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Exigen justicia por asesinatos de coronel y mensajero en Santiago

Decenas de personas realizaron este jueves una caminata en reclamo de justicia por los asesinatos del coronel retirado de la Policía Nacional, Juan Bautista Cruz Olivo, de 88 años, y del mensajero Anthony Núñez (Peñón), de 37, ocurridos por separados en la comunidad de Gurabo, al norte de Santiago.

Los manifestantes explicaron que decidieron salir a las calles a protestar de manera pacífica para que esos homicidios no queden impunes.

“Con esta manifestación nosotros queremos dejarles bien claro a la policía que no vamos a descansar hasta que apresen a los responsables de matar a Peñón y al coronel”, declaró Vianka Gómez, quien habló en representación de la Federación de Juntas de Vecinos de Gurabo.

Janet Cruz de Hernández, hija del oficial, lamentó que a más de dos meses del crimen de su padre las autoridades policiales ni del Ministerio Público han dado con el paradero de los responsables de ultimar a su progenitor.

De su lado, los parientes del mensajero dijeron esperar que la Política detenga a los culpables de matar a Anthony Núñez, para que éstos no sigan en las calles cometiendo otros crímenes.

«Nosotros necesitamos que aparecen a esos antisociales y no sigan llevando luto a otros hogares», expresó Juana Núñez, hermana de la víctima.

Los manifestantes portaban cartelones y lanzaban consignas exigiendo justicia por esos casos.

El oficial fue encontrado en estado agónico un charco de sangre con heridas en la cabeza y una oreja cortada.

Cruz Olivo falleció casi una semana a causa de trauma craneal severo, de acuerdo al certificado legal del médico forense actuante en el levantamiento.

Mientras que Anthony Núñez fue ultimado a balazos por dos personas durante un asalto en la casa de cambio Pujols, donde trabajaba como mensajero. Durante el hecho los asaltantes hirieron a otras dos personas cuando se disponían a salir del establecimiento, ubicada en la calle 5 de Gurabo.

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Realizan marcha pidiendo 30 años para sargento PN que asesino a su esposa en Damajagua

Esperanza, Valverde-. Cientos de moradores de Damajagua, acompañaron a los familiares de Yarlenis Paulino González, en una marcha-caravana reclamando justicia y 30 años de prisión contra el sargento de la Policía José Antonio Olivares, quien la ultimó de un disparo.

La manifestación inició en la comunidad del Palo de Damajagua, y culminó en la parte frontal de la Policía Nacional en el municipio de Esperanza, para pedir que al acusado de darle muerte a la que fue madre de sus hijas, sea condenado a 30 años de prisión.

Los manifestantes, portando pancartas y atuendos alusivos a su solicitud de justicia, montaron un piquete, frente a la referida dotación policial, donde fueron recibidos por el Coronel Víctor Rafael Carrasco, quien escuchó los reclamos, al tiempo de dar garantía de que su institución actuara apegado a la ley en este y cualquier caso de la especie.

Los familiares de la hoy occisa dudan que el disparo haya sido accidental y alegan que el suboficial la maltrataba y amenazaba, a la que según dijeron, mantenía en vilo y que en varias ocasiones había maltratado física y psicológicamente, llegando a golpearla y amenazarla de muerte, si daba parta a la familia y las autoridades.

Por José Luis Fernández
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Por 21 ocasión someten a la justicia a un hombre por robos, falsificación y estafa

Santo Domingo.-Su nombre es Juan Manuel Valerio Báez, tiene 46 años y ha sido apresado y sometido a la justicia en 20 ocasiones por los mismos delitos. Este es el apresamiento número 21, según informó la Policía.

Valerio Báez, es nativo de Bonao y sus fichas son por asociación de malhechores, estafa, fraude electrónico, falsificación, robo de vehículos y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Juan Manuel Valerio Báez, quien también se hace llamar Santos Florentino Brito y Rafael Dicen Muñoz, apodado “El Gordo” y “El Patrón”,  fue apresado esta vez por realizar compras con dólares falsos, de acuerdo con el informe policial. La orden de arresto 530-2018-EME-010563.

Está acusado de comprar con dólares falsos bebidas, comestibles y otros artículos en múltiples establecimientos de distintos lugares del territorio nacional.

Al ser detenido, según la Policía, Valerio Báez se desplazaba por la calle El Sol, del ensanche Isabelita, en un automóvil Hyundai Sonata N20, gris, placa A653157, que al ser registrado, las autoridades policiales actuantes ocuparon US$1,900.00 falsos, dos cédulas falsas a nombre de Santos Florentino Brito y Rafael Dicen Muñoz, con la foto del detenido, así como varios documentos bancarios.

Prontuario delictivo

El informe policial explica que Juan Manuel Valerio Báez fue sometido por primera vez  en 1997, cuando tenía 25 años, por el delito de porte y tenencia ilegal de armas de fuego. En ese año, el detenido figuraba con cinco registros policiales por ese mismo delito.

A partir de entonces fue sometido en el 2001, por falsificación de dinero; ocho registros en 2002 por organizar viajes ilegales hacia los Estados Unidos; un registro en 2003 por asociación de malhechores; uno en 2010 por robo y estafa.

Además, un registro en 2011 por falsificación de documentos y usurpación de identidad; otro en 2012 por fraude electrónico; uno 2013 por ese mismo delito; otro en 2014 por dinero falso  y el último en 2015 por robo de vehículo y falsificación.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por vigésimo primera vez, para los fines legales correspondientes.

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Educación y la ADP dejan que la Justicia decida sobre designación de directores

SANTO DOMINGO. Una hora y media fue suficiente para que el ministro de Educación, Andrés Navarro, y el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) limaran sus asperezas y dejaran en manos de la Justicia la decisión sobre la designación de los directores regionales y de distrito, efectuada por el primero.

Al final del encuentro, realizado en el Ministerio de Educación, el ministro Navarro dijo que como es un aspecto que está siendo conocido por la jurisdicción Administrativa y Contenciosa, estarán supeditados al fallo de esa instancia.

