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PGR designa a Yeni Berenice directora general de persecución y a Wilson Camacho en PEPCA

SANTO DOMINGO (RD). La procuradora general de la República Miriam Germán Brito designó a Yeni Berenice Reynoso Gómez como directora general de persecución, mientras el Consejo Superior del Ministerio Público puso bajo la responsabilidad del procurador adjunto Wilson Camacho a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El Consejo aceptó la puesta a disposición del cargo de la magistrada Laura Guerrero Pelletier y colocó a Camacho en forma interina.

La procuradora Germán Brito decidió trasladar la sede de la unidad anticorrupción a la cuarta planta del edificio que aloja a la Procuraduría General de la República. La dependencia, que operaba con seis fiscales, ahora tendrá 25 a su disposición.

Además, será fortalecida con la contratación de expertos en diversas áreas, como de la contabilidad, la tecnología y finanzas, con el objetivo de reforzar las investigaciones y procesamiento de la criminalidad organizada, en especial de delitos como la corrupción y el lavado de activos.

Mientras, la Dirección de Persecución será reforzada con 15 fiscales que también podrán prestar asistencia al PEPCA cuando las investigaciones que lo ameriten.

En la reunión del Consejo Superior del Ministerio Público, presidido por la magistrada Germán Brito, participaron los integrantes del órgano: Ana Burgos; el procurador de Corte José Manuel Aguiló; el procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, Edward López, y la secretaria General Gladys Sánchez.

Los designados

Designada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto núm. 333-20, de 16 de agosto de 2020, Yeni Berenice Reynoso estuvo desde el 21 de septiembre de 2018 en el Consejo Superior del Ministerio Público y era procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En diciembre 2011 el Consejo Superior del Ministerio Público la designó como procuradora fiscal del Distrito Nacional. El 7 de septiembre de 2009 logró, en un concurso de oposición en el que obtuvo la calificación más alta, ser designada como procuradora fiscal de Santiago, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa esa posición.

Graduada en Derecho, cursó una maestría en Ciencias Penales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y otra en Derecho de la Administración del Estado, con doble titulación del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales-Universidad de Salamanca.

Ha cursado especialidades en Derecho Procesal y Derecho Constitucional (Universidad Nacional de Costa Rica), especialidad en Investigación en International Law Enforcement Academy del Departamento de Estado de Estados Unidos y Derecho Penal y Procesal Penal (Escuela Nacional del Ministerio Público y la Universidad APEC).

Se desempeña como docente de la Escuela Nacional del Ministerio Público, la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y la PUCMM.

Mientras, Wilson Manuel Camacho Peralta cursó una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), una especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad, una especialidad en Gestión Administrativa del Ministerio Público en la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP).

Además, un diplomado internacional en Litigación Penal en la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago de Chile y un diplomado en Procedimiento Laboral en la UASD.

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Departamento de Estado de EEUU: Gobierno dominicano no respetó independencia judicial

El reporte trata específicamente el caso Odebrecht en el que la empresa admitió sobornos por 92 millones de dólares

El reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos señala que a pesar de que las leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente; el gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad.

Además, acusa al gobierno de ejercer de manera generalizada una influencia inadecuada en las decisiones judiciales.

El informe publicado este miércoles 11 de marzo señala además que “la interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida”.

Añade que “el poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave. El informe indica “que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de hábeas corpus para liberar a los detenidos”.

Caso Odebrecht

En ese sentido, en el capítulo sobre «Corrupción y falta de transparencia en el gobierno», el Departamento indica que en septiembre de 2017 la Corte Suprema inició un juicio contra seis de los 14 acusados ​​acusados ​​en 2017 por presuntos vínculos con $92 millones de dólares en sobornos pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obras públicas. Los seis acusados ​​incluían un senador, un representante de la cámara baja, un ex senador y un ex ministro de obras públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país.

En junio, un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que, además de los $ 92 millones informados públicamente en sobornos, Odebrecht distribuyó otros $ 39.5 millones en incentivos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina. Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó ningún cargo adicional. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta.

