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Incertidumbre ante falta de datos sobre empleados cesados que recibirán apoyo del gobierno

SANTO DOMINGO.- La promesa del gobierno de asumir el pago de una parte de los salarios de los empleados que quedaron cesados debido al periodo de emergencia mantiene preocupados tanto a trabajadores, como empleadores, que desconocen el procedimiento para acogerse a ese programa.

La Confederación Nacional de Unidad Sindical instó a las autoridades a publicar lo antes posible el listado de las empresas que ya han pedido suspensión temporal de sus contratos laborales.

A dos días de que se habilite en el portal del Ministerio de Hacienda el formulario de aplicación para que las empresas puedan acogerse al Fondo de Asistencia Solidaria, empresarios en San Cristóbal, dice estar en el limbo.

Santos Brito, quien emplea en su compañía a 12 trabajadores, asegura que debido a la contingencia, su empresa fue cerrada sin que las autoridades le otorgaran ningún documento.

Asegura que ha tratado de solicitar información al Ministerio de Trabajo, pero no ha obtenido respuesta.

A través de un comunicado, la Confederación Nacional de Unidad Sindical pidió a las autoridades verificar que los trabajadores estén enterados de cuál es el estatus que rige sus contratos de trabajo.

El gobierno informó que podrán recibir apoyo programa denominado FASE los trabajadores cuyas empresas se encuentra cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social y que hayan cerrado sus operaciones por las medidas de distanciamiento social.

El Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) apoyará a los trabajadores, de manera transitoria, con una transferencia monetaria no condicionada.

A partir del 2 de abril, las empresas interesadas en acogerse al FASE podrán solicitar la inclusión a través de la página web del Ministerio de Hacienda, en la cual también se habilitará un espacio para que el trabajador pueda verificar si su empleador le ha registrado como beneficiario.

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Lo que paga un haitiano por documentos falsos

Monte Cristi.-Haitianos que son apresados por militares con documentos falsos, dijeron a periodistas y oficiales castrenses y migratorios que comparan los mismos a 15, 20 y hasta a 25,000 pesos a redes que se dedican a esa ilícita práctica en Haití.

El pasado domingo, periodistas del Listín Diario observaron cuando decenas de haitianos eran arrestados por militares en los puntos de chequeos de la Solitaria en la entrada de Guayubín y Jicomé, en las provincias Monte Cristi y Valverde, tras ingresar a territorio dominicano con visas, carnés del Plan de Regularización de Extranjeros y de estudiantes adulterados.

Muchos de los inmigrantes dijeron a los oficiales militares que compraron los carnés y las visas a compatriotas suyos que los falsifican en su país y que pensaban que eran válidos. También algunos, principalmente mujeres, lloraban e imploraban alegando que tomaron dinero prestado para adquirir esas documentaciones falsas y que al regresar a su país se exponen a secuestros si no pagan lo adeudado.

“Todos dicen ese cuento cuando los apresamos, pero ellos deben comprender que en Haití no se expide carnés del Plan de Regularización, tampoco de estudiantes y las visas tienen que adquirirlas en las sedes diplomáticas dominicanas”, indicó.

Las autoridades dominicanas apostadas en la frontera informaron que realizan trámites para pedir la colaboración de la Policía haitiana a fin de que persigan y apresen a las personas que se dedican a estafar a sus compatriotas con documentos falsos de entrada a territorio dominicano.

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OMSA pagó más de RD$1,056 millones a empresas que no fueron localizadas

SANTO DOMINGO. La investigación especial hecha por la Cámara de Cuentas a la gestión de Manuel Rivas en la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) no solo confirmó las denuncias por actos de corrupción en la entidad, también el modo en que los funcionarios públicos en combinación con particulares manejaron más de nueve mil millones de pesos entre el 2012 y el 2017.

Los auditores pudieron establecer que 25 de los 43 proveedores de servicios de la OMSA, a los que les fueron desembolsados por concepto de productos y servicios mil cincuenta y seis millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y cinco pesos (RD$1,056, 603,875), no fueron localizados en los domicilios que figuran en los contratos de servicios.

“Se observó que los 43 proveedores visitados recibieron pagos por un monto de mil ochocientos un millón seiscientos setenta y siete mil treinta pesos (RD$1,801,677,030) y de estos 25 no fueron localizados, desembolsando la OMSA el monto de mil cincuenta y seis millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y cinco pesos (RD$1,056, 603,875), lo que representa el 59% del monto pagado a estos proveedores por diferentes servicios”, afirma la Cámara en el informe remitido a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa.

Entre las empresas no localizadas figuran Tech Solution y Grupo Martisdom, del empresario Eddy Santana Zorrilla, quien junto a Rivas, Faustino Rosario exgerente financiero de la OMSA, Argenis Contreras, asistente de Rivas, y José Antonio Mercado Blanco, son señalados como los responsables del asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras.

El exdirector de la OMSA así como el exgerente financiero, suplieron las nuevas direcciones de los proveedores a los investigadores en un escrito de contestación a las irregulares señalada sin embargo la entidad estableció que los nuevos domicilios “no se corresponden con el ejercicio de la razón social indicadas en los contratos y/o órdenes de compra”.

Un ejemplo de las irregulares lo constituye el hecho de que la empresa Climosa Enterprises a la que la Oficina Metropolitana le pagó RD$244,061,386 por servicios otorgados, no fue localizada en la avenida John F. Kennedy esquina Lope de Vega del Distrito Nacional.

“La entidad explica que la dirección es la indicada en el contrato sin embargo en esta dirección Ave. John F. Kennedy con Ave. Lope de Vega frente al Banco Scotiabank existe una estación de combustible y del lado arriba está un solar baldío y frente a este solar un dealer de vehículos JMC, por lo que no coincide con la establecida en el contrato”, dicen los auditores.

Otra entidad a la que se le desembolsó RD$121, 824,120 y no pudo ser localizada por la Cámara de Cuentas, según se estableció en la investigación, es Venditio Line & Asociados.

A las empresas de Santana Zorilla, quien presuntamente había negociado con Yuniol Ramírez el pago de cuatro millones de pesos para que retirara un recurso en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), la OMSA le pagó del 2012 al 2017, RD$332,047,050.

“La OMSA adquirió bienes y servicios durante el período bajo investigación con 51 proveedores, a los cuales se les efectuaron pagos por un monto de RD$3,029,885,296”, dice la Cámara de Cuentas.

Responsabilidad penal

Los investigadores afirman que hay responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que causó graves perjuicios económicos al patrimonio público, unida a maniobras dolosas y fraudulentas implementadas en los procesos de contratación, dan indicios de responsabilidad penal. Además de mencionar a los funcionarios de la OMSA, la Cámara también cuestionó las actuaciones de los miembros de la Unidad de Auditoria Interna (UAI) de la Contraloría General.

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Exguardia dominicano dice que ha traído miles de haitianos

Dajabón.-Enero de cada año se convierte en un verdadero dolor de cabeza para los civiles que se dedican a “cargar haitianos” en esta zona limítrofe del país.