Está previsto que mañana a las 9:00 AM el Tribunal Superior Administrativo realice la audiencia que fue aplazada la pasada semana a petición de la representación del Ministerio de Educación, para conocer el expediente.

Víctor García, quien habló en representación de la ADP, debido que el presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, está de licencia médica, dijo que estarán sujetos a la sentencia que emita el tribunal, porque en las sociedades civilizadas cuando hay divergencias entre las partes, las debe dirimir la Justicia y, en este caso, ambos actores acordaron acogerse al fallo de ese tribunal.

Mientras tanto, la filial de la ADP en Santiago, aprobó hacer un paro de labores por 48 horas a partir de este martes en cuatro de sus seccionales en rechazo a la designación de los directores regionales y de distrito por parte del Ministerio de Educación.

Hoy y mañana no habrá docencia en las escuelas públicas ni en los liceos de los municipios de Santiago, Licey al Medio, Puñal y Tamboril.

La decisión fue tomada tras una asamblea de presidentes de las seccionales de las demarcaciones antes citadas, realizada en el liceo Francisco Ulises Espaillat, ubicado en el ensanche Julia, en la parte céntrica de la ciudad.

Ayer la filial de Santiago no impartió docencia debido al encuentro donde decidieron iniciar el paro de labores.

Con la decisión, la filial desobedece las directrices del Comité Ejecutivo del sindicato, que ayer, antes de acordar con el Ministro dejar a la justicia que decida sobre el tema de las designaciones de los directores regionales y distritales, informó que no habrá suspensión de la docencia.

Otros temas

Otros puntos tratados en el encuentro entre los profesores y el ministro Navarro fue reactivar desde hoy las comisiones mixtas para dar continuidad a los 22 puntos del acuerdo firmado entre la ADP y Educación en marzo de 2017.

Las comisiones trabajarán una serie de aspectos laborales, como el tema de los viáticos para los maestros que trabajan en zonas remotas del país y deben desplazarse toda una semana para impartir la docencia y el derecho laboral de las maestras embarazadas y el pago de la licencia post parto, así como mejoría de las infraestructuras escolares en todo el país.

Encuentros con el MAP

El ministro Navarro se reunió ayer también con el titular de Administración Pública (MAP), Ramón Ventura Camejo, en respuesta a una solicitud de éste para ayudar a esclarecer las interpretaciones sobre la Ley de Educación que han dado tanto el Ministerio como la ADP en torno a la designación de los directores regionales. Ventura Camejo también se reunirá hoy a las 9:00 de la mañana con la directiva del gremio docente.

Educa pide priorizar clases

En atención a la coincidencia de los principales referentes del derecho en el país a que los profesores respeten el calendario escolar y no suspendan las clases, Acción por la Educación (Educa) exhorta a las autoridades judiciales a pronunciarse de oficio sobre este hecho que todos los años afecta a los estudiantes de las escuelas públicas. También llama a los educacores a capitalizar los esfuerzos del presupuesto en mejores aprendizajes.
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Médicos y clínicas enfrentarán en justicia “trabas” de Seguridad Social

Santo Domingo.-El Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) elevarán ante el Tribunal Constitucional un Recurso de Amparo para que declaren inconstitucionales diferentes aspectos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que califican de “trabas” contra prestadores y afiliados, y que sólo benefician al sector financiero.

Además, sometieron junto a las sociedades médicas especializadas un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo para que declare ilegal la resolución emitida recientemente por el Ministerio de Salud que tipifica faltas y sanciones a centros y personal de salud por muertes maternas o infantiles evitables, tras entender que con esa resolución se busca intimidar al personal de salud, ya que existen leyes regulatorias al respecto.

Esas y otras revelaciones sobre el sistema de salud dominicano fueron hechas por los presidentes del CMD y Andeclip, Wilson Roa y Rafael Mena, respectivamente, así como por los dirigentes Santos Ramírez, Julio Landrón y Luis Díaz, durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, encabezado por su director, Miguel Franjul.

Explicaron que pedirán declarar inconstitucional el Plan de Servicios de Salud (PDSS) que define el catálogo de prestaciones del Seguro Familiar de Salud (SFS), ya que desde su inicio es violatorio a lo establecido en la Ley 87-01 de Seguridad Social, que concebía un Plan Básico de Salud. El PDSS, aseguran, se creó en el 2007 de una manera transitoria, por un año, pero que aún se mantiene, dejando de lado el derecho a la salud.

Otra de las “fallas” del SDSS que pedirán sean enfrentadas es el papel preponderante que entienden se les da a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), ya que actualmente son las que definen el empleo médico privado; las que certifican los procedimientos clínicos y el tratamiento medicamentoso a aplicar al paciente afiliado.

Dijeron que las ARS  tampoco hacen las adecuaciones y revisiones a las tarifas y honorarios médicos, pese a que han recibido 10 ajustes de la cápita desde que inició el sistema y que lo mismo ocurre con los centros de salud que pese a que la ley establece la indexación acorde al índice de inflación acumulada establecido por el Banco Central, eso nunca se ha hecho tomando eso como base.

Señalaron que el principio de la libre elección también se ha violentado, porque el afiliado está obligado a acudir a los prestadores que las ARS decidan, y que además mientras niegan cobertura al aseguramiento básico, han creado planes complementarios, cuyos costos elevan cada año, sin que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) actúe al respecto.

Criticaron que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) se mantiene de espaldas a la problemática del PDSS, a pesar de que 90% de los afiliados tiene plan básico y que sólo 10% tiene contratados planes complementarios.

Otras de las violaciones, señaladas, es que la legislación establece que los pagos de las facturas presentadas por servicios prestados a los afiliados se hagan en un período de 10 días, pero que se hacen entre 60 y 90 días después de presentada la factura.


