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Fiscales depositan recurso contencioso ante TSA que busca nulidad de concurso

Un grupo de 19 fiscales depositó este lunes un formal recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que busca la nulidad y revocación de la convocatoria y bases del concurso para selección de titularidades del Ministerio Público CIT-01-2020, hecho por el Consejo Superior del Ministerio Público el pasado 7 de febrero.

Entre éstos se encuentra Wilson Manuel Camacho Peralta, procurador general de  la Corte de Apelación, fiscal actuante en el caso Odebrecht.

Los restantes 18 representantes del Ministerio Público recurrentes son: Marlene Rodríguez, Alba Esther Corona Valerio,  Yeni Berenice Reynoso Gómez, Julio Cesar Gómez Quintana, Yoneivy Alfredo González Mueses, Luisa Fridania Liranzo Sánchez, Gladisleny Núñez Gómez, Johann Newton López, Johanna Isabel Reyes Hernández,  Wendy María Estrella Monsanto, Pedro Inocencio Amador Espinosa, Fernán Josué Ramos Ramos, Sourelly Naihary JaquezVialet, Juan Medina De Los Santos, Marinel Guillermina Brea Tejeda, Pedro José Frías Morillo, Ernesto Guzmán Alberto y  Melbin Romero Suazo. Todos representados por la abogada Laura Acosta.

Anteriormente el movimiento cívico Participación Ciudadana había manifestado que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, presuntamente obligó a renunciar a un grupo de fiscales en momentos en los que la población está pendiente de las incidencias sobre las suspendidas elecciones municipales.

En ese sentido la procuradora general de Corte de Apelación, Yeni Berenice Reynoso, criticó que los fiscales sean castigados por hacer lo correcto, esto en respuesta a un concurso impulsado por la Procuraduría General de la República.

La exfiscal del Distrito Nacional exhortó a los líderes sociales y políticos en general a no olvidarse del “respeto a la carrera del Ministerio Público”, y que “El Ministerio Público es indispensable para la garantía del Estado de Derecho, su credibilidad, fortaleza y eficiencia es un asunto de todos”.

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Fiscales acusan a Jean Alain Rodríguez de destruir la carrera del Ministerio Público

SANTO DOMINGO.- El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ha hecho retroceder por lo menos 18 años al Ministerio Público, desde que inició su gestión en el 2016, y como ningún otro funcionario de esa área lo había hecho, él ha puesto todos los departamentos al servicio político suyo y de los suyos, incluyendo unidades políticas que desde dentro de la entidad estatal patrocinan la candidatura de Gonzalo Castillo, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

La conclusión es de un grupo de fiscales, que pertenecen a la carrera del Ministerio Público y que se encuentran sorprendidos por la forma en que se ha degradado a los fiscales de carrera en todo el país, hasta llegar al criterio de que para nadie -hoy día- es orgullo decir que trabaja en el sector. Y para el caso ofrecen una muestra: Hasta el miércoles a las 4 de la tarde, para optar por 17 plazas sólo se habían presentado 19 expedientes, cuando en el pasado eran cientos los concursos que deseaban ingresar y ocupar posiciones como parte de la carrera. La fecha límite para inscribirse y completar el expediente de requisitos es el 22 de febrero, para el nuevo concurso que se lanzó el pasado 7 de febrero, como decisión del Consejo Superior del Ministerio Público.

Los fiscales que hablaron con Acento lo hicieron a condición de que sus nombres fueran protegidos. En el Ministerio Público de hoy, dicen, hay de todo: corrupción, incapacidad, amiguismo, mediocridad, política, abandono de responsabilidades, y una gran vocación para tener el control absoluto y completo de todas las instancias. Y ofreceros datos de hasta dónde se ha deteriorado el respeto, la extorsión, las negociaciones y la falta de escrúpulos en un área que había sido respetada en el pasado, pero que en la actualidad ha llegado a niveles vergonzosos, jamás vistos por estos profesionales, algunos de los cuales tienen más de dos décadas en la carrera.

Acento aceptó las restricciones, y ofreció su interés en escuchar las historias que están dispuestos a contar, en la medida en que sus identidades puedan ser protegidas. Dijeron que entre el 2012 y el 2016 los fiscales en generan hicieron reclamos, marchas, demandaron aumentos de salarios y hasta recibieron amenazas contra la carrera del Ministerio Público, pero siempre el entonces Procurador General Francisco Domínguez Brito mantuvo la profesionalidad y dirigió sin politiquería los departamentos más sensibles, incluyendo el respeto de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa.

El cambio y el derrumbe se inició en 2016 con la llegada del licenciado Jean Alain Rodríguez al puesto. “El Ministerio Público no era una gran institución, pero nunca hubo presión de ningún Procurador para ningún caso en particular. Se respeta las opiniones y acciones de los procuradores fiscales por departamentos, y jamás fueron llamados los fiscales para recibir instrucciones directas, sin que su superior se enterara”, dijeron.

El cambio fue dándose desde el 2016. Ahora es Normal que el personal administrativo esté dando instrucciones a los fiscales en los procesos. Antes era posible rechazar cualquier intento de darles instrucciones u órdenes. Citan el caso de Juan Antonio Cedano, procurador de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Luis Liranzo entonces fiscal de Santiago, quienes encontrándose en Panamá, en una conferencia internacional, fueron llamados de urgencia. En el caso de Cedano, al llegar a Santo Domingo, le solicitaron poner su cargo a disposición. El Procurador necesitaba la posición. Lo mismo había ocurrido con José Abud, director de la carrera del Ministerio Público. Al frente de la carrera fue designado Víctor Lora, que había llegado desde el CEI-RD, junto con Lean Alain Rodríguez. Víctor Lora era fotógrafo, pero llegó a la dirección de la carrera por un concurso que le facilitó su ascenso. Era una persona con cero vínculo con el Ministerio Público. Su profesión es la ingeniería, y sustituyó a una persona con formación en el área.

