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Incautan millonario cargamento de cigarrillos en Santo Domingo Oeste

Oficiales de Operaciones de Inteligencia de la Dirección General de Aduanas, en conjunto con miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público, realizaron el descenso en un almacén clandestino, ubicado en Santo Domingo Oeste, donde descubrieron un millonario cargamento de cigarrillos de contrabando.

“Con una investigación previa que contó con la colaboración de la industria privada del cigarrillo, se daba seguimiento a esta operación que expuso un millón 926 mil 199 unidades de cigarrillos de las marcas Capital y Gold City, que estaban distribuidas en un contenedor blanco sin número y un camión cerrado, localizados en la carretera Merca Santo Domingo”, explicó Aduana en comunicado de prensa.

En el operativo, que contó con la participación del fiscal Máximo Rodríguez, se procedió a la detención de un hombre que cuidaba de dicho almacén, para fines de investigación. Junto a los cigarrillos decomisados fue retenido el vehículo y se amplían las investigaciones de lugar.

En un cálculo estimado de lo que representan los ingresos dejados de percibir por el Estado por esta cantidad, se estima la suma de RD$46.5 millones de pesos entre gravamen, impuesto selectivo al consumo, Itbis, sanciones y multa.

La Ley 17-19 para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y la falsificación de medicamentos, hidrocarburos, alcohol, tabaco y sus derivados, promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado año, refuerza los poderes de las autoridades en estos casos y endurece las penas a quienes resulten involucrados.

La misma ley creó el Consejo Interinstitucional Público Privado para la Prevención, consolidando la importancia del involucramiento de ambos sectores en la consecución de estos objetivos y que para la aduana dominicana ha sido tan importante en el logro de sus resultados enfrentando los ilícitos y el contrabando.

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IDAC presume volaba de forma irregular avioneta que cayó en La Altagracia

HIGÜEY.- Una avioneta cayó anoche en la comunidad San Rafael del Yuma en Higüey, supuestamente cuando se le apagó el motor a la medianoche. Sin embargo, el Instituto Dominicano de Aviación Civil  (IDAC) dijo que no tiene notificación alguna sobre la aeronave.

“El IDAC no ha tenido ningún tipo de contacto con la aeronave reportada accidentada, ni a través de sus torres de control ni de los centros de Control del Tránsito Aéreo”, informó el IDAC al tiempo que dijeron que se espera la intervención de organismos oficiales investigativos para que se ofrezcan mayores detalles sobre el percance.

La versión de residentes en la zona quienes señala que en la madrugada escucharon la aeronave sobrevolando la zona y luego precipitarse a tierra.

Imágenes fotográficas recibidas en el IDAC muestran una aeronave de color plateado sin identificación alguna. Estos elementos, además de no contar  con  notificación alguna, permiten concluir que se trata de un vuelo irregular”, dijo el organismo regulador.

En el  Instituto Dominicano de Aviación Civil  (IDAC) no se cuenta con notificación alguna de vuelo de una aeronave que los medios de comunicación reportan accidentada en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.

Los organismos estatales de investigación ya están notificados  del caso, y se debe esperar que ofrezcan un informe oficial sobre este reporte ofrecido por los medios de comunicación en la mañana del miércoles,  se explica en la nota del IDAC. 

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Joven es detenido por la PN en Esperanza por portar arma ilegal

Esperanza, Valverde-. Agentes policiales apresaron en este municipio a un joven al que supuestamente ocuparon un arma de fuego de fabricación casera.

El detenido es el nombrado Luis Enrique Reyes, de 22 años de edad, residente en el sector Los Cajuiles de Mao, a quien le ocuparon un arma de fabricación casera, denominada “chilena”, que portaba de manera oculta en su cintura izquierda.

El mismo fue apresado cuando se encontraba parado con un perfil sospechoso frente al liceo María Leaquina Rodríguez, en el sector Los Payeros del municipio de Esperanza.

Al momento de su detención, la Policía también le ocupó un celular, una funda de tabaco, la suma de mil ochocientos pesos en efectivo y una caja de fosforo.

Por José Luis Fernández
Noticias de la Línea

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Las manos que abren la puerta al tráfico de haitianos

Militares, agentes migratorios, algunos fiscales y jueces. Todos juegan en el mismo equipo y hacen que la República Dominicana se mantenga entre los países que no cumple las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas.
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El sol colgado del horizonte todavía impregna de calor e ilumina la carretera del Noroeste que conecta a Dajabón con Montecristi cuando el equipo de reporteros divisa a tres motociclistas. Muestran las características de los hombres conocidos en las provincias fronterizas como “poteas” que, en sus vehículos con asientos modificados para llevar mayor número de pasajeros, se desplazan a alta velocidad transportando indocumentados. El equipo de prensa decide seguirlos.

Varios metros antes de llegar al puesto de chequeo El Puente, en Montecristi, una de las provincias dominicanas que colinda con Haití por la región norte, los motociclistas se detienen a un extremo de la carretera y bajan a los “pasajeros”: tres mujeres y varios niños que se resguardan entre la maleza y ramas. En sus rostros se ven unos ojos enormes y mandíbulas apretadas. Están petrificados por el miedo.

Uno de los motoristas se adelanta a conversar con los agentes apostados en el puesto de chequeo del Ejército de República Dominicana, mientras los dos restantes esperan su regreso antes de decidirse a seguir su trayecto. Los militares tienen la misión de salvaguardar la frontera para frenar el tráfico de indocumentados y mercancía ilegal, como ajo, arroz, armas y narcóticos.

Los que se ocultan en el matorral son parte del universo de inmigrantes haitianos que se mueven con sigilo por la región fronteriza dominicana con destino a zonas en donde buscan emplearse en la agricultura, el turismo o la construcción. Muchos procuran reunirse con familiares, cientos de embarazadas llegan cada año a dar a luz en hospitales públicos y mujeres y niños cruzan la línea divisoria, incluso para mendigar en los cruces de los semáforos de las avenidas de grandes ciudades. Los que los apoyan se encargan de abrirles paso, convenciendo, a veces con sobornos, a los agentes encargados de la vigilancia de que permitan su desplazamiento.

La escena de este 3 de julio de 2018 muestra, a la luz del sol, una práctica de tráfico ilícito de migrantes que por años ha sido común en las demarcaciones fronterizas dominicanas, encubierta entre la impunidad y complicidad que envuelve muchos de los casos.

La Justicia dominicana tiene un subregistro de expedientes relativos al tráfico de indocumentados y la mayoría de los que se judicializan terminan con decisiones favorables a los acusados. Mientras los militares, llamados a frenar este ilícito, con frecuencia son parte de la práctica ilegal.

El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, admite el involucramiento del personal militar en el tráfico de indocumentados y de mercancías. “Recuerda –dice– que son personas, no equipos, y que cometen errores, a veces adrede y a veces se les pasa por la rapidez”.

Los fiscales de varias de las provincias dominicanas limítrofes con Haití también admiten la debilidad e incapacidad para procesar a todos los implicados en las redes de tráfico. Una revisión de expedientes evidencia cómo este delito casi siempre se diluye entre archivos y absoluciones, dejando en la impunidad a quienes se lucran de ese negocio ilegal.

Por más de dos meses Diario Libre gestionó ante funcionarios del Ministerio Público y de los tribunales fronterizos la entrega de expedientes de tráfico de indocumentados. De las fiscalías de Jimaní, Montecristi, Dajabón, Mao, Pedernales y Elías Piña se compilaron 31 expedientes, con fechas que van desde el 2006 hasta este 2018.