SUGIEREN ELIMINAR PODER DE VETO

Los dirigentes del CMD y de Andeclip entienden que para hacer las transformaciones que requiere el sistema de salud y de seguridad social en el país se necesita de voluntad política y modificar la ley,  empezando para quitarle al empresariado el poder de veto que le otorga y que ese recurso quede en manos del Estado.

Esto, señalan, porque el sector financiero sólo piensa en sus intereses, y hasta que no ve saciadas sus arcas, no entiende de otro idioma.

Además de invertir en la salud, ya que República Dominicana es el tercer país de la región que destina menos gasto a la salud, y un bajo porcentaje del Producto Interno Bruto, lo cual debe ir acompañado de una gerencia efectiva.

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Someten a la Justicia a dos policías por homicidio en Santo Domingo Oeste

SANTO DOMINGO. Dos agentes de la Policía Nacional serán sometido a la justicia mañana acusados de haber abusado de su autoridad y disparar en contra de un hombre que posteriormente esposaron en una escalera donde murió desangrado, según precisa en la querella que hizo la familia del occiso.

El sometimiento es contra el cabo Joselín Velázquez Santana y el raso Julio Alberto Montero De Óleo, quienes están implicados en la muerte del “presunto delincuente Jonathan Santiago Santana”, también conocido como Jonito, de 33 años de edad.

El vocero policial, Frank Félix Durán Mejía, dijo en rueda de prensa que la Dirección Central de Asuntos Internos determinó mediante una investigación “que los agentes cometieron excesos en sus actuaciones en contra de Santiago Santana y aplicaron un mal procedimiento de los reglamentos policiales”.

Sin embargo, la Policía Nacional también reveló que Santiago Santana había tenido varios problemas judiciales.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Santiago Santana figura en los archivos policiales con varios registros por venta de estupefacientes y robos a mano armada.

Luego de revelar esos detalles, el portavoz de la Policía Nacional precisó que el director general del cuerpo del orden, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, ha dado instrucciones precisas de que los policías que incurran en faltas sean enviados a la justicia.

Acusan a los agentes

Residentes en el barrio Duarte, de Herrera, reiteraron que los agentes señalados como los responsables del homicidio ocurrido el pasado domingo, fueron al sector en busca de cobrar “peajes” a personas que delinquen en la zona para permitirles operar, pero dicen que el joven no cometía actos reñidos con la ley.

Piden revisión de la Policía en Santo Domingo Oeste

Luego de querellarse contra los agentes policiales, los familiares de Jonathan Santiago se hicieron acompañar de un grupo de allegados y se manifestaron con pancartas frente a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste pidiendo justicia. El padre, la madre y un hermano de la víctima deploraron la actuación de los Policías y solicitaron de las autoridades hacer “una limpieza” en la dotación policial de Santo Domingo Oeste, por considerar que está “podrida de policías delincuentes”. En las pancartas se leían escritos de “queremos justicia”, “que paguen los criminales”.
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Juez reenvía audiencia caso Odebrecht tras acoger un primer incidente

SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, reenvió ayer para el próximo viernes el conocimiento de la audiencia de solicitud de ampliación de plazo hecha por el Ministerio Público para la investigación del caso Odebrecht.

La audiencia fue suspendida a los fines de que los fiscales y los imputados del proceso tomen conocimiento de cuatro pruebas documentales depositadas por el procesado Andrés Bautista García.

El juez Ortega explicó en su resolución, que Bautista García sólo depositó un ejemplar de las pruebas que deberán ser reproducidas y notificadas a todos los encartados, y que el 5 de febrero, día en que las depositó en la Secretaría General de la Suprema Corte, sólo se pudo notificar a la Procuraduría General de la República.

Según la instancia del expresidente del Senado, los audios son de declaraciones de prensa hechas por el procurador Jean Alain Rodríguez, con las cuales probará la fecha del inicio formal de la investigación por los US$92 millones que admitió haber pagado la empresa brasileña en sobornos para ser favorecida con obras del Estado.

El Ministerio Público dijo que la defensa de Andrés Bautista buscaba incidentar el proceso al depositar un día antes de la audiencia las pruebas audiovisuales, por lo que pidió que se le otorgue un plazo razonable para no sólo conocerlas, sino también elaborar la respuesta a las mismas.

Carlos Salcedo, abogado del imputado, rechazó lo argumentado por el fiscal Milcíades Guzmán, y dijo que está de acuerdo en que se le otorgue el tiempo necesario para referirse al respecto. Los abogados de los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, Víctor Díaz Rúa, Bernardo Castellanos, Radhamés Segura y César Sánchez no se opusieron al pedimento del órgano investigador.

En tanto que los representantes legales del diputado Alfredo Pacheco, Juan Temístocles Montás, Ruddy González, Conrado Pittaluga y Ángel Rondón Rijo pedían que se diera un receso de horas al Ministerio Público ya que las pruebas deberán ser reproducidas y debatidas en audiencia.

Algunos de los abogados dieron por conocidas las informaciones que están en los cuatro CD depositados por el abogado Salcedo.

Favorecen pedido

El senador César Valentín dijo que la ampliación de plazo solicitada por el Procurador le favorecerá para demostrar su “absoluta inocencia”.

En tanto que el empresario Rondón Rijo explicó que él también solicitó informaciones o diligencias de investigación a la Procuraduría, por lo que no se opone a que le den más tiempo para investigar.

“Nosotros de modo alguno podemos oponernos a que el Procurador pida una prórroga porque yo soy el más llamado a que el Procurador busque pruebas contundentes como él ha dicho, pero pruebas no solamente para acusar, también para descargar”, expresó.

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Venezolana que habría sido violada por 8 dominicanos en Santiago exige justicia

Santo Domingo.-Una venezolana que denunció haber sido violada por al menos ocho dominicanos en un terreno baldío en el sector Licey al Medio, Santiago, exige a las autoridades que les pongan más atención a su caso para que se haga justicia.

La dama denunció que su caso ha tenido poca atención y negligencia por parte de la fiscal de esa ciudad que lleva el caso, pese a las pruebas que ha aportado, por lo que exige que se haga justicia con su situación, para que esto no le pase a otras mujeres.

