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Policía detiene carro transportaba seis haitianos indocumentados en Mao

Mao, Valverde-. Seis nacionales haitianos indocumentados fueron apresados el pasado sábado cuando eran transportados ilegalmente desde Haití, hacia la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Los extranjeros fueron sorprendidos en el carro marca Kia, color negro, placa A766939, dejado abandonado por su conductor durante una persecución policial.

El vehículo que se desplazaba por la carretera Mao-Santiago Rodríguez de forma sospechosa, al ser depurado, figura a nombre del nombrado Hernández Gregory Santiago, residente en el municipio de Navarrete.

Tanto los nacionales haitianos como el automóvil, serán puestos a disposición de las autoridades de Migración, para los fines legales correspondientes.

Por José Luis Fernández
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Arrestos de indocumentados con Trump son la mitad de hace 5 años con Obama

CHICAGO. Los arrestos de indocumentados en EE.UU. durante el Gobierno de Donald Trump se han estabilizado en los últimos meses y representan la mitad de las cifras de hace cinco años, cuando el presidente era Barack Obama, según un estudio divulgado ayer por la Universidad de Syracuse, en Nueva York.

En comparación con los dos últimos años del Gobierno anterior, los arrestos realizados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) son mayores, pero solamente la mitad de los niveles registrados hace cinco años, señala el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la universidad.

En ese entonces regía a pleno el programa Comunidades Seguras, que en seis años deportó a más de 250.000 personas, por lo que el presidente fue llamado “deportador en jefe” por grupos de activistas proinmigrantes.

La información analizada indica que tras asumir Trump la presidencia, los arrestos de ICE promediaron 13.318 por mes entre febrero y septiembre de 2017.

Esto significó un aumento significativo comparado con los años fiscales 2015 y 2016, cuando el Gobierno de Obama reemplazó a Comunidades Seguras por el Programa de Ejecución Prioritaria (PEP), que se enfocaría en deportar a “delincuentes y no familias”.

Sin embargo, afirma TRAC, los arrestos del Gobierno de Trump igualmente están muy por debajo de los años de Obama, cuando llegaron a promediar 25.473 entre los años fiscales 2008-2012.

Con Comunidades Seguras que Trump reimplantó, agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) cotejan las huellas digitales de indocumentados detenidos para así solicitar que se les retenga más allá de los plazos establecidos por jueces y fiscales.

Al examinar los tipos de arrestos que se producen actualmente, TRAC señala que siete de cada diez detenciones son casos donde ICE asume la custodia de individuos que ya están a cargo de otra agencia policial.

Este nivel ha cambiado poco desde octubre de 2014, al final de Comunidades Seguras, a pesar de las presiones del Gobierno federal contra las denominadas “ciudades santuario”, para que urbes, condados y estados contribuyan más con las actividades de inmigración, agrega.

Sin embargo, esto puede cambiar con los llamados “arrestos comunitarios”, al regir nuevas directivas para que los agentes detengan a cualquier persona que encuentren por el camino en sus redadas, señala TRAC.

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Condenan dominicanos por venta de documentos a indocumentados en Massachusetts

NUEVA YORK. Varios dominicanos fueron condenados en la Corte Federal de Boston por venta de documentos a inmigrantes indocumentados, algunos de ellos vinculados al narcotráfico, y en el esquema participaron empleados de la División de Vehículos de Motores, quienes usaban las informaciones falsas con las que emitían licencias auténticas.

Los fiscales dijeron que Evelyn Medina, Annette Gracia, David Brimage, y Vivian Yohanny Brea, todos residentes en Boston, conspiraron con Ángel Miguel Beltré Tejada, también dominicano y quien vivía ilegalmente en el barrio Jamaica Plain de Boston, dijeron los fiscales.

Kimberly Jordan, exfuncionaria del departamento, quien estaba en complicidad con los traficantes de los documentos, fue condenada a ocho meses en la cárcel y dos años en libertad condicional, dice el comunicado.

Jordan y otros cuatro se declararon culpables en octubre de un cargo de producir sin autorización legal un documento de identificación legal y otro falso, dijeron los fiscales.

