismos para hacer efectivo en todo lo que tiene que ver con el tema, contar con los mecanismos de hacer efectivo la supervisión de las bancas de apuestas”, señaló.

“Los barrios del país se han caracterizado por los puntos de droga, los colmadones y las bancas de apuestas y que a la sociedad no le ha agradado que las bancas de apuestas sean incluidas en la Ley de Lavado”, afirmó el jurista.

Aclaró que por el hecho de que las bancas de apuestas no aparezcan dentro de los sujetos obligados “al contrario, todas las bancas de apuestas están sujetas a lo que es el amparo de esa ley, ojalá que desde que el Comité Antilavado se reúna, tome la decisión de que las bancas sean incluidas como sujeto obligado”.

“Cuando falta supervisión, no sólo en las bancas de apuestas, también en los partidos políticos y en cualquier institución tú estás expuesto a convertirte en cualquier herramienta de actividades ilícitas”, aseveró.

Sujetos obligados no financieros

“No es que las bancas se han excluido de supervisión. Las bancas están como sujetos de riesgo y tienen que cumplir con la normativa. No solamente las bancas, cualquier otra actividad”, defendió el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ante los cuestionamientos de los periodistas sobre la situación de las bancas respecto a la ley de lavado de activos. Sin embargo, en el artículo 33 del proyecto de ley de lavado de activos, que define como sujetos obligados no financieros a “las personas físicas o jurídicas que ejerzan otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, sólo abarca los casinos de juego, las empresas de factoraje, agentes inmobiliarios, los profesionales jurídicos y comerciantes de metales preciosos.

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Finjus advierte Odebrecht debió ser inhabilitada; pone objeción al acuerdo

SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó ayer su preocupación por el acuerdo al que arribó la Procuraduría General de la República con la empresa Odebrecht, mediante el cual ésta última se habría comprometido a pagar al Estado US$184 millones como multa por el soborno de US$92 millones que repartió en el país entre 2001 y 2014 para conseguir contratos de obras.

Según el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, el acuerdo, dado a conocer parcialmente por el procurador Jean Alain Rodríguez la semana pasada, no satisface los criterios que dicta el Código Procesal Penal para establecer los criterios de oportunidad a que apelaron las partes. Considera que en el caso se debió actuar “con el rigor que demandan las circunstancias (con la inhabilitación permanente para contratar en el país por la Dirección de Compras y Contrataciones) contra todos y cada uno de los afectados (procesos penales ulteriores contra los directivos de la empresa y agentes estatales beneficiarios de los sobornos)”.

Finjus atribuye su preocupación a las incertidumbres e inconsistencias legales, procesales y morales que -a su entender y basados en las informaciones suministradas hasta el momento- contiene el acuerdo.

Las mismas, dice, merecen ser ponderadas cuidadosamente para los fines de asegurar la transparencia y el imperio de la justicia en el país.

“El primer aspecto que llama la atención es que el acuerdo ha pretendido cobijarse bajo la figura de los criterios de oportunidad, obviando que uno de los límites naturales para este tipo de medidas es la existencia de un interés público preponderante, que en la especie, independientemente del monto de la sanción a imponer a los responsables de los sobornos, se visualiza en la propia afectación del sistema de contrataciones de obras del país.

Castaños Guzmán, quien, además, es miembro de la comisión especial designada por el Poder Ejecutivo para investigar el proyecto de las plantas a carbón de Punta Catalina, adjudicada a Odebrecht, considera que, para aplicar los criterios de oportunidad, el Ministerio Público debe velar porque el daño sea razonablemente reparado.

“El otro criterio de oportunidad que se regula en el país, en el ámbito de los casos complejos, requiere de la autorización judicial y sólo está habilitado para supuestos en los que ‘el imputado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados”, como expresamente dispone el artículo 370, numeral 6 de la normativa procesal penal. Ello significa que para aplicar esta modalidad de criterio de oportunidad el Ministerio Público debe obtener de Odebrecht información esencial para determinar los beneficiarios de los sobornos y poder así desmontar la red de corrupción pública que esta empresa alimentó en el país”.

Castaños Guzmán entiende que ninguna de las dos condiciones son satisfechas.

Marcha contra la impunidad en Santiago

Marcha contra la impunidad en Santiago

El comité Santiago contra la Impunidad anunció para el próximo domingo 26 de marzo del corriente año, la celebración de una marcha protesta contra la impunidad y los actos de corrupción en el país.

Patricia Estrella, quien sirvió de vocera del comité, indicó que la marcha recorrerá las principales calles y avenidas de esta ciudad, reclamando justicia contra todos los que han cometido actos de corrupción, sin importar banderías políticas o credos religiosos.