En un video la joven explica que la fiscal solo se limitó a enviarla al Instituto Nacional de Patología Forense en Santiago para certificar la violación, y que desde entonces no le ha dicho más nada, solo que “están trabajando en el caso”.

La fémina cuenta que el hecho ocurrió porque accedió a recibir una “bola” en un motor cuando salía de su trabajo, por alguien que ella conocía, pero que luego este la intercambió con otra persona al cual ella nunca había visto, y que la llevo al solar donde realizaron la violación.

“Me resistí pero no pude, dos de ellos me violaron sin preservativos, y ahora me tengo que poner una retroviral, cuatro usaron condón y otros dos me lo hicieron por la boca porque empecé a gritar que VIH a ver si me dejaban”, narra la fémina en el video.

El hecho habría ocurrido el pasado viernes 8 de diciembre, y la joven solicita ayuda de la embajada venezolana en el país, porque también le robaron sus pertenencias y documentos y afirma desesperanzada “me quiero ir a mi país porque me han violado, me han robado y me han tratado mal”.

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Justicia panameña juzga a dominicano por el asesinato de 5 de sus ciudadanos

Panamá.-El dominicano Gilberto Ventura Ceballos se declaró hoy inocente del homicidio entre 2010 y 2011 de cinco jóvenes panameños, en una audiencia de juicio en la que la Fiscalía pidió que sea condenado por esos crímenes.

La audiencia comenzó este jueves pasadas las 09:30 hora local (14.30 GMT) en el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en la capital, y luego de más de 12 horas seguía desarrollándose, dijo a Efe una fuente del Órgano Judicial.

Ventura Ceballos se declaró inocente ante las 3 magistradas que conforman el tribunal y que decidirán sobre la inocencia o culpabilidad del imputado, así como la imposición de la sentencia a la que haya lugar.

Por su parte, el fiscal Superior, Julio Villarreal, solicitó a las magistradas en la fase de alegatos la condena para Gilberto Ventura Ceballos por los delitos de secuestro y homicidio, informó el Ministerio Público (MP-Fiscalía).

El nuevo defensor del dominicano, Rogelio Cruz, pidió esta mañana la suspensión de la audiencia, alegando que no había podido prepararse para la defensa, pero las magistradas negaron esa solicitud, informó el Órgano Judicial a través de su cuenta en Twitter.

El 26 de octubre pasado el Tribunal había suspendido la audiencia de juicio debido a que Ventura Ceballos renunció a su defensa pública.

Ventura Ceballos es acusado del homicidio doloso y secuestro de Yessenia Argelis Loo Kam, Yong Jian Wu, Samy Zeng Chen, Joel Maurio Liu Wong y Georgina del Carmen Lee Chen.

El dominicano fue recapturado el pasado 22 de septiembre en Costa Rica, luego de que se fugara en diciembre de 2016 de una cárcel en Panamá.

Tras ser nuevamente detenido, se reactivó el proceso judicial por los crímenes de los cinco jóvenes panameños, un suceso que en su momento conmocionó a La Chorrera, donde tuvo lugar, y por el que ya fueron procesados los otros implicados, entre ellos 4 panameños, de acuerdo con la información judicial.

Ventura Ceballos fue imputado el pasado 29 de septiembre por el delito de evasión de una cárcel y asociación ilícita para delinquir.

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Plan de acogida de refugiados en la UE enfrenta decisión de justicia europea

BRUSELAS. La justicia europea se pronunciará el miércoles sobre la legalidad del plan de reubicación de refugiados en la Unión Europea, aprobado en plena crisis migratoria en 2015 pese a la fuerte oposición de países de la exórbita soviética.

En 2015, más de un millón de migrantes, en gran parte sirios huyendo de la guerra en su país, llegaron por mar a Grecia e Italia en la mayor crisis migratoria en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Para enfrentar esa importante llegada de migrantes, los 28 aprobaron en septiembre de ese año un plan bienal para repartirse en base a cuotas hasta 160.000 solicitantes de asilo llegados a ambos países mediterráneos.

Pero este plan que debía encarnar la solidaridad europea sacó a relucir las diferencias entre países, especialmente la oposición de los del Este. Hungría y Eslovaquia pidieron incluso su anulación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El alto tribunal se pronunciará el miércoles, si bien la decisión podría suponer un jarro de agua fría para estos países si los magistrados siguen la opinión del abogado general —como suele suceder— y rechazan sus recursos.

En sus conclusiones, el abogado general Yves Bot instó a finales de julio a rechazar los recursos, defendiendo a su vez que el plan es legal y contribuye “de forma efectiva y proporcionada” a la gestión de la crisis migratoria.

Hungría y Eslovaquia, que durante el proceso ante el TJUE contaron con el apoyo de Polonia, justificaban que este mecanismo adoptado por el Consejo de la UE era una respuesta insuficiente a la llegada de migrantes.

Sobre la escasa eficacia del plan, el abogado general apuntó a la responsabilidad de algunos países, como Hungría o Polonia, que no acogieron a ningún refugiado en el marco de este plan o de otros, como República Checa, que no hicieron los esfuerzos suficientes.

Esperada sentencia

A punto de cumplirse los dos años del plan, menos de 28.000 personas se trasladaron hasta el pasado 31 de agosto desde Italia y Grecia a otros países del bloque, lejos del objetivo inicial.

Y, según la Comisión Europea, sólo unas 5.000 personas en Grecia y algunos miles en Italia cumplirían con los requisitos para su reubicación, es decir, ser demandantes de asilo con posibilidades de obtener protección.

De las 160.000 reubicaciones previstas inicialmente, un tercio aproximadamente se asignó al pacto firmado en marzo de 2016 con Turquía, que se comprometió a acoger a refugiados sirios a cambio de ayuda económica, entre otros compromisos.

