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Departamento de Estado de EEUU: Gobierno dominicano no respetó independencia judicial

El reporte trata específicamente el caso Odebrecht en el que la empresa admitió sobornos por 92 millones de dólares

El reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos señala que a pesar de que las leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente; el gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad.

Además, acusa al gobierno de ejercer de manera generalizada una influencia inadecuada en las decisiones judiciales.

El informe publicado este miércoles 11 de marzo señala además que “la interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida”.

Añade que “el poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave. El informe indica “que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de hábeas corpus para liberar a los detenidos”.

Caso Odebrecht

En ese sentido, en el capítulo sobre «Corrupción y falta de transparencia en el gobierno», el Departamento indica que en septiembre de 2017 la Corte Suprema inició un juicio contra seis de los 14 acusados ​​acusados ​​en 2017 por presuntos vínculos con $92 millones de dólares en sobornos pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obras públicas. Los seis acusados ​​incluían un senador, un representante de la cámara baja, un ex senador y un ex ministro de obras públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país.

En junio, un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que, además de los $ 92 millones informados públicamente en sobornos, Odebrecht distribuyó otros $ 39.5 millones en incentivos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina. Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó ningún cargo adicional. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta.

Las ONG criticaron la práctica generalizada de otorgar posiciones gubernamentales como mecenazgo político. Alegaron que muchos funcionarios recibían un salario del gobierno sin realizar ningún trabajo. Algunos municipios pequeños tenían más empleados en la nómina de lo que podían alojar sus oficinas físicas.

Las ONG y los ciudadanos individuales informaron regularmente actos de corrupción por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos agentes de policía, funcionarios de inmigración y funcionarios de prisiones. En ocasiones, el gobierno utilizó castigos no judiciales por corrupción, incluido el despido o la transferencia de personal militar, policías, jueces y otros funcionarios menores. Sin embargo, la aceptación y tolerancia generalizadas de la corrupción menor obstaculizaron los esfuerzos anticorrupción.

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El 20 de abril inicia desde cero juicio a cinco imputados caso Odebrecht

SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá desde cero, el próximo 20 de abril,  el caso de sobornos vinculados a la empresa constructora Odebrecht.

Esto ocurre luego de que la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional fijara el tribunal para el conocimiento para iniciar desde cero el juicio,  en contra de Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Ángel Rondón y Andrés Bautista.

Mientras que en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia será conocido el caso del senador de San Cristóbal, Tommy Galán.

Hasta el momento el referido tribunal no ha fijado una fecha para el caso contra el congresista peledeísta.

A los imputados se les acusa de repartirse los 92 millones de dólares que la constructora brasileña admitió pagó en el país entre 2001 y 2014 para agenciarse licitaciones de obras millonarias.

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Tribunal peruano ordena detención del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por caso Odebrecht

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por 10 días contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

La medida también está dirigida contra su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo.

La decisión también indica que se realizarán procesos de allanamiento e incautación en los respectivos inmuebles de las personas detenidas y a la oficina del ex presidente.

La decisión judicial fue autorizada a pedido del fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez, quien investiga a PPK por el presunto delito de lavado de activos.

Cabe indicar que la medida de detención preventiva tiene como finalidad de recoger elementos “que puedan servir como prueba” para las pesquisas que realiza el Ministerio Público.

“Detención y la incautación de cosas relevantes para la citada investigación (vouchers de cuentas bancarias, depósitos electrónicos, documentos de compra venta de bienes muebles, escrituras públicas, entre otros objetos del delito)”, sostiene la resolución a la que accedió El Comercio.

Es necesario precisar que esta orden es para mantener detenido al ex presidente por un espacio de 10 días (permitido por Ley) en esta etapa, lo cual es distinto a una prisión preventiva que puede ser hasta por 36 meses.

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Rondón quiere un arreglo relacionado con sobornos

Santo Domingo.-El empresario Ángel Rondón afirmó ayer que está dispuesto a llegar a un acuerdo con la Procuraduría General de la República para buscarle una solución al caso de los 92 millones que la empresa brasileña Odebrecht entregó en sobornos, pero con la condición de no devolver el dinero.

El imputado, acusado de haber pagado sobornos a cambio de asignaciones de obras del Estado, sostiene que el acuerdo no podría ser en base a la devolución de dinero.

Manifestó que no podría hacerlo bajo esa condición, en razón de que solo se ganó 79 millones de dólares por concepto de honorarios pagados y no por sobornos.

Rondón manifestó que no recibió un solo centavo que no fuera por concepto de sus honorarios, tras señalar que si el procurador general de la República, Jean Rodríguez, estaba interesado en resolver el caso, solo debió incluirlo a él en el expediente y no a los demás.

Expresó que el Ministerio Público tendrá que demostrar en el juicio quiénes fueron los sobornados y por qué no están en el expediente los funcionarios con quienes él alegadamente se reunió para diligenciar la aprobación de las obras construidas por Odebrecht.

Díaz Rúa cuestiona

Mientras que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz, cuestionó que en el caso Odebrecht hay gente que admitió recibió dinero y que no fue incluida en la acusación presentada por el Ministerio Público.

El exsecretario de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostiene que esa persona que admitió recibió dinero se encuentra haciendo política, sin que lo incluyeran en la acusación.

“Hay gente que está aquí que recibió dinero y lo sacaron sin dar una explicación y ahora andan por ahí haciendo política”, acotó Díaz Rúa, sin mencionar el nombre de la persona que, según él, admitió haber recibido dinero de Odebrecht.

Díaz Rúa habló en esos términos previo al inicio del conocimiento del juicio preliminar que se le sigue junto a otros seis imputados.

El primero de junio de 2017, el entonces ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, admitió en un comunicado en espacio pagado que recibió aportes para tres campañas políticas de su partido por parte de Rondón.

INICIA PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN

El Ministerio Público inició ayer la presentación formal de la acusación en contra de los siete implicados en el caso Odebrecht, por ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco.

La lectura de la acusación estuvo a cargo de la fiscal Yeisin Alcántara Ciprian, Adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa. La audiencia fue recesada para hoy jueves, a las 9:00 de la mañana, para continuar con la presentación de la acusación.

En la acusación el Ministerio Público detalla al tribunal los cargos que se le imputan a los encartados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Jesús Vásquez y el senador Tommy Galán.

Con la acusación el Ministerio Público pretende demostrar al tribunal que los encartados fueron beneficiarios de los US$92 millones pagados como sobornos por Odebrecht.

Al grupo se le acusa de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.

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Juez fija para el 6 de julio audiencia preliminar del caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, fijó para el 6 de julio la audiencia preliminar de conocimiento de la acusación por los sobornos pagados por Odebrecht en el país.

Mediante auto 01-2018, Ortega Polanco notificó hoy al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a los abogados de los imputados Ángel Rondón, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Jesús Vásquez y Roberto Rodríguez, la audiencia pautada para las 9:00 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia.

Los señalados en el caso son acusados por la Procuraduría General de recibir sobornos de la constructora brasileña, además de prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.

Ortega Polanco no otorgó plazo a las partes para responder a la acusación depositada el 9 de junio.

Se recuerda que tres de los imputados, Conrado Pittaluga, Jesús Vásquez y Tommy Galán, no depositaron escritos de contestación por considerar que la notificación y el plazo que les dio la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia fue irregular.

El Procurador

En una nota de prensa, el procurador Rodríguez expresó que el Ministerio Público destruirá por completo en los tribunales “los falsos argumentos presentados a la opinión pública por abogados de algunos de los imputados, resaltando que en el caso de los que ocuparon funciones públicas, los elementos probatorios confirman que recibieron dinero de los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país, incluso, más allá del tiempo en que ocuparon dichas funciones, identificando con nombre y apellido los delatores a seis de los imputados y a un séptimo hasta con cheques de sobornos pagados al imputado, su esposa e hijo”..

Reiteró que el Ministerio Público “está más firme que nunca en su compromiso de procurar justicia y que no descansará hasta lograr que los siete acusados reciban condenas ejemplares, acordes a los delitos que durante la investigación realizada por espacio de un año, se determinó que cometieron”.

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Estos son los 50 testigos del caso Odebrecht en RD

Santo Domingo.-La Procuraduría General de la República cuenta con 54 testimonios a cargo, aparte de las 1,368 pruebas documentales, con lo que busca el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dicte auto de apertura a juicio contra los siete implicados en el caso Odebrecht.

Los testigos con que cuenta el ministerio público, para robustecer la acusación de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, van desde ejecutivos de la empresa brasileña en el país, hasta peritos. El procurador Jean Alain Rodríguez aseguró que el voluminoso expediente está sustentado con pruebas testimoniales y documentales,  suficientes para enviar a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez (Chu), a juicio de fondo para que respondan por los hechos que les son imputados.