Uno de los casos se archivó de “forma provisional” y 13 tuvieron una decisión de “archivo definitivo” por alegada falta de pruebas. Tres terminaron con la absolución de los imputados, pese a que en uno de ellos, el acusado era reincidente en el delito; en dos hubo condenas con penas privativas de libertad. Seis de los procesos están en etapa de juicio de fondo, aunque con declaración de rebeldía de los imputados en la mitad. Los otros seis están en investigación y juicio preliminar.

En el caso del reincidente, se procesa a Franklin Segura Samboy, sometido en junio de 2014 junto a Zaiter Samboy por la fiscalía de la fronteriza provincia Pedernales por transportar a cinco haitianos en un minibús en el que además se encontraron cinco cédulas de identidad y dos permisos de residencia falsos. En marzo de 2015 el Tribunal Colegiado de Barahona declaró a los imputados “no culpables”, tras el retiro de la acusación que hizo el Ministerio Público.

Ya el 5 de enero de 2015, Segura Samboy había sido favorecido con el archivo de otro expediente en su contra que en abril de 2014 presentó la misma fiscalía de Pedernales, que no encontró elementos probatorios suficientes para mantener la acusación por supuestamente traficar en un minibús a siete haitianos con cédulas y pasaportes presumiblemente falsos, algunos sin documentos.

De los dos casos de condena penal, uno se encontró en Dajabón y data de 2006. Se relaciona con 24 haitianos que murieron asfixiados mientras eran traficados desde la frontera en un camión rentado. La tragedia, ocurrida el 10 de enero de ese año, despertó el horror y desató quejas diplomáticas de Haití y organizaciones de derechos humanos.

Por varios días hubo protestas en Haití, tanto en la parte fronteriza de Ouanaminthe como en la capital de ese país, Puerto Príncipe, obligando a ambos países a ordenar el cierre temporal de la frontera. Una de las jornadas de mayor tensión se registró el 12 de enero de ese año, cuando una delegación dominicana cruzó a Ouanaminthe para entregar los cadáveres. Las protestas, que tuvieron como resultado dos personas muertas y cuatro miembros de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) heridos, impidieron la entrega de los fallecidos que terminaron sepultados en una fosa común de un cementerio ubicado en suelo dominicano.

El presidente dominicano de entonces, Leonel Fernández, envió en esa ocasión una carta de solidaridad a su homólogo y presidente interino de Haití, Boniface Alexandre, en la que daba garantías al pueblo haitiano y a la comunidad internacional de que el caso sería investigado a profundidad. Creó una comisión integrada por los titulares de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, el jefe de la Policía Nacional y la Dirección General de Migración, para investigar el suceso.

La fiscalía de Dajabón calificó los hechos de tráfico ilegal y homicidio voluntario y logró una condena de 20 años contra Elvis Rafael Rodríguez Ortiz y Esteban Martínez Rosario, chofer y ayudante del camión, respectivamente. También 10 años de cárcel para los militares Keilin Antonio Minier y Santo Peña de la Rosa, quienes habrían recibido dinero de los traficantes para permitir el paso de los indocumentados.

Aunque el expediente acusatorio incluyó originalmente a ocho imputados, los cuatro restantes, entre ellos la persona que alquiló el camión y el dueño de la vivienda donde se escondieron los indocumentados antes de emprender su trayecto de más de 135 kilómetros desde Dajabón hacia Santiago, fueron absueltos por alegada falta de pruebas.

Luego de ese caso que tuvo circunstancias gravosas, en la fiscalía de Dajabón no se encontró registro de ningún otro, pese a que el procurador fiscal Gabriel Jacobo Morel admite que son “un lugar de partida de migrantes ilegales, tanto de nacionalidad haitiana, cubana, china y de otras nacionalidades que entran por la frontera con Haití”.

Dajabón, también en la región norte de la República Dominicana, se separa del pueblo haitiano Ouanaminthe por el río Masacre que permite el cruce a pie debido a su mermado caudal. La provincia acoge cada lunes y viernes a miles de ciudadanos de ambos países que participan de un mercado binacional que reúne a más de 370 sociedades comerciales registradas en la Cámara de Comercio y Producción de esa ciudad, además de 362 vendedores independientes dominicanos que intercambian productos agropecuarios, materiales de construcción, ropas de primera y segunda mano y bebidas.

“Lo que tenemos con más frecuencia son motoconchistas que se dedican a sacar a los haitianos del ámbito de la provincia para, luego que están fuera de la provincia, transbordarlos a otro tipo de vehículos y llevarlos hacia Santiago, Santo Domingo y otros lugares del país”, dice Morel.

De hecho, el año pasado, Dajabón captó la atención pública, luego de que circularan videos en medios de comunicación mostrando filas de “poteas” con motores cargados de haitianos, presumiblemente indocumentados.

Complicidad militar

Entre Haití y la República Dominicana hay 391 kilómetros de frontera compuestos por tramos marítimos, fluviales y de macizos y llanuras. Estas condiciones y el mal estado de las carreteras la hacen vulnerable y de difícil vigilancia constante. Son cuatro los cruces formales identificados: Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón, pero los informales suman 69, conforme calcula el Ministerio de Defensa.

Desde hace décadas se instalaron puestos de chequeo, militares y migratorios, para controlar la entrada terrestre de extranjeros. El ministro de Defensa informa que esos retenes suman 78 y defiende que en una misma ruta haya hasta 11. “Si una persona se monta en Las Matas de Santa Cruz no le van a ver en Botoncillo, lo podrán ver en Jicomé, entonces, por eso es que deben haber varios chequeos porque hay varias avenidas que no son las principales, sino caminos que conducen a esas autopistas principales”, explica.

Para establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en los puntos de entradas y salidas a lo largo de la frontera, en 2006 se creó el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) como una entidad dependiente del Ministerio de Defensa. El 60 % de su composición se estableció para miembros del Ejército de República Dominicana, 20 % de la Armada y 20 % de la Fuerza Aérea. Así, comenzó a operar en 2007 con 300 integrantes y para junio de 2018 ya sumaban 692.

La responsabilidad del Cesfront es de 40 a 50 kilómetros y el resto es del Ejército. Esta última institución tiene 5,200 hombres vigilando la frontera de los 25,000 soldados que la componen, informa el ministro de Defensa.

El Estado dominicano ha ido incrementando las partidas anuales destinadas en el Presupuesto Nacional para la seguridad fronteriza. En 2006 el monto asignado era de apenas RD$16 millones (unos US$483,000 a la tasa de entonces) y al 2018 lo destinado para el servicio fronterizo iba por RD$301,067,512 (unos US$6 millones). El interés por la seguridad también motivó a que en el presente año se conformaran dos Fuerzas de Tarea Conjuntas e Interagenciales: Jicomé y Los Pilones.

Pero a pesar de las inversiones, incentivos; equipamiento con drones, vehículos y cámaras de seguridad e incremento del personal, el tráfico de indocumentados ocurre con la complicidad de agentes militares.

Más de un fiscal narra cómo esa actividad cuenta muchas veces con la participación de los soldados del Ejército o agentes de Migración que custodian los puestos de chequeos, pero también de lo difícil que les resulta probarlo.

“Dicen personas que en algunos puntos de chequeos se paga dinero para que dejen transitar a los haitianos o la persona que los lleva libremente”, comenta el fiscal Morel, de Dajabón. “Pero nosotros no tenemos forma de probar esa situación. La gente lo dice, pero nadie da la cara (….) o no trae una grabación; ahora se graba con los celulares, no traen una grabación de un militar dedicándose a esa actividad”.