Desde entonces la llegada de migrantes a Grecia desde Turquía cayó de manera drástica, convirtiéndose la ruta hacia Italia, conocida como Mediterráneo Central, en la principal, si bien los migrantes que la toman no cumplen en su mayoría con los criterios de las reubicaciones.

El fallo del TJUE es muy esperado en el bloque, máxime cuando Bruselas decidió en junio iniciar acciones contra Hungría, Polonia y República Checa por su negativa a acoger refugiados e incumplir así la legislación comunitaria, que podrían saldarse con duras sanciones económicas.

Esta decisión aumentó la desconfianza de Varsovia y Budapest con la Comisión Europea, en un momento en que el bloque hace frente a la negociación de divorcio con Reino Unido, que en marzo de 2019 podría convertirse en el primer país en abandonar el proyecto europeo en seis décadas de historia.

El gobierno polaco, que mantiene un duro enfrentamiento con Bruselas por la controvertida reforma de su sistema judicial, consideró “ilegales” estos procesos sancionadores, mientras que Budapest los calificó de “chantaje”.

por Toni CERDÀ

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Lula se convierte en primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

SAO PAULO. Luiz Inácio Lula da Silva, el líder más popular que ha tenido Brasil en las últimas décadas, se convirtió ayer en el primer expresidente condenado penalmente por la Justicia de un país que desde hace más de tres años lidia con escándalos de corrupción en las altas esferas del poder.

El exmandatario, de 71 años, fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, aunque no se decretó su prisión preventiva pues la pena aún deberá ser confirmada por un tribunal superior.

La sentencia fue proferida por el juez federal Sergio Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras, quien halló culpable a Lula de beneficiarse de la gigantesca trama corrupta que desvió millones en la estatal petrolera.

El magistrado da por comprobado que el expresidente recibió 2,25 millones de reales (unos 700.000 dólares) en concepto de sobornos, los cuales se habrían materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.

Moro añadió en el auto que Lula “faltó a la verdad de los hechos en sus declaraciones”, en las cuales negó ser el verdadero dueño del inmueble y que lo recibió a cambio de favorecer a la constructora OAS, implicada en la trama.

“Es lamentable que un expresidente de la República sea condenado criminalmente, pero la culpa de eso son los crímenes por él practicados y no la regular aplicación de la ley”, escribió Moro en la sentencia y añadió que prevaleció el principio de “no importa cuán alto seas, la ley siempre está encima de ti”.

Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y responderá en libertad a la espera de que una instancia superior se pronuncie sobre el proceso, uno de los cinco que tiene abiertos con la Justicia, la mayoría relacionados con el caso Petrobras, que ha enviado a prisión a decenas de políticos de todo el arco ideológico y empresarios.

Moro explicó en su sentencia que no ordenó una prisión cautelar del líder del Partido de los Trabajadores (PT) por “prudencia” y para evitar “ciertos traumas”, pese a “los episodios de orientación a terceros para la destrucción de pruebas (que atribuye a Lula)”.

Asimismo, en su auto prohibió a Lula ocupar cargo o función pública por 19 años, en caso de que la sentencia sea ratificada, y le impuso una multa adicional de 669.700 reales (unos 200.000 dólares) por los crímenes supuestamente cometidos.

Al ser una condena en primera instancia, Lula mantiene intacta, hasta tanto se ratifique la sentencia, la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales previstas para 2018, a las que ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de presentarse.

La justicia superior deberá pronunciarse sobre el caso a mediados o fines del año próximo, lo que coincidiría con la campaña electoral.

La defensa de Lula dijo este miércoles que la condena es “especulativa” y afirmó que las pruebas que demostraban su inocencia fueron “ignoradas” y tratadas “superficialmente”.

El Partido de los Trabajadores (PT), en el que Lula participó de su fundación en 1980, rechazó la sentencia “sin pruebas” contra su líder y la calificó de “vergonzosa”, según publicó en redes sociales la presidenta de la formación, Gleisi Hoffmann.

La exmandataria brasileña Dilma Rousseff, destituida el año pasado por supuestas irregularidades fiscales, dijo de su antecesor en el cargo y padrino político que es “inocente” y que “el pueblo lo rescatará en 2018”.

Por otro lado, en las calles de Sao Paulo, manifestantes a favor y en contra de Lula salieron a protestar y la Policía tuvo que intervenir con bloqueos para evitar posibles enfrentamientos.

No obstante, los problemas de Lula con la Justicia no se reducen a los cinco juicios abiertos, ya que podría llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Fiscalía con base en confesiones hechas por exdirectivos del grupo Odebrecht.

Igualmente también está salpicado por revelaciones a la Justicia de ejecutivos del grupo JBS, que lo acusan de haber recibido la suma de 50 millones de dólares en supuestos sobornos que habrían sido depositados en diversas cuentas bancarias abiertas en el exterior.

La sentencia contra Lula se convierte en la más simbólica de todas las que ya han sido proferidas por los múltiples escándalos de corrupción que han estallado en Brasil en los últimos tres años, algunos de los cuales han traspasado las fronteras nacionales y contagiado a otros países en Latinoamérica.

Todos los expresidentes vivos desde el restablecimiento de la democracia (José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) han sido salpicados por la corrupción.

Incluso está implicado el actual mandatario, Michel Temer, a quien la Fiscalía denunció en junio pasado por un supuesto delito de corrupción pasiva que amenaza con desalojarle del poder, lo que dejaría a Brasil sumido en una deriva institucional que no parece tener fin.

Carlos Meneses Sánchez

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El caso de Juan Comprés evidenció la fragilidad de sistema de enjuiciamiento

SANTO DOMINGO. El apresamiento y sometimiento a la justicia del dirigente del movimiento popular “Los Peregrinos de Moca”, Juan Comprés (Guanchy), por presunta posesión de droga y la libertad pura y simple dictada en su favor por un juez de ese distrito judicial, evidenció lo débil y permeable que es el sistema de enjuiciamiento penal en el país.