Los primeros días de este 2018 no han sido la excepción, en particular para un exsargento del Ejército, (nombre omitido por razones de seguridad), quien desde 2011 cuando fue dado de baja se dedica al tráfico de migrantes.

El ex militar se queja de que en días normales pasar varios indocumentados le toma pocas horas, pero hoy tiene que “echarse el día entero” porque la zona está “caliente”.

La explicación de su inconformidad se debe al incremento del patrullaje que es habitual en esta fecha con la finalidad de retener a los ilegales que buscan retornar de Haití tras pasar Año Nuevo con sus parientes.

“Ahora mismo cualquier haitiano te da hasta cinco mil pesos para que lo lleves a Santiago”, afirma.

El hombre de 36 años, habla de esa actividad como un oficio normal al que solo en Dajabón se dedican más de 60 personas.

Al tratar de contabilizar el número de haitianos que ha logrado cruzar en los siete años que lleva realizando este delito el ex militar afirmó que son miles los indocumentados traídos por él.

Con una carcajada en su rostro también explicó que le han devuelto muchos morenos.

“Yo he mandado morenos que van para la Capital, Bávaro, Puerto Plata, Samaná, casi para todo el país, aunque el compromiso de nosotros es llevarlo a Santiago”, especificó.

Contactos de ambos lados

Al describir la travesía que hay que hacer para lograr su cometido, el traficante manifestó que los grupos de ilegales que desean llegar al país por lo regular contactan a un guía en Haití, quien los lleva hasta un punto de la frontera desde donde son recogidos por los dominicanos.

Sin embargo, parte del equipo operativo del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) indicó que en la actualidad los propios dominicanos están pasando para Haití a ubicar a los haitianos que quieren cruzar.

Luego de atravesar la frontera en ocasiones se albergan en una vivienda para ir sacándolos en grupos pequeños por los montes de las provincias que están próximo a Dajabón, especialmente localidades como Las Matas de Santa Cruz, Gozuela y Santa María, entre otras de la provincia Montecristi.

“Hay días que uno se gana hasta RD$10,000, pero hay otros donde se va en blanco”, puntualizó, tras acusar que en el entramado no falta el contubernio de los militares de la zona.

Más de 16 retenciones

Mientras estos civiles e indocumentados se las ingenian para lograr llegar llegar a suelo dominicano, del otro lado se encuentran los organismos de seguridad, tratando de impedir el ingreso.

Según las estadísticas más recientes del Cesfront, desde el 30 de diciembre a la fecha se han devuelto 16,422 ilegales, tras ser apresados en diversas localidades de la zona fronteriza.

La mayoría de ellos han sido devueltos por Dajabón, donde se evidencia el mayor flujo migratorio.

Por este punto cada día llegan hasta el puente entre tres y cuatro guaguas de Migración repletas de haitianos ilegales.

4 autobuses cargados de ilegales son llevados cada día hasta el paso fronterizo por Dajabón.

16 días tiene operativo de incremento patrullaje.

Otro contrabando

Por la frontera no solo se ha evidenciado un incremento en el cruce de los indocumentados, sino también de otros contrabandos, como el de ajo, que llegan al país procedente de la vecina nación para ser comercializado de forma irregular en diversos puntos del territorio.

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En Reino Unido el supermercado se puede pagar con la huella digital

LONDRES. El Reino Unido se ha convertido en el primer país del mundo en estrenar un supermercado donde se permite a sus clientes pagar la compra a través de la tecnología de la huella digital.

El nuevo invento, denominado “Fingopay” funciona a través de un sistema de infrarrojos que escanea las venas de los dedos y vincula el mapa biométrico a las cuentas bancarias de cada cliente. Los datos bancarios se guardan en el proveedor de pagos “Worldpay”, de la misma manera que se pueden almacenar cuando se compran productos por Internet.

Los clientes de la tienda Costcutter, en el campus de la Universidad Brunel de Londres, han sido los primeros en probar los pequeños aparatos para pagar escaneando las yemas de los dedos.

El sistema de pago se ha simplificado, ya que los compradores podrán ir al supermercado sin efectivo o sin tarjetas de crédito, y podrán pagar simplemente utilizando sus manos.

La empresa que está detrás de este invento, Sthaler, con sede en Londres, ha informado a los medios de comunicación de que está trabajando con otros supermercados del Reino Unido para adaptar esta tecnología.

Desde Sthaler se ha asegurado que este sistema de pago es el más seguro puesto que “no puede ser copiado o robado”.

Asimismo, espera que más de 3.000 estudiantes de los 13.000 que hay en el campus donde se está poniendo a prueba esta tecnología, se registren antes de noviembre para utilizar “Fingopay”.

La empresa ha agregado que está negociando poder llevar el sistema no solo a los supermercados, sino también a clubes nocturnos, gimnasios o estadios de fútbol para identificar con facilidad quiénes tienen acceso a las zonas VIP

La huella digital ya se utiliza en el Reino Unido para acceder a algunos edificios de alta seguridad o autorizar las transferencias de comercio interno en un banco de inversión. EFE

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Alcaldía de Esperanza continua pagando prestaciones laborales a ex empleados

Esperanza, Valverde.- Varios ex empleados del ayuntamiento municipal de Esperanza, recibieron el pago total de sus prestaciones laborales.

La alcaldesa, Jacqueline Peña y el Jurídico del ayuntamiento, licenciado Pedro Polanco, hicieron entrega de los cheques a los ex trabajadores Agustina Sánchez Logroño, Aracelis Morel y Fausto Darío Reynoso.

En ese sentido, la ejecutiva municipal, dijo que a pesar de no lograr la aprobación del préstamo consistente en ocho millones de pesos para la indemnización de los ex obreros, ha podido cumplir con lo acordado, ya que ha ido saldando de manera gradual.

Peña, tambien expresó, que a cada personas en cuestión les pagará las partes que le corresponda, cumpliendo así con el cien por ciento, en la fecha establecida.

Departamento de Prensa
Alcaldia de Esperanza

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Odebrecht pone en apuros al Gobierno al requerir más dinero

Santo Domingo.-La empresa Odebrecht tiene al Gobierno en apuros al mantenerse firme en demandar el pago de US$708 millones adicionales para la finalización de las plantas de carbón de Punta Catalina.

Dicha posición se encamina a ser dirimida por un tribunal de arbitraje, ya que los representantes jurídicos de ambas partes han sostenido varias reuniones para tratar ese tema, pero no se han acercado a un acuerdo.

“Lo que se vislumbra es que algún ente externo tendrá que decidir si el Gobierno paga o no, porque la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) mantiene su posición de que no va a dar ni un centavo más”, afirmó un funcionario del sector.

Posibles salidas

Si la CDEEE y Odebrecht no logran un acuerdo podrían generarse dos escenarios y ninguno de ellos es muy halagüeños para el Gobierno.

El primero implica que el Estado sea sometido a un juicio o arbitraje por incumplimiento de contrato y se paralice la obra, y el segundo, es que tenga que pagar los US$708 millones que pide la empresa brasileña.

Dicho análisis fue hecho por el economista Hernán Minier, quien considera que lo más recomendable sería tratar de llevar esa disputa a un arbitraje internacional a ver si el Gobierno puede obtener una buena negociación.