Una forma de probarlo es viajando en los autobuses que cubren las rutas desde las provincias fronterizas. Un equipo de Diario Libre se distribuyó durante julio pasado en unidades de distintos dueños que cubren rutas desde Dajabón, Jimaní y Pedernales hacia otras provincias y la capital dominicana. Aunque en algunos viajes no se observaron incidentes a considerar, en otros se registraron acciones cuestionables en las que se vio involucrado personal militar e incluyeron saqueos de mercancías a viajeros haitianos y la típica exigencia de “peajes” (sobornos).

Uno de los incidentes observados vinculó el tráfico de cuatro menores haitianas indocumentadas. Por dos de ellas un pasajero dijo a Diario Libre que se pagaron RD$8,000 (unos US$160) por su transporte desde Haití. A pesar de que en uno de los retenes en Pedernales el personal militar comenzó a revisar los documentos de ellas y otros viajeros que se proporcionaban como legítimos, tras 20 minutos de discusiones y llamadas, les dieron un visto bueno que alcanzó los chequeos que seguían más adelante.

Al preguntarle al ministro de Defensa por qué en un retén militar dan el visto bueno a un extranjero pero en el siguiente tratan de impedirle seguir su ruta, alega que se trata de seres humanos con una gran carga de trabajo, “pues cruzan más de 500 vehículos diarios por cada puesto de retén, principalmente en los del Cibao”.

A pesar de las acciones ilegales que ocurren en esos retenes, en los planes de seguridad fronteriza está mantenerlos. “Los puestos de chequeo seguirán dependiendo de la necesidad -afirma el ministro- pues cuando tú pones un puesto de retén aquí, las personas que cruzaban por ahí de forma irregular, te lo evaden y se van por otro, entonces, dependiendo de la necesidad, vamos a tratar de cambiarlo, si no, vamos a reforzar los que tenemos”.

Roxanna Reyes Acosta, titular de la Procuraduría Especializada contra Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, señala que siempre que una persona entra o sale de forma ilegal del país es porque hay alguna autoridad involucrada.

“Tenemos varios casos de apertura a juicio, incluso de inspectores de migración que han dejado salir a personas o han vendido documentos falsos que se incautan a uno y se lo venden a otro, porque eso (el tráfico) no se da sin el concierto de las autoridades. Por eso hay que fortalecer la persecución penal”, plantea.

En las estadísticas sobre tráfico ilícito que presentó la Procuraduría General de la República correspondientes al año 2017, se reportan 33 casos, de los que 20 están en fase de investigación y otros 13 se encuentran judicializados. Además hay seis con condena. Las estadísticas incluyen casos de tráfico transfronterizo, principalmente a Estados Unidos y Puerto Rico.

En febrero de 2016, el entonces jefe del Ejército de República Dominicana, mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, informó la cancelación de 100 militares acusados de contrabando de mercancías y tráfico de drogas y de personas. Mientras que el ministro de Defensa asegura: “En mi administración (que comenzó en agosto de 2016) se han mandado más de 30 militares sometidos a la justicia”.

Sin embargo, de los 31 expedientes recabados por este equipo de investigación, en distintas jurisdicciones fronterizas, solo en dos había militares sometidos. Además del registrado en Dajabón, el otro data de 2013, en Pedernales. Un sargento fue acusado junto a un civil de traficar con 25 haitianos (entre ellos dos niños de cuatro años) a bordo de un vehículo de los Comedores Económicos del Estado.

Para ese entonces, la información que suministró personal de inteligencia era que a los extranjeros los esperaba en el este del país una red que trafica con personas para trasladarlas hacia Puerto Rico. Pero en 2015 el Ministerio Público retiró la acusación alegando que el gasto en el procedimiento era “muy grande”, y “por irresponsabilidades de actores del sistema, en este caso del testigo debidamente citado”. Además, porque no había pruebas suficientes a los fines de lograr una condena en el juicio de fondo.

La Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas castiga a quien colabore de cualquier forma en la entrada de indocumentados, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero.

Pero el fiscal de Montecristi, Nilvio Martínez Rodríguez, considera que el cobro de “peaje” por parte de los militares para dejar pasar a indocumentados, entra más en la modalidad de corrupción que en la de tráfico. “Aunque es una permisibilidad y cobran peaje (…) no en sí ellos están contribuyendo como lo plantea la ley: captar, transportar por la vía terrestre. Ellos entrarían dentro del aspecto de la corrupción”, dice.

Militares confiaron a Diario Libre que en ocasiones los guardias suelen negociar su traslado a la zona fronteriza porque les puede generar un beneficio económico extra, que no necesariamente esté vinculado a la remuneración oficial.

“Además del sueldo, que el presidente el año pasado lo aumentó de 7,000 a 17,000 pesos (de US$141 a US$343) los soldados tienen un incentivo de 8,000 pesos (US$161) adicional al salario base por pertenecer a las unidades fronterizas”, dice el ministro de Defensa, Paulino Sem. Al cuestionarlo si esta compensación es suficiente para que un guardia no se amañe, respondió: “El militar no compra uniformes, comida, no paga alojamiento y el año pasado el presidente dio 300 viviendas para los militares, y la semana pasada hubo una rifa de 60 millones de pesos (US$1.2 millones) en bonos para 200 militares de bajo rango”.

El fiscal Morel indica que al mes pueden registrarse en Dajabón hasta tres casos de tráfico, sobre todo con motoristas involucrados, a los que suelen aplicar el principio de “razonabilidad o de oportunidad”.

“No es lo mismo, por ejemplo, aunque la ley establece una pena de 10 a 15 años hasta por un haitiano, uno aplica el principio de la razonabilidad”, dice. “Uno le toma cierta consideración. Ahora, cuando una persona baja con un autobús lleno, un camión lleno, una camioneta llena, ya uno es más fuerte en la aplicación de la ley”.

De los casos revisados, cinco de los archivos se sustentaron en el criterio de oportunidad. Corresponden a la jurisdicción de Pedernales, donde la procuradora fiscal Eudice Elena Fernández dice que los procesos que llegan son mínimos, pues no son una frontera con vías de accesos normales como en otras zonas.

También explica lo difìcil que les resulta mantener una acusación. “En los casos de trata y de tráfico hay muchas limitaciones -asegura-. Un nacional haitiano que no tiene un domicilio, que no está documentado, una garantía económica que se le imponga o una presentación periódica, la localización de ese haitiano para nosotros es muy difícil. Muchos casos terminan en archivo”.

Otras veces, los casos simplemente no llegan al Ministerio Público.

En junio de 2017 se informó a los medios de comunicación de una señora y su hijo en cuya vivienda se realizó un allanamiento y se encontraron 41 haitianos indocumentados, incluidos 14 menores. En el operativo, realizado en la calle Santa Ana, de Dajabón, participaron miembros de la Dirección General de Migración, del Cesfront y de la Policía Nacional. En la fiscalía se informó que ese caso nunca llegó a sus oficinas.

En octubre de 2017, el ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem informó -y lo confirmó en entrevista reciente con Diario Libre- que se había desmantelado una red de militares y civiles que traficaba con parturientas haitianas y sometido sus integrantes a la Justicia. Se preguntó por este expediente en las fiscalías fronterizas, pero en ninguna se pudo verificar que existiera. Un representante del Ministerio Público, que pidió no ser identificado, dijo que “todos los fiscales de las fronteras” saben que eso fue “una falsa noticia” que se anunció para “tapar o callar boca y sacar el tema de los medios de comunicación”.