Esos cambios fueron posibles gracias al concurso del 2018, que condujo a la destitución de Edith Febles, Altagracia Salazar y Ricardo Nieves de un programa de televisión en CDN-37, luego de las revelaciones realizadas en ese programa. Febles y sus compañeros acertaron en casi todas las predicciones que hicieron sobre las posiciones en concurso y cómo serían asignadas. Ese fue el primer concurso, y hubo cientos de concursantes, porque se creía que habría seriedad en los procedimientos. No fue así.

¿Cómo se organizó la selección de las fichas adheridas a Jean Alaín Rodríguez?

La pregunta que se hizo a los fiscales fue directa: ¿De dónde salen los fiscales que desean Jean Alain si para ocupar una posición hay que pasar por la Escuela del Ministerio Público? La respuesta también fue directa y sin zigzagueos:

El equipo del Procurador, gente de su confianza, que trabajan en áreas administrativas, organizaron almuerzos en todo el país, y conversaban con los fiscales y preguntaban sobre cómo actuarían en casos políticos hipotéticos. Los fiscales que respondían que no les interesaba la política o que decían que actuarían sin tomar en cuenta los partidos fueron descartados. Los que respondían con sumisión y preguntando a la autoridad superior fueron escogidos. Así se hicieron los primeros perfiles y los seleccionados eran identificados como “los que cogían líneas”.

Explican los fiscales que ellos mismos, en conversaciones discretas, identificaban el momento como “La era de los brutos y corruptos”. Esa era se ha extendido a la actualidad, que son también los fiscales que trafican con influencia.

Para dar más consistencia, la Procuraduría inventó un “Curso en Gestión Administrativa del Ministerio Público”, impartido por la Escuela, para que sea suministrado al personal previamente seleccionado para ocupar posiciones en acuerdo con las autoridades. Por ejemplo, a las personas que hicieron ese caso en los certámenes para escoger personal se les daban 5 puntos, de los 25 necesarios para alcanzar la posición. Una maestría en Administración Pública, tomada en una universidad extranjera, carece de valor, pero el curso en gestión administrativa recibe 5 puntos. La indignación de los fiscales de carrera ha ido en aumento por situaciones como esta.

Los fiscales honestos y profesionales se dieron cuenta de que en la asignación de los 5 puntos había un mensaje: Investigaron y se dieron cuenta de que los que asistieron a los almuerzos, los que aceptaron ser cómplices en el control del Ministerio Público, son los mismos que asistieron al curso en gestión administrativa. Son los mismos que van a ser designados.

¿Y quiénes son los que encabezan estas designaciones y organizan el andamiaje?

En primer lugar lo atribuyen al propio Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. En segundo lugar, a Rafael Canó, el jefe del gabinete del Procurador. En tercer lugar a Joan Manuel Alcántara Javier, Procurador Adjunto, designado por decreto 391-18 del presidente de la República Danilo Medina, en fecha 2 de noviembre 2018.

Parcialmente forman parte de la estructura Víctor Lora, Director de la Carrera del Ministerio Público, y Fernando Quezada, director general de Persecución del Ministerio Público.

Este equipo ha realizado el perfil de los fiscales a ser designados, a ser ascendidos, y de la estructura que debe crearse, con la inclusión de los reglamentos y otros procedimientos.

El Movimiento Político a favor de Gonzalo Castillo

Dentro de la PGR ha crecido, con el aval del Procurador, un movimiento político de apoyo al candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. El Movimiento se denomina Renovación, y tiene su sede en la avenida Winston Churchill, al lado del Ministerio de la Juventud, y es coordinado por dos personas: El jefe de Transportación del Ministerio Público, Caonabo Antonio García Méndez, y el jefe del gabinete, Rafael Canó.

Cambios, percepciones y creaciones

Los fiscales “rebeldes”, como se les denomina al interior del Ministerio Público, están convencidos de que el criterio que prima, y bajo el que actúan las autoridades actuales del Ministerio Público, es que ese ministerio no existe, y que lo que realmente existe y se impone es la Procuraduría General de la República, a la cabeza de la cual se ubica el licenciado Jean Alain Rodríguez.

Esa percepción desecha el contenido de la Constitución de la República, que en sus artículos 169 y 170 ofrece potestad al Ministerio Público como una entidad de actuación independiente en la investigación de delitos y crímenes. No a la Procuraduría General de la República. Veamos el artículo de la Constitución:

Artículo 169.- Definición y funciones. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.

Para ocultar este mandato, las autoridades actuales crearon una estructura administrativa que controla política, económica y jurisdiccionalmente al Ministerio Público. Puede parecer una sutileza, dicen, pero no lo es. Se trata de una diferencia fundamental.

Hay casos emblemáticos, en que el Procurador trata directamente los casos con los fiscales, y les ordena lo que tienen que hacer. Antes eso no era así. Una consecuencia de la creación de la nueva estructura es que hay administradores, sin experiencia ni conocimiento, que dan órdenes a los fiscales profesionales y especializados.

Un caso, un ejemplo, le pedimos. Ellos identifican a Daniel Santos, en Santiago, quien es candidato a diputado por el PLD, no es fiscal, pero dirige la Procuraduría Especializada para el tema eléctrico en toda la región del Cibao. Otro jefe en Santiago es Hilario Ochoa, quien dirige una estructura administrativa, creada al margen de la ley. Ochoa fue compañero de estudios de Post Grado de Jean Alain Rodríguez en Francia, y es el esposo de la señora Massiel Uceta Sánchez, que firmó uno de los contratos denunciados por el periodista Marino Zapete.

¿Y quiénes son los afectados por estas disposiciones y entramado de poder?

La respuesta de los fiscales a esta pregunta es la siguiente:

Los más afectados son los fiscales con currículo vitae sólidos, que han creado en la carrera del Ministerio Público y que se han esforzado para tener expedientes de honestidad, independencia y sólida formación.

Los fiscales honestos también resultan afectados, porque ahora la honestidad no es un valor, sino la sumisión.

Los fiscales que han realizado más de dos maestrías y especialidades están desubicados, desorientados y sin esperanza de que este control sea detenido.

Los fiscales que han llevado los grandes casos de corrupción en los últimos tiempos, han tenido que cargar pesado tratando de hacer carrera, pero se han dado cuenta que nada de ello sirve para nada. El único camino que le han dejado es la resistencia o la salida.