“La corrupción y la impunidad son un monstruo que corroe al Estado dominicano, que se roba los dineros que aportamos los ciudadanos en el pago de impuestos y ese dinero debería utilizarse en obras de bienestar colectivo como son la salud, educación, viviendas y la seguridad ciudadana”, subrayó Estrella.

Precisó que en los actuales momentos en que los gobiernos internacionales apresan, someten y encarcelan a quienes participaron de los actos de corrupción de la Odebrecht, en el país todavía se sigue investigando. “No nos explicamos por qué nuestras autoridades judiciales tratan con mano de seda a quienes han sido sindicados como patrocinadores de sobornos y sobrevaluación de obras ”, cuestionó.

Por otro lado, desde ayer se habilitaron varios lugares para la firma del Libro Verde, donde se reclama justicia y fiscales independientes para conocer el caso Odebrecht.

Entre esos lugares están el palacio de justicia, la extensión del CURSA-UASD, Santiago Paintball Club y la Plaza Óptimo en la avenida 27 de Febrero.

No era Leandro, es Leonardo

La Procuraduría General de la República interrogó el pasado martes por el presunto soborno pasado por Odebrecht a Leonardo Guzmán y no Leandro Guzmán como publicara DL partiendo de una primera información que había recibido de la Procuraduría. Leonardo Guzmán es el yerno del exministro de obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
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Junta Central Electoral pide empresa explique deuda por RD$641 millones

SANTO DOMINGO. La Junta Central Electoral (JCE) pidió explicaciones a la empresa Indra Sistema sobre el monto de RD$641 millones que ellos argumentan les adeuda el organismo por concepto de los equipos adquiridos para el registro de concurrentes y el escrutinio de los votos en las pasadas elecciones del 15 de mayo.

La información la ofreció, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, quien precisó, además, que las operaciones y el contrato están siendo objeto de una auditoría.

“Les pedimos en una carta que emane de ellos que debe contener el concepto por el cual esta institución ya pagó unos US$20 millones, y quisiéramos saber de acuerdo con ellos por qué concepto dicen ellos que nosotros debemos RD$641 millones”, enfatizó.

Sostuvo que la institución no está rehuyendo sus compromisos financieros, pero que como se han pagado US$20 millones, se necesita verificar.

Castaños Guzmán indicó que ciertamente fueron recibidos los representantes de la empresa Indra Sistema por los integrantes del Pleno.

“Eso está siendo objeto de un análisis técnico y un análisis financiero por parte de nuestra institución, nosotros no estamos rehuyendo el cumplimento de las obligaciones, pero como tal, los asuntos deben manejarse institucionalmente”, aseguró.

Dijo que la deuda con la empresa de capital extranjero es de una suma de mucha importancia.

En junio pasado año, el entonces miembro de la JCE, Eddy Olivares había pedido al Pleno de ese organismo disponer una auditoría de los equipos que se utilizaron para el escrutinio de los votos y el registro de concurrentes en las pasadas elecciones. Planteó que una vez se determinara la cantidad de equipos que por algún tipo de defecto no pudo funcionar, se debería proceder a demandar a la proveedora Indra Sistema, por los daños y perjuicios causados.

Visita de FINJUS

Miembros del consejo directivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), visitaron ayer a los integrantes de la JCE para ofrecerles su apoyo ante su empeño en procura de la aprobación de las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral. Depositaron un conjunto de reflexiones en torno a la necesidad de la aprobación de dichas legislaciones.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, sostuvo que se hace necesario implementar regulaciones, pues no es posible que los partidos sigan recibiendo donaciones sin identificar de donde provienen. En el encuentro estuvieron presentes los miembros del Pleno, así como Manuel Enrique Tavares, presidente en funciones de FINJUS, Servio Tulio Castaños, Raymundo Haché, Pedro Esteva, Robinson Peña y Alejandro Peña.

Finjus plantea urgente necesidad de leyes

Según la FINJUS, el sistema de partidos políticos del país atraviesa desde hace décadas por una profunda crisis. “El clientelismo, el uso indebido e ilegal de los recursos del estado, las campañas políticas adelantadas, la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico, la falta de transparencia y la desvinculación con los intereses ciudadanos son algunos de los males que lo aquejan.
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Finjus exhorta a Medina a apurar la reforma policial

servio_tulioSanto Domingo.-El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, pidió ayer al presidente Danilo Medina apurar la reforma institucional de la Policía para dar una respuesta a los problemas de involucramiento de agentes del cuerpo de orden público en el crimen organizado .

Manifestó que el jefe del Estado debe convocar a los líderes del Congreso, sobre todo a las comisiones que están trabajando en la reforma policial a los fines de que esas labores se aceleren.

