Categorías
LOCALES NOTICIAS

Siguen los apresamientos de personas en Mao por violar toque de queda

Mao, Valverde.- La procuraduría Fiscal de Valverde, en coordinación con la policía nacional y el Ejército de la República Dominicana siguen apresando a las personas que violan las disposiciones del poder ejecutivo que impuso un toque de queda.

El procurador fiscal titular de la provincia Valverde, el licenciado Nelson Rodríguez, lamentó que ciudadanos sabiendo sobre el peligro que implica el contagio de la enfermedad del coronavirus anden en las calles violando las imposiciones restrictivas.

Explicó que aquellos que no respeten se le aplicarán la Ley sin ningún tipo de contemplación, porque un ciudadano en las calles se convierte en un foco de contagio, que no solamente pone en peligro su vida, sino también la d sus familiares.

Llamo a la ciudadanía a respetar el toque de queda, a evitar las aglomeraciones y por favor quedarse en casa.

Por Nelson Mercado
Hablando Claro

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Procuraduría restringe visitas a centros penitenciarios del país por coronavirus

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó este miércoles que ha adoptado medidas preventivas en los diferentes centros penitenciarios del país, para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), que incluyen restricción temporal de visitantes, chequeo de las condiciones de salud, así como la realización de jornadas de higiene y charlas de orientación.

A través de un comunicado de prensa la PGR indicó que las medidas de control que deberán ser aplicadas en los centros penitenciarios, están dirigidas a las visitas que han sido restringidas, a los internos, al personal encargado de la administración y a los suplidores de productos de primera necesidad.

Con respecto a las visitas, éstas han sido restringidas para reducir el riesgo de contagio, y en caso de ser necesarias, deberán ser solicitadas y coordinadas con la administración de cada recinto penitenciario, informando que, previa coordinación con las autoridades del recinto penitenciario, se permitirá el contacto telefónico de los privados de libertad con sus familiares y abogados.

De igual manera, explicó la PGR que se le permitirá a los familiares de los internos en los recintos que aplique, que puedan llevar a los privados de libertad, sin contacto físico, a través de ventanilla, alimentos, medicinas y efectos personales no prohibidos, los cuales serán sometidos a un proceso de higienización.

La PGR dijo que han procedido con la suspensión de todas las actividades educativas, incluyendo los programas de educación básica y universitarios, así como todas las actividades grupales que estaban programadas en dichos centros.

Al anunciar las medidas adoptadas para prevenir la propagación de la enfermedad, el órgano del sistema de administración de justicia explicó que también han dispuesto la realización de jornadas de limpieza e higienización de los recintos penitenciarios.

Respecto a las charlas de orientación y concienciación, la información destaca que las mismas tienen el objetivo de instruir al personal a cargo de la administración de los recintos y a los internos sobre cómo prevenir el contagio o la propagación del virus, así como también las razones y el porqué de las medidas adoptadas y su impacto en el cuidado de su salud.

Por igual, como parte de las medidas se ordenó la ubicación de espacios regionales de aislamiento para los casos de internos que pudieran presentar síntomas afines al virus.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Fiscales acusan a Jean Alain Rodríguez de destruir la carrera del Ministerio Público

SANTO DOMINGO.- El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ha hecho retroceder por lo menos 18 años al Ministerio Público, desde que inició su gestión en el 2016, y como ningún otro funcionario de esa área lo había hecho, él ha puesto todos los departamentos al servicio político suyo y de los suyos, incluyendo unidades políticas que desde dentro de la entidad estatal patrocinan la candidatura de Gonzalo Castillo, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

La conclusión es de un grupo de fiscales, que pertenecen a la carrera del Ministerio Público y que se encuentran sorprendidos por la forma en que se ha degradado a los fiscales de carrera en todo el país, hasta llegar al criterio de que para nadie -hoy día- es orgullo decir que trabaja en el sector. Y para el caso ofrecen una muestra: Hasta el miércoles a las 4 de la tarde, para optar por 17 plazas sólo se habían presentado 19 expedientes, cuando en el pasado eran cientos los concursos que deseaban ingresar y ocupar posiciones como parte de la carrera. La fecha límite para inscribirse y completar el expediente de requisitos es el 22 de febrero, para el nuevo concurso que se lanzó el pasado 7 de febrero, como decisión del Consejo Superior del Ministerio Público.