Los otros afectados son los fiscales que no “cogen líneas”, que son conocidos como “los rebeldes”, los que aprendieron a realizar su trabajo con independencia y profesionalidad.

En esta parte sostienen que han llegado a un extremo, y que se les ha agotado el tiempo. “Somos un grupo de fiscales que, sigue el concurso ilegal, llevaremos el caso hasta la justicia”, dicen, bajo el conocimiento que su rol es defender la independencia del Ministerio Público, sin estar metido en política, sin pertenecer a ningún partido, porque ellos son profesionales alejados de los políticos y de los partidos. Muchos de ellos ni siquiera votan en las elecciones.

El concurso para escoger nuevas autoridades del Ministerio Público

Fue el Consejo Superior del Ministerio Público, en resolución del pasado 7 de febrero, que llamó a concurso que cierra el 22 de febrero. Escogerán 17 posiciones diligénciales y procuradores especializados, como los de Delitos Electrónicos y el de Delitos y Crímenes Electorales, por ejemplo.

Se preguntan por qué razón Iván Féliz, que inició el 21 de septiembre de 2018, fue obligado a renunciar -porque no coge línea- de la Procuraduría Especializada para los delitos electrónicos. Emitió una carta renunciando. También van a escoger al director de la Escuela del Ministerio Público, 12 fiscales y varias procuradurías especializadas.

¿Cuántos fiscales necesita el país?

El número de fiscales que el país necesita no pasa de 700 dicen los entrevistados, pero en la actualidad hay en la carrera alrededor de 1,200, aparte de que han comenzado a seleccionar fiscalizadores, para que comiencen su carrera de ascenso.

Identifican a Marien Montero como una de las personas que irá a ocupar posiciones privilegiadas. Fue asistente de Jean Alain Rodríguez en el CEI-RD, y carece de experiencia y tan pronto ha sido designada como directora de la Escuela del Ministerio Público ha convocado un concurso externo para llenar 180 plazas.

Esas plazas, dicen haber recibido informaciones fidedignas y testimoniales, serán llenadas por los gobernadores provinciales, a los que se les ganó una cuota por provincia, para que sean incluidas. Obvio que los beneficiarios serán dirigentes o allegados al PLD, a los gobernadores provinciales, y leales al procurador.

Entre los fiscales que serán sustituidos se encuentran el de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, el de Azua, Dante Castillo, el de Higuey, Edwin Encarnación, la de La Romana, Reina Rodríguez Cedeño.

Otro de los aspectos que señalan es la completa violación del escalafón del Ministerio Público, establecido en el artículo 41 de la ley 133-11. Ese escalafón manda un período de 4 años para los fiscales titulares y su mandato “podrá ser reconfortado por un segundo y único período consecutivo, previa evaluación de desempeño”. Ahora no evalúan, sino que convocan a concurso para sustituirlo de la posición que ocupa.

Explican que una evaluación de desempeño es diferente de un concurso. Y que por esa vía las autoridades han excluido a muchos profesionales capaces y honestos del Ministerio Público. “Los concursos los realizan para justificar la separación de los fiscales honestos”, dijeron.

¿Cómo es que consiguen las renuncias de los fiscales?

El procedimiento para sustituir fiscales honestos es definido como un esquema ya establecido, y cuasi oficial, porque no es nada legal.

El jefe del gabinete, Rafael Canó, cita al fiscal y le informa que el Procurador le pide de favor que ponga el cargo a disposición, que le prometen protegerlo. Y que en caso de rechazar la petición le dicen que la plaza será sometida a concurso, y que en ese caso no será ascendido ni tomado en cuenta para ninguna otra posición.

Todo este andamiaje está coordinado con el Consejo Superior del Ministerio Público. En 2018 de cinco miembros del Consejo Superior del Ministerio Público había 2 que aspiraban a posiciones en concurso. Fueron identificados y hubo una crisis, que incluyó cambios y rotaciones.

Ellos fueron Edward López, y su plaza, a la que aspiraba, quedó desierta. El otro fue José Manuel Aguiló Talaveras.

Ahora tienen planeada la elección para el Consejo Superior del Ministerio Público en el mes de abril, antes de las elecciones presidenciales de mayo. Electos, cuales quiera que sean, se mantendrían en la posición por los próximos cuatro años.

Explican que de este modo todos los estamentos del Ministerio Público estarán tomados por personal de Jean Alain Rodríguez, incluyendo todas las procuradurías especializadas del país, entre ellas las de Tecnología, delitos electorales, corrupción, entre otras.

En el caso de los fiscales electorales, ya designados recientemente, ofrecen el dato de que fueron seleccionados políticamente y se les ordenó perseguir los delitos de la oposición. “Esa es la orden”, revelan. El objetivo es el control del Ministerio Público durante los próximos cuatro años, para que el Procurador General que venga con un nuevo gobierno no tenga nada que hacer.

También está controlado el Tribunal Disciplinario del Ministerio Público, al que le hicieron transformaciones fundamentales.

La Procuraduría Especializada en Delitos Tecnológicos fue concursada el año pasado, pero ahora la ponen nuevamente en concurso para renovar por los próximos cuatro años su mandato. Lo mismo pasará con la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción, la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud, y la de los asuntos electorales que ya fue mencionada.

Otras 16 procuradurías serán concursadas en sus titularidades.

Las autoridades tienen bajo su control las dos asociaciones de fiscales. La Asociación de Fiscales de Carrera (ADOFIC) y la Asociación de Fiscales Dominicanos (AFIDOM). Son dos organizaciones con criterios diferentes, pero ambas están bajo la tutela de Jean Alain Rodríguez.

Un panorama sombrío y desesperanzado

Los fiscales que describen este cuadro se miran entre sí y debaten posiciones, pero no tienen tiempo para el cansancio ni el abandono. Entienden que deben seguir la batalla para que no se destruya totalmente el Ministerio Público.

“No tenemos carrera, no tenemos escuela, no tenemos asociaciones. El Procurador las ha controlado todas para sus fines y propósitos ajenos al Ministerio Público”, dicen.