A continuación, las pruebas testimoniales comunes a los imputados y las pretensiones probatorias del ministerio público.

1.– Rodrigo Maluf Cardoso, brasileño, apoderado de Odebrecht. Con este testigo se busca probar y acreditar en el juicio preliminar la comunicación de fecha 24 mayo 2018, mediante la cual Odebrecht hace entrega de documentación extraída del sistema Drousys, así como las circunstancias y hechos sobre esta acusación.

2.Marcelo Hoffke, brasileño, busca probar su intervención en el acuerdo de Odebrecht con la Procuraduría, así como cualquier circunstancia del proceso que sea útil para el esclarecimiento de los hechos.

3.- Renso Calderón Minyetty. Con este testigo se busca probar todo lo relacionado con el informe elaborado en relación a los pagos realizados por Odebrecht a las empresas de Rondón.

 4.- Mauricio Dantas Bezerra: Se busca probar todo lo relacionado a documentación suministrada por Odebrecht en relación al acuerdo firmado con la Procuraduría.

5.- Carmen Nadiezka Álvarez De Maio: Se busca demostrar los productos financieros manejados por  Rondón a partir del año 2002.

6.- María Álvarez De Maio: Se busca demostrar cuáles empresas fueron utilizadas por Rondón en el entramado societario para sobornar.

7.- Con Digmari Rodoli, se busca probar la participación accionaria de Rondón; cuál es su participación accionaria y cuál actividad social relazaba en la empresa Agroindustrial Los Ángeles.

8.- Con María Tatiana Cross Pujols se busca probar la participación accionaria de Rondón y será incorporado el informe societario de la empresa Agente de Cambios Los Ángeles.

9.- Mientras, con Esdrys Manuel Javier se busca probar la participación accionaria de Rondón  en la empresa Halmar Asociados, S.A. Su testimonio versará sobre el informe societario de fecha 27 de marzo de 2017, realizado a dicha empresa.

10.- Con Mabel Roselyn Calvo se busca probar la participación accionaria de Rondón y cuáles actividades sociales presentan.

11.- Con Jisselle Del Carmen Paulino Cáceres se busca demostrar los movimientos financieros irregulares realizados por Díaz Rúa a través de los diferentes productos bancarios manejados por este e incorporar el informe financiero, de fecha 30 de mayo del 2018, realizado a los productos bancarios del imputado.

12.- Con María Álvarez De Maio,  demostrar cuál era la estructura societaria de Díaz Rúa a partir del año 2004.

13.- Con Digmari Rodoli, se busca probar la participación accionaria de Díaz Rúa en la empresa Albox, S.A., Inversiones Monttoba, S.A,  su testimonio versará sobre el informe societario de fecha 30 de mayo del 2018, realizado a dichas sociedades.

14.- Con Julián Rojas,  probar el incremento patrimonial que reflejan las declaraciones juradas presentadas por  Díaz Rúa.

15.- Robert Rodríguez, aportaría a probar todo lo relacionado con la adquisición por parte de Díaz Rúa del apartamento No. 13, de la Torre Caney.

16.- Con Johanna Carolina Monagas Espinal, se busca probar todo lo relacionado con el contrato de venta del apartamento No. 13, ubicado en la Torre Caney, formado por esta y la empresa Inversiones Monttoba.

17.- Miguelina Batista. Se busca probar todo lo relacionado a la compra del inmueble identificado como solar 79 (S-79) de Barranca Este por parte de la empresa Radiodifusora Skyland.

18.- José Leonardo Guzmán Font Bernard, se busca probar y acreditar los contratos de préstamos instrumentados por la compañía Indoequipesa a Díaz Rúa, así como su vinculación con el ex ministro.

19.- Mauricio Dantas Bezerra, se busca probar  la comunicación de fecha 5 de mayo de 2018, dirigida por Odebrecht al Procurador, mediante la cual esta compañía hace entrega formal del Contrato de Servicios de Consultoría entre Odebrecht y el imputado Pittaluga, suscrito el 17 de enero de 2008 y el contrato de Servicios de Consultoría entre Autopista del Coral S.A, suscrito con el mismo imputado el 27 de mayo de 2009.

20.- María Eugenia Batista. Se busca  probar y acreditar la comunicación de fecha 1 de marzo de 2018, emitida por Odebrecht al Ministerio Público y su contenido.

21.- Rodrigo Maluf Cardoso. Se busca probar y acreditar con éste  la comunicación de fecha 24 de mayo de 2018, mediante la cual Odebrecht hace entrega de documentación extraída del sistema Drousys de las operaciones financieras relacionadas con la sociedad comercial Aragón Nessness Consulting, LTD.

22.- Marielis Abad Díaz, se pretende probar y acreditar el informe de análisis financiero, realizado sobre Pittaluga  y las conclusiones del mismo.

23.- María Álvarez de Maio: se pretende probar los hallazgos del informe societario realizado a la compañía Indoequipesa S.R.L. y Solaris S.A.S. empresas vinculadas con Pittaluga por vía de inversiones de capital originado en recursos ilícitos por pago de sobornos de Díaz Rúa.

24.- José Leonardo Guzmán Font Bernard. Se busca probar y acreditar los contratos de inversión que suscribió con Pittaluga. También se probará que el testigo es comisario de cuentas de las empresas Newport LTD y Aragón Business Consulting, y que en tal calidad tenían poder para colocar bonos y acciones en nombre de Pittaluga.

25.- Julián Rojas. Se busca probar los hallazgos encontrados en el análisis financiero de las declaraciones juradas de patrimonio de 15 de mayo del 2018, sobre las declaraciones juradas hechas por Andrés Bautista, una de 30 de mayo de 2003 y depositada por Tesorería Nacional el 8 de marzo de 2004.

26.- Mabel Calvo López, se busca presentar los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Productores Agropecuarios Unidos, S.A., RNC No. 106-01261-2. Su testimonio versará sobre la participación accionaria de Andrés Bautista en esta empresa utilizada por este en el circuito de lavado de activos que desarrolló.

27.- Julián Rojas, en su calidad de auditor declarará sobre el informe de análisis financiero de las declaraciones juradas de Jesús Vásquez. De igual forma, el aumento desproporcional en su patrimonio en relación con el salario devengado en las instituciones que este laboró.

28.- Dionicia Marte Almonte, se busca establecer que esta recibió en fecha 03 de octubre de 2007, un pago de parte de Rondón, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A. por un monto ascendente a RD$619,000.00. Pago indirecto a Vásquez.

29- Jisselle Del Carmen Paulino. Se busca demostrar los movimientos financieros de Tommy Galán  y la compañía Galán, Grullón & Montás, SRL; también, incorporar los informes de fecha 30 de mayo de 2018, de los productos financiera del imputado y la sociedad y cualquier dato útil al proceso.

30.- María Álvarez De Maio. Se  busca probar la participación accionaria de Roberto Rodríguez en las empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló. Su testimonio versará sobre el análisis realizado a las empresas en donde éste intentaba traspasar sus ilícitos.

31.- Licda. María T. Cross Pujols. Con este testimonio el Ministerio Público presenta los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Agropecuaria Wilse, S.R.L. RNC No. 1-06-01193-2. Asimismo, probaremos la participación accionaria del imputado que en su momento tuvo el imputado Porfirio Andrés Bautista García y la forma en que utilizó dicha empresa en el circuito de lavado de activos que desarrolló.

32.- Licda. Nadiezka Álvarez De Maio. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará: a) Los movimientos financieros irregulares realizados por el imputado Porfirio Andrés Bautista García a través de los diferentes productos bancarios manejados por este.

33.- Licda. Maribel Roselyn Calvo López. Con este testimonio el Ministerio Público presenta los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Biogenetik, S.R.L. (RNC): 1-31-259-48-2. Asimismo, probaremos la participación accionaria del imputado Porfirio Andrés Bautista García y la forma en que utilizó dicha empresa en el circuito de lavado de activos que desarrolló.

34.- Pedro Antonio Rivera Torres. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Diez (10) inmuebles ubicados en San Francisco de Macorís, que el imputado Porfirio Andrés Bautista García realizó a Hacienda Rivera.

35.- José Rafael López Deschamps. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Nueve (9) inmuebles ubicados en la provincia La Vega, Ocho (8) de ellos en un solo día (13 Sept. del 2010), que el imputado Porfirio Andrés Bautista García junto a su hermano Serafín Wilfredo Bautista García realizaron al Sr. José Rafael López Deschamps.