Otro caso del que tampoco se encontró registro correspondió a la cancelación y expulsión en 2017 de varios miembros del Ejército de República Dominicana, supuestamente por permitir el paso de un autobús de Transporte Cibao que transportaba a unos 20 haitianos de forma irregular y que fue retenido en Santiago en agosto del año pasado.

Seis de los agentes cancelados presentaron recursos de amparo objetando su separación de las filas militares y el dueño del autobús incoó una instancia reclamando la devolución del vehículo bajo argumento de que “no es objeto de ninguna investigación, dado que los choferes fueron puestos en libertad y no se ha abierto formalmente un proceso penal en su contra, ni que involucre dicho vehículo”.

Diario Libre insistió en más de una ocasión ante el Ministerio de Defensa para que, con base en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, se ofrecieran los detalles de estos y otros casos de militares llevados a la Justicia, pero negaron ofrecerlos alegando el derecho a la intimidad. También dijeron que son el Poder Judicial y el Ministerio Público los competentes para ofrecer detalles de procesos judiciales.

Para la procuradora fiscal de Montecristi, Yoanna Bejarán Álvarez, los casos de tráfico que llegan a su jurisdicción (uno cada 20 días) son menos de los esperados.

“Para el trabajo de ellos (los militares) y el lugar de ubicación (de la provincia) no reportan los casos que nosotros entendemos como Ministerio Público que deberían”, dice. “Entiendo que son pocos, porque si cada 20 días, una vez al mes se reporta un caso para una zona donde hay flujo de migrantes, eso es todos los días, y uno no es ciego, uno anda en la calle, uno se mueve y se da cuenta de que andan por ahí”.

La provincia Montecristi es puerta de entrada y salida a Dajabón por la ruta del Cibao y la Línea Noroeste, destino de los migrantes haitianos que buscan trabajo en las plantaciones de banano de la zona o los que van a la ciudad de Santiago.

Pocos procesados

El fiscal de Montecristi Martínez Rodríguez se queja de que las instituciones castrenses, cuando ocurre un hecho ilícito, tienden a trasladar a la dotación en vez de someterla a la Justicia. Cuestiona que “si un autobús le pasó a tres de los chequeos” y después se determina que hay indocumentados, no haya un régimen de consecuencias y en muchos casos se reubiquen. Y eso él lo vivió.

Contó que hace unos tres años fue testigo de un caso. Una persona le informó que en un autobús iban al menos 21 haitianos indocumentados, incluidos niños. Salió hacia la carretera con intención de interceptar el vehículo y llegó al chequeo El Puente. “Me ubico en un lugar donde los guardias no me vean. Cuando la guagua viene llegando, digo: esa es la guagua. Ella iba a cruzar. No la mandaron a detener porque venía con todo incluido (todos los ‘peajes’ pagos y los retenes avisados)”.

Martínez le dijo a un militar que detuviera el autobús, que ya había pasado al menos cinco puestos de chequeo. “Él como que se asustó”, recuerda. “Los guardias obviamente se mantuvieron inactivos (…) Les reclamé y ellos dijeron que no podían dejar el chequeo solo. No les interesaba que se diera el caso”, lamenta. El representante del Ministerio Público se auxilió de un policía.

El chofer y el cobrador emprendieron la huida. Cuando se registró el autobús, los viajeros informaron que no llevaban documentos y que pagaron entre RD$3,500 y RD$4,500 (entre US$70 y US$90) al ayudante del conductor para que los llevara a Navarrete, al cruce de Esperanza y a Santiago.

“La guagua no se fue por la agilidad del policía, porque no obstante decirles párala (a los militares), se mostraron inactivos”, narra el fiscal. Informa que a la dotación la trasladaron pero no la cancelaron. Posteriormente el chofer fue apresado por conducir otra guagua con indocumentados y se fusionaron ambos casos. “El Ministerio Público pidió 10 años de prisión, pero la juez aplicó atenuantes y le pusieron tres años nada más”.

En la jurisdicción de Dajabón, una de las provincias donde en el Ministerio Público se aseguraba que se encontrarían muchos casos, no había militares procesados recientemente por traficar con indocumentados. “No hemos arrestado a nadie en ese tipo de actividad”, dice el procurador fiscal, Gabriel Jacobo Morel. Tampoco se reportaron casos en la fiscalía de Valverde, donde la magistrada Aura Luz García, procuradora fiscal, destaca el trabajo de interdicción que hacen los agentes de la zona.

Reporta que en los últimos tres meses han detenido a unos cuatro traficantes, entre ellos a Carlos Bladimir Cuevas Peña, arrestado en Jicomé por transportar a 17 haitianos indocumentados a bordo de un carro, y a quien se le impuso una garantía económica como medida de coerción. La fiscalía había pedido prisión preventiva. El caso está en investigación.

Además de los traslados y los limitados procesos que llegan a la Justicia, se agrega la influencia política que en ocasiones busca ejercer presión para evitar sometimientos.

Uno de los fiscales entrevistados contó que tuvo que ser drástico con un representante legislativo provincial que visitó su despacho para solicitar la liberación de una persona de su entorno detenida por traficar indocumentados en un autobús. De no hacerlo, amenazó con acudir ante la Procuraduría.

Las redes

Hace cinco años “Laurie” llegó a la frontera con Jimaní a bordo de un vehículo. Cargaba equipaje y enseres del hogar. Era un lunes de esos en los que hay mucha gente en el paso limítrofe por el desarrollo del mercado fronterizo y ella venía de mudanza desde Haití. Al igual que su esposo no tenían documentos para vivir legalmente en un país ajeno. Como venían cargados con trastos, el cobrador de la guagua les pidió RD$2,500 (US$50) por el viaje, y así también les abrió el paso para evadir los controles, entrar a la República Dominicana e instalarse en el territorio de forma irregular.

Cuando llegaron a Dominicana tenían dos hijos, luego les nacieron tres en Jimaní. La última –que tenía 24 días de nacida cuando ella conversó con Diario Libre en julio– fue la única que alumbró estando en situación migratoria regular, pero su esposo sigue indocumentado. El hombre va y viene a Haití sin problemas; trabaja como motoconchista y los militares y demás autoridades migratorias lo conocen. De hecho, el día que se visitó su casa, se alistaba para cruzar a su país.

La Ley General de Migración establece que son admitidos como No Residentes los extranjeros que califiquen para un permiso de habitante fronterizo, concebido para los extranjeros que viven en áreas fronterizas limítrofes al territorio nacional y que ingresan al país dentro de un perímetro de la frontera, debidamente autorizados a realizar actividades lícitas y productivas, regresando diariamente a su lugar de residencia. Aunque en la página web de la Dirección General de Migración están publicados los requisitos para aplicar a este permiso con validez de un año, no se pudo confirmar si se ha entregado alguno.

En el corredor Belladère-Comendador, entre ambos países, también hay redes de actores que facilitan el tráfico ilícito de personas y el contrabando. Si el viaje es hacia Santo Domingo es más complejo, indica el informe “Fanm Nan Fwontyè, Fanm Toupatou: Una mirada a la violencia contra las mujeres migrantes haitianas, en tránsito y desplazadas en la frontera dominico-haitiana”, del Observatorio Migrantes del Caribe.

El reporte describe que para 2011 los migrantes se hospedaban en lugares clandestinos –que suelen ser casas privadas– durante varios días mientras esperan el transporte o reúnen el dinero suficiente para seguir su viaje. Se conocieron al menos dos casas: una de una migrante y su esposo, en Comendador, y otra del hijo de una autoridad local (dominicano) que no se identifica en el informe.

En el Reporte sobre Tráfico de Personas 2017, preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la República Dominicana está en el nivel 2, que corresponde a los gobiernos de los países que no cumplen completamente con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico (TVPA, por sus siglas en inglés) pero que están haciendo esfuerzos significativos para cumplir con esos estándares.

