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Condenan a 30 años de prisión hombre mató otro en Guananico, Puerto Plata

PUERTO PLATA.- Un hombre fue condenado a 30 años de cárcel acusado de matar a otro con un arma de fuego, el 2 de abril del pasado año en el municipio de Guananico, en el oeste de esta provincia.

El condenado es Alexis Ulloa, a quien los jueces le impusieron la pena máxima al ser hallado culpable de ocasionar la muerte de Plácido Iván Méndez Rodríguez, alias “Melvón”,  con un arma de fuego que portaba sin documentación.

En la acusación se indica que el condenado, Alexis Ulloa, persiguió y atacó a su víctima mientras transitaba a bordo de una passola, sacó de su pantalón un revólver y le propinó un disparo en el pecho.

La víctima recibió el impacto del proyectil en el tórax anterior derecho, sin salida, según indica el acta de levantamiento del cadáver, número 22612 de fecha 2/04/2019.

Los jueces del Tribunal Colegiado de esta provincia, que estuvo presidido por la magistrada Jakayra Vera, acogieron las pruebas documentales, testimoniales, periciales e ilustrativas presentadas por el Ministerio Público.

Las evidencias fueron levantadas en el proceso de investigación que dirigió la fiscal Ana Mariela Hernández y que litigaron los fiscales Gabriel Brugal, José Vargas y Edilberto La Luz.

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EEUU: Juez da golpe a estrategia de control migratorio

SAN DIEGO (AP) — Un juez federal les prohibió a las autoridades migratorias estadounidenses utilizar bases de datos consideradas deficientes para solicitarle a las agencias policiales que mantengan detenidas a personas que están bajo custodia, lo que representa un revés para el gobierno del presidente Donald Trump que amenaza con obstaculizar la forma en que efectúa arrestos.

El fallo sólo es aplicable en el distrito central de California, donde la ley estatal ya limita fuertemente hasta dónde pueden atender las agencias policiales locales y estatales las solicitudes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Pero el distrito incluye al Centro de Respuesta Policial del Pacífico, perteneciente ICE, en Laguna Niguel, que hace solicitudes las 24 horas a agencias policiales en 42 estados y dos territorios estadounidenses.

El fallo, emitido el miércoles, es aplicable incluso si el ICE saca esas operaciones de Laguna Niguel, ubicada al sur de Los Ángeles.

El juez federal de distrito Andre Birotte Jr. en Los Ángeles dijo que las bases de datos no son confiables para personas que no han sido deportadas ya, ni en procesos de deportación ante un juez de inmigración. La mejor forma de confirmar si alguien cuenta con autorización legal para radicar en Estados Unidos es a través de una entrevista, registros de inmigración u otros documentos, escribió.

Durante la presidencia de Barack Obama, las autoridades migratorias incrementaron drásticamente las solicitudes a las cárceles para que mantuvieran detenidas a las personas 48 horas adicionales si se sospechaba que estaban ilegalmente en el país. Dicha práctica, que ha continuado en el gobierno del presidente Donald Trump, con frecuencia les da tiempo a las autoridades de inmigración para arrestar a la gente antes de que sea puesta en libertad.

En un comunicado, la Casa Blanca señaló que un juez de California del que no dio su nombre emitió “una orden judicial de amplio alcance sin fundamento legal que _si no es cancelada de inmediato_ garantizará la liberación de innumerables delincuentes extranjeros ilegales en nuestras comunidades y pondrá a los ciudadanos en gran riesgo”.

“Este fallo socava los pilares del control de la inmigración y bloquea la tradicional y vital cooperación policial que ha existido durante décadas”, añadió.

El ICE indicó que está revisando la decisión del juez para determinar su impacto y decidir qué hará.

La Unión Americana de Libertades Civiles en el sur de California presentó el caso en nombre de Gerardo Gonzalez, un ciudadano estadounidense que fue sujeto a una solicitud para demorar su liberación en 2012 cuando estaba detenido en el Departamento de Policía del condado Los Ángeles.

De mayo de 2015 a febrero de 2016, 6% de las 12.797 peticiones que emitió el ICE fueron para ciudadanos estadounidenses o para personas que no estaban sujetas a deportación, de acuerdo con expedientes presentados para el juicio el año pasado.

El juez falló en septiembre que las bases de datos que usa el ICE “con frecuencia tienen datos incompletos, errores significativos o no estaban diseñadas para proveer información que fuera usada para determinar la posibilidad de remoción de una persona”.

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Juez emite orden arresto contra los implicados en fraude fiscal millonario

SANTO DOMINGO.-Un juez del Distrito Nacional emitió una orden de arresto contra el principal líder del fraude fiscal de más de 9,000 millones de pesos, incluido el monto de las penalidades e intereses, cometido a través del Grupo Tremols.

El Ministerio Público sometió a otras 11 personas involucradas en el delito de evasión fiscal cometido por medio a varias sociedades dedicadas a la venta y producción de bebidas alcohólicas y otras actividades.

Los imputados son Hervys Rafael y Daniel de Jesús Tremols Payero, a quienes la fiscalía les solicita prisión preventiva como medida de coerción ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien reenvió la audiencia para este miércoles a fin de que los abogados conozcan el expediente y preparen sus presupuestos.

Los fiscales aun no han ejecutado los arrestos contra el presidente de la empresa, Ramón Rafael Tremols Pallero, quien se presume que está fuera del país. Asimismo, falta apresar a Eddy Samuel Tremols, Leonardo Antonio Tremols Pallero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo y Carmen Adela Tremols Cruz, Maristselly Cruz López, Nestor López Alcantara, Wáskar González Pallero y Dorys López Urbáez.

Evasión fiscal

La Dirección General de Impuestos Internos acusó recientemente al Grupo Tremols Pallero de defraudar al Estado por la escandalosa suma de de RD$4,127.5 millones, más las penalidades.

Empresarios e industriales valoraron como positivas y ejemplarizantes las medidas tomadas por la DGII para enfrentar estos casos.

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) y la de Industrias de la República Dominicana (AIRD) coincidieron que incumplir con las responsabilidades tributarias estimula la competencia desleal y la quiebra de empresas que cumplen con sus deberes y ofrecen los mismos servicios que los evasores.