Los fiscales que hablaron con Acento lo hicieron a condición de que sus nombres fueran protegidos. En el Ministerio Público de hoy, dicen, hay de todo: corrupción, incapacidad, amiguismo, mediocridad, política, abandono de responsabilidades, y una gran vocación para tener el control absoluto y completo de todas las instancias. Y ofreceros datos de hasta dónde se ha deteriorado el respeto, la extorsión, las negociaciones y la falta de escrúpulos en un área que había sido respetada en el pasado, pero que en la actualidad ha llegado a niveles vergonzosos, jamás vistos por estos profesionales, algunos de los cuales tienen más de dos décadas en la carrera.

Acento aceptó las restricciones, y ofreció su interés en escuchar las historias que están dispuestos a contar, en la medida en que sus identidades puedan ser protegidas. Dijeron que entre el 2012 y el 2016 los fiscales en generan hicieron reclamos, marchas, demandaron aumentos de salarios y hasta recibieron amenazas contra la carrera del Ministerio Público, pero siempre el entonces Procurador General Francisco Domínguez Brito mantuvo la profesionalidad y dirigió sin politiquería los departamentos más sensibles, incluyendo el respeto de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa.

El cambio y el derrumbe se inició en 2016 con la llegada del licenciado Jean Alain Rodríguez al puesto. “El Ministerio Público no era una gran institución, pero nunca hubo presión de ningún Procurador para ningún caso en particular. Se respeta las opiniones y acciones de los procuradores fiscales por departamentos, y jamás fueron llamados los fiscales para recibir instrucciones directas, sin que su superior se enterara”, dijeron.

El cambio fue dándose desde el 2016. Ahora es Normal que el personal administrativo esté dando instrucciones a los fiscales en los procesos. Antes era posible rechazar cualquier intento de darles instrucciones u órdenes. Citan el caso de Juan Antonio Cedano, procurador de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Luis Liranzo entonces fiscal de Santiago, quienes encontrándose en Panamá, en una conferencia internacional, fueron llamados de urgencia. En el caso de Cedano, al llegar a Santo Domingo, le solicitaron poner su cargo a disposición. El Procurador necesitaba la posición. Lo mismo había ocurrido con José Abud, director de la carrera del Ministerio Público. Al frente de la carrera fue designado Víctor Lora, que había llegado desde el CEI-RD, junto con Lean Alain Rodríguez. Víctor Lora era fotógrafo, pero llegó a la dirección de la carrera por un concurso que le facilitó su ascenso. Era una persona con cero vínculo con el Ministerio Público. Su profesión es la ingeniería, y sustituyó a una persona con formación en el área.

Esos cambios fueron posibles gracias al concurso del 2018, que condujo a la destitución de Edith Febles, Altagracia Salazar y Ricardo Nieves de un programa de televisión en CDN-37, luego de las revelaciones realizadas en ese programa. Febles y sus compañeros acertaron en casi todas las predicciones que hicieron sobre las posiciones en concurso y cómo serían asignadas. Ese fue el primer concurso, y hubo cientos de concursantes, porque se creía que habría seriedad en los procedimientos. No fue así.

¿Cómo se organizó la selección de las fichas adheridas a Jean Alaín Rodríguez?

La pregunta que se hizo a los fiscales fue directa: ¿De dónde salen los fiscales que desean Jean Alain si para ocupar una posición hay que pasar por la Escuela del Ministerio Público? La respuesta también fue directa y sin zigzagueos:

El equipo del Procurador, gente de su confianza, que trabajan en áreas administrativas, organizaron almuerzos en todo el país, y conversaban con los fiscales y preguntaban sobre cómo actuarían en casos políticos hipotéticos. Los fiscales que respondían que no les interesaba la política o que decían que actuarían sin tomar en cuenta los partidos fueron descartados. Los que respondían con sumisión y preguntando a la autoridad superior fueron escogidos. Así se hicieron los primeros perfiles y los seleccionados eran identificados como “los que cogían líneas”.

Explican los fiscales que ellos mismos, en conversaciones discretas, identificaban el momento como “La era de los brutos y corruptos”. Esa era se ha extendido a la actualidad, que son también los fiscales que trafican con influencia.

Para dar más consistencia, la Procuraduría inventó un “Curso en Gestión Administrativa del Ministerio Público”, impartido por la Escuela, para que sea suministrado al personal previamente seleccionado para ocupar posiciones en acuerdo con las autoridades. Por ejemplo, a las personas que hicieron ese caso en los certámenes para escoger personal se les daban 5 puntos, de los 25 necesarios para alcanzar la posición. Una maestría en Administración Pública, tomada en una universidad extranjera, carece de valor, pero el curso en gestión administrativa recibe 5 puntos. La indignación de los fiscales de carrera ha ido en aumento por situaciones como esta.