En el informe, aunque se reconoce que el país se esfuerza para lograrlo, se afirma que el Gobierno no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas. Se recomienda “enjuiciar y condenar enérgicamente a los traficantes involucrados en el trabajo forzado y el tráfico sexual, incluidos los funcionarios gubernamentales cómplices”.

“Observadores señalan que los traficantes operan a lo largo de la frontera con impunidad y a veces con la ayuda de funcionarios corruptos que aceptan sobornos para permitir los cruces sin documentos. Los cruces fronterizos no oficiales siguen sin supervisión y son porosos, lo que hace que los migrantes, incluidos los niños reclutados para trabajar en los sectores agrícola y de la construcción, sean vulnerables al tráfico”, destaca el reporte.

En mayo pasado el Gobierno presentó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 2017-2020 que entre sus ejes estratégicos están la persecución y el procesamiento.

En 2017 se presentaron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la que se reportaron 750,174 personas de origen haitiano residentes en la República Dominicana.

Sensibilización a jueces

La fiscal de Montecristi Yoanna Bejarán Álvarez señala las dificultades que tienen con unos jueces que –entiende– no están sensibilizados con el tráfico de indocumentados.

“La gente ve al traficante como una persona que está buscando la forma de sustentar su vida, como si fuera un negocio lícito, y de la misma manera nosotros vemos desde el punto de vista del Ministerio Público que los jueces son un poco benevolentes. Tenemos que estar usando estrategias, a veces hasta acordando los casos para garantizar una condena”, se queja.

Uno de los inconvenientes que cita son las evidencias que les exigen en los tribunales: “Ellos piden que a esos indocumentados se les haga una entrevista antes de la deportación para que digan si la persona que está detenida está vinculada con el caso y eso resulta casi imposible, porque ellos tienen temor y por temor a su integridad física no van a denunciar”.

Los jueces también quieren ver el dinero resultante del tráfico para probar el lucro. “Estamos hablando de una cadena, y el que lleva al indocumentado a Santiago, desde Dajabón o de la frontera ahí del río, es un empleado también de la estructura, porque él lo hace por un dinero, él recibe un pago y no quiere decir que ese pago él lo tenga por cada indocumentado o que ese pago lo reciba ahí (en el lugar de la detención). Por eso se imposibilita que el Ministerio Público presente ante el juez a la hora del conocimiento de la audiencia, dinero”, insiste la fiscal que pide más sensibilización para los jueces en esa materia.

Aunque es imposible cuantificar los recursos que mueve el tráfico, la magistrada sabe que es rentable porque ha tenido testimonios que hablan de que por cada indocumentado reciben entre US$5,000 y US$6,000, precio que incluye la garantía de que los lleven a Santiago y Santo Domingo, las principales urbes del país.

En la frontera con Jimaní la tarifa solicitada en julio pasado para que un haitiano indocumentado fuera transportado hasta Pintura, en Santo Domingo Oeste, fue de RD$6,000 (US$121) que debían pagarse por adelantado. El dominicano que fijó el monto no lo rebajaba; alegó que los guardias cobran hasta RD$500 (US$11) por cabeza y a veces “es más la sal que el chivo”. Garantizó que el viajero llegaría a su destino pues no sería el único que iría a bordo del autobús.

De las mujeres y niños observados en la frontera transportados por los motociclistas, y que se escondieron entre los arbustos, no se supo cuánto pagaron, ni el destino final al que llegaron. Los “poteas” advirtieron el vehículo extraño que les seguía y resultó arriesgado para el equipo de prensa más exposición.

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Este reportaje fue realizado por Tania Molina y Mariela Mejía para Diario Libre en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

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Armada detiene 24 personas que trataban de viajar ilegalmente a Puerto Rico

SANTO DOMINGO. La Armada de República Dominicana (ARD), informó que en los últimos días, en acciones conjuntas y preventivas, ha prevenido numerosos intentos de viajes ilegales vía marítima hacia la vecina isla de Puerto Rico, deteniendo un total de 24 personas, decomisándose tres embarcaciones de fabricación clandestina y un motor fuera de borda.

En ese orden, en un operativo coordinado con el servicio de guardacostas de los EE. UU. (USCG), fueron interceptadas quince personas en alta mar, quienes trataban de llegar a la isla de Puerto Rico en una embarcación dotada de un motor de 75 HP. Los mismos fueron abordados por una embarcación del USCG, luego de que recibieran una alerta por parte de las autoridades de República Dominicana, quienes le daban seguimiento.

Asimismo, se ha desarrollado un amplio operativo de rastreo en todas las costas y en el interior del país, donde han sido localizados astilleros improvisados para la fabricación de yolas clandestinas, inhabilitando estos lugares y destruyendo tres embarcaciones en lugares distantes de la costa.

Esta acción preventiva de localizar las embarcaciones en tierra antes de hacerse a la mar, está evitando que situaciones de emergencia o naufragio se registren llevando luto a las familias dominicanas, ya que estas embarcaciones que están siendo destruidas no reúnen las condiciones mínimas de navegación, lo que representa un peligro inminente para los incautos viajeros que se dejan arrastrar por las redes criminales dedicadas a traficar con personas vía marítima.

De igual modo, en una acción preventiva fueron detenidas en Miches, cinco personas, tres hombres y dos mujeres, cuando se dirigían a una playa !en donde serían transportados ilegalmente vía marítima”. De acuerdo con la información de la Armada, a esta acción de los miembros de la División de Inteligencia Naval (M-2), ARD, desplegados a nivel nacional, también se suma la detención de cuatro (04) personas en casos separados, quienes también buscaban salir ilegalmente vía marítima.

Según la nota, las patrullas preventivas de la institución y su servicio de inteligencia M-2, en todas las zonas costeras del país, han provocado que los organizadores de viajes tengan que adentrarse en el interior del país a construir sus embarcaciones clandestinas, donde se ha dado seguimiento y localizado en lugares como Pimentel, Villa Altagracia, Villa Riva, entre otros.

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Exguardia dominicano dice que ha traído miles de haitianos

Dajabón.-Enero de cada año se convierte en un verdadero dolor de cabeza para los civiles que se dedican a “cargar haitianos” en esta zona limítrofe del país.

Los primeros días de este 2018 no han sido la excepción, en particular para un exsargento del Ejército, (nombre omitido por razones de seguridad), quien desde 2011 cuando fue dado de baja se dedica al tráfico de migrantes.

El ex militar se queja de que en días normales pasar varios indocumentados le toma pocas horas, pero hoy tiene que “echarse el día entero” porque la zona está “caliente”.

La explicación de su inconformidad se debe al incremento del patrullaje que es habitual en esta fecha con la finalidad de retener a los ilegales que buscan retornar de Haití tras pasar Año Nuevo con sus parientes.

“Ahora mismo cualquier haitiano te da hasta cinco mil pesos para que lo lleves a Santiago”, afirma.

El hombre de 36 años, habla de esa actividad como un oficio normal al que solo en Dajabón se dedican más de 60 personas.

Al tratar de contabilizar el número de haitianos que ha logrado cruzar en los siete años que lleva realizando este delito el ex militar afirmó que son miles los indocumentados traídos por él.

Con una carcajada en su rostro también explicó que le han devuelto muchos morenos.

“Yo he mandado morenos que van para la Capital, Bávaro, Puerto Plata, Samaná, casi para todo el país, aunque el compromiso de nosotros es llevarlo a Santiago”, especificó.