Expresaron su apoyo a la DGII y consideran necesario descargar todo el peso de la ley a los responsables.

Modo de operación

— La trama
Este consorcio realizaba un esquema fraudulento a través de sociedades fantasmas, para engrosar sus gastos mediante compras ficticias y así burlar el pago de la Renta y el ITBIS.

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Juez reenvía comienzo de juicio a cinco pandilleros por el asesinato de Junior a petición de abogados

NUEVA YORK._ El juez del caso por el asesinato del estudiante dominicano Lesandro Guzmán Feliz (Junior), asesinado el 20 de junio de 2018 por pandilleros de los trinitarios, reenvió el comienzo del proceso para el juicio a cinco de los 14 imputados, que estaba programado para febrero, acusando a los abogados de los sospechosos, como “irresponsables” y no toma el caso en serio.

La postergación del enjuiciamiento, involucra a los pandilleros Elvin García, Santiago Rodríguez Hernández, José Muñiz, Manuel Rivera y Jonaki Martínez Estrella, acusados de asesinato en primer grado y tortura, por lo que de ser declarados culpables, enfrentan cadena perpetua.

Los otros nueve, son acusados por asesinato en segundo grado y una sarta de otros delitos relacionados con el brutal crimen, que sigue conmoviendo a la ciudad, a siete meses de haber ocurrido.

Un airado magistrado Brian Neary, postergó el inicio del proceso hasta el 25 de marzo, diciéndoles a los abogados, que no aceptará nuevas mociones para pedir reenvíos que no autorizará otra vez, con el alegato de que no están preparados para el juicio.

El juez Neary, anunció en 2018 que la selección del jurado comenzaría el 11 de febrero de este año, pero los abogados que representan a los cinco pandilleros, alegaron que necesitan más tiempo.

«Qué vergüenza pensar que pensé que todos tomarían este caso en serio», dijo el juez a los abogados.

Edward Sapone, el abogado del de José Muñiz, a quien se sindica como uno de los líderes de la pandilla, dijo que pensó que sería importante preguntar si su cliente podría llevar pantalones largos debajo del uniforme de la cárcel para cubrir sus tatuajes.

«No me ocupo del guardarropa», respondió el juez Neary.

«No quiero pasar el resto de mi carrera, ni los otros abogados, esperando para resolver este caso», advirtió el juez.

Los cinco acusados deberán regresar a la corte en marzo de este año, según ordenó el magistrado.

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Juez fija para el 6 de julio audiencia preliminar del caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, fijó para el 6 de julio la audiencia preliminar de conocimiento de la acusación por los sobornos pagados por Odebrecht en el país.

Mediante auto 01-2018, Ortega Polanco notificó hoy al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a los abogados de los imputados Ángel Rondón, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Jesús Vásquez y Roberto Rodríguez, la audiencia pautada para las 9:00 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia.

Los señalados en el caso son acusados por la Procuraduría General de recibir sobornos de la constructora brasileña, además de prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.

Ortega Polanco no otorgó plazo a las partes para responder a la acusación depositada el 9 de junio.

Se recuerda que tres de los imputados, Conrado Pittaluga, Jesús Vásquez y Tommy Galán, no depositaron escritos de contestación por considerar que la notificación y el plazo que les dio la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia fue irregular.

El Procurador

En una nota de prensa, el procurador Rodríguez expresó que el Ministerio Público destruirá por completo en los tribunales “los falsos argumentos presentados a la opinión pública por abogados de algunos de los imputados, resaltando que en el caso de los que ocuparon funciones públicas, los elementos probatorios confirman que recibieron dinero de los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país, incluso, más allá del tiempo en que ocuparon dichas funciones, identificando con nombre y apellido los delatores a seis de los imputados y a un séptimo hasta con cheques de sobornos pagados al imputado, su esposa e hijo”..

Reiteró que el Ministerio Público “está más firme que nunca en su compromiso de procurar justicia y que no descansará hasta lograr que los siete acusados reciban condenas ejemplares, acordes a los delitos que durante la investigación realizada por espacio de un año, se determinó que cometieron”.

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Juez rechaza amparo contra designación de directores de distrito

SANTO DOMINGO. El Presidente del Tribunal Superior Administrativo rechazó suspender de manera provisional la designación de 107 nuevos directores regionales y distritales del Ministerio de Educación por considerar que en caso de ser acogido el recurso contencioso administrativo interpuesto por varios técnicos de Educación la medida se podrá ejecutar sin dificultades.

Rafael Vásquez Goico consideró que en caso de que se acoja la demanda principal y se ordene la nulidad de la ordenanza 24-2017 emitida por el Consejo Nacional de Educación, no habrá peligro porque “dicha situación revertirá todos los efectos jurídicos que haya producido la misma, incluyendo el proceso de selección por concurso que se ha implementado y la propia selección de los nuevos funcionarios escogidos, haciendo retornar todo al estado en que se encontraba”.

De igual modo explicó que el sistema de selección de la norma atacada “no violenta en esencia” los artículos 109 y 115 de la ley de Educación, Ley 66-97, al momento de imponer ternas a ser presentadas al Minerd para la escogencia de dichos funcionarios, en vista de que “incluso presenta un paso de avance de tinte democrático con respecto al método previsto en la ley, reduciendo los márgenes discrecionales de los funcionarios encargados de la escogencia”.

Aseguró además que la discrecionalidad legal es sustituida por un concurso de selección que tiene como base la evaluación de los méritos profesionales de todos los aspirantes.

“No existe prueba en el expediente de que los directores regionales y distritales del Ministerio de Educación que ostentan esas funciones, al momento de dictarse la ordenanza atacada, hayan accedido a dichos cargos mediante concurso público, ni que dichas posiciones hayan sido establecidas como de carrera, sino todo lo contrario”, argumentó el juez al rechazar el amparo.

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Arrestan juez de Nueva York por robarle pantis sucios a una vecina

NUEVA YORK. El juez de distrito en el condado de Suffolk, Robert Cicale, de 49 años de edad, fue arrestado por la policía y acusado de robar los pantis de una joven de 23 años, hija de un vecino, para lo que entró a la casa, llevándose las prendas íntimas que estaban en el interior del cesto, en donde se echan las ropas sucias.