36.- Serafín Wilfredo Batista. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Nueve (9) inmuebles ubicados en la provincia La Vega, Ocho (8) de ellos en un solo día (13 Sept. del 2010), que el imputado Porfirio Andrés Bautista García junto al testigo realizaran al Sr. José Rafael López Deschamps.

37.- Nuris Del Carmen Taveras Taveras. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Diecinueve (19) inmuebles ubicados, Nueve (9) de ellos en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, comprados en un solo día (29 de junio del año 2009), que la misma realizó con dinero del imputado Porfirio Andrés Bautista García.

38.- Lic. Julián Rojas. En su calidad de auditor declarará en sentido general, sobre el informe de análisis financiero de las declaraciones juradas del imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez. De igual forma, el aumento desproporcional en su patrimonio en relación con el salario devengado en las instituciones que este laboró.

39.- Dionicia Marte Almonte. Con este testimonio el Ministerio Público establece que esta recibió en fecha 03 de octubre de 2007, un pago de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A. por un monto ascendente a seiscientos diecinueve mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$619,000.00). Pago indirecto al imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez.

40.- Jesús Stalin Vásquez Martínez. Con esto probaremos que en fecha 15 de marzo del 2009, recibió un pago de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A., por un monto ascendente a Quinientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$500,000.00. Pago indirecto al imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez.

41.- Licda. Marielis Abad Díaz. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará los movimientos financieros irregulares realizados por el imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez, a través de los diferentes productos bancarios manejados por éste.

42.- Licda. Jisselle Del Carmen Paulino. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará los movimientos financieros del imputado Tommy Alberto Galán Grullón y la compañía Galán, Grullón & Montás, S.R.L., los cuales evidencian un enriquecimiento ilícito del imputado y la forma del lavado de activo. También incorporar los informes de fecha 30 de mayo de 2018, de los productos financiera del imputado y la sociedad y cualquier dato útil al proceso.

43.- Mabel R. Calvo López. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Tommy Alberto Galán Grullón en la sociedad Galán, Grullón & Montás, S.R.L., cómo adquirió las acciones en dicha empresa y luego cómo trata de ocultarlas. Además, se incorporará el informe societario de fecha 30 de mayo de 2018, también cualquier dato útil al proceso.

44.- Julián Rojas. Con este testimonio probaremos el incremento patrimonial que reflejan las declaraciones juradas presentadas por el imputado Tommy Alberto Galán Grullón.

45.- Ing. Jonathan Ramírez Pérez. Con este testimonio probaremos el valor real de los bienes inmuebles del imputado Tommy Alberto Galán Grullón.

46.- Melba Antonia Montás Ulloa. Con este testimonio probaremos el vínculo y los lazos familiares que tiene con el imputado Tommy Alberto Galán Grullón, además, cuál es la participación del imputado en la compañía Galán Grullón & Montás, S.R.L.

47.- Vinicio Antonio Galán Grullón. Con este testimonio probaremos el vínculo y los lazos familiares que tiene con el imputado Tommy Alberto Galán Grullón, además, cuál es la participación del imputado en la compañía Galán Grullón & Montás, S.R.L.

48.- María Álvarez De Maio. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández en las empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló; su testimonio versará sobre el análisis realizado a las empresas en donde el imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández intentaba traspasar sus ilícitos.

49.- Annie Cuello. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández en la sociedad Constructora Vapsa, S.R.L., empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló. Además, será incorporado el informe societario de fecha 27 de noviembre del 2017, donde se muestra la estrategia del imputado para ocultar el inmueble de Casa de Campo, La Romana.

50.- Esther Jacqueline Jiménez Cruz. Con este testimonio probaremos que la sociedad Arma S.A., propied de Ángel Rondón Rijo le emitió un cheque por la suma de Un millón setenta y cinco mil pesos (RD$1,075,000.00) para el imputado Roberto Rodríguez Hernández, quien es su cuñado y son socios en la compañía Constructora Rojisa, S.A.

51.- Jean Luis Rodríguez Jiménez. Con este testimonio probaremos el que tenía participación en la sociedad comercial Vapsa, S.R.L., y que aprobó la venta del inmueble en el proyecto Casa de Campo, en La Romana, a su madre Celeste Marisol Jiménez Cruz, con fines de ocultar el referido inmueble, además, cualquier dato útil al proceso.

52.- Carlos Alberto Bonillo Sánchez. Con este testimonio probaremos la vinculación comercial existente entre él y Juan Roberto Rodríguez Hernández, ya que son los socios de la compañía Terrazas San Isidro, S.R.L., en la cual el imputado invirtió una gran cantidad de dinero de origen ilícito, para desarrollar proyectos inmobiliarios.

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PGR: Andrés Bautista introdujo RD$1,800,000,000 a bancos entre el 2002 y 2017

Santo Domingo.-Andrés Bautista García introdujo RD$1,800,000,000 al sistema bancario nacional entre los años 2002 y 2017, según asegura la acusación de la Procuraduría General de la República, por el caso de sobornos de la empresa Odebrecht.

La Procuraduría asegura que Bautista García incurrió en el delito de lavado de activos al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero “producto de los actos ilícitos constitutivos de soborno y enriquecimiento ilícito cometidos contra el Estado Dominicano”.

“Como mecanismo de lavar el dinero de origen ilícito el imputado Porfirio Andrés Bautista García procedió a adquirir 32 inmuebles y su esposa Nuris del Carmen Taveras Taveras consciente que se trataba de dinero ilícito permitió poner a su nombre la cantidad de 19 inmuebles”, señala la acusación presentada por el Ministerio Público.

A Andrés Bautista se le acusa de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, que admitió en diciembre del año 2016 haber pagado la suma de 92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana para así hacerse de importantes obras públicas.

Según relata la acusación del Ministerio Público, el circuito de lavado de activos diseñado por Bautista García estuvo constituido por las sociedades Productores Asociados de Huevos, S. A., Productores Agrícolas, S.A.S., Productores Agropecuarios Unidos, S. A., Agropecuaria Bautista, S.R.L., Industria Cárnica Nacional, INCARNA, S.A.S, Incubadora Cibao, C. por A., Biogenetik, S.R.L., y Comercializadora Nacional Agropecuaria, CONAGRO. “Entidades donde el imputado ocultó el dinero producto de los sobornos y su enriquecimiento ilícito”, asegura.
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Exfiscal venezolana entrega pruebas para juzgar a Maduro por caso Odebrecht

BOGOTÁ. La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz entregó ayer en Bogotá al Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio pruebas para que la alta corte abra un juicio al presidente de ese país, Nicolás Maduro, por su presunta participación en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

“Explicar el modus operandi utilizado por Odebrecht va a ayudar a entender el caso en el que se involucra a altos funcionarios de la República, principalmente a Nicolás Maduro Moros”, dijo Ortega al inicio de su intervención en el antejuicio de mérito realizado en las instalaciones del Congreso colombiano.

El acto, al que no asistió Maduro ni su defensa, contó con la participación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia destituidos por la Asamblea Nacional Constituyente, considerada fraudulenta por la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional.

El Supremo funciona en el exilio y se autodenomina “legítimo” al considerar que el que opera en Caracas fue nombrado “sin que se cumplieran los requisitos constitucionales”.

En el antejuicio, Ortega entregó documentos al Tribunal en los que dice que se comprueba la participación de Maduro en sobornos de Odebrecht que causaron un “daño al patrimonio público y un perjuicio a la sociedad”, y aseguró que sus consecuencias se ven en la “actual crisis humanitaria” que vive el país.

Entre los proyectos afectados, la destituida fiscal mencionó la construcción inconclusa del segundo puente del lago de Maracaibo, por el cual el Estado suscribió un primer contrato por más de 2.370 millones de dólares y fue ampliado a más de 3.187 millones de dólares.

“Se encontró información de al menos 13 proyectos del Estado contratados por Odebrecht y que están en la misma situación: la línea 5 del metro de Caracas, el sistema masivo de transporte de Caracas”, mencionó a modo de ejemplo Ortega.

La exfiscal acusó a Maduro con base en las declaraciones hechas por el asesor político Joao Santana a la Justicia brasileña en las que dijo que el fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario recibieron dinero para campañas políticas y suscribieron contratos con la multinacional.

“Si ganaban las elecciones iban a favorecer a Odebrecht en diversos proyectos y a aumentar el valor de contratos (…) fue tal el compromiso de Maduro que toma posesión (como presidente) el 19 de abril de 2013 y el 4 de mayo estaba aprobando el número de cuenta para desembolsar el dinero”, agregó.