Brea y Tejada vendieron documentos robados pertenecientes a ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico a clientes que buscan identidades falsas de Massachusetts, dijeron los fiscales.

Entre los clientes figuraban extranjeros ilegales, personas que fueron previamente deportadas y una persona que admitió haber recibido anteriormente cargos por drogas, según el comunicado.

Brea y los clientes llevaban los documentos a Jordan, Medina, Gracia y Brimage, todos empleados de la oficina en Haymarket que verificaban las identidades robadas y emitían licencias auténticas de Massachusetts y tarjetas de identificación.

Tejada, Jordan, Medina, Gracia y Brimage recibieron cientos de dólares en efectivo por proporcionar documentos falsos. Brea recibió unos $ 2,700 por cada identificación.

Una carta anónima enviada a las autoridades abrió la investigación.

Tejada, el ciudadano dominicano, fue sentenciado en diciembre a dos años de prisión por robo de identidad agravado, y estará sujeto a deportación luego de su liberación.

Medina y Gracia fueron sentenciados en enero a 15 meses y un año de prisión, respectivamente.

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Acusan a Patrulla Fronteriza de EE.UU. de dañar ayuda para indocumentados

TUCSON. La organización No Más Muertes denunció ayer que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no solo interfiere rutinariamente con su tarea humanitaria en el desierto de Arizona, sino que inutiliza el agua, los víveres y las cobijas que dejan para los inmigrantes indocumentados que lo cruzan.

En el reporte “Interferencia a la Ayuda Humanitaria. Muerte y Desaparición en la Frontera de los EE.UU con México”, difundido ayer, la organización asegura que agentes de la Patrulla Fronteriza “cortan, pisotean, golpean, vierten y confiscan” los recipientes con agua que sus voluntarios dejan a lo largo de las rutas del desierto.

“Es inhumano que intencionadamente estén derramando el agua que podría salvar la vida de una persona”, dijo a Efe John Washington, voluntario de No Más Muertes.

Estados Unidos dijo que el grupo humanitario cuenta con varias grabaciones de cámaras ocultas que muestran a los agentes fronterizos pateando y tirando el agua dejada por los voluntarios.

Dos de estos casos fueron grabados en el verano de 2017.

Entre marzo del 2012 y diciembre del 2015, No Más Muertes distribuyó más de 31.558 galones de agua (120.000 litros), que fueron utilizados en más del 86 %, pero por lo menos 3.583 galones (13.400 litros) fueron destruidos en un corredor del desierto cerca a la región de Arivaca.

“Sabemos que pueden ser los animales, pero este tipo de daño es muy diferente”, explicó el voluntario.

Aunque en esta región también hay cazadores, rancheros y miembros de milicias civiles, la evidencia apunta mayormente a la Patrulla Fronteriza, según Washington.

Además de las imágenes de vídeo en las que aparecen agentes destruyendo la ayuda, No Más Muertes cuenta también con el testimonio de voluntarios y de los mismos inmigrantes.

“El grupo pone agua en tierras públicas, privadas, tomando en cuenta la jurisdicción de las tierras, las temporadas de caza, la presencia de milicias, el único componente constante en todos estos lugares es la presencia de agentes fronterizos”, dijo Washington.

Durante las últimas dos décadas los restos de 7.000 personas se han hallado en la frontera entre los Estados Unidos y México.

Durante el periodo del estudio (de marzo del 2012 a diciembre del 2015) la Oficina del Médico Forense en el condado Pima reportó el descubrimiento de 593 personas muertas en la frontera de Arizona.

En las conclusiones del informe No Más Muertes solicita a la Oficina de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP) que desmantele a la Patrulla Fronteriza y establezca un programa de reparaciones para las familias de todas las personas desaparecidas o fallecidas como resultado de la política de Estados Unidos en la frontera.

También pide que se reconozca el hostigamiento a voluntarios de ayuda humanitaria y se prohíba la destrucción y confiscación de agua.

Así mismo hacen un llamado a las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inicien una investigación sobre la obstrucción por parte de la Patrulla Fronteriza de la ayuda humanitaria.