La mujer no identificada oyó ruidos en la vivienda y vio a un hombre huyendo y tras darle la descripción a la policía, el magistrado fue detenido con las bragas en sus bolsillos.

Cicale, un padre casado de tres niños pequeños, fue arrestado el jueves después de que la mujer, que anteriormente trabajó como pasante en un bufete de abogados donde el juez laboraba como letrado de la ciudad, lo viera en la puerta de su habitación, informa WPVI-TV.

El profesional fue sacado esposado del cuartel, antes de las 8:00 de la mañana el viernes y presentado ante un colega en la Corte Criminal de Central Islip en Long Island.

Es acusado de robo de pantis en segundo grado y se declaró culpable admitiendo el delito.

Al admitir los hechos, dijo que robó la ropa interior al sentir «urgencias». Él admitió que en varias ocasiones, él entró a la casa, abrió el hamper (cesto) y tomó ropa interior.

Los policías dicen que una mujer residente en East Islip, de 23 años, estaba sola en casa el jueves por la mañana cuando escuchó un ruido y luego vio a un hombre que salió corriendo.

«Fue encontrado con la ropa interior femenina sucia. No sabemos si estos pantis fueron los del robo hoy o de un robo previo», le dijo el comisionado interino de la policía de Suffolk, Stuart Cameron al periódico Newsday.

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Ana Julia Quezada había cavado un hoyo antes de asesinar al niño Gabriel Cruz

REDACCIÓN. El juez de Almería a cargo del caso del asesinato del pequeño Gabriel Cruz asegura en su auto de prisión que Ana Julia, acusada del asesinato del niño de ocho años, cavó un hoyo “previamente” a la muerte del menor y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero, indica el diario español OK Diario este viernes.

En tal caso indica que el crimen había sido premeditado, y no como hasta ahora se ha planteado, un acto impulsivo o accidental. Hasta ahora Ana Julia ha alegado que el crimen surgió a partir de un acto impulsivo. “Ana Julia, que está en prisión por asesinato, detención ilegal y un delito contra la integridad moral, trazó un “macabro plan criminal” y luego se intentó dotar de una coartada –que hubo una discusión previa con el menor–, que tanto la Guardia Civil como el propio juez instructor desmontan en base a las pruebas recabadas. Entre estas pruebas figuran “expresiones vejatorias” vertidas por la asesina confesa contra el menor”, indica el diario.

“Resulta presuntamente incuestionable la participación de la detenida Ana Julia Quezada en la muerte del menor y se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen”, recoge la motivación del auto de ingreso en prisión, cita OK Diario.

“Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte”, subraya el juez, lo que achaca a su deseo de “despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda” hasta encontrar el “momento” de poder “hacer desaparecer el cuerpo”.

El magistrado Rafael Soriano apunta que Ana Julia Quezada “aprovechó un momento temporal en que sabía que iba a estar a solas con el niño”, al que mató asfixiándole, y destaca que enterró su cuerpo sin vida en un “hoyo que previamente había hecho con una pala”.

“Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad”, remarca el juez. El instructor añade que Ana Julia, en algún momento, expresó su “voluntad” de dejar el cadáver en “un invernadero”.

El juez instructor considera que Ana Julia Quezada actuó guiada por “una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar” la comisión de su “macabro plan criminal”. El magistrado Rafael Soriano destaca, asimismo, la existencia de “abrumadoras pruebas contra ella” y se refiere no solo “a que ella misma ha reconocido el luctuoso suceso” sino también a las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

La dominicana Ana Julia Quezada confesó a las fuerzas de seguridad españolas que fue ella quien mató al niño de ocho años Gabriel Cruz, que había desaparecido el 27 de febrero en una localidad del sureste de España.

Quezada, de 44 años, y que fue detenida el domingo pasado como presunta autora de la muerte, declaró durante casi dos horas en la Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad de Almería.

Al término de la declaración, su abogada Beatriz Gámez, aseguró que su defendida está “colaborando” con los agentes de la investigación.

La autopsia realizada al cadáver del niño desveló que murió estrangulado el mismo día de la desaparición, según fuentes de la investigación.

El cuerpo fue encontrado el domingo por la Guardia Civil en el maletero de un automóvil que conducía la mujer.

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Juez reduce cadena perpetua a 45 años a un dominicano sentenciado por asesinato en 1991

NUEVA YORK._ Un juez de la Corte Superior de New Hampshire, redujo la sentencia de cadena perpetua a 45 años, al dominicano Eduardo López Junior, quien lleva 26 años y varios meses en la cárcel, después de ser condenado por el asesinato de Robert Goyette en 1991.

López de 43 años, fue declarado culpable de matar a Goyette cuando intentaba robar su automóvil en la ciudad de Nashua. Tenía 17 años cuando ocurrió el crimen.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, emitió un fallo en 2012 que declara inconstitucional sentenciar a los delincuentes juveniles a cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional.

La Corte Suprema de New Hampshire falló en 2014 que López y otros condenados por asesinato como adolescentes, deberían recibir nuevas audiencias de sentencia.

El juez Larry Smukler ordenó el martes que López sea elegible para la libertad condicional en aproximadamente 18 años, cuando tenga los 62 de edad. Los fiscales pidieron que López permaneciera en prisión por otros 25 años, antes de tener derecho a presentarse ante la Junta de Libertad Condicional.

Los abogados de López habían argumentado que cualquier sentencia mínima que excediera los 35 años era una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero el juez no estuvo de acuerdo.

No se han producido cambios en la ley estatal con respecto a los delincuentes juveniles luego del fallo de la Corte Suprema.

Los menores aún pueden ser juzgados como adultos, pero ya no serán automáticamente sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional por crímenes que conlleven esa sentencia.

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Juez Alejandro Vargas envía a Najayo a Yimi Zapata y otros dos imputados

SANTO DOMINGO. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso ayer tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo como medida de coerción a tres de los seis imputados por el caso de estafa a un grupo de 18 estudiantes de la provincia Peravia, hecho en el que participó Yimi Zapata, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED).