Ante estos hechos, Ortega instó al Tribunal a analizar las pruebas e iniciar un juicio contra el presidente venezolano, para quien pidió que se le imputen cargos por los delitos de corrupción y legitimación de capitales.

Por su parte, el presidente del Tribunal, magistrado Miguel Ángel Martín Tortabú, dijo que el próximo 9 de abril el grupo de letrados tomará una decisión con base en las pruebas recibidas y anunciará, de ser necesario, una fecha para el juicio de mérito, que también se llevará a cabo en la capital colombiana.

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Juez reenvía audiencia caso Odebrecht tras acoger un primer incidente

SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, reenvió ayer para el próximo viernes el conocimiento de la audiencia de solicitud de ampliación de plazo hecha por el Ministerio Público para la investigación del caso Odebrecht.

La audiencia fue suspendida a los fines de que los fiscales y los imputados del proceso tomen conocimiento de cuatro pruebas documentales depositadas por el procesado Andrés Bautista García.

El juez Ortega explicó en su resolución, que Bautista García sólo depositó un ejemplar de las pruebas que deberán ser reproducidas y notificadas a todos los encartados, y que el 5 de febrero, día en que las depositó en la Secretaría General de la Suprema Corte, sólo se pudo notificar a la Procuraduría General de la República.

Según la instancia del expresidente del Senado, los audios son de declaraciones de prensa hechas por el procurador Jean Alain Rodríguez, con las cuales probará la fecha del inicio formal de la investigación por los US$92 millones que admitió haber pagado la empresa brasileña en sobornos para ser favorecida con obras del Estado.

El Ministerio Público dijo que la defensa de Andrés Bautista buscaba incidentar el proceso al depositar un día antes de la audiencia las pruebas audiovisuales, por lo que pidió que se le otorgue un plazo razonable para no sólo conocerlas, sino también elaborar la respuesta a las mismas.

Carlos Salcedo, abogado del imputado, rechazó lo argumentado por el fiscal Milcíades Guzmán, y dijo que está de acuerdo en que se le otorgue el tiempo necesario para referirse al respecto. Los abogados de los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, Víctor Díaz Rúa, Bernardo Castellanos, Radhamés Segura y César Sánchez no se opusieron al pedimento del órgano investigador.

En tanto que los representantes legales del diputado Alfredo Pacheco, Juan Temístocles Montás, Ruddy González, Conrado Pittaluga y Ángel Rondón Rijo pedían que se diera un receso de horas al Ministerio Público ya que las pruebas deberán ser reproducidas y debatidas en audiencia.

Algunos de los abogados dieron por conocidas las informaciones que están en los cuatro CD depositados por el abogado Salcedo.

Favorecen pedido

El senador César Valentín dijo que la ampliación de plazo solicitada por el Procurador le favorecerá para demostrar su “absoluta inocencia”.

En tanto que el empresario Rondón Rijo explicó que él también solicitó informaciones o diligencias de investigación a la Procuraduría, por lo que no se opone a que le den más tiempo para investigar.

“Nosotros de modo alguno podemos oponernos a que el Procurador pida una prórroga porque yo soy el más llamado a que el Procurador busque pruebas contundentes como él ha dicho, pero pruebas no solamente para acusar, también para descargar”, expresó.

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Odebrecht pone en apuros al Gobierno al requerir más dinero

Santo Domingo.-La empresa Odebrecht tiene al Gobierno en apuros al mantenerse firme en demandar el pago de US$708 millones adicionales para la finalización de las plantas de carbón de Punta Catalina.

Dicha posición se encamina a ser dirimida por un tribunal de arbitraje, ya que los representantes jurídicos de ambas partes han sostenido varias reuniones para tratar ese tema, pero no se han acercado a un acuerdo.

“Lo que se vislumbra es que algún ente externo tendrá que decidir si el Gobierno paga o no, porque la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) mantiene su posición de que no va a dar ni un centavo más”, afirmó un funcionario del sector.

Posibles salidas

Si la CDEEE y Odebrecht no logran un acuerdo podrían generarse dos escenarios y ninguno de ellos es muy halagüeños para el Gobierno.

El primero implica que el Estado sea sometido a un juicio o arbitraje por incumplimiento de contrato y se paralice la obra, y el segundo, es que tenga que pagar los US$708 millones que pide la empresa brasileña.

Dicho análisis fue hecho por el economista Hernán Minier, quien considera que lo más recomendable sería tratar de llevar esa disputa a un arbitraje internacional a ver si el Gobierno puede obtener una buena negociación.

“Si el Estado no ha hecho ningún tipo de adenda que lo esclavice a tener que asumir ningún tipo de costo en la construcción de Punta Catalina debería ponerlo claro”, subrayó el especialista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

No obstante, este asume que si ese punto no se ha aclarado es porque en el contrato se ha dejado abierto un elemento que ahora está reluciendo.

Implicaciones fatales

Si el Gobierno fuera sometido ante un tribunal internacional por incumplimiento de contrato, y pierde, podría correr el riesgo de que no lleguen al país otros proyectos por falta de garantía jurídica.

“Con esto se mantendría el monopolio en la generación de electricidad como está ahora en manos de dos empresas”, dijo Minier a EL DÍA.

En cambio, si debe pagar los US$708 millones la situación se empeora.

“Esto puede causar un problema de liquidez al Estado, al tener que buscar unos recursos que no están contemplados en el presupuesto”, advirtió.

Cabe destacar que el precio final de Punta Catalina aumentaría de US$1,945 millones a US$2,653 millones , si el Gobierno se viera obligado a pagar el alegado incremento en los costos de construcción del muelle del proyecto y otros aspectos “relacionados al cronograma y a posible extensión del plazo” que pide la constructora brasileña.

Esto indica que la obra terminaría con una sobrevaluación de un 30 %, tomando en cuenta que la comisión que investigó la licitación del proyecto manifestó que el costo pactado en el contrato está un 6 % por debajo de su valor en el mercado internacional.

Corrupción técnica

El experto energético Jose Luis Moreno San Juan cree que con esa afirmación se trató de crear el escenario para justificar el pedido de la empresa acusada de conseguir sus contratos a base de sobornos.

Afirma que las dos plantas de 720 megavatios no debieron costar más de US$1,740 millones y se adjudicaron en US$1,945 millones, “por lo que Odebrecht no tiene asidero legal para pedir más dinero”.

“Lo que están haciendo se llama corrupción técnica, ya que por lo único que podrían alegar más dinero es por una indexación que no llega a más de US$100 millones”, explicó el director del Instituto de Energía de la UASD.

San Juan dijo que Odebrecht debe más al Estado, porque debe pagar US$500,000 por cada día de atraso de la obra.

Reacción.

El abogado de Odebrecht, Robert Valdez, fue consultado por EL DÍA sobre el tema, pero no ofreció ninguna respuesta sobre el tema.

CDEEE.

En las reuniones participa la CDEEE y sus consultores jurídicos, el Ministerio de Hacienda, y la firma de asesores Pereyra.

¡Fuera Odebrecht!

Jose Luis Moreno San Juan sustenta que lo mejor que haría el país sería salir de Odebrecht si no llega a un acuerdo con el Gobierno, porque ha demostrado ser incompetente.

Afirma que la obra está retrasada por el “desorden” de construcción.

Contrato establece arbitraje

El contrato de construcción de Punta Catalina establece en su artículo 18 que si las partes tienen una disputa deberán dirimirla en un Comité Mixto de Solución de Controversias (CMSC), conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional relativo a “Dispute Boards” (Consejos de Disputas).

Este será realizado en República Dominicana en español.

Pero si una de las Partes no acata o cumple con alguna recomendación del CMSC, la otra podrá someter dicho incumplimiento a arbitraje.

La sede del arbitraje será en Nueva York, y la legislación aplicable será dominicana.

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Detalles de lo que dijo el exgerente de Odebrecht sobre sobornos pagados en el país

SANTO DOMINGO. El exgerente de Odebrecht en República Dominicana reveló que el empresario Ángel Rondón le notificaba cuando estaba reunido con funcionarios públicos al momento de gestionar la aprobación y financiación de los proyectos para la compañía, así como el haber tenido contacto directo con legisladores.

Marcos Vasconcelos Cruz, explicó que Rondón actuaba de cuatro maneras: como consultor en los contratos firmados con el poder público; proveedor de servicios de alquiler de equipos; subcontratista de obras civiles y como socio de la sociedad en una obra específica.

“Cuando actuó como consultor en los contratos firmados con el poder público, el valor de los honorarios consideraba todos los costos que serían incurridos por él, incluyendo posibles valores indebidos a los agentes públicos que actuaban en favor de la sociedad”, relató Vasconcelos Cruz, identificado como empleado 54, en las delaciones premiadas que dieron las autoridades de Brasil al Ministerio Público dominicano.