Un portavoz de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson aseguró que la dependencia “tiene conocimiento de estas imágenes” y que los agentes tienen claras instrucciones de “no tocar, retirar o destruir” agua o comida que encuentren en el desierto.

El vocero David Jimarez negó rotundamente las acusaciones de que no exista ningún tipo de sanción en contra de agentes fronterizos que destruyen la ayuda humanitaria, tal como lo denuncia la organización.

“Eso no es verdad. Cuando recibimos un reporte de la población se investiga y, si requiere más investigación, se entrega al departamento de investigaciones internas”, sostuvo.

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Demócratas llevarán a jóvenes indocumentados al discurso de Trump en Congreso

WASHINGTON. Legisladores demócratas anunciaron ayer que llevarán como invitados a jóvenes inmigrantes indocumentados al primer discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la sesión conjunta del Congreso que tendrá lugar este martes.

Tras 40 días en el Gobierno, Trump se dirigirá mañana a ambas Cámaras del Legislativo para exponer su plan de Gobierno y, posteriormente, el Partido Demócrata dará su respuesta, en español y en inglés.

El senador demócrata Dick Durbin informó en un comunicado de que Aaima Sayed, una musulmana que llegó al país con tres años de edad, le acompañará durante la intervención de Trump.

“Me siento honrado de recibir a esta talentosa joven estudiante de Medicina como invitada. Espero que su presencia recuerde al presidente Trump lo que está en juego en el debate sobre la DACA: la vida de más de 750.000 jóvenes inocentes y el bienestar de comunidades enteras”, aseguró Durbin.

Los congresistas demócratas Jerrold Nadler, Jared Polis y Mark Pocan planean invitar a otros jóvenes beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El programa de DACA fue promulgado por decreto en 2012 por el expresidente Barack Obama (2009-2017) y ha servido para frenar la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.

De momento, estos jóvenes indocumentados (”dreamers” o “soñadores”) quedaron exentos de las nuevas directrices de control migratorio, con una expansión masiva de la capacidad de deportaciones, que el Gobierno de Trump estableció la semana pasada.

Sin embargo, en las pasadas semanas, por lo menos dos “soñadores” fueron detenidos por las autoridades de inmigración.

Por su parte, los miembros del Caucus Hispano de la Cámara Baja invitaron a una decena de personas representantes de comunidades afectadas por “las políticas draconianas e imprudentes del Gobierno de Trump”, según un comunicado.

Entre ellos, estarán hijos de inmigrantes recientemente deportados y la abogada de inmigración e hija de refugiados palestinos Fidaa Rashid, entre otros.

Los deportados se vieron perjudicados por el decreto ley, ahora bloqueado en los tribunales, que suspendía el ingreso en EE.UU. de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.

Por su parte, el exgobernador Steven Beshear, conocido por su defensa de un sistema médico accesible, y la inmigrante indocumentada mexicana Astrid Silva se encargarán de dar la respuesta del Partido Demócrata al presidente Trump.

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Indocumentados con antecedentes que pueden ser deportados de EE.UU. son 820,000

indocumentadosdeportados

MIAMI. Unos 820,000 indocumentados en EE.UU. tienen antecedentes criminales y pueden ser sujetos a la deportación anunciada por el presidente electo, Donald Trump, según informó ayer el Migration Policy Institute (MPI).

La institución precisó que la cifra se basa en datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de 2012 y que para esa fecha 300.000 de los indocumentados tenían una condena por delitos graves, mientras que otros 390.000 por delitos menores graves.

El MPI quiso hoy aclarar la cifras después de que Trump dijera este domingo a la cadena CBS que pensaba repatriar a dos o tres millones de indocumentados criminales.

El centro de estudios migratorios además precisó que durante el Gobierno del presidente Barack Obama la prioridad ha sido deportar a indocumentados criminales, repatriaciones que pasaron del 31 % en el año fiscal 2008 (del 1 de octubre al 30 de septiembre) al 59 % en el año fiscal 2015.

“Lo que vamos a hacer es conseguir que la gente que es criminal y tiene antecedentes penales, pandilleros, traficantes de drogas, tenemos una gran cantidad de estas personas, probablemente dos millones, podría ser incluso tres millones, estamos sacándolos de nuestro país o los vamos a encarcelar. Pero los vamos a sacar del país, están aquí ilegalmente”, aseguró Trump a CBS.