Además de Zapata, el juez Alejandro Vargas impuso la misma medida contra Guelmis Alberto Rivera González y Jorge Luis Tavárez, presidente de la Fundación de Líderes del Futuro (Funlifu), entidad que era utilizada para gestionar la supuesta participación de los estudiantes en la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en los Estados Unidos.

El juez justificó que a estos tres acusados se les impuso la prisión preventiva porque, de acuerdo con el testimonio de las víctimas, eran los que mayor participación tenían en la trama de la supuesta estafa.

Según expresaron varios de los estudiantes estafados que estuvieron presentes en la audiencia, estos tres fueron los que manipularon la carta de invitación falsa de una universidad estadounidense utilizada para facilitar la entrada a territorio norteamericano de los jóvenes, y también eran los que manejaban el dinero que era solicitado al grupo de universitarios.

Al regidor de Baní por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Alcides Báez, y a los imputados Luis Armando Cruz y José Marte Marte, el juez le impuso una garantía económica de RD$300 mil, impedimento de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía.

El magistrado Alejandro Vargas consideró que estos imputados no tienen el mismo grado de responsabilidad que los tres que fueron enviados a la cárcel de Najayo.

Además, el juez dictó una orden de protección para los estudiantes que hicieron la denuncia en contra de los presuntos estafadores.

Caso marca precedente

Este caso judicial marca un precedente histórico en la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), ya que es la primera vez que un presidente de esa institución es sometido a la justicia por actos como falsificación, asociación de malhechores y tráfico de personas.

El juez Vargas citó varios nombres, entre ellos el de Amín Abel Hasbún, de quien dijo fue un estudiante brillante, graduado con los más altos índices y que fue presidente de ese gremio estudiantil.

También mencionó a Roberto Santana, quien de presidir la FED llegó a ser rector de la UASD, y actualmente es reconocido a nivel regional como uno de los precursores del Nuevo Modelo Penitenciario. Otro de los mencionados fue Tony Raful, quien fue Premio Nacional de Literatura, otorgado por el Ministerio de Cultura.

En la nómina de la UASD

Cuatro de los seis implicados en el caso de estafa figuran en la nómina de la UASD con salarios que van desde los RD$20 mil hasta más de RD$61 mil, según lo establece un documento filtrado por fuentes relacionadas con el proceso judicial.

Entre los que figuran en la nómina de la universidad estatal está José Marte Marte, quien tiene el cargo de encargado de seguridad de la Finca Engombe, y gana un sueldo de RD$61,351. También el regidor de Baní por el PRM, Luis Alcides Báez, quien figura en el listado con un sueldo de RD$59,837 realizando “actividades según contrato”. Luis Armando Cruz Ruiz, otro de los imputados, aparece como auxiliar de mantenimiento, con un sueldo de RD$31,467. Además, Guelmis Rivera González cobra RD$20,434, realizando “actividades según contrato”.

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Primer juez dominicano en Rhode Island renuncia por acusaciones

La comisión decidió que Rafael Ovalles no puede seguir en el cargo porque carece del más mínimo criterio de respeto a las reglas y la ética en la judicatura

NUEVA YORK. El jurista Rafael Ovalles, primer juez dominicano y latino en el sistema judicial del estado de Rhode Island, renunció con efectividad al 31 de este mes de octubre, después que una comisión estatal lo declaró culpable de violar la ética, asumir poses obscenas en el ejercicio de la función y maltratar verbalmente a abogados y a parte del personal de la corte.

Ovalles, nativo de Santiago de los Caballeros, llevaba varios años como magistrado en el distrito judicial después de ser nombrado por el entonces gobernador de Rhode Island como primer juez dominicano y latino.

La comisión decidió tras varias sesiones que Ovalles no puede seguir en el cargo porque carece del más mínimo criterio de respeto a las reglas y a la ética del ejercicio en la judicatura estatal.

Ovalles apeló, solicitando que no lo cancelaran, pero sus mociones fueron rechazadas por instancias superiores. Se vio obligado a retirar el viernes los recursos legales en su defensa y anunciar la dimisión del cargo.

Se le declaró culpable hasta de sentarse en el estrado con el pantalón por las rodillas y en poses supuestamente lascivas, además de presuntamente piropear “indecentemente” a todas las mujeres que le pasaban cerca, según los acusadores y testimonios.

El panel disciplinario resumió los cargos en que asumió mala conducta generalizada y hostigó al personal y abogados de ambos sexos, durante sus años en el estrado.

Ovalles retiró su petición pidiendo a la Corte Suprema del Estado que rechazara el informe de la Comisión Estatal de Intención Judicial y Disciplina recomendando que fuera retirado del tribunal el mismo día en que presentó una carta de renuncia a la gobernadora Gina Raimondo.

Los administradores de los tribunales estatales, por su parte, están tomando la posición de que Ovalles no tiene derecho a su pensión.

Los abogados de Ovalles, sin embargo, indicaron la semana pasada que enfrentarían cualquier esfuerzo para negar sus beneficios, en lo que parece ser una cuestión de primera impresión en el estado, lo que significa que ese tema aún no ha sido abordado dentro del sistema judicial estatal.

La Comisión Estatal de Tenencia y Disciplina Judicial inició una investigación en 2014 basada en dos denuncias. Durante el transcurso de la investigación, surgieron decenas de más denuncias.

A principios de agosto, el cuerpo de jueces y abogados de 14 miembros publicó un informe de 240 páginas que detalla los malos tratos persistentes de que fueron víctimas quienes comparecieron ante Ovalles, entre estos la degradación sexual de los miembros del personal y los abogados, siesta en el trabajo, conducta abusiva desenfrenada e incompetencia. Recomendó que Ovalles fuera destituido.

Ovalles, de 52 años, fue nombrado en 2005 por el entonces gobernador Donald L. Carcieri. La jueza principal del Tribunal del Distrito, Jeanne E. LaFazia, relevó a Ovalles del puesto a raíz de la investigación, aunque continúa recibiendo su salario anual de $160.018 dólares.

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Imputados por el caso Odebrecht ya están en Najayo, como dispuso el juez

SANTO DOMINGO. Próximo a la 1:00 de la tarde de este lunes fueron sacados por la parte trasera del Palacio de Justicia del Distrito Nacional siete de las ocho personas privadas de libertad preventivamente bajo la acusación de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht para favorecerlos con obras del Estado.