Explicó que los contratos de consultoría firmados con las empresas Lashan Corp, Conamsa Internacional y Consultores y Contratistas Conamsa en 2002, 2004 y 2010 tienen carácter genéricos sin que haya vínculos a una obra en específico y todos los pagos de ahí derivados no fueron contabilizados.

Explicó que de las 18 obras de Odebrecht en el país, 15 fueron sometidas al Congreso. “En ese contexto, en más de una ocasión entiendo haber tenido una interacción con Ángel junto a los miembros integrantes de las comisiones de finanzas para los detalles de esa instancia de aprobación de los contratos. Al asumir los pagos a Ángel, por ende, asumí también el riesgo de que tales valores fueren destinados a agentes públicos”, refirió.

Señaló que también hubo gestiones de Ángel Rondón junto a los diversos ministros de Hacienda, que ocuparon el cargo desde el inicio de la relación contractual con el empresario, lo cual facilitaba la gestión y agilidad del proceso de aprobación del financiamiento.

Reconoció que no estuvo al frente de Odebrecht cuando se adjudicó el proyecto del acueducto de la Línea Noroeste pero que sabe que los contactos para el mismo fueron hechos por Rondón con el exdirector del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez.

En tanto refirió que la intervención de su enlace comercial en República Dominicana en la viabilidad de tal proyecto pudo haber involucrado el pago de valores indebidos a César Sánchez, Máximo D’Oleo y Bernardo Castellanos, “riesgo que asume de su contratación”.

Dijo que la aprobación de los financiamientos implicó la intervención del empresario ante las comisiones de finanzas de la Cámara de Diputados y el Senado, a través de la dirección de dichas instituciones legislativas en las personas de Alfredo Pacheco y Andrés Bautista, respectivamente.

“Estas personas están relacionadas con Ángel y él me reportaba cuando estaba con ellas, informándome del estatus de las diligencias de aprobación del financiamiento”, afirmó.

Vasconcelos Cruz relata que los proyectos Corredor Duarte, Autopista del Coral, Circunvalación de La Romana, Carretera Cibao/Sur, Carretera Bávaro Miches-Miches-Sabana de la Mar y Ecovía de Santiago así como el Acueducto Hermanas Mirabal contaron con el apoyo de Rondón para la aprobación de financiamientos junto con el ministro de Hacienda, por medio de su relación con el secretario Técnico de la Presidencia, Juan Temístocles Montás, quien firmó los contratos.

“Todos esos contratos contaron con la firma/aprobación de Temístocles Montás y recibí durante tales procesos reportes de Ángel sobre el estatus de la firma, lo que demuestra las gestiones hechas por nuestro representante junto a tal agente público”, refirió.

Describió que en lo que tiene que ver con el Acueducto Hermanas Mirabal, contratado a través de una enmienda al de Samaná, Rondón le “reportaba la información obtenida de Tommy Galán sobre el estatus de aprobación del financiamiento. Además actuó en la reducción del período de aprobación del financiamiento a la mitad”. En su delación, Vasconcelos dijo que el pago de una tarifa a Rondón para que logre los resultados así como la información que él daba y el éxito de las gestiones, evidencian de que hubo pagos indebidos a los funcionarios.

Punta Catalina

De la termoeléctrica Punta Catalina, describió que el enlace comercial intervino en la aprobación del financiamiento junto a las comisiones de finanzas del Senado y la Cámara. “En 2014, Ángel mantenía relaciones sociales con algunos de sus miembros como por ejemplo el diputado Ruddy González y el senador Julio César Valentín, los cuales encontré en algunos eventos promocionados por Ángel”.
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Conflicto amenaza retrasar la entrega de Punta Catalina

Santo Domingo.-La empresa brasileña Odebrecht está reclamando a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales el pago de más de 700 millones de dólares por “costos extras” en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, Baní, dijeron fuentes enteradas.

La CDEEE, según esas fuentes, se niega a asumir tales sobrecostos, lo que ha desatado un inesperado conflicto que podría implicar retrasos en la entrega final de la obra. La corporación estatal alega, según se dijo extraoficialmente al LISTÍN DIARIO, que tales sobrecostos debe asumirlos el propio contratista.

Al hacer este reclamo hace aproximadamente un mes, el consorcio Tecnimont-Odebrecht Estrella, contratista de Punta Catalina, planteó una nueva fecha para entregar las dos unidades generadoras en febrero y mayo del 2019, lo que implicaría un retraso de casi dos años en el tiempo originalmente previsto para su entrada en operación, añadieron las fuentes al LISTÍN DIARIO.

Frente a tal posibilidad, la CDEEE la consideró “inaceptable”, ya que supondría una alteración del calendario de trabajo fijado en la firma del contrato de licitación. De paso, dijeron las fuentes, la CDEEE le hizo saber al consorcio  Tecnimont-Odebrecht Estrella que si hay atraso en el plazo de entrega “el contratista deberá pagar una penalidad por cada día de retraso”.

En medio de las tensiones entre la empresa y la corporación se han cruzado comunicaciones de uno y otro lado haciendo valer sus argumentos.

Entre las partidas que el consorcio reclama a la CDEEE figura una de 49.2 millones de dólares por concepto de seguros, garantías, gastos legales y costos financieros como consecuencia, según alega, de un déficit en el flujo de caja y facturas pendientes de pago.

Pero la CDEEE respondió que estas facturas fueron presentadas “mucho tiempo antes de que los trabajos fuesen completados”. Se dijo que el hecho de que la corporación haya aceptado la realización de pagos parciales por hitos en el proceso, no completados, no le otorga derechos al contratista a registrar como deuda pendiente el monto de estos “hitos”.

La CDEEE, dijeron las fuentes a este diario, hizo saber al consorcio constructor que las dificultades que se han presentado en Punta Catalina han sido provocadas por Odebrecht, y que en todo momento la corporación ha sabido buscar fuentes de financiación alternativas (con el apoyo del Gobierno), para mantener la disponibilidad de recursos y atender los pagos de los diferentes “hitos” del proyecto.

Otro monto reclamado asciende a 165.8 millones de dólares por el aumento de la altura del nivel del muelle en el puerto de Punta Catalina, la modificación del puente de acceso y la plataforma de descarga, que habrían ocasionado sobrecostos generados por “condiciones oceanográficas imprevistas encontradas durante la fase de ejecución”. Al respecto de este reclamo, la corporación alega que la actividad de preparación de suelos fue realizada manteniéndose la fecha contractual del cierre de proyecto y culpa al consorcio de no haber realizado los estudios definitivos sobre batimetría, dirección del viento, corriente marina y oleaje.

El consorcio  Tecnimont-Odebrecht Estrella ha planteado, según las fuentes, que a causa de una serie de retrasos y dificultades en el proyecto, que implicaron modificaciones de planos y cambios en el cronograma de trabajo, aumentaron los costos de mano de obra directa e indirecta por 308 millones 600 mil dólares junto con gastos adicionales a proveedores y subcontratistas de más de 43.8 millones de dólares y otros 73.8 millones en concepto de “costo de obra”.

La empresa privada pidió una extensión del plazo para la entrega de las obras, a fin de cumplir con la primera unidad el 28 de febrero del 2019 y la segunda unidad para el 19 de mayo de ese mismo año. Pero la CDEEE rechazó esa propuesta y dijo que mantendrá el actual calendario, lo que implica que el consorcio está “en mora”.

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El Gobierno dominicano calla ante los señalamientos de exejecutivo de Odebrecht

SANTO DOMINGO. A pesar de los señalamientos del abogado brasileño Rodrigo Tacla, de que la empresa Odebrecht es muy cercana al presidente Danilo Medina y fue la que recomendó al publicista Joao Santana, como asesor de su campaña política, ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto.

Hasta el momento, el Gobierno ha guardado silencio en torno a los pronunciamientos de Tacla, quien también aseguró que la constructora realizó fiestas con prostitutas en República Dominicana para “expresar agradecimiento”.

El brasileño, que prestaba sus servicios en el departamento encargado de pagar sobornos a políticos y empresarios de la región, puso sobre el tapete que la compañía decidió en 2015 trasladar de São Paulo a Santo Domingo su departamento de Operaciones Estructuradas (la oficina que pagaba los sobornos).

Las declaraciones de Tacla salieron a la luz pública el pasado 28 de julio, en una entrevista publicada en el diario español El País, sin que a la fecha haya habido una reacción oficial.

Personas claves de la administración de Medina, que actúan en ocasiones como sus voceros y defensores, tampoco se han pronunciado.