Los fiscales honestos y profesionales se dieron cuenta de que en la asignación de los 5 puntos había un mensaje: Investigaron y se dieron cuenta de que los que asistieron a los almuerzos, los que aceptaron ser cómplices en el control del Ministerio Público, son los mismos que asistieron al curso en gestión administrativa. Son los mismos que van a ser designados.

¿Y quiénes son los que encabezan estas designaciones y organizan el andamiaje?

En primer lugar lo atribuyen al propio Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. En segundo lugar, a Rafael Canó, el jefe del gabinete del Procurador. En tercer lugar a Joan Manuel Alcántara Javier, Procurador Adjunto, designado por decreto 391-18 del presidente de la República Danilo Medina, en fecha 2 de noviembre 2018.

Parcialmente forman parte de la estructura Víctor Lora, Director de la Carrera del Ministerio Público, y Fernando Quezada, director general de Persecución del Ministerio Público.

Este equipo ha realizado el perfil de los fiscales a ser designados, a ser ascendidos, y de la estructura que debe crearse, con la inclusión de los reglamentos y otros procedimientos.

El Movimiento Político a favor de Gonzalo Castillo

Dentro de la PGR ha crecido, con el aval del Procurador, un movimiento político de apoyo al candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. El Movimiento se denomina Renovación, y tiene su sede en la avenida Winston Churchill, al lado del Ministerio de la Juventud, y es coordinado por dos personas: El jefe de Transportación del Ministerio Público, Caonabo Antonio García Méndez, y el jefe del gabinete, Rafael Canó.

Cambios, percepciones y creaciones

Los fiscales “rebeldes”, como se les denomina al interior del Ministerio Público, están convencidos de que el criterio que prima, y bajo el que actúan las autoridades actuales del Ministerio Público, es que ese ministerio no existe, y que lo que realmente existe y se impone es la Procuraduría General de la República, a la cabeza de la cual se ubica el licenciado Jean Alain Rodríguez.

Esa percepción desecha el contenido de la Constitución de la República, que en sus artículos 169 y 170 ofrece potestad al Ministerio Público como una entidad de actuación independiente en la investigación de delitos y crímenes. No a la Procuraduría General de la República. Veamos el artículo de la Constitución:

Artículo 169.- Definición y funciones. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.

Para ocultar este mandato, las autoridades actuales crearon una estructura administrativa que controla política, económica y jurisdiccionalmente al Ministerio Público. Puede parecer una sutileza, dicen, pero no lo es. Se trata de una diferencia fundamental.

Hay casos emblemáticos, en que el Procurador trata directamente los casos con los fiscales, y les ordena lo que tienen que hacer. Antes eso no era así. Una consecuencia de la creación de la nueva estructura es que hay administradores, sin experiencia ni conocimiento, que dan órdenes a los fiscales profesionales y especializados.

Un caso, un ejemplo, le pedimos. Ellos identifican a Daniel Santos, en Santiago, quien es candidato a diputado por el PLD, no es fiscal, pero dirige la Procuraduría Especializada para el tema eléctrico en toda la región del Cibao. Otro jefe en Santiago es Hilario Ochoa, quien dirige una estructura administrativa, creada al margen de la ley. Ochoa fue compañero de estudios de Post Grado de Jean Alain Rodríguez en Francia, y es el esposo de la señora Massiel Uceta Sánchez, que firmó uno de los contratos denunciados por el periodista Marino Zapete.

¿Y quiénes son los afectados por estas disposiciones y entramado de poder?

La respuesta de los fiscales a esta pregunta es la siguiente:

Los más afectados son los fiscales con currículo vitae sólidos, que han creado en la carrera del Ministerio Público y que se han esforzado para tener expedientes de honestidad, independencia y sólida formación.

Los fiscales honestos también resultan afectados, porque ahora la honestidad no es un valor, sino la sumisión.

Los fiscales que han realizado más de dos maestrías y especialidades están desubicados, desorientados y sin esperanza de que este control sea detenido.

Los fiscales que han llevado los grandes casos de corrupción en los últimos tiempos, han tenido que cargar pesado tratando de hacer carrera, pero se han dado cuenta que nada de ello sirve para nada. El único camino que le han dejado es la resistencia o la salida.