“Si el Estado no ha hecho ningún tipo de adenda que lo esclavice a tener que asumir ningún tipo de costo en la construcción de Punta Catalina debería ponerlo claro”, subrayó el especialista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

No obstante, este asume que si ese punto no se ha aclarado es porque en el contrato se ha dejado abierto un elemento que ahora está reluciendo.

Implicaciones fatales

Si el Gobierno fuera sometido ante un tribunal internacional por incumplimiento de contrato, y pierde, podría correr el riesgo de que no lleguen al país otros proyectos por falta de garantía jurídica.

“Con esto se mantendría el monopolio en la generación de electricidad como está ahora en manos de dos empresas”, dijo Minier a EL DÍA.

En cambio, si debe pagar los US$708 millones la situación se empeora.

“Esto puede causar un problema de liquidez al Estado, al tener que buscar unos recursos que no están contemplados en el presupuesto”, advirtió.

Cabe destacar que el precio final de Punta Catalina aumentaría de US$1,945 millones a US$2,653 millones , si el Gobierno se viera obligado a pagar el alegado incremento en los costos de construcción del muelle del proyecto y otros aspectos “relacionados al cronograma y a posible extensión del plazo” que pide la constructora brasileña.

Esto indica que la obra terminaría con una sobrevaluación de un 30 %, tomando en cuenta que la comisión que investigó la licitación del proyecto manifestó que el costo pactado en el contrato está un 6 % por debajo de su valor en el mercado internacional.

Corrupción técnica

El experto energético Jose Luis Moreno San Juan cree que con esa afirmación se trató de crear el escenario para justificar el pedido de la empresa acusada de conseguir sus contratos a base de sobornos.

Afirma que las dos plantas de 720 megavatios no debieron costar más de US$1,740 millones y se adjudicaron en US$1,945 millones, “por lo que Odebrecht no tiene asidero legal para pedir más dinero”.

“Lo que están haciendo se llama corrupción técnica, ya que por lo único que podrían alegar más dinero es por una indexación que no llega a más de US$100 millones”, explicó el director del Instituto de Energía de la UASD.

San Juan dijo que Odebrecht debe más al Estado, porque debe pagar US$500,000 por cada día de atraso de la obra.

Reacción.

El abogado de Odebrecht, Robert Valdez, fue consultado por EL DÍA sobre el tema, pero no ofreció ninguna respuesta sobre el tema.

CDEEE.

En las reuniones participa la CDEEE y sus consultores jurídicos, el Ministerio de Hacienda, y la firma de asesores Pereyra.

¡Fuera Odebrecht!

Jose Luis Moreno San Juan sustenta que lo mejor que haría el país sería salir de Odebrecht si no llega a un acuerdo con el Gobierno, porque ha demostrado ser incompetente.

Afirma que la obra está retrasada por el “desorden” de construcción.

Contrato establece arbitraje

El contrato de construcción de Punta Catalina establece en su artículo 18 que si las partes tienen una disputa deberán dirimirla en un Comité Mixto de Solución de Controversias (CMSC), conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional relativo a “Dispute Boards” (Consejos de Disputas).

Este será realizado en República Dominicana en español.

Pero si una de las Partes no acata o cumple con alguna recomendación del CMSC, la otra podrá someter dicho incumplimiento a arbitraje.

La sede del arbitraje será en Nueva York, y la legislación aplicable será dominicana.

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Trump reitera que México pagará por el muro fronterizo “de un modo u otro”

WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este lunes a la carga e insistió en su afirmación de que será México quien pague por la construcción del muro fronterizo entre ambos países, una de sus mayores promesas de campaña.

“De un modo u otro, México pagará por el muro”, dijo el mandatario al ser preguntado por la financiación para el mismo durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Sauli Niinistö.

“Puede ser mediante reembolso”, añadió el mandatario.

Trump hizo esos comentarios pese a que los Gobiernos de los dos países habían acordado no volver a sacar el tema de la financiación de la muralla fronteriza en público después de sufrir una crisis diplomática que provocó la cancelación de una visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Washington.

“Puede que lo financiemos nosotros a través de Estados Unidos, pero en última instancia, México pagará por el muro”, reiteró el mandatario al ser preguntado por las negociaciones del presupuesto federal del próximo año fiscal, donde él exige fondos para su construcción.

El multimillonario ha amenazado con presionar por dichos fondos aunque eso provoque un cierre parcial del Gobierno, ya que la oposición demócrata no están dispuesta a permitir la aprobación de ningún presupuesto que contemple financiación para la barrera fronteriza.

El Congreso debe llegar a un acuerdo al respecto antes del 30 de septiembre.

Aunque la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que incluía dinero a tal fin antes del receso veraniego, ese texto no tiene ningún futuro en el Senado, donde la mayoría republicana es más ajustada -solo dos senadores de ventaja- y necesitarían al menos el apoyo de seis demócratas para lograr aprobar la medida.

No obstante, Trump ha recibido duras críticas por afirmar que está dispuesto a incurrir en el cierre gubernamental si no tiene fondos para el muro, ya que había reiterado antes hasta la saciedad que sería pagado por México.

Sin embargo, el Gobierno mexicano ha repetido una y otra vez que eso no sucederá, un asunto que tensa la relación entre los dos países mientras renegocian el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994 entre las dos naciones y Canadá.

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Conflicto amenaza retrasar la entrega de Punta Catalina

Santo Domingo.-La empresa brasileña Odebrecht está reclamando a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales el pago de más de 700 millones de dólares por “costos extras” en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, Baní, dijeron fuentes enteradas.

La CDEEE, según esas fuentes, se niega a asumir tales sobrecostos, lo que ha desatado un inesperado conflicto que podría implicar retrasos en la entrega final de la obra. La corporación estatal alega, según se dijo extraoficialmente al LISTÍN DIARIO, que tales sobrecostos debe asumirlos el propio contratista.

Al hacer este reclamo hace aproximadamente un mes, el consorcio Tecnimont-Odebrecht Estrella, contratista de Punta Catalina, planteó una nueva fecha para entregar las dos unidades generadoras en febrero y mayo del 2019, lo que implicaría un retraso de casi dos años en el tiempo originalmente previsto para su entrada en operación, añadieron las fuentes al LISTÍN DIARIO.

Frente a tal posibilidad, la CDEEE la consideró “inaceptable”, ya que supondría una alteración del calendario de trabajo fijado en la firma del contrato de licitación. De paso, dijeron las fuentes, la CDEEE le hizo saber al consorcio  Tecnimont-Odebrecht Estrella que si hay atraso en el plazo de entrega “el contratista deberá pagar una penalidad por cada día de retraso”.

En medio de las tensiones entre la empresa y la corporación se han cruzado comunicaciones de uno y otro lado haciendo valer sus argumentos.

Entre las partidas que el consorcio reclama a la CDEEE figura una de 49.2 millones de dólares por concepto de seguros, garantías, gastos legales y costos financieros como consecuencia, según alega, de un déficit en el flujo de caja y facturas pendientes de pago.