Es el caso de José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, quien es muy activo en la red social de Twitter, y desde el pasado 28 de julio se ha limitado a postear mensajes sobre las acciones del Gobierno y a extender felicitaciones a deportistas. Igual situación se produce con Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, cuyos mensajes en esa misma red social se limitan a asuntos de sus funciones.

Para el movimiento Marcha Verde, las revelaciones del abogado y operador financiero de Odebrecht, aumentan las evidencias que comprometen al presidente Medina con el caso de sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento ilegal de campañas por parte de la multinacional brasileña.

Mientras ayer, Participación Ciudadana demandó información que permita conocer el nivel de cumplimiento del acuerdo del caso arribado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht.

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Fiscalía confirma Odebrecht asumió gastos campañas presidenciales colombianas

BOGOTÁ. La Fiscalía de Colombia confirmó ayer que la constructora brasileña Odebrecht sí aportó dineros a las campañas electorales 2014 del presidente Juan Manuel Santos y de su rival Óscar Iván Zuluaga.

“Todos los elementos probatorios de naturaleza testimonial y documental que a la fecha tiene en su poder la Fiscalía le permiten concluir certeramente que con relación a la campaña presidencial 2014-2018, Odebrecht asumió costos relacionados con la misma”, concluye un informe de la Fiscalía.

Según el informe, enviado al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado Alexander Vega Rocha, “los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas creado por la compañía brasileña”.

La Fiscalía dijo que en la campaña de Santos se realizaron dos transferencias de 500.000 dólares cada una, correspondientes a un contrato firmado el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, para hacer una encuesta de opinión “con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente”.

Adicionalmente fueron remitidas las declaraciones del expresidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli, y de otro implicados, entre ellos el excongresista Otto Bula, detenido en enero de este año por este escándalo de corrupción.

La documentación fue enviada a la magistrada Ángela Hernández Sandoval, encargada en el CNE de la investigación sobre la financiación de la campaña de Santos.

En cuanto a la campaña de Zuluaga, del opositor partido Centro Democrático, la Fiscalía confirmó que Odebrecht destinó 1,6 millones de dólares, dinero fue girado a favor de la compañía Topsail Holding, con domicilio en Panamá.

Esta investigación está a cargo del magistrado Carlos Camargo en el CNE.

Con los informes de la Fiscalía y sus propias investigaciones, será el Consejo Nacional Electoral el encargado de determinar si las campañas de Santos y Zuluaga violaron la ley colombiana en 2014 al recibir dinero de Odebrecht pues esta prohíbe recibir donaciones de empresas extranjeras.

Al respecto, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió ayer sobre el peligro de que quede en la impunidad la financiación ilegal de la campaña de 2014.

Según la MOE, el próximo 15 de julio “caduca la acción sancionatoria sobre cualquiera de los posibles hechos relacionados con la financiación ilegal de Odebrecht en la campaña presidencial de 2014”.

Agregó que “de no tomarse ningún correctivo en los siguientes tres días se mantendría el manto de impunidad frente a estos hechos, lo que pone de presente, una vez más, la urgencia de realizar una reforma a la institucionalidad electoral”.

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Brasileña Odebrecht excluida de licitaciones en Argentina por un año

BUENOS AIRES. La constructora brasileña Odebrecht estará impedida por un año de participar de licitaciones de obras públicas en Argentina, de acuerdo a una resolución oficial divulgada el martes.

El Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas suspendió de forma preventiva por 12 meses la tramitación del certificado de capacidad de contratación anual para la constructora Norberto Ordebrecht, según un comunicado del Ministerio del Interior.

La decisión se tomó al hallarse la empresa “prima facie en falta muy grave”, agregó el parte.

“Se está en presencia de fuertes y convincentes indicios de la participación de la empresa en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa”, señala la resolución del organismo.

Odebrecht, que está inscripta en el Registro Nacional de Constructores, tenía vencido desde junio de 2016 el certificado de capacidad de construcción anual e inició los trámites para renovarlo.

La compañía está en el centro del escándalo de corrupción que estalló en Brasil, cuya investigación, conocida como ‘Lava Jato’, hizo temblar al sistema político. La empresa está acusada del pago de sobornos en distintos países en los que realizó obras públicas.

En Argentina, Odebrecht es investigada en al menos tres obras públicas: el “soterramiento” (bajo tierra) del ferrocarril Sarmiento, la planta potabilizadora de AySA y los gasoductos Norte y Sur.

La empresa brasileña admitió ante la justicia de Estados Unidos que pagó más de 35 millones de dólares de sobornos entre 2007 y 2014 en la Argentina.

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Marcha Verde presenta estudio en el que afirma Hipólito, Leonel y Danilo violaron leyes a favor de Odebrecht

SANTO DOMINGO. La Marcha Verde presentó hoy un estudio técnico en el que, según afirma, se demuestra que durante los mandatos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina el Gobierno y el Congreso Nacional violaron o permitieron la violación de la Constitución de la República y el resto del marco jurídico nacional para favorecer los contratos multimillonarios de la empresa Odebrecht en el país.

Detalla que la investigación, realizada desde el 2001 hasta 2016, confirma que el Gobierno ha violado sistemáticamente, con la anuencia del Congreso Nacional, las leyes de Presupuesto General del Estado, la Constitución de la República y las leyes de administración financiera para aprobar y ejecutar las obras de la multinacional brasileña.

En el documento se explica que, desde el 2002 al 2016, el Poder Legislativo aprobó un total de 22 contratos de préstamos para las diferentes obras contratadas, ejecutadas o en ejecución, con un monto total de US$1,899 millones de dólares, que representa el 7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016 y equivalente al 2.7% del PIB, sin incluir los financiamientos utilizados en determinados años sin la debida aprobación congresual, ni los aprobados para la Planta de Punta Catalina.

“Al incluir el financiamiento aprobado para Punta Catalina la deuda contraída con intervención de Odebrecht se eleva a US$3,132 millones de dólares, equivalente al 4.4% del PIB y una participación del 11.7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016”, asegura la Marcha Verde.

En una comunicación de prensa, el movimiento que sostiene una lucha contra la impunidad en el país sostiene que la forma como los gobiernos de Mejía, Fernández y Medina han ejecutado las obras contratadas con la Constructora Norberto Odebrecht y sus asociados dominicanos es “una muestra clara de la política del lodazal y el afán de la delincuencia en la política para enriquecerse y dirigir el Estado a favor de unos pocos”.

Bichara, Lizardo, Bengoa y Lucía Medina

La Marcha Verde agrega que la investigación destaca que varios de los principales funcionarios responsables de firmar y gestionar contratos o préstamos de Odebrecht no han sido investigados ni sometidos a la justicia, por lo que el Ministerio Público tiene pendiente aclarar o resolver omisiones que involucran al exministro de Hacienda Vicente Bengoa, a la senadora Cristina Lizardo, a Simón Lizardo, al vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, y a la presidente de la Cámara de Diputados Lucía Medina.

La Marcha Verde hizo una relación de los supuestos responsables de los contratos que ya han sido encartados en la acusación y los que están pendientes de investigar:

2000-2004: Roberto Rodríguez, director Ejecutivo de INAPA, ejecutor del inicio del proyecto de Acueducto de la Línea Noroeste; Ing. César Sánchez, Vicepresidente CDEEE, inició el contrato del proyecto de Pinalito, pero no se comenzó su ejecución; Máximo D’Oleo, director de EGEHID; Rafael Porfirio Calderón Martínez, secretario técnico de la Presidencia, ostentó la representación para la firma de acuerdo de préstamo.

2004-2012: Víctor Díaz Rúa, en INAPA y MOPC; Radhamés Segura, vicepresidente de CDEEE, responsable en Pinalito y Palomino; Juan Temístocles Montás, como secretario Técnico de la Presidencia; Vicente Bengoa Albizu, como Secretario de Hacienda; Daniel Toribio, como secretario de Hacienda; responsables de las firmas de varios contratos de préstamos por designaciones mediante Poder Especial del presidente Leonel Fernández Reyna.

2012-2016: Gonzalo Castillo, ministro del MOPC, responsable varias obras viales; Rubén Bichara, vicepresidente CDEEE, Punta Catalina; Simón Lizardo Mézquita, en su calidad de representante en firmas de contratos, como ministro de Hacienda.

El movimiento concluye su comunicación de prensa al citar un préstamo por US$80,200,000 dólares, el que considera “llama la atención” y en el que interviniera el presidente Danilo Medina, y el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, quien suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el contrato de compromiso de la deuda, así como Cristina Lizardo Mézquita, vicepresidenta del Senado en funciones de presidente, y Lucía Medina Sánchez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados en funciones de presidente.