El exministro de Industria, Comercio y Mipymes, Temístocles Montás; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el expresidente del Senado, Andrés Bautista; el exdiputado Ruddy González, el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, y el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Máximo De Óleo, fueron trasladados por un contingente policial al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

En tanto que permanece en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva el empresario Ángel Rondón, quien es señalado como la persona que recibió los US$92 millones de Odebrecht para sobornar a los funcionarios públicos dominicanos, hasta tanto la Procuraduría General de la República decida si enviarlo a La Victoria o a un centro del nuevo modelo, como han solicitado sus familiares. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, a solicitud del Ministerio Público, dispuso que los imputados por el caso cumplieran la medida en los referidos centros carcelarios.

Este lunes, mediante un breve comunicado, la Procuraduría General de la República informó que analiza la solicitud hecha por los parientes del empresario, bajo el alegato de que en el penal La Victoria la vida de Rondón Rijo estaría en peligro.

“Las autoridades están evaluando dicha solicitud, y tan pronto tengan una decisión al respecto, la daremos a conocer”, sostuvo en un comunicado el máximo representante del Ministerio Público.

Una vez el minibús con aire acondicionado salió con los siete privados de libertad, que lo abordaron sin esposas en las manos y escoltados por algunos policías, llegó el bus que traslada regularmente a los presos, momento aprovechado para que los allí presentes vociferaran a la prensa: “Así es que se trasladan a los presos aquí, en una guagua con barrotes y con esposas en las manos”.

La llegada a Najayo

Pasadas las 11:00 a.m. comenzó a ser visible el amplio operativo de seguridad desplegado en la cárcel de Najayo para recibir a los siete implicados del caso Odebrecht que serían trasladados hasta ese recinto desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Las medidas implicaron la colocación de agentes élites fuertemente armados en los techos de las celdas adonde irían los presos, la entrada por la que ingresarían a la cárcel y se elevó de uno a cuatro el número de los custodios apostados en la garita de la parte frontal del centro. Mientras crecía la expectativa por la llegada de los imputados, en el lugar se iban aglomerando familiares y amigos de los implicados en el caso, principalmente del exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, de quien acudió una comitiva encabezada por su hermano José Montás, quienes manifestaron apoyo al miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A las 1:15 p.m. se avistó desde la explanada frontal del centro de reclusión el primero de varios vehículos que franqueaban el autobús donde fueron transportados los siete imputados ante la algarabía de los familiares y amigos, así como curiosos que se hallaban en el lugar, muchos de los cuales portaban pancartas con diversos mensajes.

Pocos minutos después se produjo el esperado arribo del grupo, cuya marcha fue interrumpida momentáneamente próximo a la entrada del recinto por decenas de personas que lanzaban consignas en favor y en contra de los apresados, a los cuales se les vio de buen ánimo.

Entre las consignas pronunciadas por los presentes están: “Ahí es que los queremos, en la cárcel”, “Estamos contentos, trajeron los ladrones”, “Aquí falta mucha gente que también son delincuentes”, “Que traigan a los otros que son los pejes gordos”, gritaban.

Mientras que las consignas en favor de los apresados se concentraron en la figura de Temístocles Montas, a quien le gritaban “Temo, tu pueblo está contigo”, “Sabemos que no robaste” y “Confiamos en tu inocencia” entre otras, mientras el exfuncionario los saludaba y hacía gestos aparentemente de agradecimiento con las manos y la cara.

Tras la breva parada, el autobús penetró a la cárcel y las puertas fueron cerradas por miembros de la seguridad que permanecieron por varios minutos vigilando la entrada.

Ambiente movido en Najayo

Desde tempranas horas de la mañana, el ambiente era de expectativa del eventual traslado de siete de los implicados en el caso Odebrecht a la cárcel de Najayo. La calle que cruza frente al recinto carcelario registraba mayor movilidad de vehículos que en días anteriores, mientras que al interior del Centro de Corrección Najayo Hombres era frecuente la entrada de yipetas de lujo de diferentes marcas y otras se apostaban frente al lugar sin que sus ocupantes ofrecieran información sobre los motivos de su estadía frente a la cárcel.
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Juez dará fallo sobre caso Odebrecht este miércoles a las 4:00 de la tarde

SANTO DOMINGO. Será este miércoles, a las 4:00 de la tarde, cuando el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco, dará el fallo sobre la petición de imposición de medidas de coerción a 13 de los 14 imputados en el caso Odebrecht.

Tras una maratónica audiencia, que se extendió por más de 14 horas, Ortega dijo que se retiraba a ponderar los presupuestos y papeles depositados en la audiencia.

El juez dijo que por la hora, pasadas las 12:00 de la medianoche, se hacía humanamente imposible emitir un fallo.

Ortega fallará sobre el pedimento del Ministerio Público que solicitó se les imponga prisión preventiva de 18 meses a los acusados y que se declare complejo el caso.

Mientras que las barras de la defensa coincidieron en solicitar al juez que rechace la solicitud de medida de coerción y pidieron que los que guardan prisión sean libertados de forma pura y simple y que de forma subsidiaria que se les imponga una garantía económica, impedimento de salida o presentación periódica.

En el caso de los legisladores, que gozan de inmunidad parlamentaria, sus abogados pidieron que se declare inadmisible la medida de coerción teniendo en cuenta el alcance y límite de la inmunidad de la que gozan, amparada en la Constitución.

Entre los incidentes que les fueron planteados al juez está la solicitud de la barra de la defensa del ministro Juan Temístocles Montás que pidió declarar inadmisible para fines de valoración probatoria las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra Montás (traducciones de los testimonios de los delatores de Odebrecht, remitidos por la procuraduría de Brasil), en el entendido que las traducciones de esos documentos presentados en portugués no fueron realizadas por una traductora acreditada por la Suprema Corte de Justicia, lo que fue negó el Ministerio Público en su réplica.

Más temprano durante la audiencia

Luego de hacer su presentación, el Ministerio Público solicitó como medida de coerción 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados, a ser cumplidos en Najayo, salvo a Rondón, para quien se pidió que fuera en la Penitenciaría de La Victoria.