Pero la CDEEE respondió que estas facturas fueron presentadas “mucho tiempo antes de que los trabajos fuesen completados”. Se dijo que el hecho de que la corporación haya aceptado la realización de pagos parciales por hitos en el proceso, no completados, no le otorga derechos al contratista a registrar como deuda pendiente el monto de estos “hitos”.

La CDEEE, dijeron las fuentes a este diario, hizo saber al consorcio constructor que las dificultades que se han presentado en Punta Catalina han sido provocadas por Odebrecht, y que en todo momento la corporación ha sabido buscar fuentes de financiación alternativas (con el apoyo del Gobierno), para mantener la disponibilidad de recursos y atender los pagos de los diferentes “hitos” del proyecto.

Otro monto reclamado asciende a 165.8 millones de dólares por el aumento de la altura del nivel del muelle en el puerto de Punta Catalina, la modificación del puente de acceso y la plataforma de descarga, que habrían ocasionado sobrecostos generados por “condiciones oceanográficas imprevistas encontradas durante la fase de ejecución”. Al respecto de este reclamo, la corporación alega que la actividad de preparación de suelos fue realizada manteniéndose la fecha contractual del cierre de proyecto y culpa al consorcio de no haber realizado los estudios definitivos sobre batimetría, dirección del viento, corriente marina y oleaje.

El consorcio  Tecnimont-Odebrecht Estrella ha planteado, según las fuentes, que a causa de una serie de retrasos y dificultades en el proyecto, que implicaron modificaciones de planos y cambios en el cronograma de trabajo, aumentaron los costos de mano de obra directa e indirecta por 308 millones 600 mil dólares junto con gastos adicionales a proveedores y subcontratistas de más de 43.8 millones de dólares y otros 73.8 millones en concepto de “costo de obra”.

La empresa privada pidió una extensión del plazo para la entrega de las obras, a fin de cumplir con la primera unidad el 28 de febrero del 2019 y la segunda unidad para el 19 de mayo de ese mismo año. Pero la CDEEE rechazó esa propuesta y dijo que mantendrá el actual calendario, lo que implica que el consorcio está “en mora”.

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Gobierno debe pagar esta semana US$400 millones de deuda

SANTO DOMINGO. Este mes debe pagarse 11.3% del servicio de deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) calculado para este año. Unos US$400 millones, de los que alrededor de 80% se trata de deuda externa, de acuerdo a los documentos de la Dirección de Crédito Público.

Se trata de un pico de desembolsos que rompe el balance de menos de US$300 millones que normalmente se paga cada mes por este concepto. El salto en el monto, similar a otro que ya había ocurrido en enero, se origina en la cancelación de rendimientos semestrales a los tenedores de bonos soberanos.

La mitad de los papeles emitidos por República Dominicana en los mercados internacionales tiene fechas de corte semestral en los últimos días de enero y de julio. Por tanto, los intereses generados por los soberanos 2024, 2025, 2026, 2027, 2044 y 2045 en esos días. El resto de los bonos pagan sus rendimientos a sus tenedores, sobre todo, en abril y octubre o en mayo y noviembre.

Servicio de deuda 2017

Según lo calculado por las autoridades financieras en el Plan de Financiamiento Anual 2017, para este año el servicio de la deuda en moneda extranjera se estimó en US$2,065.1 millones, mientras que por la deuda en moneda local es de (RD$70,434.2 millones (US$1,460.1 millones). Entre ambos compromisos, los pagos por principal e intereses para este año serán de US$3,525.2 millones.

Entre enero y mayo —que son los datos más recientes publicados por la Dirección de Crédito Público— República Dominicana ha pagado US$1,924.4 millones en servicio de deuda del SPNF, tanto interna como externa.

Por compromisos en los mercados internacionales se han cancelado US$ 785.4 millones en los primeros cinco meses del año, mientras que en servicio de deuda interna se han pagado US$1,138.9 millones en igual lapso.

Saldo

El saldo de deuda del SPNF a mayo era de US$28,369.8 millones, monto que está constituido por 65% de deuda externa, entre préstamos de multilaterales, países y emisiones de bonos, y 35% por papeles emitidos en el mercado local, préstamos de entidades financieras y los bonos de recapitalización del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), de acuerdo a los datos oficiales.

Deuda de 38.3% del PIB

La deuda del SPNF representaba hasta mayo 38.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Allí todavía no estaba incluida la emisión de US$500 millones que el gobierno realizó en junio para financiar la construcción de la planta eléctrica de Punta Catalina, monto que el Ejecutivo calcula que representa 0.7% del PIB.
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Tráfico en la frontera: “Yo le pago 50 y 100 pesos al guardia y entro”

DAJABÓN. Más allá del mercado binacional, en Dajabón se da un negocio con el trasiego de indocumentados del que participan dominicanos y haitianos.

Cualquier persona a la que usted se acerque en la fronteriza provincia de Dajabón está en disposición de indicar las rutas exactas usadas para traficar indocumentados. Las frases “por pipá”, “en trullas” o “en caravana” son de las más usadas entre los provincianos para referirse a la cantidad de haitianos que cruzan por diversos puntos y a “cualquier hora del día”.

Dajabón, en el noroeste del país, hace frontera con la empobrecida ciudad de Ouanaminthe (Juana Méndez) en Haití, de la que la separa el río Masacre, con un caudal mermado que facilita el cruce de personas a pie.

Sea a través de las bajas y turbias aguas del afluente o por el puente donde los organismos de seguridad y y fucnionarios aduaneros custodian la puerta fronteriza, el paso de personas y mercancías se ha mantenido por años.

caravanas las que pasan por ahí a diario”, expone el alcalde de Dajabón, Miguel Cruz. “Mientras los militares vivan con 5 mil pesos (al mes), no habrá forma de controlar eso”.

Sus palabras contradicen las afirmaciones que la semana pasada hizo el ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, cuando aseguró que los cuerpos de seguridad tienen control de la frontera. El militar reaccionó para calmar los ánimos de varios sectores que se quejaban de una supuesta “invasión” de haitianos indocumentados en el país.

Paulino Sem presentó estadísticas de deportaciones, según las cuales, en el primer semestre de este año se ha impedido la entrada de 79,842 haitianos indocumentados, 47,771 de parte del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) y 32,071 por el Ejército de República Dominicana (ERD).

Un negocio

Mamita Pérez lleva nueve años haciendo trabajos domésticos en Dajabón pese a su condición de irregular. Ella cruza la frontera desde Juana Méndez todos los días en la mañana para retornar en la tarde a su país. No tiene documentos para entrar al lado dominicano, pero no le hace falta. “Yo le pago 50 y 100 pesos al guardia y entro”, dice la señora, apurada por terminar el planchado en una de las cuatro viviendas en las que hace trabajos domésticos. Afirma que siempre entra por el puente.

Un señor que ofrece el servicio de motoconcho cuenta que mueve unas 15 personas al día y que a muchas de ellas las transporta desde y hacia el lado haitiano a través del puente fronterizo. Prefiere mantenerse en anonimato para “no calentarse”, pues su área de negocio es transportar inmigrantes indocumentados. Por cada pasajero cobra entre 200 y 300 pesos cuando las personas entran a hacer diligencias, pero sube su precio a mil pesos si tiene que llevarlas hasta las paradas de autobuses o tienen cargas. “Los guardias me conocen y me dejan pasar. Esa gente (los guardias) es amiga mía, tanto de este lado como del otro lado”, comenta.