El citado préstamo se sometió al Congreso Nacional en el 2013 para financiar en parte la ejecución del “Programa de Mejoramiento y Ampliación del Corredor Vial del Este”, en específico para los tramos carreteros San Pedro de Macorís-La Romana, tramo circunvalación de La Romana y tramo Boulevard Turístico del Este.

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Ángel Rondón niega que haya repartido sobornos

SANTO DOMINGO. Aunque es señalado como el “hombre del maletín” por la Procuraduría General de la República e identificado por ejecutivos de Odebrecht como quien recibió lo US$92 millones para el pago de soborno a funcionarios, Ángel Rondón ha negado rotundamente en todos los escenarios que los dólares que recibió los haya compartido con otras personas.

Tomando como base el interrogatorio que le hiciera el procurador Jean Alain Rodríguez se puede observar que quien desde el 2001 a la fecha se ha desempeñado como representante comercial de la empresa brasileña ha negado comunicación directa con la empresa matriz, así como conocer a los funcionarios sobornados.

“Yo les reitero que si en Brasil se hace referencia a un intermediario y a ese intermediario le ponen el nombre de Ángel Rondón, es un término mal utilizado. Reitero que no compartí los honorarios que recibí legalmente, para ser entregados o repartidos con funcionarios públicos dominicanos en el período citado”, expresó Rondón en el interrogatorio.

Apelación

Ayer, los abogados de Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), recurrieron la prisión preventiva que le fue dictada con el fin de “que la misma sea revocada y/o variada por vicios en la decisión”.

Lo mismo tienen previsto, en esta semana, los abogados del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y el empresario Ángel Rondón.

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“Sobrantes” en obras de Odebrecht se usaron a albedrío de funcionarios

SANTO DOMINGO. De las 17 obras que ejecutó y/o ejecuta la empresa Odebrecht en el país, algunas no agotaron todos los recursos que se contrataron para financiarlas, y los funcionarios encargados de las dependencias que las ejecutaban decidieron usar, donde mejor les parecía, el sobrante de esos recursos.

Tal es el caso del proyecto del Acueducto de Samaná, que tuvo un remanente de su presupuesto complementario de US$5.6 millones, así como el proyecto de la Presa de Pinalito, en Constanza, del que se transfirió unos US$11 millones para una carretera.

El contrato para el Proyecto del Acueducto Múltiple de Samaná se firmó en octubre del 2005 entre el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) y el Consorcio Bahía de Samaná, por un monto de US$164,799,642.00.

En la resolución aprobatoria de la adenda 2 del contrato, firmada en abril del 2009, se indica que “el financiamiento será cubierto por los créditos externos denominados “Financiamiento Inicial” y por el “Financiamiento Complementario”, por montos de US$115,200,000.00. y US$50,286,572.24, respectivamente.

El 11 de agosto del 2009, durante una reunión con los miembros de la Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial de la Cámara de Diputados, el entonces director de Inapa, Mariano Germán, explicó que “a raíz de una discusión técnica del proyecto con el contratista, se determinó que, efectivamente, había una parte de las obras que estaban en el contrato original como derecho adquirido y que nosotros lo sacamos porque entendimos que no era necesario, puesto que estas obras ya estaban finalizadas”.

Expuso sobre las modificaciones a varios aspectos de la obra y de cómo los US$50 millones para obras complementarias se redujeron a US$33 millones, “porque es bueno señalar que aquí hay unos diez millones de dólares que son para terminar la primera etapa”.

Justificó el traspaso de esos recursos en que, supuestamente unos estudios realizados para la obra de toma del proyecto indicaron que había que modificar la fundación.

“Eso conllevó naturalmente a un encarecimiento de la obra y otras partidas adicionales en escalamiento de precios durante todo el proceso constructivo y… que eran 10 millones de dólares. De modo que nos estaban quedando 5.6 millones de dólares. Mal podíamos nosotros decir, señores, de un préstamo que es a crédito a la exportación que lo da Brasil”, comentó Germán en el encuentro, según el acta que al respecto redactó la Cámara.

Y agregó: “Tenemos 5.6 millones de dólares disponibles, vamos a utilizar estos recursos para mandarlos a la provincia Hermanas Mirabal”. La Comisión, presidida por el diputado Hugo Fortuna, emitió un informe favorable.

En el expediente que presentó el Ministerio Público para sustentar la solicitud de medidas de coerción contra los 14 imputados de recibir los US$92 millones en sobornos que admitió Odebrecht haber pagado en el país a cambio de que le facilitaran los contratos de obras, se cita que la adenda 2 del proyecto se hizo con la finalidad de incluir, sin previa licitación, la construcción de otro acueducto en la provincia Hermanas Mirabal.

“Esta adenda se realiza bajo el fundamento de que este acuerdo era una obra complementaria, sin embargo, la obra constituía un proyecto totalmente independiente al proyecto original y a todas luces resultaba ser distinta a la obra contratada originalmente”, concluye la Procuraduría.

De Pinalito a Casabito

En el expediente por el caso Odebrecht, el Ministerio Público cita el contrato que el 26 de diciembre firmó el imputado Víctor Díaz Rúa con la Constructora Norberto Odebrecht para la rehabilitación de la carretera Constanza- Tramo Cruce Autopista Duarte– Casabito-Constanza por un monto de US$40,553,690.

Indica que del referido monto, US$11,512,584 fueron sufragados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

En su declaración de defensa frente al juez especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, quien impuso medidas de coerción contra 13 de los sometidos por el caso, el exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Radhamés Segura, justificó las trasferencias de un proyecto a otro.

“Había una provisión de más de once millones de dólares para la carretera que iba a unir la presa de río Blanco con la presa de Pinalito y, en virtud de que hubo una prohibición de Medio Ambiente, porque iba a haber una gran deforestación, aportamos esa aprobación para que nos hicieran una desviación hasta llegar a la presa de Pinalito”, detalló Segura, afirmando que ese aporte se le comunicó al Ministerio de Hacienda.

La Procuraduría también recoge en su pieza acusatoria la adenda número 6 que se realizó al contrato para la construcción de la presa Pinalito, la cual sumó US$88 millones al costo original del proyecto e incluyó la “ejecución de trabajos de rehabilitación de la carretera El Abanico-Constanza” como parte de las obras complementarias.

“Justificar en esa adenda la ejecución de trabajos de rehabilitación de la carretera El Abanico- Constanza y posteriormente darle un uso distinto al que fue contratado, deber ser tomando como una evidencia a prima facie de desfalco”, plantea la Procuraduría.

Los investigadores señalan que luego de que el proyecto de la presa de Pinalito fuera inaugurado, el 11 de agosto de 2009, el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) ingeniero Víctor Garame Ventura Hernández, firmó en febrero de 2010 (siete meses después), un contrato de cierre de la construcción. Y señala: “Dicho contrato de cierre fue la forma más clara y descarada de sustraer los fondos del Estado”, destacando que el contrato de cierre y la adenda 6 se firmaron para los mismos trabajos, “es decir, que hubo un desvío de los referidos fondos, constituyendo esto un desfalco en perjuicio del Estado”.

El proyecto Pinalito se firmó el 22 de octubre del 2002, entre la CDEEE y la Constructora Norberto Odebrecht S.A. por un monto de US$131,721,080. Con las seis adendas, más el contrato de cierre, terminó por US$361,222,243.49.

Sometidos por esos contratos

El Ministerio Público sostiene que los incrementos y justificaciones de las adendas a Pinalito hacen pensar que Odebrecht estaba improvisando, sin embargo, “la ampliación de la referida obra se debió al entramado de corrupción y la aceptación de sobornos dados por la compañía a través del imputado Ángel Rondón a los imputados César Sánchez, Bernardo Antonio Castellanos, Máximo De Óleo Ramírez, Andrés Bautista García, Alfredo Pacheco Osoria y Ramón Radhamés Segura”. También acusa al exministro de Obras Pública, Víctor Díaz Rúa. Con excepción de Castellanos, Pacheco y los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, todos tienen medidas de coerción de entre un año a tres meses de prisión. Por los sobornos tienen medidas de coerción, además, el exministro Temístocles Montás, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y Ruddy González.

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Imputados por el caso Odebrecht ya están en Najayo, como dispuso el juez

SANTO DOMINGO. Próximo a la 1:00 de la tarde de este lunes fueron sacados por la parte trasera del Palacio de Justicia del Distrito Nacional siete de las ocho personas privadas de libertad preventivamente bajo la acusación de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht para favorecerlos con obras del Estado.

