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Las seis razones de la ADAFP para que no se apruebe dar el 30% de las AFP

Santo Domingo, RD.-La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) expresó su rechazo al proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Diputados que propone entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores afiliados a las administradoras de fondos de pensiones que así lo soliciten.

La ADAFP manifestó que ante el manejo improcedente y apresurado de un tema de tanta trascendencia para el futuro de los trabajadores y para la economía nacional, en su misión de administrar y cuidar, con transparencia y estricto apego a las leyes vigentes el patrimonio de los afiliados, las AFP miembros llamaron a la reflexión en torno a algunos de los principales efectos negativos que implica seguir adelante con ese proyecto de Ley. Estas son sus justificaciones:

1. Los fondos de pensiones fueron creados con el fin de garantizar un retiro de calidad a los trabajadores afiliados. Con el adelanto de un 30%, estos asumirían con sus propios ahorros el costo de la crisis económica provocada por el COVID-19, cuando ese es un deber del Estado, para lo cual hizo una emisión de bonos soberanos denominados el COVID-19 por RD$40,000 millones.

2. En razón del impacto negativo que tendría en la economía, encareciendo los precios y debilitando la moneda, el valor de la pensión de los trabajadores disminuiría doblemente: por retirar parte de los ahorros obtenidos hasta la fecha y, además, por las implicaciones que la operación tendría en el valor patrimonial de los fondos, colocándolos en una situación de precariedad a futuro.

3. Como señaló el gobernador del Banco Central, la modificación de la Ley 87-01 tendría consecuencias perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, así como para la estabilidad y el crecimiento económico. Aumentaría desproporcionadamente la emisión monetaria en más de 64% respecto al nivel actual, provocaría altos índices de inflación, mayor presión y deslizamiento de la tasa de cambio, incremento de las tasas de interés y reduciría el poder adquisitivo de las personas, en particular de los hogares de menores ingresos.

4. Estas consecuencias negativas también han sido advertidas por el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), sindicatos, los partidos políticos mayoritarios, y expertos en economía y pensiones de nuestro país y el extranjero.

5. Como ha sido concebido, el proyecto de Ley es inviable por múltiples razones. Estas van desde la logística que exige la entrega de más de RD$175,000 millones a los trabajadores en un plazo de diez días, hasta la gestión de esos fondos, imposibles de conseguir a través de la venta de títulos al Banco Central o a los bancos comerciales, debido a la cuantía de los mismos, a lo que se agrega el efecto adverso en la economía nacional.

6. Dada la obvia inviabilidad de este proyecto de Ley, no es prudente alimentar expectativas que puedan crear frustración y crispación social en un segmento de la población. El Sistema Dominicano de Seguridad Social es una de las principales conquistas de la sociedad dominicana contemporánea. Su creación fue posible gracias al diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Estado.

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Gobierno promulga ley sobre reforma a la Seguridad Social

El Gobierno Dominicano promulgó mediante la Ley 13-20 la reforma a la Seguridad Social, considerado como una gran noticia, por el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo.

“Hoy hemos recibido la gran noticia de que el presidente Danilo Medina promulgó mediante la Ley 13-20 la reforma a la Seguridad Social esta ley abrirá las puertas formales del Sistema Dominicano Social para más de 400 mil dominicanos, hoy excluidos. Quienes podrán ahora contar con seguro de Salud y cotización para su retiro”, expresó Montalvo.

La información la ofrecieron el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en compañía de los ministros de Economía y Trabajo, Juan Ariel Jiménez, y Winston Santos, respectivamente. El anuncio se hizo en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.

Aseguró que el Gobierno ha estado trabajando en un conjunto de reformas legales para mejorar la Seguridad Social.

Dijo que esta legislación busca ampliar la cobertura a más de 150,000 trabajadores dominicanos y sus dependientes, “los cuales estaban fuera del sistema hasta este momento porque sus empleadores tenían una deuda superior a 504 mil millones de pesos, por retrasos en pagos al sistema”.

Agregó que con la nueva ley, más de 150 mil trabajadores tendrán a partir de hoy la oportunidad de obtener un seguro de riesgos laborales y cotizar para sus pensiones.

Además, preció que con la ley 13-20 los más de 34 mil empleadores del sector privado, en su mayoría pequeñas y medianas empresas podrán regularizar su situación con la seguridad social.

“Esta es, por tanto, una gran noticia para las mipymes dominicanas, las cuales al regularizar su situación ante la seguridad social, podrán ser proveedores del Estado y suplidores de grandes empresas formales”, indicó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, añadiendo que, de igual forma, unos 154 ayuntamientos y juntas municipales podrán afiliar a la seguridad social a cerca de 18,000 trabajadores que hoy en día están fuera del sistema y, por supuesto, dice el ministro, la ley 13-20 contempla mecanismos para evitar que en el futuro se genere este tipo de situación.

Precisó que el primer mecanismo es fortalecer la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección de Información y defensa del afiliado “ambos tendrán ahora personalidad jurídica y en el caso de la Tesorería tendrá también facultad para el cobro compulsivo y para iniciar acciones penales ante empleadores que no afilien a sus trabajadores”.

En presencia de otros funcionarios del Estado, Montalvo dijo que la Tesorería podrá solicitar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el bloqueo de los números de los comprobantes fiscales de las empresas que evadan los pagos a la Seguridad Social.

Apuntó que un aspecto “muy importante” es que se mejoran los ingresos tanto de la Tesorería Nacional y de la DIDA contemplados en las disminuciones de la comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de las empresas de seguros.

“Aquí debo anunciarle otra gran transformación: el régimen de las comisiones de las AFP contemplados en la Ley 87-01 tenía dos fuentes: una comisión administrativa 0.5% del salario de cada cotizante y una comisión complementaria de hasta 30% del rendimiento de los Fondos de Pensiones una vez se descuenta la tasa de interés pasiva. En esta ley se elimina la comisión administrativa y de ese 0.5%, un 0.1% pasa a los ingresos de la TSS y el otro 0.4% pasa a la cuenta de los trabajadores”, explicó el funcionario.

Además, la comisión complementaria cambia de una comisión de 30% del rendimiento, a un porcentaje de los fondos administrados. Ese porcentaje inicia en un 1.2% en el primer año y va disminuyendo cada año hasta llegar a un 0.75% en 10 años.

Gustavo Montalvo precisa que cuando se hacen las proyecciones con los modelos financieros para los próximos 10 años, al comparar el esquema de comisiones de la ley 87-01 y el que hoy se está promulgando el Gobierno, se estima que el esquema de una única comisión implicará que las AFP dejen de cobrar unos RD$53 mil millones, en un periodo en 10 años.

Este anuncio se da en momento en que las centrales sindicales y la Fundación Juan Bosch mostraron su desacuerdo con la legislación y advirtieron que las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) lejos de disminuir sus ganancias, estas se incrementarían de manera importante.