El jurista dijo que es inminente darle una repuesta a esa realidad, de la gran cantidad de agentes policiales que se ven involucrados en el crimen organizado, tal y como fue revelado por la fiscal Yeni Berenice Reynoso.

Mientras tanto, la fiscal del Distrito Nacional afirmó ayer que la mejor referencia para medir la gran cantidad de Policías que se ven involucrados en el crimen organizado es el uniforme de indica que en menos de un año han sido destituidos 3 mil agentes.

Yeni Berenice Reynoso dijo que basta con analizar las notas de prensa de la jefatura de la Policía Nacional informando de cancelaciones o retiros por hechos delictivos.

Explicó que la misma Policía Nacional informó que del 26 de junio del 2013 al 20 de marzo del 2014 había botado, en menos de un año, a 3 mil agentes por vinculaciones a hechos delictivos.

“La mejor referencia fuera de los indicadores de gestión para medir la veracidad del dato de los delitos imputados a policías y militares, es la misma información que suministra la Policía cuando informa de las cancelaciones o retiros de sus agentes por hechos delictivos”, adujo la fiscal del Distrito Nacional.
Por Ramón Cruz Benzán
Listin Diario

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Sectores se levantan en contra de impuesto a compras por Internet

aduanasEl anuncio de la Dirección General de Aduanas (DGA) de aplicar a partir del 15 de agosto un impuesto a las compras por Internet menores a US$200 sigue generando rechazo de diferentes sectores de la República Dominicana, por considerarlo violatorio.El senador de Ocoa, Carlos Castillo, informó ayer que tan pronto inicie la nueva legislatura (el 16 de agosto próximo), someterá una resolución para interpelar al director General de Aduanas, Fernando Fernández, por considera que la aplicación de nuevos tributos es una atribución del Congreso Nacional y no de resoluciones administrativas.

“El director de Aduanas no puede aplicar ese impuesto y desde que comience la legislatura lo vamos a llamar a capítulo. Si él lo aplica, lo hace de manera ilegal”, manifestó el representante de Ocoa.

Mientras que el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, anunció que el próximo lunes a las 10:00 de la mañana someterá un amparo preventivo ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de las intenciones de DGA.

Calificó la medida de ilegal, abusiva, arbitraria y que de concretarse sería violatoria a la Constitución de la República, al decreto 402-05 y al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).

“Sería competencia desleal la desatada por sectores empresariales que se oponen a las compras por Internet, solamente para preservar su capacidad de fijación de precios, lo que les permite imponer precios exorbitantes a los artículos que importan”, manifestó Potentini.

PRD lo rechaza

De su lado, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) rechazó la decisión del Gobierno de establecer impuestos arancelarios y el ITBIS a las compras por Internet.

La comisión económica del partido blanco señaló que la disposición se adopta al margen de un diálogo con los actores y sectores involucrados y sin un examen por parte del Congreso Nacional, que tiene el deber de velar para que las acciones administrativas no entren en contradicción con la Constitución y las leyes.

Igualmente, considera que esa medida crea una inseguridad jurídica para las empresas que operan al amparo de las leyes, pero que además, se tomó sin tomar en cuenta compromisos suscritos con el principal socio comercial del país, que es Estados Unidos. Agrega que la decisión de Aduanas también entra en contradicción con el DR-Cafta, lo que implica un retroceso para el país.

“Es nuestra posición que la economía no debe ser regida de modo que se perjudique a los sectores productivos como el comercio formal, pero mucho menos al indefenso pueblo consumidor, que es quien en definitiva activa la economía”, sostuvo Iván Rodríguez, director nacional de Economía del PRD, quien leyó el documento.

Finjus

En tanto que el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, llamó al presidente Danilo Medina a expresarse al respecto, en el entendido de que la iniciativa es violatoria a las leyes vigentes y a tratados internacionales.

“El director de Aduanas ni es un funcionario de carrera ni tampoco un funcionario electo, entonces no puede sobre la base de una resolución modificar una decisión presidencial”, agregó Castaños Guzmán.

A favor del impuesto

Contrario a los primeros, los sindicalistas Rafael Abreu y Eulogia Familia respaldaron el cobro de impuesto a las compras vías Internet, porque de lo contrario constituye una competencia desleal.

Reacciones

Esa decisión del director de Aduanas atenta contra el principio de la jerarquía de los actos de la administración”.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente de Finjus

El pueblo va a resistir de manera pacífica y cívica las desorbitadas pretensiones del director de la DGA”.
Trajano Potentini
Presidente de FJT

Esos negocios de compra de Internet no benefician a la clase pobre, sino a una reducida capa de la sociedad”.
Rafael -Pepe -Abreu
Sindicalista
Por Ronny Mateo
El Caribe