Ya ningún fiscal puede hablar, dar declaraciones o defender sus posiciones sobre temas judiciales. El cierre es rígido. Los medios están cerrados, y salvo situaciones excepcionales, pueden pedir permiso y si se lo otorgan es posible acudir a un medio de comunicación. Es frecuente que lo nieguen.

A algunos fiscales se les ha querido prohibir que escriban en las redes sociales. No se puede decir nada. Hay persecución y seguimiento. El concurso del 22 de febrero es la estocada final, pues 14 puestos de alta dirección del Ministerio Público están renunciando para que las posiciones sean sometidas a concurso por voluntad del Procurador. En la historia de la Procuraduría nunca habían renunciado tantas personas, jamás se había registrado un fenómeno como este de las renuncias.

Tampoco se publican las actas del Consejo Superior del Ministerio Público. Las actas del Consejo del Poder Judicial se hacen públicas pero las del Ministerio Público jamás.

¿Cuáles son las consecuencias negativas de estas acciones?

Es la pregunta que formulamos para comenzar a cerrar el diálogo. Y de inmediato comienza la lista de negatividades que se desprenden del actual Ministerio Público:

Retiro de acusaciones formuladas, sin que nadie se entere.

Acuerdos irregulares patrocinados por fiscales, como los de violencia de género. Nadie los conoce, y no ofrecen datos a ningún periodista o interesado.

Opacidad en la administración de Bienes Incautados

Selectividad de la persecución penal a los responsables de violaciones

Archivos discrecionales de expedientes, como acaba de ocurrir con el caso de Andy Dauhajre, que fue ilegal, y que lo firmó Joan Alcántara, adjunto del Procurador, quien jamás ha realizado una investigación de corrupción, además de que no es de la carrera del Ministerio Público.

Palabras finales

Todo lo que se logró en independencia y capacitación del Ministerio Público en los últimos 15 años, ahora se hunde. Estos últimos tres años han sido de retroceso, explican.

En caso de que esta situación continuara no podremos hablar más de la carrera del Ministerio Público. Hoy día los miembros del MP no sienten orgullo de ser fiscales.

Las actuaciones del Ministerio Público contra Miriam Germán, un estandarte del Poder Judicial, fue un ejemplo de cómo tratan a las personas honestas y que han sido y son símbolos de calidad y capacidad, ademas de honestidad.

No dejan de mencionar los casos de Luisa Liranzo Y Yenny Berenice Reynoso, fiscales de Santiago y del Distrito Nacional, que fueron en la práctica sacadas de las posiciones que habían ocupado, son honestidad y solvencia.

“Los los fiscales piensan que si estas maniobras las hicieron contra esas mujeres meritorias, cómo no lo harían contra ellos, que no son reconocidos. Es mejor quedarse callados y sin reaccionar”, explican es la actitud que asumen los fiscales actuales.

Por Fausto Rosario Adames
Acento.com.do

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Compañero decapitó estudiante dominicano por celos según fiscales

NUEVA YORK.-En la apertura del juicio el lunes que se le sigue al adolescente Mathew Borges, acusado por el asesinato y decapitamiento de su compañero de escuela, el estudiante dominicano Lee Manuel Viloria Paulino, los fiscales argumentaron que lo asesinó brutalmente, porque estaba celoso de que la víctima, estuviera teniendo relaciones con su novia.

Además de acuchillarlo más de 70 veces, Borges, cortó las manos de la víctima y tiró la cabeza después de cortársela a unos 50 metros de distancia, en la calle Waters en la ribera del río Lawrence en esa ciudad de Massachusetts el primero de diciembre de 2016.

Hasta el comienzo del juicio, Borges, el motivo del asesinato no se conocía porque el acusado nunca lo reveló.

Los investigadores dijeron que ambos estudiantes estaban fumando marihuana, como acostumbraban en el área donde el cuerpo y la cabeza de Viloria Paulino, fueron halladas por una mujer que paseaba con su perro.

“Lo asesinó en un ataque de celos”, añadió el fiscal adjunto del Tribunal Superior del Condado Essex, Jay Gubitose.

También argumentó ante el jurado que Borges, había ido con varios otros adolescentes a la casa del muerto, donde robaron ropas, artículos valiosos y otras pertenencias, en noviembre de 2016.

El jurado está integrado por nueve mujeres y siete hombres que verían los mensajes de texto que el acusado, que tenía 15 años de edad, cuando mató al que definía como su mejor y compañero de clases en la escuela secundaria de Lawrence, le envió a su novia en los que le decía que pensaba matar a alguien y sonreír después del crimen.

“Es todo lo que pienso todos los días”, añadía Borges en los mensajes.

Borges y su novia terminaron el 31 de agosto de 2016, cuando la acusó de estarse acostando con Viloria Paulino, que era un estudiante popular de segundo año con 16 años de edad, dijo el fiscal.

«El acusado era duro por fuera pero inseguro por dentro», dijo el representante del Ministerio Público. «Estaba celoso cuando la vio sentada con la víctima en la cafetería de la escuela en noviembre y comenzó a gritarle», señaló el fiscal.

Veinticuatro horas antes de que Borges matara a Viloria Paulino, el fiscal dijo que el acusado Borges le envió un mensaje diciendo que «la próxima vez que me veas, mírame a los ojos porque es la última vez que serán así. Estarán muertos».

Viloria Paulino, fue reportado como desaparecido el 18 de noviembre de 2016. Un policía estatal encontró más tarde la cabeza de la víctima en una bolsa, dijo el fiscal adjunto.

El video de vigilancia de una casa al otro lado de la calle donde vivía Viloria Paulino mostró que él y Borges se marchaban, caminando en dirección al río el día en que la víctima fue vista por última vez.

Luego, cuatro figuras se ven moviéndose alrededor de la casa de Viloria Paulino y regresan con bolsas de lona, dijo el fiscal. La casa de la víctima había sido asaltada, agregó.

Borges le dijo a la policía que él y Viloria Paulino habían ido a mirar las luces junto al río y fumar marihuana antes de que él acusado se fuera.