Su negocio, que empezó hace unos 10 años, es solo dentro de la provincia, por eso aclara que no es un traficante como los conocidos “Potea” que transportan a los “Congó”, nombre con el que se reconoce a los haitianos que entran con fines de quedarse a vivir en República Dominicana sin documentos y con conocimiento precario del idioma español.

Amorse Pie, de 25 años, es uno de casi 400 haitianos que al mediodía del miércoles pasado había detenido el Cesfront con fines de deportación, según informó su jefe, el general Sugar Frugis Martínez.

Pie fue retenido junto a otras cuatro personas, incluido un menor de edad, mientras caminaban con rumbo a la localidad de Palo Verde, en Montecristi, para trabajar en las plantaciones de guineo, donde le pagan unos 300 pesos por día.

Mientras esperaba por su deportación en uno de los siete puestos de chequeo que tiene el Ejército entre las provincias Montecristi y Dajabón, contó a Diario Libre que pagó 4 mil pesos a una persona en Haití para cruzar la frontera. No era su primera vez, pues ya llevaba un tiempo trabajando en el país, pero su patrón le pidió llevar más jornaleros y fue a su ciudad, Puerto Príncipe, a buscarlos.

Las rutas

Para mover a los indocumentados, una vez cruzan al lado dominicano, existen decenas de motoristas que los recogen en la orilla del río Masacre y por montos que oscilan entre los RD$2,000 y RD$4,000 los transportan hasta Las Matas de Santa Cruz y Guayubín, sea para integrarse allí a las labores agrícolas o para trasladarse a ciudades como Santiago y Santo Domingo.

A esos motoristas se les llama Potea y se distinguen porque llevan 3 y 4 personas a bordo. Los inmigrantes casi siempre llevan mochilas o bultos, explican varias personas del lugar.

Los Poteas evaden las vías concurridas y transitan por una calle del sector El Cristo de la Fe, que conecta al lugar conocido como La Aviación, y siguen una carretera solitaria, rodeada de bosques y parcelas, hasta llegar a las comunidades Santa María, La Pinta y Santa Cruz. En esta última se ubica el último de los tres puestos de chequeo militar dispuestos en todo el trayecto de unos 25 kilómetros. Otra Ruta cruza por los poblados de Canelón y Chacuey hasta llegar a Partido, Dajabón.

Uno de los puntos de partida del trayecto se ubica en el Paso del Canalito, en el barrio de Puerto Rico, a la orilla del río.

“¿Que cuántos pasan? Si me pongo a contar me pongo loco, eso es una trulla. Nos tienen asfixiados”, se queja Santiago Jiménez, quien tiene su casa justo al lado de la estrecha calle donde los poteas se reúnen a esperar a sus “clientes”.

Otro de los puntos de cruce de indocumentados es el conocido como Villa de Codepu (Comité para la Defensa del Pueblo). En este, un morador señala hacia una casona azul, llena de puertas enumeradas y asegura en tono bajito que “esa es una de las casas de acogida de ilegales, también conocidas como estaciones”.

Indica que “las estaciones” son comunes en los puntos de cruce del río; casi siempre son de dominicanos que hacen su negocio alquilándolas a haitianos para esconderse allí hasta que llegue el momento de transportarlos.

La Mara es uno de los puntos de cruce más famosos, pues por esa parte se trafican los vehículos robados. En esta parte del río el suelo es arenoso por lo que se usan pistas de cartón para cruzarlos.

A la seis de la mañana del pasado jueves se apreciaban decenas de personas caminando en la orilla del río del lado haitiano, buscando el momento y lugar precisos para cruzar. No hay militares a la vista, pero la presencia de personas con cámaras hace desistir de su intención a uno que empezó a cruzar el río.

El general Martínez asegura que están haciendo el trabajo, pero aclara que la responsabilidad del Cesfront son solo los puntos fronterizos formales, no toda la frontera, en la que reconoce que puede haber puntos de “escapes” debido a su apertura y gran longitud.

El comandante del Décimo Batallón del Ejército, coronel Germán Rosario Pérez, fue designado apenas el pasado miércoles. También reconoce que pueden pasar algunos indocumentad, pero asegura que no se duermen en el trabajo de vigilancia. Para confirmarlo, cita que en el poco tiempo que lleva al frente de los agentes en Dajabón, se incrementó la detención de indocumentados de unos 400 a más de 700 por día.

Convivencia

El alcalde Miguel Cruz sostiene que más del 90% de la población de Dajabón, calculada en 65 mil habitantes, vive de forma directa o indirecta del mercado binacional de lunes y viernes. Otro porcentaje mínimo se dedica a la producción maderera en Restauración; de maní en El Pino, o la ganadería en Partido y Dajabón.

La Cámara de Comercio y Producción de Dajabón tiene registradas 370 sociedades comerciales y 362 personas físicas que participan del intercambio comercial, pero la secretaria general de ese organismo, Mayelin Zapata, señala que esos representan apenas el 25% de todos los comerciantes que forman parte de ese mercado.

Los días que no hay mercado, en Dajabón continúa la convivencia con una gran cantidad de haitianos indocumentados que hacen de pregoneros, trabajadores de construcción o empleadas domésticas. Otros entran a comprar distintas mercancías.

“Esa gente no son el problema, esa gente tú las ves saliendo en la tarde”, dice un colmadero que se queja porque entre el miércoles y jueves de la semana pasada los haitianos eran escasos en el pueblo y su negocio tuvo menos clientes. Justo para esos días, los organismos de seguridad incrementaron los controles ante las críticas por la gran presencia de migrantes.

En las calles de Dajabón era frecuente ver camionetas, autobuses y motores, tanto del Cesfront como de la Dirección General de Migración (DGM) repletos de haitianos.

“Eso es allante, se están llevando a esa gente que todo el mundo sabe que sólo vienen a trabajar y luego se van, esa gente no es el problema”, dice una señora que se identificó como Mercedes.

Avelino Tejada conoce el tema de los migrantes por los más de 10 años que trabajó para Solidaridad Fronteriza, organización católica del Servicio Jesuitas de Refugiados y Migrantes.

Tejada asegura que siempre que el tema “se calienta” y los periodistas visitan la zona, o cuando llega un alto mando militar, es común que cierren la frontera y no dejen pasar indocumentados, pero que una vez baja la presión, el tráfico vuelve a fluir.

La falta de haitianos se sentía en el hospital municipal Ramón Matías Mella, donde las enfermeras extrañaban a pacientes que tenían cita. El centro trabaja con una sobre carga por la presencia de inmigrantes que le lleva a consumir antes de tiempo la subvención mensual de unos RD$400 mil que le asigna el Ministerio de Salud Pública.

Persio Jiménez Ulloa, su director interino y director provincial de Salud, sostiene que el hospital opera de manera precaria, pero entiende que la función de los médicos y enfermeras es prestar el servicio a quien lo necesite, sin ver color de piel ni nacionalidades.