Contactos de ambos lados

Al describir la travesía que hay que hacer para lograr su cometido, el traficante manifestó que los grupos de ilegales que desean llegar al país por lo regular contactan a un guía en Haití, quien los lleva hasta un punto de la frontera desde donde son recogidos por los dominicanos.

Sin embargo, parte del equipo operativo del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) indicó que en la actualidad los propios dominicanos están pasando para Haití a ubicar a los haitianos que quieren cruzar.

Luego de atravesar la frontera en ocasiones se albergan en una vivienda para ir sacándolos en grupos pequeños por los montes de las provincias que están próximo a Dajabón, especialmente localidades como Las Matas de Santa Cruz, Gozuela y Santa María, entre otras de la provincia Montecristi.

“Hay días que uno se gana hasta RD$10,000, pero hay otros donde se va en blanco”, puntualizó, tras acusar que en el entramado no falta el contubernio de los militares de la zona.

Más de 16 retenciones

Mientras estos civiles e indocumentados se las ingenian para lograr llegar llegar a suelo dominicano, del otro lado se encuentran los organismos de seguridad, tratando de impedir el ingreso.

Según las estadísticas más recientes del Cesfront, desde el 30 de diciembre a la fecha se han devuelto 16,422 ilegales, tras ser apresados en diversas localidades de la zona fronteriza.

La mayoría de ellos han sido devueltos por Dajabón, donde se evidencia el mayor flujo migratorio.

Por este punto cada día llegan hasta el puente entre tres y cuatro guaguas de Migración repletas de haitianos ilegales.

4 autobuses cargados de ilegales son llevados cada día hasta el paso fronterizo por Dajabón.

16 días tiene operativo de incremento patrullaje.

Otro contrabando

Por la frontera no solo se ha evidenciado un incremento en el cruce de los indocumentados, sino también de otros contrabandos, como el de ajo, que llegan al país procedente de la vecina nación para ser comercializado de forma irregular en diversos puntos del territorio.

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Dominicano enfrenta 10 años de cárcel por entrar de manera ilegal a USA tras ser deportado

NUEVA YORK. Un dominicano de 49 años, arrestado en un suburbio de Massachusetts por la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), enfrenta 10 años en la cárcel y una nueva repatriación a la República Dominicana, después de declararse culpable por un cargo de reingreso ilegal a Estados Unidos.

Reynaldo Rodríguez había sido deportado el 14 de junio de 2007 y fue detenido nuevamente en junio de 2017 en el condado de Hampden y se determinó que estaba ilegalmente en el país.

Será sentenciado por el juez federal Mark Mastroianni el 28 de noviembre, según la fiscalía federal en un comunicado el miércoles

Los fiscales dijeron que enfrenta una sentencia de no mayor de 10 años de prisión y que al término de su condena será deportado de nuevo.

No se reveló en cuál lugar del condado Hampden fue arrestado.

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Apresan hombre con pistola ilegal en Esperanza

Esperanza, Valverde-. Miembros de la Policía Nacional apresaron en este municipio a un hombre al que supuestamente ocuparon un arma de fuego que portaba sin ningún de documentos.

Según se informó, una patrulla de la uniformada detuvo al nombrado Diony Classe Fernández, de 34 años de edad, residente en la comunidad de Entrada de Mao.

La Policía informó que al ser requisado por los agentes, al mismo se le ocupó la pistola marca Brico 59, calibre nueve milímetros, con su cargador y seis cápsulas para la misma, la cual portaba sin ningún tipo de documentos.

Classe Fernández fue detenido en el parque de la Plaza Don Juan, ubicada en la Avenida María Trinidad Sánchez, cuando se encontraba a bordo de la motocicleta marca RTR160 Apache, de color negro, placa K046319, con el arma de fuego en su cintura y por fuera de la camisa.

Por José Luis Fernandez
Noticias de la Linea

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Decomisan leche evaporada entrada al país sin registro sanitario

salud_publica_edificioSANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud anunció que este martes procederá a incinerar en una empresa de Hato Nuevo el remanente de un cargamento de leche evaporada decomisada en coordinación con el Ministerio de Agricultura a una cadena de hipermercados, en la Capital.

Informó que la intervención de ambos ministerios, Salud y Agricultura, obedece a denuncias sobre la importación de 43 mil 380 libras de leche en dos cargamentos procedentes de Lituania, sin contar con el debido Registro Sanitario en el país.

“Inmediatamente el Ministerio de Salud recibió la denuncia procedió al decomiso del producto en los almacenes del propietario, el cual lo había retirado de sus góndolas.

Sin embargo, el Ministerio de Salud afirmó que no ha detectado propiedades en el lácteo nocivas a la salud”, explicó la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

Las acciones desplegadas por DIGEMAPS consisten en el retiro de la leche evaporada incautada, almacenamiento y puesta bajo custodia de la autoridad competente en un lugar específico, así como la desnaturalización del producto, de acuerdo a los procedimientos y protocolos del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud explica que tras evaluar la denuncia se determinó que hubo infracciones a lo establecido en el artículo 129 de la Ley General de Salud (42-01) y a su artículo 86 de su reglamento de leche y productos lácteos, así como a  los acápites 4.5 y 5.1 de la Nordom-53.

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Un dominicano, 11 chinos y 2 haitianos bajo custodia por entrada ilegal a Estados Unidos

yolerosMIAMI. Un total de 14 inmigrantes procedentes de República Dominicana,  China y Haití se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses después de que llegaran en una embarcación a la costa de Fort Lauderdale, al norte de Miami (Florida, EE.UU.), informó hoy la Guardia Costera.

Los catorce inmigrantes, once de origen chino (siete hombres y cuatro mujeres), dos haitianos y otro dominicano, arribaron en una embarcación de 27 pies (8,5 metros) de eslora y fueron localizados cerca de una calle de la citada ciudad, recogió el canal Local 10.

Las autoridades no encontraron drogas en el interior de la embarcación, pero señalaron que el grupo que introdujo ilegalmente a los inmigrantes forman parte de una red criminal de Bahamas dedicada al tráfico de personas y de estupefacientes con destino a Estados Unidos.

La investigación apunta a que al menos una veintena de personas viajaba a bordo de la embarcación, por lo que continúa la búsqueda del resto de inmigrantes.

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Utilizaban plaza de toros para ocultar plantación de marihuana en España

plantacion_marihuana_espMÁLAGA, España .- Las fuerzas de seguridad españolas desmanteló dos plantaciones de marihuana, una de ellas instalada en una plaza de toros de una finca en la provincia de Málaga (sur), en una operación que se saldó con siete detenidos y con la intervención de 526 plantas y 63 kilogramos de esa droga.

Según la Guardia Civil, el albero en el que se encontraba el invernadero principal, situado en una finca dedicada inicialmente a la cría de ganado, tenía capacidad para 10 mil plantas.

En la operación fueron detenidos dos hombres de origen británico que se dedicaban a realizar las labores de cultivo, sin salir en ningún momento del interior de la finca.

El resto de detenidos llevaban a cabo labores logísticas y de aprovisionamiento de comida de los dos británicos.

La pequeña plaza de toros estaba cubierta y se había convertido en dos grandes invernaderos, que fueron avistados por un helicóptero de vigilancia.

En el momento del registro ya se había recolectado parte de la plantación, que estaba preparada para el consumo, y quedaban por cosechar 526 plantas de gran tamaño que se encontraban en proceso de secado.

La finca disponía de secaderos para la marihuana y maquinaria industrial para su picado, depósitos y un elaborado sistema de riego por goteo, y, dada la complejidad de las instalaciones, se cree que debió de ser montada por personal especializado.