La policía arrestó a Borges luego de que encontraron en el cajón superior de su habitación un diario cuya última nota dice que debe llamar a algunos de sus amigos, usar bolsas en sus zapatos y matarlo.

«El acusado les dijo que lo apuñaló hasta la muerte y le cortó la cabeza y las manos para que no pudiera ser identificado», añadió el fiscal a los jurados.

El abogado defensor Edward Hayden dijo que en noviembre, Borges y algunos amigos robaron la casa de Viloria Paulino.

«Los testigos que van a decir que cometió un asesinato no son confiables», añadió. Hayden cuestionó la fecha del asesinato y dijo que nunca se encontró ADN, armas, herramientas o sangre para relacionar a Borges con el asesinato, y en textos que supuestamente indican celos, el acusado no dijo nada malo sobre la víctima.

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Fiscales demandarán para evitar el fin de la neutralidad de internet en EE.UU.

Las reacciones tampoco se han hecho esperar desde los propios proveedores de contenidos, que podrían verse afectados por la nueva regulación y por la revolución en el modelo de negocio que puede implicar en la industria.

WASHINGTON. Los fiscales de Nueva York y del Distrito de Columbia anunciaron hoy que interpondrán sendas demandas para evitar que se consume la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de suprimir la neutralidad en la red, que garantizaba internet como un servicio público en Estados Unidos.

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, avanzó ayer que liderará una batería de demandas desde diferentes estados del país con el objetivo de “detener” el resultado de la votación de ayer en la FCC por la que se acaba con la norma de 2015 que impedía que las proveedoras de internet tuvieran potestad sobre el bloqueo o la ralentización de portales en línea.

La abolición de la regla de 2015, impulsada por el Gobierno de Barack Obama, supone de facto que las proveedoras de internet podrán bloquear o ralentizar el tráfico de portales a su antojo, sin importar el tipo de contenido, como por ejemplo medios de comunicación o webs de difusión de vídeos.

“Es un golpe a los consumidores y a todos los que se preocupan por una internet libre y abierta”, afirmó en un comunicado Schneiderman, quien consideró que la aprobación de la nueva regulación supone “un regalo de Navidad anticipado”.

El fiscal general ha liderado en los últimos meses una investigación de su oficina sobre un registro masivo de comentarios en la propuesta de la FCC, en total 22 millones, de los que al menos dos millones se produjeron desde identidades suplantadas.

Por esta razón, él y otros 18 fiscales generales estatales reclamaron que la votación se pospusiera, además de algunas voces del Partido Republicano, algo que finalmente no sucedió.

Por su parte, su homólogo en el Distrito de Columbia, Bob Ferguson, siguió la misma línea y avanzó su intención de plantear una demanda, “junto con fiscales de todo el país”, contra la aprobación de la Comisión para que se mantenga la neutralidad en la red.

“Dejar a los proveedores de internet que discriminen con base en los contenidos socava la internet abierta y libre”, incidió Ferguson en un comunicado.

Las reacciones tampoco se han hecho esperar desde los propios proveedores de contenidos, que podrían verse afectados por la nueva regulación y por la revolución en el modelo de negocio que puede implicar en la industria.

La jefa de Operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, calificó ayer de “decepcionante y dañina” la decisión de la FCC de poner fin a la norma de 2015 y consideró que una “internet abierta” es fundamental para “nuevas ideas y oportunidades económicas”.

“Los proveedores de internet no deberían poder decidir lo que la gente puede y no puede ver en internet o cambiar los precios en ciertas páginas”, afirmó Sandberg, quien anunció que están “listos para trabajar con el Congreso por una red libre y abierta para todos”.

La plataforma de emisión de vídeos en línea Netflix aseguró a través de su cuenta en la red social Twitter que la aprobación les había “desencantado” y avanzó que es el comienzo “de una larga batalla legal”.

El presidente del Caucus Demócrata en la Cámara de Representantes, Joe Crowley, señaló que suprimir la neutralidad en la red “limitará la capacidad de innovar de los estadounidenses” y afectará a la libertad para comunicarse entre personas, algo que consideró “inaceptable”.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) explicó en un comunicado que la decisión de la Comisión supone un riesgo de “erosión de la mayor plataforma de libertad de expresión que el mundo ha conocido nunca”, y auguró que los proveedores de internet serán ahora “mucho más agresivos en conseguir beneficios desde su rol de control”.

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Fiscales demandarán a Trump por pagos de gobiernos extranjeros a sus empresas

WASHINGTON. Los fiscales generales de Washington DC y Maryland demandarán al presidente de EEUU, Donald Trump, este lunes alegando que ha violado las cláusulas anticorrupción de la Constitución al aceptar millones de dólares de Gobiernos extranjeros en pagos a sus empresas, según adelantó hoy el Washington Post.

Los dos fiscales generales, ambos demócratas, basarán su demanda en que esos “millones en pagos y beneficios de Gobiernos extranjeros” los ha recibido desde que se mudó a la Casa Blanca y teniendo en cuenta que optó “conservar la propiedad de su compañía” tras asumir el cargo.

Trump transfirió el control de su conglomerado empresarial a sus dos hijos adultos varones, Donald Jr. y Eric, para evitar posibles conflictos de intereses durante el tiempo en que ocupe la Presidencia.

Sin embargo, el fiscal general de DC Karl A. Racine y el fiscal general de Maryland Brian Frosh consideran que Trump “ha roto muchas promesas de mantener separado su deber público de sus intereses de negocios privados, incluyendo el recibir actualizaciones regulares sobre la salud financiera de la compañía”.

Si un juez federal permite que el caso proceda, según explicaron los fiscales de Washington y Maryland al Post, uno de los primeros pasos sería pedir copias de las declaraciones fiscales de Trump -que se ha negado a hacer públicas hasta ahora- para conocer hasta dónde llegan sus tratos de negocios en el extranjero.

Esa batalla, señalaron, acabaría muy probablemente ante el Tribunal Supremo, con los abogados de Trump obligados a defender por qué las declaraciones fiscales del presidente deben seguir siendo privadas.

La demanda podría abrir un nuevo frente para Trump en un momento en el que lidia con la investigación sobre si alguien de su campaña confabuló con el Gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016.