La organización migratoria precisó además que hay otro grupo de más de un millón (1.080.000) de inmigrantes que pueden ser deportados ya que tienen algún récord criminal, pero que están de forma legal en el país, ya sea con visas temporales o con la tarjeta de residencia conocida como “green card”.

Los datos de “población extranjera criminal”, como la llama el DHS, fueron calculados por MPI basado en un total de 11 millones de indocumentados que viven en el país.

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Desmantelan red traficaba con indocumentados

dominguezbritotraficopersonasSANTO DOMINGO.- El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito informó este lunes que con el apoyo de la Procuraduría y el Ministerio de Migración detuvieron a 15 personas acusadas de tráfico ilícito de inmigrantes.

Según Domínguez Brito, la red transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes, operaba desde Europa, Estados Unidos y otros países mediante la falsificación de documentos públicos, pasaportes, billetes, sellos, papel timbrado, entre otros.

Entre los implicados se encuentran 10 empleados de Migración.

Los acusados son Javier Liriano Feliz Kiko, Benedicta Medina, Canita, Monika Gisel, Rafael Federico Pérez Pérez, Juan José Ortega Heredia y Miguel Euclides Laureano Reyes.

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NY identificará a indocumentados

bill_de_blasioNueva York.-El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció ayer lunes que promoverá la aprobación de tarjetas municipales de identificación para ayudar a inmigrantes sin autorización a acceder a ciertos servicios públicos y abrir cuentas bancarias, entre otras cosas.

Cualquier neoyorquino, incluidos ciudadanos estadounidenses, podría obtener la tarjeta, pero ésta ayudaría sobre todo a gente que carece de identificación válida como inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.

“Protegeremos al casi medio millón de neoyorquinos indocumentados, cuyas voces demasiado a menudo no se oyen”, dijo De Blasio durante su discurso anual sobre Estado de la Ciudad.

“La ciudad de Nueva York es el hogar de todos los que vivimos aquí. No dejaremos que ninguno de nuestros residentes viva en las sombras”, agregó el alcalde, en español.

La tarjeta no servirá como licencia de conducir y no será reconocida por agencias federales, pero sería usada para rellenar reportes policiales, entrar en edificios públicos o solicitar ayuda de programas municipales de asistencia pública o vivienda.

También ayudaría a abrir cuentas bancarias aunque la ciudad ha declarado que antes buscará la asociación con entidades financieras.

“Los bancos son entidades privadas, ellos tienen que decidir qué documentos son válidos para identificación, pero el alcalde va a hablar con ellos para ver si es posible que acepten esta identificación para abrir cuentas”, dijo la vicealcalde Lilliam Barrios-Paoli.

“Los inmigrantes que no tienen papeles no abren cuentas bancarias y gastan más de lo necesario en poder cobrar cheques, en mandar dinero al extranjero, así que esto les ayudaría muchísimo”.

La propuesta tendría que ser enviada al Concejo Municipal para ser debatida allí. Su presidenta, la puertorriqueña Melissa Mark-Viverito, ya ha dicho públicamente que apoya la iniciativa.
Por Prensa Asociada

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La deportación es la mayor preocupación para inmigrantes indocumentados en EEUU

deportadosWashington.-A los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos la amenaza de deportación les preocupa más que el permiso de trabajo y una senda hacia la ciudadanía, según dos encuestas que divulgó hoy el Centro Pew de Investigación.

Una de las encuestas se desarrolló del 16 de octubre al 3 de noviembre entre 701 adultos hispanos en todos los estados y el Distrito de Columbia y admite un margen de error de 4,4 puntos porcentuales.

La otra se llevó a cabo entre 802 personas de origen asiático entre el 16 y el 31 de octubre, y admite un margen de error de 5 puntos porcentuales.

El 55 por ciento de los hispanos opinó que la posibilidad de vivir y trabajar en Estados Unidos legalmente sin la amenaza de la deportación es más importante para los inmigrantes indocumentados que una senda hacia la ciudadanía. El 35 por ciento dio prioridad a la ciudadanía.