Así lo consideran varios juristas abordados por Diario Libre sobre qué puso en evidencia la orden de libertad y extinción de la acción penal emitida por el juez de la Oficina de Atención Permanente, Anderson Cuevas, debido a la mala actuación de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Dos hechos: la suspensión de los agentes policiales que apresaron y golpearon al dirigente de “Los Peregrinos” en una calle de Moca, provincia Espaillat y la orden dada por el Procurador General de la República a los fiscales de dicha demarcación para que no pidieran prisión preventiva como medida de coerción, como habían anunciado previamente, dejaron entrever que los llamados a hacer cumplir la ley, no actuaron apegados al “debido proceso”.

El magistrado Cuevas jugó su rol como “escudo protector entre el formidable poder del aparato estatal y el individuo disminuido que resiste ese formidable poder”, al anular la actuación de la Policía y el Ministerio Público, expresó el abogado Félix Damián Olivares.

Agregó que la importancia de la decisión radica en el efecto disuasivo que tiene sobre las prácticas ilícitas policiales y fiscales en la investigación.

“Resulta penoso lo fácil que puede ser manipular el fundamento probatorio de una imputación. La pregunta sería: ¿Cuántas personas que no tienen la dicha de gozar del respaldo de una comunidad, habrán pasado por lo mismo?”, cuestionó Manuel Fermín Cabral.

Para los letrados esto, como lo fue en su momento el video donde se observó a un fiscal de Ocoa colocar una pistola debajo de un colchón mientras realizaba un allanamiento, son pruebas fehacientes de lo que a diario se denuncia.

“Por años hemos venido denunciando de parte de los actores del proceso investigativo, la deleznable práctica de plantar pruebas. No sólo en materia de drogas, que es el caso más abundante en nuestros barrios, sino en crímenes de sangre y otros delitos”, expresó Valentín Medrano.

Plutarco Jáquez dijo que el caso Comprés demostró que la policía sigue traficando con drogas y de esa le colocan a las personas, pero que lo más lamentable, en algunos casos, es que los jueces condenan a imputados con un simple acto de un agente que actuó en complicidad con el Ministerio Público, sin exigir otro medio de prueba.

“En este caso, la razón y el derecho se impuso, y quedó demostrada la absoluta independencia de este juez”, refirió Danilo Lapaix.

Interrogatorio

Las comisiones designadas por la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional interrogaron ayer por más de cinco horas a los siete agentes, cuyos rangos se desconocen, involucrados en el escándalo del peregrino Juan Comprés.

Los interrogatorios se llevaron a cabo en la segunda planta del edificio de la Policía Nacional de Moca, provincia Espaillat, donde también fue interrogado por varias horas el peregrino Comprés, a quien le fueron devueltos sus documentos personales y el vehículo en que viajaba al momento de su detención.

Sustituyen a comandante

Un nuevo coronel fue posesionado anoche en la Comandancia de la Policía Nacional de Moca, luego del incidente con el dirigente popular de Los Peregrinos de aquí, Juan Comprés (Guanchy).

Se trata del coronel José Veloz García, quien sustituye al también coronel Nelson Valenzuela Madera, señalado por Guanchy y sus abogados como una de las personas que trató de incriminarlo colocándole un paquete de cocaína. El nuevo comandante fue presentado por miembros de la comisión designada por el director de la Policía, que investigan ese caso.

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Someterán a la justicia a los que publicaron vídeos de jóvenes maeñas en redes sociales

Mao, Valverde.- Una fuente de entero crédito informó la mañana de este miércoles que autoridades del ministerio público y de la policía estarían profundizando las investigaciones y su posterior sometimientos a la justicia de los responsables de la publicación de varios vídeos eróticos en las Redes Sociales que involucran a dos jóvenes mujeres de esta ciudad, por violación a la ley 53-07 sobre por delitos cibernéticos.

La fuente dijo, que la agravante de este caso está en que los infractores actuaron con entusiasmo de colgar los vídeos de contenido sexual de esas jóvenes en las redes sociales con la intensión y el propósito de dañar, pero que esta acción corresponde a una “desenfrenada exposición de actividades sexuales sin pudor ni freno”. lo que debe ser sancionada de manera ejemplar, ya que a las facilidades conque cuenta la sociedad de hoy de publicar cualquier actividad del tipo que sea, en las herramientas que proveen las nuevas tecnologías de la comunicación, debe tener duras consecuencias.

La fuente informó que las autoridades están investigando la procedencia original de los videos publicados el día de ayer en las redes sociales donde se muestran a una pareja realizando actividades de índole erótico.

Argumentó que ha sido una costumbre que desaprensivos utilicen las redes sociales para publicar videos eróticos donde se muestran jóvenes y adolescentes practicado el sexo, fuera de las normas y las costumbres de la sociedad, pero lo que serán sometidos a la acción de la justicia los responsables.

Subir vídeos sexuales tiene implicaciones legales

Sentenció la fuente que “Hay que acabar con este relajo, No todo es chercha y ganas de joderle la vida a los demás, hay cosas prohibidas. La Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología establece en su artículo 24 la prohibición de colgar de manera pública en las tecnologías de la comunicación (TICS) grabaciones audiovisuales que impliquen prácticas sexuales entre niños y adolescentes cualquier tipo. Puedes estar seguro que las sanciones de esta Ley te llevarían a la cárcel” concluyó.

Por Nelson Mercado
Hablando Claro

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Convocan marcha reclamando esclarecer muerte de agricultor en Damajagua

Esperanza, Valverde-. Organizaciones de la comunidad del Palo de Damajagua, en el distrito municipal de Maizal, organizan para este viernes una marcha y un encendido de velas reclamando esclarecer la muerte del señor Benito Pérez Martínez.

Informaciones obtenidas dan cuenta de que la marcha se realizará a las 4:30 de la tarde; y que en horas de la noche se llevará a cabo un encendido de velas.