Las ONG criticaron la práctica generalizada de otorgar posiciones gubernamentales como mecenazgo político. Alegaron que muchos funcionarios recibían un salario del gobierno sin realizar ningún trabajo. Algunos municipios pequeños tenían más empleados en la nómina de lo que podían alojar sus oficinas físicas.

Las ONG y los ciudadanos individuales informaron regularmente actos de corrupción por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos agentes de policía, funcionarios de inmigración y funcionarios de prisiones. En ocasiones, el gobierno utilizó castigos no judiciales por corrupción, incluido el despido o la transferencia de personal militar, policías, jueces y otros funcionarios menores. Sin embargo, la aceptación y tolerancia generalizadas de la corrupción menor obstaculizaron los esfuerzos anticorrupción.

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Poder Judicial suspende a dos jueces por caso Quirinito

SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial decidió este miércoles suspender a dos jueces de la ejecución de la pena de San Cristóbal y San Francisco de Macorís, en medio de la investigación que se realiza en torno a la supuesta muerte de Alejandro Castillo Paniagua “Quirinito”.

Los magistrados Willy de Jesús, de San Cristóbal y Aleida Jiménez Acosta, de San Francisco de Macorís, quien habría ordenado la prisión domiciliaria a Quirinito, fueron suspendidos sin disfrute de salario.

Se recuerda que el magistrado Mariano Germán, presidente del Consejo del Poder Judicial, dijo hace unos días que quien metió la pata en ese caso que preparara su pescuezo.

Pero, ¿realmente tiene cáncer Pedro Alejandro Castillo Paniagua, “Quirinito”? Es la pregunta a la que debe dar respuesta la Procuraduría General de la República, ya que el informe del oncólogo, tomado en consideración tanto por la jueza como por el Ministerio Público para favorecer la prisión domiciliaria, así lo establece.

El procedimiento legal establece que las certificaciones médicas sobre el estado de salud de un condenado hecha por un médico privado, a ser tomadas en cuenta por los jueces, deben ser avaladas por un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Castillo Paniagua había sido favorecido con un traslado del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres hasta el CCR Vista del Valle por un asunto de humanidad, debido a que el juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willy Núñez Mejía, consideró de lugar ordenar el cambio de cárcel tomando en cuenta la certificación del cardiólogo Federico Núñez González en la que se establece que el condenado a 20 años de prisión recibía tratamientos médicos desde hace cinco años y documentos certificados de que su esposa, hijo y padres, viven en San Francisco.

Seis meses después de emitido y ejecutado el traslado, el oncólogo César Núñez Rojas dio un diagnóstico al reo y luego en abril, el médico Ángel Garabot Polanco, del Instituto Oncológico de San Francisco de Macorís, exequátur 110-12, certificó que “Quirinito” padece “carcinoma epidermoide bien diferenciado infiltrante y ulcerado de base de lengua, etapa clínica IIIB, una neoplasia localmente avanzada, grave y terminal, en consecuencia se recomienda urgentemente, estricto seguimiento, inmediato tratamiento de quimioterapia con el correspondiente régimen intenso de medicación para fines de evolución del mismo” .

Esa condición de salud impidió que fuera interrogado por la jueza de ejecución de San Francisco, Aleyda Mejía Acosta, quien le varió por tres meses la cárcel por casa, a fin de que recibiera tratamiento médico y luego revisarle la medida el 26 de agosto.

En la sentencia de la magistrada se hace constar que entre los presupuestos presentados por los abogados del condenado figuran un certificado médico y tres certificados médico legal; dos del Inacif y otro sin especificar quién lo emitió.