El hospital tiene 58 camas y una ocupación de un 35%. Alrededor del 40% suelen ser ocupadas por haitianos. El área de maternidad es la más demandada. “En un día pueden parir seis mujeres, una dominicana y las demás haitianas. Pero eso varía, a veces son cinco dominicanas y una haitiana”, comenta Jiménez Ulloa.

El jueves pasado había dos mujeres paridas, una dominicana y otra haitiana de nombre Joranna Rafael. A pesar de los controles que hubo ese día, la joven pasó la frontera para parir a su hijita, mostrando una referencia que le hizo un hospital del municipio de Manzanillo a donde acudía con cierta frecuencia para atenderse el embarazo.

Incautaciones y detenciones de indocumentados en la frontera por Dajabón | 11 de enero-11 de julio, 2017

CANTIDAD
Ilegales detenidos 10,074
Fundas de ajo 979
Litros de whisky 493
Cajas de ron 529
Paquetes de sopitas 458
Paquetes de cigarrillos 3,455
Galones de clerén 67
Sacos de carbón 18
Motocicletas 91
Minibús 16
Vehículos detenidos y sometidos 25
Chivos recuperados 8
Vacas recuperadas 6
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La Junta Central ha pagado RD$200 millones de deuda electoral

SANTO DOMINGO. De los RD$300 millones que hasta marzo pasado había desembolsado el Gobierno a la Junta Central Electoral (JCE) para ayudar con la deuda que arrastra el organismo de las pasadas elecciones generales del 15 de mayo del 2016, más de RD$200 millones fueron destinados al pago de contratistas, suplidores y militares.

El monto entregado forma parte de una asistencia inicial de RD$500 millones que prometió el presidente Danilo Medina, para contribuir a solventar la deuda de RD$2,400,486,567.40 que tiene el organismo.

De acuerdo a informes de la Dirección Financiera de la JCE, un porcentaje de RD$174,695,093.86 fueron destinados a los suplidores; RD$18,434,950.00 al pago del personal militar y policial que prestó servicios durante los comicios.

De ellos, RD$10,481,000.00 fueron para el personal militar y policial encargado de incautar vehículos oficiales utilizados en actividades proselitistas; RD$5,852,950.00 a los que trasladaron los equipos electorales y RD$2,101,000.00 al cuerpo especializado de seguridad en aeropuertos.

En tanto, RD$17,774,172.57 a los contratistas de obras realizadas en las juntas electorales, las oficialías y la sede principal de la JCE.

La deuda de la JCE al 22 de diciembre del 2016 ascendía a RD$2,400,486,567.40, teniendo entre los deudores a Indra Sistema con RD$641 millones, que fue la empresa suplidora de los equipos para el registro de concurrentes y el escrutinio de los votos. Actualmente la Cámara de Cuentas realiza una investigación acerca de la situación financiera con la empresa.

Más deudas

Otras deudas son de: RD$168 millones a la empresa que suministró la cédula, RD$91 millones a los periódicos, RD$531 millones al Plan de Retiro y RD$204 millones al Impuesto Sobre la Renta, entre otros.

En el 2015, la JCE fue asistida con RD$2,200 millones, y en el 2016, a pesar de solicitar un presupuesto de RD$8,623,547,795.00, solo se le asignaron RD$6,150,894,990.00.

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Venezuela pagó 2.100 millones de dólares por carne podrida, según diputado

Caracas.-El diputado venezolano Carlos Paparoni, opositor al Gobierno Nicolás Maduro, aseguró ayer que el Ejecutivo de ese país pagó unos 2.100 millones de dólares a dos compañías brasileñas que adulteraban las carnes para poder vender productos vencidos o no apropiados para el consumo.

«Han gastado 2.100 millones de dólares comprando a JBS y BRF, compañías que venden comida vencida (…). Están comprando carne y productos podridos para poder importarlos», dijo el parlamentario durante su intervención en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por la oposición al Gobierno.

El diputado afirmó que dichas compañías son de las que más exportaron carne hacia Venezuela desde 2011 mediante contratos supuestamente suscritos por la estatal Corporación CASA, la única instancia autorizada para este tipo de trámites en el país caribeño.

En este sentido, aseveró que el expresidente del Parlamento Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres más importantes del chavismo; el jefe Hacienda, José Cabello; y el ministro de Alimentación, Marco Torres; sostuvieron acercamientos con los propietarios de las empresas en cuestión para finiquitar los acuerdos de importación.

«Pagan siete dólares por cada kilo de alimento, de carne que le están comprando a Brasil, con esa cantidad nosotros podemos producir 14 kilogramos más (…) y ellos prefieren comprar carne podrida a Brasil», prosiguió.

El descubrimiento de que algunas empresas adulteraban las carnes para poder vender productos vencidos o no apropiados para el consumo llevó a países como China, Corea del Sur, Chile, Hong Kong y la Unión Europea (UE) a anunciar restricciones temporales a las importaciones de carnes brasileñas.

Según la policía, varias de las principales cárnicas del país, entre ellas JBS y BRF, con la complicidad de fiscales sanitarios corruptos, «maquillaron» con productos químicos carnes que estaban en mal estado y no cumplían con los requisitos para la exportación.

El Gobierno brasileño se ha apresurado a ofrecer explicaciones sobre la calidad de la carne brasileña y la eficacia de su sistema de fiscalización sanitaria y ya consiguió que Corea del Sur revirtiera su decisión.

Brasil es el mayor exportador mundial de carne bovina y de pollo, el cuarto en el segmento de cerdos, y las ventas externas de esos tres sectores a cerca de 150 países representaron el año pasado el 7,2 % de ese comercio, con 11.600 millones de dólares. EFE

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Spotify ofrecerá parte de la música solo a sus suscriptores de pago

REDACCIÓN. La plataforma Spotify planea ofrecer parte de su música únicamente a aquellos suscriptores de pago, según informa hoy el diario británico “Financial Times” (FT).

Según esta información, a partir de ahora 50 millones de usuarios que actualmente pueden escuchar canciones gratuitamente, ya no podrán acceder a los últimos álbumes lanzados por algunos artistas.

Se trata de una modificación significativa por parte de la popular plataforma musical en la manera en la que ha operado hasta la fecha, cuando toda su música estaba disponible tanto para los consumidores de pago como para aquellos que accedían sin pagar.

Spotify ha llegado ahora a un acuerdo con algunas de las firmas discográficas más importantes del mundo a fin de ofrecer parte de los nuevos lanzamientos únicamente a sus miembros abonados a su tarifa “premium”, que cuesta 9,99 libras al mes (11,3 euros), de acuerdo con la información del FT.

La plataforma cuenta con la mayor cuenta de usuarios de pago de la industria de la música en “streaming” (escuchas sin necesidad de descarga), con 50 millones de suscriptores y otros 50 millones de abonados a su servicio gratuito.

Esas cifras superan con creces a los 20 millones de abonados de Apple y a los 3 millones de Tidal.

Durante mucho tiempo, Spotify ha atribuido parte de su enorme éxito al valor de su servicio de escucha de música gratuita, interrumpida por la publicidad.