Al grupo de los 13 implicados se les atribuye los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme lo establecen los artículos 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre soborno; 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio que era la norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos; y 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.

En la audiencia, el Ministerio Público presentó una infografía en la que incluye los supuestos mecanismos empleados en el proceso de sobornos.

Detalló cada uno de los cargos atribuido a los imputados y su participación en el cobro de los supuestos sobornos.

Admitió respecto al imputado Rodríguez que producto de un error mecanográfico se le atribuyó hacer dos depósitos consecutivos de RD$100 millones, cuando en realidad se trató de un millón. El juez hizo constar el error admitido en acta.

El Ministerio Público señaló que en lo adelante le corresponde seguir con su papel de órgano persecutor del crimen, profundizando la investigación y probando en un juicio de fondo la culpabilidad de cada uno de estos imputados hasta ahora, quienes deberán demostrar ante los tribunales su presunta inocencia de las referencias específicas de sus nombres en los documentos aportados por Odebrecht y las autoridades de Brasil, así como también, en los hallazgos detectados durante las pesquisas realizadas en el país.

Los incidentes

El primer incidente fue planteado por la defensa de Alfredo Pacheco, encabezada por el abogado Napoleón Estévez, quien solicitó que se rechace la solicitud de prisión preventiva, ya que el imputado no representa peligro de fuga. A ese pedimento se adhirió la defensa de Tommy Galán, representada por el abogado Guarionex Ventura.

El Ministerio Público pidió que se rechace por no ser violatorio a la Constitución de la República.

El juez decidió acumular el incidente para fallarlo conjuntamente con el fondo.

Del juez

A lo largo del proceso, el juez Ortega Polanco se mantuvo advirtiendo al Ministerio Público que se trataba de una medida de coerción y no de una audiencia preliminar ni apertura a juicio.

“No se pueden desplegar las pruebas porque pueden afectar otras partes del proceso”, afirmó al tiempo de señalar que era preciso ser lo más puntuales, sin desmedro de sus derechos.

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Juez recesa para el próximo martes a las 10:00 de la mañana coerción Odebrecht

SANTO DOMINGO. El juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco recesó hasta el martes 6 de junio a las 10:00 a.m. el conocimiento de la medida de coerción contra 13 de los 14 imputados por el Ministerio Público en el caso de sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht.

El magistrado Ortega Polanco tomó la decisión acogiendo un recurso interpuesto por la barra de la defensa del ministro Juan Temístocles Montás, que solicitó al juez comprobar que el Ministerio Público había depositado las pruebas que estaba mencionando en el expediente acusatorio contra los implicados.

Ayer, el Ministerio Público inició la lectura del expediente de solicitud de medida de coerción contra Montás, los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco.

Asimismo, contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Ruddy González, Radhamés Segura, César Sánchez, Máximo D´Oleo y Conrado Pittaluga.

El juez consideró en la argumentación de su decisión que constituye un derecho constitucional de los imputados ser informados del hecho que se les atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la medida de coerción conocida.

Entre los considerandos que sustentaron el receso de la medida, el juez observó que habiendo sido presentados los imputados que guardan prisión, dentro del plazo de las 48 horas que manda la Constitución y habiendo recesado la audiencia a solicitud de las partes, no viola la Carta Magna recesar hasta la fecha antes indicada.

Tal como el juez había ordenado en la primera audiencia, la madrugada de ayer, el Ministerio Público segregó el expediente en relación al imputado Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país.

La audiencia inició alrededor de las 5:15 p.m., y fue incidentada desde el comienzo, cuando el abogado Tony Delgado, representante del empresario Ángel Rondón, pidió al juez que comprobara que se había cumplido su sentencia anterior que ordenaba entregar el expediente acusatorio a todas las partes. Lo que el tribunal comprobó.

Además, cuando la abogada Luz Díaz Rodríguez, quien presentó el incidente en representación de Montás, estaba postulando, los demás abogados se pararon, por lo que el juez les llamó la atención, y dijo que no iba a tolerarlo por considerar la acción una actitud antiprocesal.

A comisión inmunidad

En la sesión de ayer, el Senado apoderó a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, con un plazo de dos meses, la solicitud de la Procuraduría General de la República, del retiro de la inmunidad parlamentaria de los legisladores Tommy Alberto Galán y Julio César Valentín.

Reinaldo Pared Pérez informó que el Senado recibió dos notificaciones del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, en la que solicita al Senado ponderar los artículos 86, 87 y 89 de la Constitución acerca del retiro de la protección de la función legislativa con respecto a los legisladores antes mencionados.

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Juez reconsiderará fallo sobre Trump y ciudades santuario

SAN FRANCISCO. Un juez federal aceptó el martes reconsiderar su fallo de abril con el que bloqueó el decreto del presidente Donald Trump para reducir los recursos a las ciudades santuario.

El juez federal William Orrick aceptó la petición del gobierno de reconsiderar el fallo. Dio a los condados de California que impugnaron la medida de Trump _San Francisco y Santa Clara_ dos semanas para presentar documentos que objeten la solicitud.

La orden ejecutiva amenaza con la retención de recursos federales a las ciudades que limiten su cooperación con las autoridades federales de migración.

El gobierno de Trump solicitó la reconsideración del fallo ante el nuevo memorándum del secretario de Justicia, Jeff Sessions.

El documento, emitido el lunes, reafirma la postura del departamento de que el decreto afecta a una cantidad relativamente pequeña de recursos. El gobierno afirmó que el memo resta fuerza a la decisión del tribunal de bloquear la orden ejecutiva.

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VIDEO: GRAN ESTAFA, Empresario Maeño que trabajo toda su vida en USA busca recuperar su patrimonio embargado por cooperativa en Santiago

Santiago.-Un préstamo con la Cooperativa Real, en Santiago es el arma de doble filo que amenaza con dejar con las manos vacías a un dominicano que tras décadas trabajando en los Estados Unidos, regresó al país para invertir el dinero de su retiro y ahora ve su Patrimonio Arrebatado.

El criollo está convencido de que la cooperativa Real nunca tuvo la intención de jugar limpio, ya que a pesar de los términos claros de un acuerdo entre ambas partes, la entidad se adjudicó su propiedad, una plaza millonaria ubicada en el centro de la Ciudad Corazón y por la que desde hace tres años se enfrentan en los tribunales.