Los encuestados de origen asiático opinan algo parecido, aunque su margen es del 49 por ciento más preocupados por la deportación, y un 44 por ciento que ve como prioridad la obtención de la ciudadanía estadounidense.

En conjunto, los hispanos y los asiáticos representan dos tercios de los 28 millones de inmigrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos.

En julio pasado, el Senado de EE.UU. aprobó un proyecto de ley bipartidista para una reforma integral del sistema de inmigración, que incluye un trámite difícil y largo para la legalización de los indocumentados y, eventualmente, su naturalización.

Pero en la Cámara de Representantes, donde el Partido Republicano tiene mayoría, la estipulación del proyecto del Senado que ofrece un trámite de 13 años para llegar a la ciudadanía ha surgido como el obstáculo mayor para un acuerdo.

Las encuestas de Pew muestran que si el Congreso no aprueba una reforma del sistema de inmigración, el 43 por ciento de los hispanos y el 48 por ciento de los asiáticos responsabilizarán, principalmente, a los republicanos.

El 34 por ciento de los hispanos y el 29 por ciento de los asiáticos dijeron a Pew que tal fracaso sería culpa, principalmente, de los demócratas en el Congreso y del presidente Barack Obama.
Por Agencia EFE

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Migración rechaza amnistía para hijos de indocumentados

haitianos_ilegalesEl director de Migración, José Ricardo Taveras, consideró ayer que luego del fallo del Tribunal Constitucional, que establece que los hijos de extranjeros ilegales en el país no les corresponde la nacionalidad dominicana, es “absolutamente imposible una ley de amnistía” porque siempre lo fue y “ahora con más fe”.

Sostuvo que el Congreso Nacional no podría abocarse a conocer una ley de ese tipo porque violaría la Constitución por un caso que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. “La verdad es que no podemos poner al Congreso a violar la Constitución”, subrayó.

Taveras calificó las discusiones que se dan en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, como una crisis mediática y de pareceres académicos. “Ahora lo que el país no puede caer es de una crisis de interpretaciones académicas y de pareceres de profesionales del derecho y de los intereses que medren con el tema en una crisis constitucional, en eso no puede caer”, advirtió el director de Migración.

Refirió que la ley de Migración, 285-04, establece que se haga un plan nacional de regularización de extranjeros por lo que no es necesario obstaculizar la solución de “una herida que tenemos que cerrar”. Garantizó que el Estado tiene la determinación y la voluntad de amparar esa gente porque “nadie los va a desamparar, ese problema debe resolverse tal como la ley manda que se resuelva”.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó que una de las posibles salidas a la situación que afecta a un número indeterminado de personas con el fallo del Tribunal Constitucional, es una posible ley de amnistía, así como que el Estado inicie lo antes posible el plan nacional de regularización de extranjeros que establece la ley y la sentencia 168-13.

Modificar la ley de naturalización, otra propuesta de solución La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) propuso como salida para los afectados por el fallo del Tribunal Constitucional una modificación a la Ley 1683 sobre naturalización y rechazó la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía para los hijos de indocumentados.

Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT, informó que trabaja en la elaboración de un anteproyecto para modificar esa legislación para hacer más flexibles los requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana y sin costo para los interesados. “La modificación incluiría una mención expresa sobre su alcance y ámbito de competencia referido exclusivamente para el periodo y los casos enmarcados en la vigencia del plan nacional de regularización, involucrando con parámetros claramente definidos a las autoridades responsables de ejecutar dicho plan”, señaló la entidad mediante un comunicado de prensa.

Igualmente, señala que es necesario adoptar medidas que respeten el fallo del Constitucional. “Justicia y Transparencia tras reconocer el drama humano que supone corregir el problema migratorio de la República Dominicana, con profundos vicios y una marcada desatención por parte del Estado durante décadas”, reconoce la entidad.

En tanto, el jurista Julio Cury consideró que sería inconstitucional una ley de amnistía porque entraría en contradicción con la sentencia del Constitucional.
Fuente: El Caribe