El exministro de Industria, Comercio y Mipymes, Temístocles Montás; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el expresidente del Senado, Andrés Bautista; el exdiputado Ruddy González, el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, y el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Máximo De Óleo, fueron trasladados por un contingente policial al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

En tanto que permanece en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva el empresario Ángel Rondón, quien es señalado como la persona que recibió los US$92 millones de Odebrecht para sobornar a los funcionarios públicos dominicanos, hasta tanto la Procuraduría General de la República decida si enviarlo a La Victoria o a un centro del nuevo modelo, como han solicitado sus familiares. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, a solicitud del Ministerio Público, dispuso que los imputados por el caso cumplieran la medida en los referidos centros carcelarios.

Este lunes, mediante un breve comunicado, la Procuraduría General de la República informó que analiza la solicitud hecha por los parientes del empresario, bajo el alegato de que en el penal La Victoria la vida de Rondón Rijo estaría en peligro.

“Las autoridades están evaluando dicha solicitud, y tan pronto tengan una decisión al respecto, la daremos a conocer”, sostuvo en un comunicado el máximo representante del Ministerio Público.

Una vez el minibús con aire acondicionado salió con los siete privados de libertad, que lo abordaron sin esposas en las manos y escoltados por algunos policías, llegó el bus que traslada regularmente a los presos, momento aprovechado para que los allí presentes vociferaran a la prensa: “Así es que se trasladan a los presos aquí, en una guagua con barrotes y con esposas en las manos”.

La llegada a Najayo

Pasadas las 11:00 a.m. comenzó a ser visible el amplio operativo de seguridad desplegado en la cárcel de Najayo para recibir a los siete implicados del caso Odebrecht que serían trasladados hasta ese recinto desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Las medidas implicaron la colocación de agentes élites fuertemente armados en los techos de las celdas adonde irían los presos, la entrada por la que ingresarían a la cárcel y se elevó de uno a cuatro el número de los custodios apostados en la garita de la parte frontal del centro. Mientras crecía la expectativa por la llegada de los imputados, en el lugar se iban aglomerando familiares y amigos de los implicados en el caso, principalmente del exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, de quien acudió una comitiva encabezada por su hermano José Montás, quienes manifestaron apoyo al miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A las 1:15 p.m. se avistó desde la explanada frontal del centro de reclusión el primero de varios vehículos que franqueaban el autobús donde fueron transportados los siete imputados ante la algarabía de los familiares y amigos, así como curiosos que se hallaban en el lugar, muchos de los cuales portaban pancartas con diversos mensajes.

Pocos minutos después se produjo el esperado arribo del grupo, cuya marcha fue interrumpida momentáneamente próximo a la entrada del recinto por decenas de personas que lanzaban consignas en favor y en contra de los apresados, a los cuales se les vio de buen ánimo.

Entre las consignas pronunciadas por los presentes están: “Ahí es que los queremos, en la cárcel”, “Estamos contentos, trajeron los ladrones”, “Aquí falta mucha gente que también son delincuentes”, “Que traigan a los otros que son los pejes gordos”, gritaban.

Mientras que las consignas en favor de los apresados se concentraron en la figura de Temístocles Montas, a quien le gritaban “Temo, tu pueblo está contigo”, “Sabemos que no robaste” y “Confiamos en tu inocencia” entre otras, mientras el exfuncionario los saludaba y hacía gestos aparentemente de agradecimiento con las manos y la cara.

Tras la breva parada, el autobús penetró a la cárcel y las puertas fueron cerradas por miembros de la seguridad que permanecieron por varios minutos vigilando la entrada.

Ambiente movido en Najayo

Desde tempranas horas de la mañana, el ambiente era de expectativa del eventual traslado de siete de los implicados en el caso Odebrecht a la cárcel de Najayo. La calle que cruza frente al recinto carcelario registraba mayor movilidad de vehículos que en días anteriores, mientras que al interior del Centro de Corrección Najayo Hombres era frecuente la entrada de yipetas de lujo de diferentes marcas y otras se apostaban frente al lugar sin que sus ocupantes ofrecieran información sobre los motivos de su estadía frente a la cárcel.
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Punta Catalina, la obra insignia de Danilo Medina, pierde apoyo por caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. La central termoeléctrica de Punta Catalina es, por definición del propio presidente de la República, Danilo Medina, “el proyecto más importante que se ha puesto en marcha en nuestro país para dar respuesta, de una vez por todas, al problema del suministro energético en la República Dominicana”.

Así se expresó Medina mientras hablaba a la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, en un discurso en el que prometió solemnemente que no iba a escatimar esfuerzos para que se conozca la verdad sobre la licitación de la planta, y que decidiría sobre la obra de acuerdo con los intereses del pueblo. Pero, advirtió que si se comprobaba que todo se hizo de acuerdo de los estándares internacionales, “Punta Catalina se finalizará”.

Sin embargo, la propia Procuraduría, en el expediente que presentó ante un juez de la Suprema Corte de Justicia, para pedir la medida de coerción que se impuso a los 13 de los 14 imputados de recibir sobornos de Odebrecht, incluyó el proyecto de las plantas como cuerpo de delito.

El procurador General, Jean Alain Rodríguez, explicó, mediante nota de prensa, que un senador y un exdiputado recibieron sobornos de Odebrecht para gestionar la aprobación del financiamiento de las plantas que se construyen en Punta Catalina, Baní.

Más allá de que el señalamiento del Procurador reta al Presidente a cumplir su promesa, la disposición de recursos para terminarla hacen que el proyecto se tambalee y pone en duda su terminación para finales del próximo año, como ha anunciado la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), su promotora.

La semana pasada, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, admitió que los bancos europeos que financian la construcción de Punta Catalina paralizaron los desembolsos de recursos y que eso, obviamente, impacta en la obra.

En total, las plantas a carbón, cuya construcción se inició en 2014, conllevan una inversión de US$1,945 millones, de los que el Estado contrató financiamiento por US$1,288 millones.

De ese total, los bancos europeos aportarían al Estado dominicano US$632.5 millones, de los que faltan por desembolsar US$271 millones.

Sobre la retención de los desembolsos, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) lo atribuye a la protección que estaría dando la administración de Medina a la constructora Odebrecht.

Enrique De León, vocero del Comité, asegura que la decisión de los bancos europeos responde a una solicitud de ellos, junto a las organizaciones BankTrack, Urgewald, Amigos de la Tierra y Re:COMMON, motivada en que el proyecto es –a su juicio- producto de actos corruptos, “y porque su naturaleza de carbón no cumple con los requisitos internacionales exigidos para plantas de ese tipo”.

Contó que entre el 16 y 26 de mayo se reunieron en Europa con los ejecutivos de tres de los bancos que financian Punta Catalina, el Deutsche Bank, de Alemania, el Société Genérale, de Francia y el ING, de Ámsterdam, así como con la firma aseguradora SACE.

“Ellos nos confesaron que desde diciembre, cuando se conoció que Odebrecht admitió los sobornos, ellos contrataron una firma de abogados para tener las pruebas y rescindir el contrato de financiamiento, porque el Estado dominicano pudiera demandarlos”, narra De León.

Los ejecutivos le expresaron, asimismo, que los desembolsos al Estado estarán paralizados hasta que concluya la investigación.

Además de las tres referidas entidades bancarias, en el financiamiento participan también el Unicredit, de Italia, y el Banco Santander, de España.

“El problema que nos plantea SACE, es que no se explican cómo, habiendo Odebrecht admitido su delito, el gobierno no le aplicó la ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas, y le rescindió el contrato. Entonces, lo que está haciendo el Gobierno es poner en riesgo el financiamiento de Punta Catalina por complicidad con Odebrecht, por no procesarlos”, asume De León.

Entiende que con su actitud, el Gobierno y el presidente Medina en particular, proyectan la imagen de que se está protegiendo a Odebrecht, y que eso hace pensar que esa protección es a cambio de silencio, “tal vez, para que esa empresa no los señale como cómplice”, dice.

“Hay que salvar el financiamiento y se salvan saliendo de Odebrecht y llamando a una nueva licitación a gas natural”. Enrique De León, Vocero de CNLCC

Del BNDES a los bonos

Además de los bancos europeos, para Punta Catalina se contrató un financiamiento de US$656,000,000 con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES), pero se suspendió luego que iniciaran en ese país las investigaciones del caso Lava Jato, que destapó el esquema de corrupción político empresarial por el que está condenado el expresidente del Grupo Odebrecht. Tras la decisión de Brasil, el Congreso Nacional aprobó en noviembre pasado un proyecto para cambiar ese financiamiento por la emisión de bonos de deuda pública por US$600 millones.