Lo que había empezado como una buena relación de negocios dio un giro de 180 grados, cuando la Cooperativa Real se valió de un ultimátum de cobro, que según Ramón Ulloa Mora violaba lo acordado en el contrato de cesión.

Ulloa Mora también acusa a la cooperativa Real de falsificar una sentencia en la que se atribuía la entrega voluntaria de la parte embargada y el pago de los alquileres, así como la regularización de los contratos de los locales de la Plaza Internacional.

Posteriormente un tribunal desmintió que hubiese emitido dicho dictamen. Ulloa Mora también recusó al juez Henry Domínguez, por considerar que no fue imparcial al emitir la última sentencia a favor de la Cooperativa real.

Fuente: NoticiasSIN.com

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Ira en Nueva York contra juez que liberó al asesino de paramédico

NUEVA YORK. Una ira colectiva entre comunitarios y especialistas en justicia criminal se ha desatado en la ciudad contra el juez David Kirschner, quien liberó sin fianza el pasado mes a un boricua adicto y esquizofrénico que se robó el jueves una ambulancia que abordaba una paramédico y luego la atropelló con el vehículo.

José González, quien fue escoltado con esposas desde el cuartel hasta la corte criminal, se reía a carcajadas ante los policías y familiares de Yadira Arroyo (Yari), quien falleció en el incidente.

Su arresto en febrero se produjo por cargos de asalto contra un policía, cuando se resistió al arresto y le fue encima a los agentes.

Sobre el hecho en el que falleció Arroyo existen videos filmados por testigos y cámaras de seguridad en el área de El Bronx.

González, quien fue arrestado y acusado formalmente de cargos de asesinato en primer grado y robo de propiedad gubernamental, parecía estar drogado en el momento de cometer el crimen, dijeron testigos.

Tenía 31 arrestos previos en una combinación de delitos graves y menores, pero estaba en las calles luego de ser liberado la penúltima vez que fue detenido por la policía.

La muerte de la paramédico, madre de cinco hijos, se ha convertido en el motivo para que se haga una amplia manifestación de duelo y solidaridad.

Cientos de comunitarios se han acercado al altar que se levantó en su memoria, el cuartel de bomberos donde pertenecía como parte de los servicios de emergencias (EMT), administrado por el Departamento de Bomberos (NYFD) y su casa.

Vigilias, oraciones y misas en la escena se han realizado desde el domingo en la noche para recordarla.

Juez dice ignoraba el récord de González

El juez alega que otorgó la libertad sin fianza a González, porque desconocía su historial delictivo y que ese récord no le fue entregado por los fiscales.

Desoyó la petición de la fiscalía para que le impusiera una fianza de $5, 000 dólares en efectivo y lo liberó bajo su propia responsabilidad, el 26 de febrero.

La familia, líderes y activistas comunitarios han criticado el hecho de que González estuviera en la calle a pesar de que había sido detenido 31 veces anteriores.

La familia de la paramédico pidió la pena de muerte para González, aunque la pena letal se abolió en 2004 en el estado de Nueva York y la máxima es cadena perpetua.

Los fiscales argumentaron el 26 de febrero en la lectura de cargos que la conducta de González mostró una “indiferencia por una orden judicial en vigor y para hacer cumplir la ley”.

Pero una fuente dijo que el juez Kirschner no tenía el registro completo de arrestos de González frente a él.

Su historia psiquiátrica nunca se planteó en la audiencia, según la transcripción de la corte. Nadie pidió un examen psiquiátrico.

“El juez sólo tenía la hoja de antecedentes penales, con ocho faltas de González, sobre todo por consumo de marihuana. Él no vio el video, que solo salió esta semana”, dijo una fuente cercana al magistrado.

Kirschner le preguntó a González si tenía otro caso abierto y el abogado del acusado respondió que no y que ese era el único.

El juez ordenó entonces que lo liberaran, hasta la audiencia en la corte al día siguiente.

“Espero que consiga lo que merece, espero que pague por lo que hizo”, dijo Kenny Robles, de 19 años, hijo de la paramédico.

Arroyo fue aplastada por las ruedas de su ambulancia. Según las autoridades, ella conducía el vehículo cuando González, de 25 años, saltó dentro y trató de manejar. La atropelló dos veces mientras la paramédico trataba de detenerlo.

Los críticos del juez coinciden en que si González no hubiera estado en las calles, la muerte de Arroyo no habría ocurrido, al menos de esa manera.

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Dictan 30 años de prisión contra hombre ocasionó muerte a otro en Samaná

SAMANÁ. El Tribunal Colegiado de Samaná impuso la pena máxima de 30 años de prisión en contra de un hombre que fue hallado culpable de haberle quitado la vida a otro y herir a una persona, en un hecho ocurrido en el municipio de Las Terrenas.

Los jueces dictaron la sentencia en contra de Juan Ramírez Montilla, quien fue declarado culpable de haber ocasionado la muerte de varios disparos de arma de fuego a Hairo Reyes Del Orbe y heridas a Héctor Rubio Féliz.

Conforme estableció el Ministerio Público en el expediente acusatorio, el hecho ocurrió en fecha 7 de enero del año 2015, durante una discusión que sostuvieron la víctima y el imputado por asuntos personales.

La Procuraduría Fiscal de Samaná demostró que el imputado violó las disposiciones contenidas en los artículos 2, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano.

Esta sentencia a pena máxima se obtiene como resultado de las acciones emprendidas para lograr mayor efectividad en las labores de persecución y la obtención de sanciones contra los inculpados de violar la ley.

10 años de prisión por abuso sexual

El Ministerio Público también consiguió que el mismo tribunal dictara una condena de 10 años de prisión en contra de Diovani Reyes, alias “El Azuano”, por abusar sexualmente en varias ocasiones de una joven con discapacidad física, cuyo nombre se omite para proteger su identidad.

Los hechos ocurrieron el pasado año. Según estableció la Fiscalía, el imputado abusaba constantemente de la víctima de 18 años de edad, tras amenazarla de muerte.