Las discográficas creen que el servicio gratis -por el que se pagan cánones más bajos por cada escucha- puede afectar a las ventas de álbumes y rebajar el incentivo para cambiar a la tarifa “premium”.

Para algunos artistas, como fue el caso de la cantante norteamericana Taylor Swift, que decidió sacar sus canciones de esa plataforma, el hecho de pagar por consumir música es una cuestión de principios.

Cuando adoptó esa decisión, Swift escribió que “la música es arte, y el arte es importante y raro. Las cosas raras e importantes son valiosas. Y se debería pagar por las cosas valiosas. En mi opinión, la música no debería ser gratuita”.

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Odebrecht pagó US$3,390 millones para campañas en cinco países, incluido RD

SANTO DOMINGO. El expublicista y asesor político Joao Santana fue quien gestionó el pago irregular de Odebrecht a campañas electorales entre los años 2006 y 2014, transacciones que alcanzaron los US$3,390 millones, y que incluyeron a República Dominicana, donde dirigió la estrategia electoral del presidente dominicano Danilo Medina, aseguró un exdirectivo de la empresa brasileña.

La información, reseñada ayer en medios brasileños, forma parte de las delaciones ofrecidas por Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho bajo la investigación del abuso del poder político y económico en la campaña presidencial de 2014 de la destituida presidenta brasileña Dilma Rousseff.

Mascarenhas estuvo relacionado con el Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora, conocido como el “departamento de las coimas”.

De acuerdo con el diario O Estado de Sao Paulo, el exdirectivo de Odebrecht aseguró el lunes ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil que “entre el 15% y el 20%” del financiamiento se hizo en Brasil y el resto se usó pagar sobornos, obras y gastos en el extranjero.

Según el artículo, el exdirectivo detalló los pagos ilegales, que se distribuyeron por año de la siguiente manera: en 2006, US$60 millones; 2007, US$80 millones; 2008, US$120 millones; 2009, US$ 260 millones; 2010, US$420 millones; 2011, US$ 520 millones; 2012, US$ 730 millones; 2013, US$ 750 millones y 2014, US$ 450 millones.

Los pagos, dijo, se realizaron en hoteles donde se alojaban los intermediarios y también participó la esposa de Santana, Mónica Moura.

Operación pasó a RD

Se reseña que Mascarenhas apuntó que a medida que fue avanzando la investigación de la operación Lava Jato, que indaga la red de operaciones de corrupción desde la estatal empresa brasileña Petrobras que incluye a Odebrecht, una parte de los sobornos migró a República Dominicana.

“Según Hilberto, con el progreso de la investigación de la Operación Lava Jato, el sector de las propinas tuvo que emigrar a la República Dominicana. La cuota de recursos que fue almacenada estaría fuera del país, y cuando era preciso hacer un pago, siempre era la misma moneda (dólares)”, apunta el medio brasileño en un artículo de su página web.

Mascarenhas expresó que este proceso se realizó de esta manera, “debido a que las reglas son más estrictas en los Estados Unidos, por lo que se evitaron las transacciones en suelo estadounidense”.

Países en que pagó Santana

Además de Brasil, el exdirectivo de Odebrecht declaró que se hicieron pagos irregulares a campañas electorales en El Salvador, Angola, Venezuela, República Dominicana y Panamá.
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Odebrecht pagará US$184 MM en ocho años con un primer abono de US$30 MM

Santo Domingo.-El acuerdo arribado entre la Procuraduría general de la República y la constructora Odebrech, en torno a  los sobornos que la empresa brasileña admitió haber pagado en República Dominicana, contempla un bono de 30 millones de dólares  ya pagado y el resto en un plazo de ocho años hasta el 2025.

Así lo explicó el procurador Jean Alain Rodríguez, en un documento dado a conocer ayer jueves.

Detalló que, según el acuerdo, dicho monto será desembolsado en un plazo de ocho años, mediante pagos anuales hasta enero de 2025, tras señalar que “en adición, la República Dominicana gozará de un derecho de prelación o privilegio en el cobro de la indemnización sobre los demás países afectados por sobornos, a excepción de Estados Unidos, Brasil y Suiza”.

Dijo que el contenido del acuerdo está protegido en su totalidad por la confidencialidad  establecida en el artículo 290 del Código Procesal Penal Dominicano.

En cuanto a las operaciones de la empresa brasileña en el país, el documento establece que  el Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Comunicado de prensa íntegro enviada por la PGR

El Procurador General de la República, Jean Rodríguez, reveló este jueves detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña Odebrecht, en virtud de los sobornos que la empresa brasileña admitió haber pagado en República Dominicana, ante autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil y Suiza.

Rodríguez explicó que, “tal y como se había anunciado al país el 20 de enero del año en curso, Odebrecht se comprometió al pago indemnizatorio de 184 millones de dólares, el doble de la suma de 92 millones de dólares que la empresa admitió haber pagado como sobornos en el país, cantidad que fue negociada tomando como referencia la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión”.

Señaló que, según el acuerdo, “dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles. En adición, la República Dominicana gozará de un derecho de prelación o privilegio en el cobro de la indemnización sobre los demás países afectados por sobornos, a excepción de Estados Unidos, Brasil y Suiza”.

Destacó que, “aparte de Brasil, la República Dominicana se destaca como el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos, además de ser el único que recibirá la totalidad de la indemnización pactada en un plazo de 8 años, a diferencia de los plazos de más de 20 años negociados por Brasil, Colombia, Panamá y Perú”.

Cooperación de Odebrecht fortalecerá la investigación

El Procurador resaltó una vez más que la firma del acuerdo económico no detendrá las investigaciones. “Seguiremos trabajando sin descanso y hasta las últimas consecuencias para identificar a quienes aceptaron dádivas en perjuicio del Estado y toda la sociedad, caiga quien caiga. A esos fines, hemos garantizado el fortalecimiento de la investigación local a través de una cláusula de cooperación en el acuerdo, que obliga a Odebrecht a robustecer la potencial acusación del Ministerio Público”, puntualizó.

En efecto, dijo, “como condición para obtener los beneficios del convenio, Odebrecht se comprometió a proporcionar al Ministerio Público toda la información que le sea requerida, especialmente la delación premiada sobre las operaciones de Odebrecht en el país ofrecida ante el Ministerio Público Federal de Brasil, a raíz de la cual resultarán identificadas personas, obras y la estructura financiera empleada en la movilización de los fondos destinados a sobornos, entre otras informaciones que permitirán al Ministerio Público dominicano continuar con su investigación y someter a la justicia a quienes hayan violado la ley”.

Manifestó además que, “estas informaciones serán suministradas una vez sea homologado y librado de confidencialidad el Acuerdo de Lenidad suscrito por Odebrecht con las autoridades brasileñas, con la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos, de conformidad con el Acuerdo de Lenidad firmado por Odebrecht con esta última nación”.

Agregó también que, “el contenido de este acuerdo está protegido en su totalidad por la confidencialidad establecida en el artículo 290 del Código Procesal Penal Dominicano”.