Los residentes en dicha comunidad reclaman el esclarecimiento del asesinato de Pérez Martínez, quien fue ultimado de un disparo en la cabeza la madrugada del día tres del corriente mes, y una hermana suya golpeada y violada.

Los organizadores de la marcha dijeron que en esa zona se vive en estado de zozobra debido a los hechos delictivos que se vienen cometiendo sin que la Policía de con los responsables.

Por José Luis Fernández
Noticias de la Linea

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Apresan tres en el Municipio de Esperanza, según la policía estaban siendo buscado activamente por diversos delitos

Esperanza, Valverde.-Fueron sometidos a la acción de la justicia tres elementos que  presuntamente tenían un rosario delictivo en esta ciudad de Esperanza.
El apresamiento de los nombrados Amarfy,  Kiko y un tercero sin identificar, se produjo mediante operativos policiales realizados en este municipio, ya que desde hace varios días estaban siendo activamente buscados por las autoridades.
Estos supuestos atracadores tienen varias órdenes de arresto, por lo que fueron puestos a disposición de la justicia para que respondan por las acusaciones que se les imputan.
De acuerdo a los datos facilitados por la policía, los tres sujetos detenidos eran buscados por los órganos judiciales y policiales, por la supuesta participación en múltiples delitos en  en este municipio.
Por Eduar Espinal
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Gobierno pone ante justicia caso corrupción en el CEA

Santo Domingo.-El presidente Danilo Medina dispuso ayer  someter al Ministerio Público los resultados de las investigaciones que hizo la comisión respecto  al caso del asesinato de los dos locutores en San Pedro de Macorís, provocado por la venta irregular de terrenos en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

La disposición fue dada por el jefe del Estado tras acoger  todas las recomendaciones  que hizo la comisión y de ordenar su ejecución inmediata.

La Comisión recomendó, entre otras cosas, designar otro director del CEA, por entender que en las ventas de los terrenos se cometieron irregularidades, entre ellas la venta de un mismo predio a  personas diferentes.

A través de un comunicado, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicó que el presidente dispuso la ejecución inmediata de todas las recomendaciones.

“El presidente Danilo Medina acogió y ordenó la ejecución inmediata de todas las recomendaciones que hizo ayer la comisión encargada de investigar la venta de terrenos de Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en San Pedro de Macorís”, precisa.

La comisión, que encabeza el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, dio a conocer el informe el pasado miércoles, seis días después del plazo que establece el decreto  mediante el   cual el Presidente la designó.

“Le informamos al país que el presidente Danilo Medina ha decidido acoger todas las recomendaciones realizadas por esta comisión, las cuales comenzarán a ejecutarse de forma inmediata”, expresó Montalvo.

Montalvo adelantó que ayer mismo  la comisión puso el caso a disposición del Ministerio Público para que determine si quedó comprometida la responsabilidad penal de cualquier actor público o privado, con la finalidad de que actúe en consecuencia.

Flavio Darío Espinal, quien encabeza la comisión, que integran, además, Lidio Cadet y José Dantés, también  recomendó hacer un levantamiento de los bienes a cargo del CEA, informe que deberá ser entregado al mandatario.

El grupo designado para investigar la venta de terrenos del CEA surgió por el asesinato de los locutores Leonardo Martínez y Luis Manuel Medina, mientras transmitían en vivo un programa radial en San Pedro de Macorís.

Además de la destitución del director general del CEA, la  Comisión  también recomendó   la sustitución del gerente en la región Este, así como la intervención de la institución por parte de la Contraloría  General de la República.


UNOS TERRENOS VENDIDOS DOS VECES

El informe  revela  que a José Rodríguez, presunto asesino de los comunicadores Leonardo Martínez y Luis Manuel Medina, y quien posteriormente se suicidó,  el CEA le vendió 75 tareas dentro de las parcelas 15™ del Distrito Catastral 16/4 del municipio San Pedro de Macorís, otra porción de 75 tareas en la parcela 649 del Distrito Catastral 1 en Ramón Santana, que de acuerdo al informe no existe, y un tercer terreno de 45 tareas en la misma parcela.

Destaca que a la luz de los lamentables y estremecedores acontecimientos que tuvieron lugar en San Pedro de Macorís, y otras denuncias recibidas por la Comisión en esa demarcación, la nueva Dirección Ejecutiva del CEA proceda a tomar  control de la gerencia en el Este hasta instalar un nuevo personal que asuma la tarea de abordar los múltiples y graves problemas que afectan a la región respecto a la compraventa de terrenos del CEA.  A Rodríguez le adeudaban más de 600,000 pesos. Solo existe constancia de que a la víctima de estafa le devolvieron 119,000 pesos. “Se recomienda que la nueva Dirección Ejecutiva del CEA designe nuevos titulares en las gerencias inmobiliarias de las zonas Este, Boca Chica y Hato Nuevo”, dice el informe.

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Procurador solicita sometimiento a la justicia de policía que abofeteó una mujer en Puerto Plata

SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Rodríguez, solicitó que sea suspendido y puesto a disposición del Ministerio Público, para ser sometido a la justicia, el segundo teniente José Manuel Peña Familia, adscrito a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Puerto Plata, quien golpeó a una mujer que se resistió a un arresto en el interior del edificio, conforme se evidencia en imágenes de vídeo captadas por un ciudadano.

Según un comunicado de prensa enviado, el procurador general hizo la petición al director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, a través del fiscal titular de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, quien luego que concluya las diligencias, que realiza sobre este caso, procederá con la solicitud de imposición de medidas de coerción.

Jean Rodríguez ha sido enfático en señalar que hombre que le ponga la mano a una mujer va preso y reitera que ni en este caso ni en ningún otro habrá excepciones.

“Se trata de un hecho desproporcional, que aun haya existido una provocación, no se debió generar una agresión y se han violentado los derechos de una mujer, por lo que inmediatamente el Ministerio Público termine las indagatorias que realiza en torno al caso, procederemos a la solicitud de coerción”, expresa la Procuraduría General en un comunicado de prensa.