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Tras homologar acuerdo, en 60 días darían informes sobre caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. Una vez homologado el próximo primero de marzo, el acuerdo suscrito entre la empresa Odebrecht y el Ministerio Público, la República Dominicana deberá recibir en un plazo de 60 días informaciones sobre el pago de los US$92 millones en sobornos que hizo la constructora para ser favorecida con obras públicas.

La revelación la hizo ayer el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien advirtió que de no cumplirse con esa prerrogativa no habrá acuerdo.

“No vamos a exigir que se nos entregue antes de ese plazo y la homologación, porque eso sería violar la ley, pero no aceptaremos ni un día de retraso en el cumplimiento”, enfatizó el funcionario en unas declaraciones escritas enviada a los medios de comunicación.

Aseguró que “todos apostamos a ver a los corruptos involucrados tras las rejas cuanto antes”.

“Que se les condene a que permanezcan ahí, no solo a una prisión que sea preventiva y efímera, es igual o más importante como que por fin entren por la puerta de la cárcel. Tienen que entrar y quedarse ahí durante toda una condena”, aseveró.

En ese sentido, Rodríguez consideró que es clave pisar firme en el caso para que las pruebas y la lista de nombres sean producto de un proceso legal, el cual ningún tribunal pueda anular.

Recalcó que la Procuraduría está interesada en todo lo que hay en el expediente, pero sobre todo en los nombres de las personas beneficiadas con los sobornos.

Precisó que contrario a otras naciones, la República Dominicana logró el privilegio de prontitud para la entrega de documentos, tras las negociaciones en Brasil.

Los acuerdos firmados por el Ministerio Público de Brasil con Odebrecht prohíbe que ambos compartan informaciones con terceros antes del mes de junio.

“Nuestro país fue el primero de toda la región que logró concretar la firma definitiva de un acuerdo sancionatorio y de entrega de información con Odebrecht”, apuntó.

El Procurador puntualizó que en el caso de la República Dominicana como ya tiene un acuerdo firmado con Odebrecht, desde que el juez emita su decisión sobre la homologación se le deberá entregar toda la información antes de los 60 días.

El juez coordinador de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, se reservó para el 1ro de marzo a las 10 de la mañana el fallo sobre el acuerdo entre la constructora Odebrecht y la Procuraduría General. La solicitud de homologación fue hecha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Constructora Norberto Odebrecht en la que participó Marcelo Hofke, gerente de Odebrecht en la República Dominicana y su abogado, Robert Valdez.

“No estamos sentados pacientemente esperando que nos llegue la información; estamos también y paralelamente ejecutando averiguaciones profundas”, destacó Rodríguez.

Manifestó que trabajan en la elaboración de un expediente acusatorio que ningún tribunal pueda anular y pueda tumbarse la acusación.

Los pronunciamientos del jefe del Ministerio Público se producen tras viajar el pasado miércoles 15 a Brasil para participar en un encuentro con las autoridades que investigan el caso “Lava Jato”, y donde estuvieron representantes de países latinoamericanos en los que la constructora Odebrecht declaró haber pagado sobornos para obtener contratos de infraestructura pública. Durante su visita asistió a una reunión técnica multilateral sobre el caso “Lava Jato” con los fiscales que participan en la investigación, y también en una de trabajo particulares con cada uno de los procuradores o fiscales generales de los países que investigan las actividades de Odebrecht.

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Fiscales de RD y otros 14 países cruzarán datos sobre Odebrecht en Brasilia

Brasilia.-Representantes de Ministerios Públicos de quince países se reunirán a partir de mañana en Brasilia para intercambiar información sobre las prácticas de corrupción en que ha incurrido la constructora brasileña Odebrecht.

Según la Procuraduría General de Brasil, que organiza la cita, han sido invitados delegados de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Las reuniones serán a puerta cerrada pues, según dijo a Efe un portavoz de la Procuraduría, existen investigaciones en curso por parte de cada uno de los Ministerios Públicos que asistirán a una cita que consideró como un «inédito caso de cooperación regional».

En esos catorce países, además del propio Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse esas prácticas ilegales, se investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales, el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares.

Todos esos países han solicitado información a las autoridades brasileñas, que desde hace más de dos años iniciaron la llamada operación «Lava Jato», que empezó con un simple asunto de blanqueo de dinero en un puesto de gasolina y lavado de coches de Brasilia y destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia nacional.

Desde entonces, decenas de políticos y empresarios han terminado en prisión por su participación en esa trama, que aún puede salpicar a muchos otros dirigentes de casi todos los partidos, entre quienes figuran miembros del Gobierno y el propio presidente Michel Temer.

Esas prácticas, sin embargo, no se limitaron a Brasil y fueron más allá de las fronteras, para expandirse de la mano de Odebrecht por buena parte de América Latina y llegar hasta a países de África e incluso de Europa, como es el caso de Portugal.

Buena parte del dinero obtenido con esas maniobras ilegales pasó por bancos de Estados Unidos y Suiza, países que también entraron en la investigación y con los cuales Odebrecht firmó sendos acuerdos de lenidad, como hizo en Brasil, mediante los cuales aceptó sanciones pecuniarias que superan los 2.000 millones de dólares.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.

Los pagos se refirieron a «más de 100 proyectos» realizados entre 2001 y 2014 y que, en la gran mayoría de los casos, correspondían a obra pública.

Las investigaciones iniciadas a raíz de las informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han generado una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos.

También han generado un enorme revuelo en cada uno de los países citados, que en su mayoría han pedido información a Brasil, ya que 77 exdirectivos de Odebrecht implicados en el asunto han acordado colaborar con la justicia y pudieran haber revelado detalles sobre las operaciones de la empresa en el exterior.

Los testimonios de esos antiguos ejecutivos de la constructora están bajo un estricto secreto judicial, pero la prensa local afirma que pudieran implicar en el asunto a unos 200 políticos, por lo que los califica como «la delación del fin del mundo».