También se localizó una segunda plantación de menor entidad en la que se identificó a otro ciudadano de nacionalidad británica que se dedicaba a la misma actividad que sus compatriotas.

En la operación, fueron intervenidos tres turismos y dos motocicletas, así como 1,160 euros en metálico (unos 1,400 dólares), teléfonos móviles y material necesario para el cultivo y procesamiento de la marihuana.
Por Agencia EFE

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Investigarán el uso de formol en granjas

formolSANTIAGO. Autoridades de la Dirección General de Ganadería investigarán el uso de formol en la crianza de pollos en el Cibao, donde se concentra la mayor parte de la producción avícola del país.

La medida fue anunciada luego que expertos advirtieran del riesgo al que se exponen los productores, al usar inadecuadamente el formol, por la inhalación de los gases tóxicos que este produce. El uso inadecuado del químico puede producir irritación en la piel, ojos, nariz, garganta y otras partes del cuerpo humano.

La directora del Departamento de Sanidad Animal de la Dirección de Ganadería, Licet Gómez, informó que revisarán las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para determinar si esa entidad ha recomendado la suspensión del uso de formol en la producción avícola a nivel global. «Verificaremos en las granjas cual es el uso que se le está dando al formol para luego emitir una opinión definitiva sobre el caso», expresó Gómez.

Los productores usan el formol en las incubadoras para desinfectar o eliminar bacterias que producen los cascarones de huevos que se rompen en el proceso de reproducción y crianza.
Por Cornelio Batista
Diario Libre

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Denuncia mafia millonaria en venta de terrenos para nuevas escuelas en Esperanza

carlos_fernandezEsperanza-. El comunicador y abogado Carlos Fernández denunció la existencia de una mafia gubernamental la que estaría estafando al estado a través de la venta de terrenos para las nuevas escuelas que construye el gobierno del Presidente Danilo Medina Sánchez en este municipio de Esperanza.

De acuerdo a Fernández algunos funcionarios del gobierno se dan a la tarea de ubicar terrenos en la periferia de la ciudad para comprarlos a precio de vaca muerta para luego venderlos por sumas millonarias superando hasta el doble del precio real para lo que cuentan con el privilegio de la información otorgada por el ministerio de educación.

Señaló que por ese concepto en el municipio de Esperanza hay quienes se han agenciado sumas millonarias en perjuicio del estado dominicano.

Carlos Fernández fue enfático en señalar que se trata de una mafia millonaria al estado dominicano. Estas  declaraciones las vertió en su programa de radio Aló Pueblo que se transmite de lunes a viernes por la Mega 102.5 FM., en la mañana de hoy mientras estaba acompañado del dirigente perredeista Profesor Papo Polanco (BIGOTE), quien coincidió con Fernández en lo expresado por este.

En la aplicación del 4% otorgado a educación mediante ley, en este municipio de Esperanza se levantan unos 10 planteles escolares algunos de los cuales se construyen en zonas desabitadas, alrededor de lagunas y caños, cuyos vendedores figuran como compradores recientes en el registro de titulos de Mao, lo que corrobora la posibilidad de que el móvil sea la facilidad con que se han conseguido los terrenos, la mayoría de procedencia estatal por haber sido entregados por el CEA a la reforma agraria a través del decreto 25-90.
Por Cesar Gutiérrez
Municipio, Gente y Opinion

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Detienen en Colombia a 22 cubanos indocumentados que iban a EE.UU

cubanos_colombiaBOGOTÁ, Colombia.- La Armada colombiana detuvo en aguas del Caribe a 22 cubanos indocumentados que pretendían llegar a Estados Unidos y a dos presuntos traficantes de personas de nacionalidad colombiana, informó este martes la institución.

Las detenciones se registraron en el área del Golfo de Urabá, cerca de la frontera de Colombia con Panamá, agregó la Armada en un comunicado.

Los cubanos, 16 hombres y seis mujeres, cuyos nombres no fueron divulgados, fueron encontrados por la tripulación del buque ARC Toledo y unidades de reacción rápida de la Estación de Guardacostas de Urabá.

La embarcación navegaba entre las ciudades de Turbo y Capurganá, en el noroeste del país.

Informaciones preliminares indican que las personas “pretendían llegar a los Estados Unidos” y que entraron ilegalmente al país por Ecuador, en la frontera sur, pagando alrededor de 200 dólares por el tránsito por el golfo de Urabá.

Las 24 personas fueron llevadas hasta la Estación de Guardacostas de Urabá en donde los 22 cubanos fueron puestos a disposición de la agencia Migración Colombia, mientras que los dos colombianos quedaron a disposición de la Fiscalía de la ciudad de Turno por el delito de tráfico de inmigrantes.

En la zona de Urabá son detenidos cada año decenas de inmigrantes ilegales en su mayoría procedentes de Cuba, Nepal, Bangladesh y Somalia.
Por Agencia EFE

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Destruyen 1,7 toneladas de marihuana en plantación en Paraguay

marihuana_paraguayASUNCIÓN, Paragay.- Agentes antinarcóticos paraguayos destruyeron 1,7 toneladas de marihuana picada y diez hectáreas de esa hierba en etapa de cosecha cerca de la frontera con Brasil, al noreste de Paraguay, informó este martes la Policía en un comunicado.

El allanamiento se produjo en una finca en las proximidades de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay, donde se descubrieron 1.500 kilos de marihuana picada y otros 220 kilos distribuidos en diez bolsas.

Durante la operación también destruyeron las diez hectáreas de cultivo y tres campamentos precarios destinados a los cuidadores de la plantación, además de cuatro gatos hidráulicos y tres prensas artesanales.

El departamento de Amambay, al noroeste de Asunción, es uno de los centros tradicionales de cultivo ilegal de marihuana.

La pasada semana, el Gobierno paraguayo anunció la incautación en lo que va de año de 36,5 toneladas de marihuana que tenían como principal destino Brasil, por el aumento de la demanda en ese país por el próximo Mundial de Fútbol, y en menor medida a Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.

La Secretaría Nacional Antidrogas destacó que esos allanamientos supusieron un perjuicio económico de unos 10 millones de dólares para el narcotráfico, en especial para los grupos dedicados a la comercialización de esa droga en Brasil, país que habría absorbido el 80 % de lo requisado.

Paraguay es el mayor productor de marihuana de Suramérica.
Por Agencia EFE

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Asesinan a un periodista camboyano que investigaba la pesca ilegal

Suon_ChanBangkok.-El periodista camboyano Suon Chan fue encontrado muerto el sábado pasado en una provincia central de Camboya donde había realizado una investigación sobre la pesca ilegal, informaron hoy los medios locales.

Las autoridades locales sospechan que pescadores en la provincia de Kampong Chhnang le propinaron una paliza hasta causarle la muerte debido a sus artículos de investigación para el periódico «Meakea Kampuchea».

«Este caso nos recuerda que la situación de la libertad de expresión es lamentable», indicó en un comunicado el coordinador del Centro Camboyano para los Derechos Humanos, Chhay Chhunly, quien pidió una investigación transparente.

Según Chhunly, los periodistas camboyanos son acosados, acusados en los tribunales por razones políticas y hasta asesinados por investigar casos de corrupción.

«Pero la muerte de Suan Chan no sólo indica que no se respeta la libertad de expresión, sino también la extendida cultura de la impunidad, donde algunos pueden cometer asesinados, sabiendo que nunca serán llevados antes la justicia», afirmó Chhunly.

En septiembre de 2012, otro periodista que había escrito sobre casos de tala ilegal de árboles en Camboya fue encontrado muerto dentro de su coche en la provincia de Ratanakiri, en el noreste del país.