La mujer, cuyo nombre se omite para proteger su identidad, habría comparecido supuestamente a una cita con su pareja y a su salida se ordenó su detención, a lo que ella se resistió. En esas circunstancias, entre el agente Peña Familia y la señora, se originó un incidente en el que esta fue abofeteada por el oficial.

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Dice son contundentes pruebas caso Tucano

Santo Domingo.-El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró ayer que el ministerio público tiene “pruebas contundentes” para demostrar el involucramiento de los imputados en el pago de sobornos para el contrato de compra a Brasil de ocho aviones Súper Tucano.

Dijo que durante el proceso investigativo el ministerio público ha recibido la colaboración de las autoridades de Estados Unidos y Brasil, lo que ha permitido fortalecer y ampliar las indagatorias.

Destacó que siguen avanzando en las investigaciones y en la estructuración del expediente en contra de los imputados por la compra de los Super Tucano, para lo cual se habrían otorgado sobornos por US$3.5 millones.  Expresó que en este caso no se ha llegado a ningún acuerdo con los imputados ni se ha contemplado el mismo dentro de las acciones programadas. “La Procuraduría trabaja para que se castiguen los hechos de corrupción y toda acción que perjudique el bienestar y el desarrollo del país”, enfatizó el Procurador.

Sostuvo que con relación al caso se ha realizado un significativo número de allanamientos a escala nacional, durante los cuales se ha logrado obtener importantes hallazgos para sustentar el expediente de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

Rodríguez dijo que con las diligencias procuran obtener los mejores resultados, mediante pruebas fehacientes que les permitan demostrar los hechos imputados y que haya sanción.

Indicó que según se ha establecido, el soborno entregado por la empresa aeronáutica brasileña Embraer, asciende a unos US$3,520,000, que ingresaron por partidas al país a través de varias empresas.

Involucrados
Se recuerda que el ministerio público logró en agosto del pasado año que ese caso fuera declarado complejo y que fueran impuestas diferentes medidas de coerción en contra de los implicados, incluyendo la prisión preventiva en contra del coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Carlos Piccini.

Mientras que en cuanto al exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, y a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, se les impuso como coerción presentación periódica e impedimento de salida del país.

Para el próximo 10 abril, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá una solicitud de revisión obligatoria de la coerción al coronel Piccini, empero, el ministerio público dice estar preparado para lograr que se mantenga la prisión preventiva.

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ADQUISICIÓN DE LOS AVIONES EN BRASIL

EL COSTO OPERACIONAL DE LAS AERONAVES: El proyecto fue impulsado por las Fuerzas Armadas, que defendió la necesidad de adquirir los aviones para resguardar el espacio aéreo y las costas nacionales ante el avance del narcotráfico internacional, que utiliza al país como puente de sus operaciones.

Cada una de las naves de cuarta generación que fueron compradas a la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), por US$93 millones, para combatir el narcotráfico y otras misiones, tiene en las alas una ametralladora 50 que hace entre 350 y 450 disparos por minuto, y espacios para otros armamentos.

El costo operacional de las naves es de US$430 por hora de vuelo. Detalló que de los US$93 millones cotizados por Embraer, el costo de cada aeronave fue US$8.8 millones; US$15 millones fueron por paquete logístico, US$5 millones de armamento y radio, y US$1 millón por entrenamiento.

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Renuncia el ministro de Justicia rumano tras ola de manifestaciones

BUCAREST. El ministro de Justicia rumano, Florin Iordache, anunció su dimisión este jueves, tras la ola de protestas populares, sin precedentes desde la caída del comunismo, contra un decreto del gobierno que flexibilizaba la legislación anticorrupción.

“Decidí presentar mi renuncia”, declaró Iordache, quien fuera uno de los artífices del decreto promulgado el 31 de enero por el gobierno, que finalmente lo abrogó el domingo ante la amplitud de las manifestaciones.

Medio millón de rumanos se lanzaron a las calles de las grandes ciudades del país para manifestarse contra la voluntad del gobierno socialdemócrata, que entró en funciones el 4 de enero, de despenalizar ciertas formas de abusos de poder por parte de los dirigentes y responsables políticos. Esta medida fue también muy criticada por la Unión Europea (UE).

“Desde que llegué al ministerio de Justicia, he realizado todas las gestiones necesarias para remediar una serie de problemas sensibles (…) Todas mis iniciativas han sido legales y constitucionales”, se defendió Iordache durante una conferencia de prensa en la sede del gobierno rumano.

Florin Iordache, de 56 años de edad, se convirtió en ministro de Justicia tras haber trabajado como ingeniero en una fábrica de muebles, habiendo sido entre medio alcalde y diputado.

El gobierno aún no comunicó el nombre de su sucesor al frente de la cartera.

El miércoles, el primer ministro Sorin Grindeanu logró mantener su gobierno tras el fracaso de una moción de censura en el Parlamento.

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MUNDIALES NOTICIAS

Madre de dominicano asesinado el Día de Acción de Gracias pide justicia

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NUEVA YORK. La madre de un dominicano asesinado de varias puñaladas en una intersección del vecindario Flushing en Queens, el jueves 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pidió que por el crimen se haga.

Las autoridades no han ubicado ni identificado a los que ultimaron a Juan Carlos Salcedo, de 23 años.

“Mami, te quiero”, fue su última palabra a su progenitora Marta Salcedo, quien desgarrada por el llanto pidió que los investigadores agilicen la captura de los responsables de la muerte de su hijo.

La madre dijo que la víctima no buscaba problemas con nadie ni se la pasaba en las calles, mezclándose con pandilleros y narcotraficantes y que tampoco tenía enemigos conocidos.

Relató que Juan Carlos “salió por ahí, por esa puerta ayer y me llaman para darme la noticia de que acuchillaron a mi hijo, que cumplió años no hace mucho”.

Agregó que “él salió bien por esa puerta, lleno de vida, me besó la mano, me abrazó y me dijo mami te quiero y después me dan esta noticia”.