Odebrecht, que opera en 28 países y tiene unos 168.000 empleados, ha aceptado su responsabilidad en esos hechos y se ha comprometido tanto a colaborar con la justicia en todas las investigaciones como a eliminar definitivamente esas prácticas corruptas.

Fiscalía colombiana investiga «veracidad» de declaraciones en caso Odebrecht

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Se queja por la forma fácil que salen los delincuentes

castro_castilloSANTO DOMINGO. El jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, se quejó ayer de que más de 20 mil delincuentes apresados y sometidos a la justicia en los primeros seis meses de este año, estén de nuevo en libertad.

«Pero seguimos haciendo el trabajo, vamos a apresar a todo el que quebrante la ley», dijo.

Sin embargo, Castro Castillo restó importancia a esto, y agregó que en junio del año pasado se produjeron 24 muertes a manos de delincuentes, y que en el mismo período de este año solo seis.

«En las muertes generadas en sentido general, ha habido una reducción de un 52%», dijo.

Agregó que debido a la puesta en marcha de un nuevo sistema de patrullaje con motivo de la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, ha habido una reducción de un 75% en las muertes generadas por delincuentes.

Reconoció que hay una delincuencia desafiante, que no respeta, y que pretende intimidar al pueblo dominicano. Llamó a las demás instituciones «a jugar su rol, y a cumplir con su rol porque la Policía Nacional está cumpliendo con el suyo».

Caso Napoleón Rojas

La Policía apresó ayer en Barahona a un presunto delincuente que se encontraba prófugo por la muerte del periodista y abogado Napoleón Rojas Vicioso, durante un asalto perpetrado a un colmado de su propiedad, ubicado en la Urbanización Ralma, Villa Faro, Santo Domingo Este.

Se trata de Edwin Andrés Montero Féliz, de 26 años, apresado en el paraje Platón, municipio Paraíso, de Barahona, donde se escondía de equipos élites de la institución del orden que le daban seguimiento.

El ahora prevenido, al ser cuestionado, admitió su participación en el hecho.
Por Adonis Santiago Díaz
Diario Libre

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Posponen paro en el comercio y se declararán en rebeldía fiscal

comerciante_dominicanaSANTO  DOMINGO.-La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) informó hoy que  pospuso la convocatoria a paro general del comercio, que estaba pautado para los días 30 y 31 de este mes, para el 5 y 6 de febrero, hasta ver las posibilidades de llegar a un acuerdo con el Gobierno.

Mientras que el presidente de la Asociación Dominicana de Comerciantes Mayoristas Independientes, Daniel Peña, advirtió que los paros comerciales le están haciendo mucho daño al sector y llamó a los propulsores a desistir de las protestas y abocarse al diálogo con el Gobierno.

Peña dijo que estos movimientos de huelga causan grandes pérdidas al comercio y trastornando la actividad productiva del país, por lo que consideró necesario dejarlos sin efectos por considerarlos contraproducentes.

En tanto que el presidente de la FDC, Iván García, afirmó que en caso de que las autoridades no atienda su demanda de extender el plazo para la instalación de las impresoras fiscales y que se haga de forma escalonada, los comerciantes se declararán en rebeldía fiscal y dejarán de pagar impuestos durante dos meses.

«Estamos hablando de alrededor de RD$70,000 millones que van a dejar de percibir las autoridades para que entiendan que el comercio es que sostiene el Gobierno en este país y que somos la principal fuerza económica de esta nación», expresó García durante una reunión en la que participaron diferentes dirigentes comerciales.

García manifestó que la protesta fue pospuesta porque el presidente Danilo Medina ha estado fuera del país y para permitir a la población que cobra su salario los días 15 y 30 de cada mes puedan hacer sus compras y no sean afectados por el cierre de los comercios.

Además, el dirigente comercial dijo que para el medio día de hoy la FDC tendrá una reunión con el titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Guarocuya Félix, para abordar el tema de las impresoras fiscales, mientras que la entidad oficial también está convocando para las 3:30 de la tarde hoy para anunciar un acuerdo con distintas federaciones comerciales respecto a la instalación de las impresoras fiscales.
Por Amilcar Nivar
Diario Libre

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Supuesto narco dominicano extraditado a EE.UU. negocia con fiscales

oscar_ezequielNUEVA YORK. El supuesto narcotraficante dominicano Oscar Eduardo Rodríguez Cruz, a quien se le atribuye  conexiones políticas en la República Dominicana y que fue extraditado a  Estados Unidos el 18 de abril del 2012, negoció un acuerdo con los fiscales federales de Boston (Massachusetts) para declararse culpable de varios cargos y evitar ir a un juicio.

Mediante el trato, Rodríguez Cruz aceptó la responsabilidad en las acusaciones de conspiración y narcotráfico internacional y la fiscalía federal le imputa haber transportado docenas de kilos de cocaína y heroína a territorio norteamericano.

En el acuerdo, el reo y su abogado pactaron con los fiscales cancelar vistas previas a un posible juicio que estaba programada para las 2:00 de la tarde de este 30 de enero y una comparecencia fechada para el 10 de febrero en la que se escogerían los miembros del jurado.

Rodríguez Cruz deberá regresar a la corte el próximo 20 de marzo y en cuya audiencia, se declararía oficialmente culpable de las acusaciones.

El recluso estaba prófugo desde el 2005 y según el expediente logró acumular una fortuna económica neta y múltiples propiedades, producto de sus ganancias  con el narcotráfico. Se dijo que Rodríguez Cruz, financiaba con parte de ese dinero campañas electorales de partidos políticos importantes que compitieron por la Presidencia de la República  en las elecciones del 2012.

Los fiscales lo acusan de haber sido parte de una red internacional integrada por otros 12 acusados entre los que figuran Manuel Pinales, Rafael Heredia, José Antonio Cruz, Richard Peña, Tajh M. White, Aquiles Tejada, Hipólito Díaz AriaS, Marcus Mitchell, Cándido Santos, Mark Collins, José Calzado Santana y José Miguel Objio.

Algunos de los implicados en su banda, como Peña y Cruz, fueron sindicados como parte también de la banda que presuntamente dirigía el excapitán del Ejército Nacional Quirino Ernesto Paulino Castillo y quienes fueron condenados en la Corte Federal del Distrito Sur en Nueva York.