“Nuestro objetivo es identificar a cada uno de los que se beneficiaron de esta estructura criminal en el país y procesarlos para que sientan todo el peso de la ley. Por eso, este acuerdo apenas es el comienzo de los esfuerzos que se están realizando desde la Procuraduría para aclarar el entramado de corrupción creado por Odebrecht en el país”, indicó el Procurador.

Alcance del acuerdo

Como contrapartida de la compensación y colaboración jurídica de Odebrecht, en respeto a los acuerdos internacionales, el principio de non bis in ídem y la economía procesal, y una vez satisfechas las condiciones del acuerdo, la empresa y sus empleados directos continuarán siendo procesados en la jurisdicción brasileña, donde su principal funcionario, Marcelo Odebrecht, se encuentra cumpliendo una condena de 19 años de prisión.

Al igual que en Brasil, Estados Unidos y Suiza, el acuerdo beneficiará únicamente a Odebrecht y sus empleados directos. Quedan completamente fuera del alcance del convenio y podrán ser objeto de persecución penal todas las sociedades que no sean parte del grupo económico de Odebrecht, así como también los representantes comerciales, comisionistas, agentes, intermediarios, empresarios, funcionarios públicos y demás terceros involucrados en los hechos admitidos por la constructora brasileña.

Operaciones de Odebrecht en el país

Siguiendo los estándares y mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo y compliance penal, el Ministerio Público ha exigido a Odebrecht aplicar en la filial dominicana de la compañía las mismas medidas de fortalecimiento de la ética, gobierno corporativo, integridad y transparencia pactadas en el Acuerdo de Lenidad firmado con Brasil, Estados Unidos y Suiza, países donde también se le permitirá operar de manera condicionada. Estas acciones deberán ejecutarse en un plazo de 24 meses y los avances en la implementación deberán ser reportados al Ministerio Público mediante reportes semestrales.

Como consecuencia de este compromiso, el Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la solicitud de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Base legal

La legalidad del acuerdo firmado con Odebrecht se fundamenta en el Artículo 2 del Código Procesal Penal, el cual establece que el proceso penal tiene carácter de medida extrema de la política criminal, por lo que el Ministerio Público tiene la posibilidad de utilizar medidas alternativas para restaurar el orden social fuera de la judicialización del caso.

Igualmente, el Artículo 370.6 de la misma norma permite al Ministerio Público aplicar criterios de oportunidad en casos de naturaleza compleja, como el presente, cuando los imputados colaboran eficazmente con la investigación, brindan información esencial, ayudan a esclarecer los hechos o proporcionan información útil para comprobar la participación de otros imputados.

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Médicos residentes en hospitales demandan pago de RD$60 millones

SANTO DOMINGO. Médicos residentes de diferentes hospitales públicos montaron una vigilia en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia en reclamo de que el director del Servicio Nacional de Salud (SNS) les pague RD$60 millones que les adeudan por salarios atrasados e incentivos.

Soviescky Tavárez, representante de los galenos en formación, dijo que además, de atraso, el pasado año, Nelson Rodríguez Monegro no les entregó los bonos que anualmente les dan, como parte de las compensaciones por servicios.

Aprovechó la actividad, la cual respaldó el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, para quejarse de las limitaciones con las que trabajan en los hospitales.

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Autoridades de Educación pagarán US$5,000 a formadores de docentes

SANTO DOMINGO. Los ministerios de Educación (MINERD) y Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) están ofertando salarios de US$3,000 a US$5,000 al mes a profesionales en distintas áreas que quieran hacer una carrera académica en la formación de profesores desde las aulas universitarias.

Andrés Navarro y Alenjandrina Germán firman un comunicado público en el que informan que a partir de enero del 2017 trabajarán conjuntamente con las universidades en la identificación de profesionales del más alto nivel académico nacionales y extranjeros interesados en contribuir a mejorar la calidad del sistema educativo.

Las áreas de interés son Matemáticas, Física, Química, Biología, o relacionadas, así como Lengua Española, Literatura, Filología, Historia, Geografía, Antropología y Filosofía.

Otras disciplinas a las que se puede aspirar son didácticas especializadas, evaluación Currículum, Educación Inicial, o relacionadas a otras áreas de educación.

La clasificación de los candidatos incluye tres categorías y su selección y salario dependerán de su formación profesional.

Así, un profesional con doctorado en el área a impartir, que tenga un mínimo de 10 años de experiencia docente y en investigación y al menos cinco publicaciones en revistas indexadas, podrá devengar US$5,000 al mes neto de impuesto.

En la segunda clasificación, además del doctorado, se le exige un mínimo de cinco años de experiencia docente e investigación y una publicación en revistas indexadas. El salario que se oferta en este caso es de US$4,000 mensual neto de impuesto.

Por último, para la tercera categoría sólo se le exige maestría, experiencia docente mínima de cinco años o en actividades relacionadas a su área profesional. El sueldo para esta categoría es de US$3,000 al mes neto de impuesto.

Los docentes residentes en el extranjero, recibirán un aporte para mudanza y de viaje, equivalente a US$2,800.

Las personas interesadas en aplicar en el programa pueden hacerlo desde ya enviando su hoja de vida o currículum a la dirección electrónica formaciondocenterd@gmail.com.

Los seleccionados serían contratados por un año, renovables y deberán dedicarse a tiempo completo y exclusivo a la enseñanza y la investigación en las universidades del país que formen docentes.

La intención de las autoridades es la preparación exclusiva por áreas de conocimientos y es parte de las innovaciones que desarrolla el sistema.

En julio pasado, L. Luis Matos, director del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), dijo que el MINERD iba a contratar en agosto de este año a 40 profesores extranjeros para enseñar en las universidades locales.

Hasta ese momento había evaluado más de 350 currículum de profesores de los Estados Unidos, España, Chile, Brasil, Ecuador, Argentina y que a partir de enero del próximo año, las primeras en beneficiarse serán la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu). Las demás entrarán paulatinamente.

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Educación salda deuda de escuela que tenía la docencia paralizada en local alquilado

Educacion CerradoSANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Educación pagó las mensualidades que adeudaba al propietario del liceo Padre Emiliano Tardif,  del sector de Sábana Perdida, luego de que el local fuera cerrado en demanda del dinero por concepto de alquiler.

Las autoridades de Educación ejecutaron el pago del alquiler del plante tras la denuncia de padres y estudiantes a través de un reportaje este lunes  de Noticias SIN.

José Emiliano, presidente de la Sociedad de Padres y Amigos del centro educativo agregó que aunque no hubo clase en la mañana de hoy, la docencia se reanudó en la tanda vespertina.

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Tesorería Nacional implantará sistema de pago en moneda internacional

alberto_perdomoSANTO DOMINGO.- En los próximos días la Tesorería Nacional implantará el pago electrónico en moneda internacional, a través del Banco Central.

Así lo anunció Alberto Perdomo, tesorero nacional, quien aunque no especificó fecha del inicio de este proceso, aseguró que el primer pago se hará para la deuda externa.

Perdomo se pronunció en estos términos durante una homilía en el marco del 86 aniversario de la fundación de este organismo, donde también garantizó los fondos necesarios para que la Junta Central Electoral realice los comicios del 2016.
Por Corina Rosario
Noticias SIN