La Policía halló el cadáver de Hang Serei Oudom, de 44 años, cubierto de sangre en su vehículo abandonado en una plantación de marañones tras haber estado desaparecido desde el viernes.

En abril de ese año, el activista medioambiental Chhut Vuthy murió al recibir un disparo de un soldado cuando recababa pruebas contra la deforestación ilegal.
Por Agencia EFE

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DNCD dice apresó 749 personas a quienes decomiso 13 kilos de droga

oficina_dncdSanto Domingo.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dijo que arrestó en “los últimos días”, sin precisar cuántos,  a 749 personas sospechosas de realizar distintas actividades de narcotráfico en varias zonas del país y decomisó 13 kilos (13 mil gramos) de diferentes drogas fraccionadas para la venta callejera.

Asimismo, el vocero de la DNCD, Miguel Medina, informó que los agentes realizaron mil 600 registros y allanamientos en lugares donde los servicios de inteligencia habían determinado que se traficada con droga.

Dijo que en esos lugares se decomisaron 152 mil pesos en efectivo, dos vehículos; 61 motocicletas, varias armas de fuego y 13 balanzas para pesar droga. Por igual fueron ocupadas 23 hookah para fumar estupefacientes, un chaleco antibala, un par de esposas para arrestar personas y un GPS.

Por otro lado los agentes de la regional Sur de la DNCD también ocuparon dos paquetes de cocaína a tres hombres que viajaban en un vehículo por la carretera que conduce a la playa caracoles, cerca de la comunicad Las Charcas de Azua. Los tres individuos, cuyos nombres no fueron ofrecidos de inmediato por al DNCD, llevaban armas de fuego y dinero en efectivo, cuyo monto tampoco fue especificado.

Dijo que los operativos se llevaron a cabo, principalmente, en barrios y municipios del Gran Santo Domingo, Santiago, La Romana y otras ciudades del sur-central y el nordeste del país.
Por Ramón Urbáez
Listin Diario

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Ejército apresa 2 con 203 sacos de ajo de contrabando en Valverde

ajo_contrabandoValverde-. La Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, con sede en Mao, informó que efectivos de esa institución detuvieron a dos personas con 203 sacos de ajo de procedencia haitiana, una pistola, tres cargadores y 56 cápsulas para la misma, y 53 cartuchos para escopeta.

Según una nota de prensa, en el chequeo militar ubicado en el distrito municipal de Hatillo Palma, miembros uniformados de esa institución y del Servicio de Inteligencia (S-2), apresaron al nombrado Juan Antonio Sánchez Feliz, residente en Santiago, por el hecho de transportar la cantidad de 203 sacos de ajo de procedencia extranjera, con un peso aproximado de 4,466 libras, en el camión marca JMC, color blanco, placa X167512.

Posteriormente, en el mismo lugar fue detenido Robert Francisco García Fernández, residente en la misma ciudad, quien se presentó al de chequeo, a bordo de la jeepeta marca Honda CRV, color rojo vino, placa G290080, supuestamente con la finalidad de tratar de sobornar los militares para que liberaran al primero.

A este último, se le ocupó la pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, 3 cargadores y 56 cápsulas para la misma, así como la cantidad de 53 cartuchos de escopeta calibre 12.

Los detenidos, los vehículos retenidos, las armas y mercancía incautada fueron trasladados a la Fortaleza “General Benito Monción” en Mao, sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército.
Por Jose Luis Fernandez
Noticias de la Linea

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Revelan número expedientes sobre medicina ilegal en RD

freddy_hiraldoSanto Domingo.-El ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, reveló ayer que esa institución tiene abiertos  alrededor de 30 expedientes vinculados a la  medicina  ilegal en el país e informó que solicitó a la Procuraduría General de la República la asignación de un procurador adjunto exclusivo para el sector salud para hacer más ágil el proceso de enfrentar esa práctica.

Aseguró que existe una decisión firme de enfrentar esa problemática en el país, que pone en riesgo la vida de la población y que el Ministerio ha elaborado una estrategia que va a permitir que se vean resultados concretos. No quiso dar detalles de la misma para evitar que pierda el efecto esperado.

Dijo que además de los 30  casos abiertos contra falsificadores o comercializadores de medicamentos ilegales, el Ministro de Salud Pública  ha tenido  unos siete casos ya sometidos a la  justicia en los que ha tenido ganancia causa. En torno a los registros sanitarios pendientes de aprobación, el doctor Hidalgo, entrevistado en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, informó que desde su llegada al cargo se ha trabajado en el reforzamiento de la Dirección de Drogas y Farmacias, creando  un equipo adicional que trabaja casi 12 horas corridas.

Eso ha permitido, aseguró, que   de  7,000 expedientes de solicitudes, sobre todo de registros sanitarios, encontrados en espera de ser atendidos, hasta el momento sólo queden pendientes 1,500 que están previstos a ser entregados en su totalidad a más tardar en marzo del próximo año.  Al referirse al caso específico de Moca, provincia Espaillat, donde desde hace años funcionan puestos no autorizados de ventas de medicamentos,  el funcionario dio seguridades de que esa problemática se va a enfrentar.

Dijo que ha planteado que se modifique la legislación existente para que la penalización sea más drástica, tras considerarla como una práctica criminal.
Por Doris Pantaleón
Listin Diario

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Treinta haitianos mueren en naufragio

naufragio_haitianosWashington.-Alrededor de 30 inmigrantes haitianos murieron después de que una embarcación sobrecargada naufragara cerca de Bahamas, mientras que otras 110 personas fueron rescatadas de las aguas, informaron este martes los guardacostas de Estados Unidos.

“Aproximadamente 30 inmigrantes haitianos son reportados muertos”, señalaron los guardacostas en un comunicado, que cita información de las fuerzas de defensa de Bahamas.

Así, el balance de muertes se triplicó con respecto a la víspera, al tiempo que los guardacostas difundían imágenes de los náufragos agarrados con dificultad de la embarcación volteada.

“A menudo recibimos a refugiados rescatados en el mar y son repatriados por los guardacostas”.”
Mark Barney, portavoz del servicio de guardacostas de Estados Unidos.

“Los migrantes se aferraban al casco de la embarcación de 40 pies (12 metros) cuando los equipos de rescate llegaron”, informó el servicio de guardacostas.

Todos ellos fueron socorridos con vida, pero aún se desconoce cuántos pasajeros quedaban varados en las aguas, informó a la AFP el portavoz Mark Barney.

“Seguimos buscando”, agregó.

El martes, los equipos de rescate afrontaban una fuerte tormenta, con vientos de 48 km/h, detalló. Los intentos de viajes clandestinos de haitianos en embarcaciones precarias hacia Bahamas o Estados Unidos son frecuentes.

Salidas

La mayoría de las veces salen del noroeste del país, una de las regiones más pobres del país, contó Stern Lolo, director de la Oficina Nacional de Migraciones (ONM).

“A menudo recibimos a refugiados rescatados en el mar y son repatriados por los guardacostas”, explicó a la AFP. “Entre 100 y 150 personas son recogidas en el mar cada mes mientras que cientos de ellas son a veces expulsadas por República Dominicana”, con la que Haití comparte la isla La Hispaniola, subrayó.

Para disuadir a los inmigrantes de viajar clandestinamente, las autoridades haitianas, que carecen de medios para vigilar las ciudades costeras de las que zarpan las embarcaciones, “recurren a campañas de sensibilización a través de las radios”, explicó el director de la ONM.
Por Agencia de Noticias AFP
Via Listin Diario