Casi todos los implicados en la organización que alegadamente lideraba Rodríguez Cruz fueron también sentenciados a diferentes penas y varios de ellos cumplieron el tiempo impuesto en la cárcel.

Según una versión, Rodríguez Cruz, fundó un movimiento externo de apoyo a la candidatura presidencial del perredeísta Hipólito Mejía en el 2012, llamado «Renacer con Papá» y se desempeñaba como «empresario» en la República Dominicana.

En su momento, Mejía aclaró que nunca conoció a Rodríguez Cruz y que cualquier dominicano tiene derecho a respaldar un candidato a la Presidencia. Mejía, también negó que su campaña recibiera un solo centavo de manos del acusado.

Informes divulgados por medios dominicanos en el 2012, aseguraron que tanto Mejía, el entonces presidente Leonel Fernández, Amable Aristy Castro y otros líderes políticos, aparecieron fotograficados con Rodríguez Cruz y participaron en eventos recaudatorios y fiestas de campaña y privadas, organizadas por el presunto capo.

Rodríguez Cruz, también tenía como conductor de sus vehículos al cabo del Ejército Nacional José Alberto Vásquez Morla, quien fue destituido como militar.
Por Miguel Cruz Tejada
Diario Libre

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Comercio en Valverde cierra sus puertas en rechazo al aumento del ITBIS y las impresoras fiscales


Valverde-. El Comercio de Valverde acató el llamado a cerrar sus puertas por 12 horas hecho por la Federación Dominicana de Comerciantes para esta provincia, en su lucha contra el aumento del ITBIS de un 8 a un 11 por ciento y colocación de las impresoras fiscales.

El dirigente comercial Leonardo Morel dijo que en esta provincia, el paro comercial se cumple en un 99 por ciento, por no decir en un 100 por ciento, ya que las arterias comerciales de Esperanza, Laguna Salada y Mao están cerradas.

De su lado, José Arturo Pérez, dijo que a esta protesta se han sumado comerciantes de Monción y Sabaneta, en la provincia de Santiago Rodríguez, en rechazo a la medida que no solo perjudica al sector comercial, sino también a los consumidores.

Morel dijo que cuando el comercio cierra sus puertas, la calle se paraliza, ya que no hay circulación de gente, porque no tienen razón para salir.

Afirmó que esta acción del comercio de la provincia Valverde es un llamado de atención, ya que no son los comerciantes, sino el pueblo dominicano que está diciendo ya basta de impuestos, no más presión al sector productivo y no más carga a la familia dominicana.

De su lado, Perez reiteró el rechazo a un aumento del ITBIS y a la implementación por el momento de las impresoras fiscales, ya que no existe información clara sobre el tema, a lo que se suma la falta de energía eléctrica y que los empleados de los sectores públicos y privados no ganan lo suficiente, lo que se revierte en contra de los establecimientos comerciales que no venden lo suficiente.

Mientras el comercio de la provincia Valverde permanece con sus puertas cerradas, en las calles se puede observar una estricta vigilancia policial para evitar posibles desordenes, dijo una fuente de la institución del orden.
Por Jose Luis Fernandez
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DGII asegura no habrá cierres de negocios

impresoras_fiscalesSanto Domingo.-El director de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, llamó a la tranquilidad de los contribuyentes que realizan alguna actividad comercial en relación a las soluciones fiscales.

El funcionario aseguró que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no tiene “ni la capacidad de logística y menos la voluntad política” para cerrar todos los negocios que no tengan instaladas las soluciones fiscales.

“No es negocio para la DGII cerrar negocios de forma arbitraria. Quiero pedirle a toda la sociedad y sobre todo a los que ejercen una actividad económica en RD a que tengan la tranquilidad suficiente, porque desde la DGII tenemos la suficiente sensatez como para tomar las decisiones que permitan que los contribuyentes tengan el mejor desempeño posible de su negocio. El país crece cuando los negocios crecen, no al inverso”, explicó.

Al ser entrevistado en el programa El Zol de la Mañana, Félix aclaró que la gran mayoría de los comercios en el país no tienen la obligación de instalar soluciones fiscales (impresoras), pues esto sólo aplica para los negocios que tienen ventas por encima de RD$7.8 millones al año o compras por encima de RD$30 millones, de acuerdo al Procedimiento Simplificado de Tributación (PST).

Precio
Dijo que durante 2013 Impuestos Internos ha homologado más de 24 soluciones fiscales, cuyo precio dependerá de la naturaleza y el tamaño del negocio. “No es cierto que cuesten RD$60,000. Hay soluciones fiscales que van desde RD$4,000 porque el negocio sólo necesita la instalación de un software. Es decir, no todos los negocios necesitan el mismo tipo de solución fiscal”.

El director de la DGII negó que se produzcan cierres masivos de negocios por este concepto.

‘“Ya estamos a 7 de enero y yo, como director de Impuestos Internos, no he visto ningún cierre de negocio. Lo que va a ocurrir simplemente es que a partir del 1 de enero, a los comerciantes que les aplique y no lo tengan, se le considerará un incumplimiento tributario. Cuando la DGII detecta incumplimiento tributario se inicia un proceso muy largo con el contribuyente para ponerse de acuerdo. Y en el caso extremo, se realiza el cierre temporal del negocio. Sin embargo, regularmente esos cierres no duran más de 24 a 48 horas”.

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DICE IMPRESORAS NO TRAEN MÁS CARGAS
El funcionario aclaró que tener una solución fiscal instalada no implica pagar mayores impuestos, pues de lo que se trata es de tener una mayor organización de la contabilidad de los negocios y de las informaciones que suministran a la DGII. “De hecho, probablemente pague menos. Todos los días van a la DGII personas a las que se le han notificado estimación de oficio porque nosotros no tenemos la información requerida de su negocio.

En la medida en que una pequeña empresa tiene su solución fiscal instalada, tendremos menos estimaciones de ingreso de oficio, y por lo tanto se generan menos problemas en la administración tributaria frente al contribuyente”, concluyó el director general de Impuestos Internos.