Los dictámenes establecen que en ambos casos los imputados deberán cumplir sus respectivas condenas en la cárcel pública Santa Bárbara de esta demarcación.

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Juez bloquea decreto anti-inmigración pero Trump promete batalla

HONOLULU. El nuevo decreto del presidente estadounidense Donald Trump sobre inmigrantes y refugiados de seis países musulmanes fue suspendido por un juez de Hawái, horas antes de que entrara en vigor, una decisión condenada por el mandatario que prometió una batalla judicial.

El magistrado Derrick Watson indicó que el bloqueo, valido ya en todo el país, evitaría “daños irreparables” y descartó que una apelación de emergencia pueda revertir su decisión.

“Este fallo nos hace ver débiles”, dijo Trump en un acto político en Nashville, Tennessee. “Vamos a pelear este fallo terrible, vamos a llevar este caso tan lejos sea posible, incluyendo todo el camino hasta la Corte Suprema. Vamos a ganar”, siguió.

El nuevo decreto -firmado por el presidente lejos de las cámaras de televisión hace ocho días- entraba en vigor al primer minuto del jueves. Cerraba las fronteras a los refugiados por 120 días y congelaba la entrega de visas a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días.

Irak, que había sido incluido en la lista del primer decreto, fue excluido de la versión revisada.

Trump había afirmado que la nueva orden migratoria corrige aspectos poco claros de la primera versión y que, por lo tanto confiaba, que sería prácticamente imposible que una corte lo suspendiera.

De acuerdo con la mecánica judicial estadounidense, un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicación de un decreto, en una decisión que tiene alcance nacional.

Otros dos fallos en casos similares se esperan en cortes federales de los estados de Maryland y Washington, aunque es importante destacar que ninguno de ellos podría anular la sentencia de Watson, que solo puede ser apelada en una instancia superior.

“El peligro es claro”

Trump firmó un decreto similar el 27 de enero, apenas una semana después de su investidura, pero fue bloqueada por el juez James Robart, de Seattle, ante quien una vez los estados de Washington, California, Massachusetts, Oregon, Maryland y Nueva York sometieron el caso el lunes.

Debido a que inició los procedimientos para bloquear el primer decreto migratorio de Trump, el magistrado Robart ha sido objeto de la ira del presidente, quien en la red social Twitter se refirió a él como “dizque juez”.

La decisión de Robart fue luego ratificada por una corte de apelaciones.

Aquella primera prohibición generó una monumental confusión en aeropuertos de todo el país y llevó a miles de personas a protestar en las calles.

“Yo creo que tenemos que volver al primero [el primer decreto] e ir con todo, que es lo que quería hacer en el primero. El peligro es claro, la ley es clara, la necesidad de mi orden ejecutiva es clara”, indicó Trump, que anunció igualmente que “cientos de refugiados están bajo investigación federal por razones relacionadas a terrorismo”.

El gobierno ha explicado que la decisión de restringir el acceso de ciertos extranjeros se apoya en las atribuciones presidenciales y ha reiterado que no se trata de un bloqueo con motivación religiosa.

La ley de hecho prohíbe la segregación por cuestiones religiosas.

Pero Watson escribió en su fallo que la “ilógica” del argumento era “palpable”.

E indicó que no estaría errado “concluir que poner estos países en la mira es lo mismo que poner en la mira al Islam” pues su población musulmana sobrepasa el 90%.

El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, calificó el fallo de Watson como “una nueva victoria para la Constitución y el estado de derecho”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por su siglas en inglés) celebró por su parte que “la Constitución haya puesto una vez más el freno a la vergonzosa y discriminatoria prohibición” migratoria.

Desde los atentados en Nueva York y Washington en septiembre de 2001, todos los ataques graves perpetrados en Estados Unidos fueron obra de estadounidenses o de personas provenientes de países que no son los seis ahora incluidos en el decreto presidencial.

por con Javier TOVAR en Los Ángeles / Kent NISHIMURA

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VIDEO: Juez declara inadmisible procedimiento del acuerdo entre Odebrecht y Ministerio Público

SANTO DOMINGO. El juez Alejandro Vargas declaró inadmisible el procedimiento de homologación del acuerdo usado por el Ministerio Público y la Odebrecht basado en que se precisa un “requerimiento procesal de mayor rigurosidad jurídica”, que el “el procedimiento escogido”.

En el acuerdo la compañía brasileña se comprometía a abonar 184 millones de dólares de multa por los sobornos pagados para conseguir contratos a cambio de que el ministerio público renunciara a procesar judicialmente a sus empleados.

En su decisión, el juez estableció que el criterio de la conciliación aludida por el Ministerio Público es para dirimir conflictos entre querellantes y querellados.

Aquí las bases del fallo:

Primero: “En virtud de que el instituto jurídico de la conciliación en el cual fundamentan sus pretensiones fue concebido por el legislador para dirimir conflictos entre denunciantes, víctimas, querellantes y querellados cuando los hechos que les atañen responden a la siguiente naturaleza: 1) contravenciones; 2) infracciones de acción privada; 3) infracciones de acción pública a instancia privada; 4) homicidio culposo; 5) infracciones que admiten la suspensión condicional de la pena; infracciones en las que el representante de la sociedad para proceder debe contar con el requerimiento de una instancia privada, una denuncia o una querella del ofendido; por lo que siendo así, es evidente que al recurrir a esa institución para que se homologue el Acuerdo en cuestión, el órgano de persecución penal desborda el principio de legalidad, por cuanto condiciona el ejercicio de la acción penal a un criterio de oportunidad que no le es dado en virtud de algún mandato legal e ignora, y como han reconocido ambas partes, se trata de hechos graves, y en consecuencia, requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica.

Segundo: Se ordena la devolución del acuerdo, a las partes que lo han convenido, al Ministerio Público y empresa imputada Odebrecht a fin de que lo promuevan al amparo del procedimiento establecido para los casos que comportan la gravedad de los hechos que se investigan.

Tercero: Fija la lectura íntegra de la presente decisión, para el día que contaremos al primero de marzo, del año 2017, a las diez de la mañana, valiendo la presente decisión, notificación para la misma.

Cuarto: La lectura de la presente resolución, vale notificación para las partes presentes y representadas.