La renuncia del oncólogo

Un mes después de que se le variara el régimen de cumplimiento de los 20 años de prisión, a cumplirse el 17 de enero del 2029, “Quirinito” fue declarado muerto por el médico legista Orlando Herrera Robles. Mientras estuvo en la cárcel fue trasladado varias veces a un centro de salud. El oncólogo Garabot Polanco, quien atendió al paciente dos veces en el Instituto Oncológico y Especialidades del Nordeste, renunció hace unas semanas, informó Carla Veloz, directora del lugar.
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Poder Ejecutivo propone elevar penas por lavado de activos a 40 años cárcel

SANTO DOMINGO. Las modificaciones de la Ley de Lavado de Activos (72-02) que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, vía el Senado, contemplan elevar las penas mínimas de cinco a 10 años, las máximas hasta 40 años y sanciones de hasta 400 salarios mínimos y el decomiso de los bienes, además de incluir penalidades por el financiamiento al terrorismo.

Con las modificaciones se cambiaría el nombre a Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Aunque el terrorismo tiene una ley especial (267-08), por la que se ha condenado a una persona, este proyecto no lo menciona. Las sanciones serían de hasta 40 años, y cualquier persona podría ser condenada a la pena máxima, aunque el acto terrorista no se haya llevado a cabo.

Este proyecto también contempla sanciones para los funcionarios públicos, no importa el rango jerárquico que ofrezca información sobre cualquier persona que estén investigando por sospecha de lavado de activos. Las sanciones van de dos a cinco años de prisión y multas de hasta 200 salarios mínimos.

La pieza contiene un capítulo ampliado de definiciones, a fin de especificar o aclarar el sentido de la terminología especializada de la ley, gran parte de la cual no aparece en la ley actualmente vigente.

La ley 72-02, vigente, contempla penas de cinco a 20 años y multas de 50 a 200 salarios mínimos para quien convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre bienes fruto del lavado. Las mismas penas enfrenta quien oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes.

En las modificaciones propuestas por el presidente Danilo Medina se contempla penas igual de 10 a 20 años, incluso para quien adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes. Además, sería inhabilitado temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

El proyecto contempla también que la persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite o colabore con personas que estén implicadas en lavado de activos para eludir la persecución, sometimiento o condenaciones penales, será sancionada con una pena de cuatro a 10 años de prisión mayor, multa de 200 a 400 salarios mínimos.

Igual sanción recaerá sobre el cómplice, quien se asocie para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar a su comisión con una prestación esencial para realizarlas o facilitar su ejecución.

Otorga importancia al capítulo relativo al congelamiento preventivo de bienes y activos ilícitos ordenados por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas números 1267, 1373, 1718, 1737, 1988 y sucesoras, así como cualquier otra relativa al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

“Por tanto, los procedimientos establecidos en el proyecto permitirán a la República Dominicana hacer efectivas las indicadas resoluciones, llenándose así lagunas normativas actualmente existentes en esa materia”, dicen las motivaciones enviadas por el Poder Ejecutivo.

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El Consejo del Poder Judicial congela movimientos de jueces

juecesSANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) congeló por dos meses el movimiento de jueces y tomó una serie de medidas tendentes a optimizar sus servicios.

Entre las medidas dispuestas mediante el acta 10/2016 están la restructuración de las Comisiones Permanentes del Consejo del Poder Judicial y la actualización del Reglamento de Provisión de Cargos.

En ese sentido, ordenó la designación de una Comisión Especial integrada por los consejeros Víctor José Castellanos Estrella, Etanislao Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo.

El presidente del organismo, Mariano Germán Mejía, encabezará las comisiones permanentes de Inspectoría, la de Selección y Reclutamiento de Servidores Administrativos, la de Ingeniería y Mantenimiento, la de Disciplina, la de Seguimiento a la Jurisdicción Inmobiliaria y la de Asuntos Financieros.

Castellanos Estrella presidirá las de Evaluación de Desempeño y Promoción, la de Relaciones Internacionales, la de Planificación y Tecnología. Radhamés Rodríguez se encargará de Seguridad Social, la de Oficiales de Justicia, y de Pensiones y Jubilaciones. Fernando Fernández encabezará las de Niñez, Adolescencia y Familia, y la de Archivos Judiciales, y los comités de Compras y Licitaciones.