Los otros afectados son los fiscales que no “cogen líneas”, que son conocidos como “los rebeldes”, los que aprendieron a realizar su trabajo con independencia y profesionalidad.

En esta parte sostienen que han llegado a un extremo, y que se les ha agotado el tiempo. “Somos un grupo de fiscales que, sigue el concurso ilegal, llevaremos el caso hasta la justicia”, dicen, bajo el conocimiento que su rol es defender la independencia del Ministerio Público, sin estar metido en política, sin pertenecer a ningún partido, porque ellos son profesionales alejados de los políticos y de los partidos. Muchos de ellos ni siquiera votan en las elecciones.

El concurso para escoger nuevas autoridades del Ministerio Público

Fue el Consejo Superior del Ministerio Público, en resolución del pasado 7 de febrero, que llamó a concurso que cierra el 22 de febrero. Escogerán 17 posiciones diligénciales y procuradores especializados, como los de Delitos Electrónicos y el de Delitos y Crímenes Electorales, por ejemplo.

Se preguntan por qué razón Iván Féliz, que inició el 21 de septiembre de 2018, fue obligado a renunciar -porque no coge línea- de la Procuraduría Especializada para los delitos electrónicos. Emitió una carta renunciando. También van a escoger al director de la Escuela del Ministerio Público, 12 fiscales y varias procuradurías especializadas.

¿Cuántos fiscales necesita el país?

El número de fiscales que el país necesita no pasa de 700 dicen los entrevistados, pero en la actualidad hay en la carrera alrededor de 1,200, aparte de que han comenzado a seleccionar fiscalizadores, para que comiencen su carrera de ascenso.

Identifican a Marien Montero como una de las personas que irá a ocupar posiciones privilegiadas. Fue asistente de Jean Alain Rodríguez en el CEI-RD, y carece de experiencia y tan pronto ha sido designada como directora de la Escuela del Ministerio Público ha convocado un concurso externo para llenar 180 plazas.

Esas plazas, dicen haber recibido informaciones fidedignas y testimoniales, serán llenadas por los gobernadores provinciales, a los que se les ganó una cuota por provincia, para que sean incluidas. Obvio que los beneficiarios serán dirigentes o allegados al PLD, a los gobernadores provinciales, y leales al procurador.

Entre los fiscales que serán sustituidos se encuentran el de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, el de Azua, Dante Castillo, el de Higuey, Edwin Encarnación, la de La Romana, Reina Rodríguez Cedeño.

Otro de los aspectos que señalan es la completa violación del escalafón del Ministerio Público, establecido en el artículo 41 de la ley 133-11. Ese escalafón manda un período de 4 años para los fiscales titulares y su mandato “podrá ser reconfortado por un segundo y único período consecutivo, previa evaluación de desempeño”. Ahora no evalúan, sino que convocan a concurso para sustituirlo de la posición que ocupa.

Explican que una evaluación de desempeño es diferente de un concurso. Y que por esa vía las autoridades han excluido a muchos profesionales capaces y honestos del Ministerio Público. “Los concursos los realizan para justificar la separación de los fiscales honestos”, dijeron.

¿Cómo es que consiguen las renuncias de los fiscales?

El procedimiento para sustituir fiscales honestos es definido como un esquema ya establecido, y cuasi oficial, porque no es nada legal.

El jefe del gabinete, Rafael Canó, cita al fiscal y le informa que el Procurador le pide de favor que ponga el cargo a disposición, que le prometen protegerlo. Y que en caso de rechazar la petición le dicen que la plaza será sometida a concurso, y que en ese caso no será ascendido ni tomado en cuenta para ninguna otra posición.

Todo este andamiaje está coordinado con el Consejo Superior del Ministerio Público. En 2018 de cinco miembros del Consejo Superior del Ministerio Público había 2 que aspiraban a posiciones en concurso. Fueron identificados y hubo una crisis, que incluyó cambios y rotaciones.

Ellos fueron Edward López, y su plaza, a la que aspiraba, quedó desierta. El otro fue José Manuel Aguiló Talaveras.

Ahora tienen planeada la elección para el Consejo Superior del Ministerio Público en el mes de abril, antes de las elecciones presidenciales de mayo. Electos, cuales quiera que sean, se mantendrían en la posición por los próximos cuatro años.

Explican que de este modo todos los estamentos del Ministerio Público estarán tomados por personal de Jean Alain Rodríguez, incluyendo todas las procuradurías especializadas del país, entre ellas las de Tecnología, delitos electorales, corrupción, entre otras.

En el caso de los fiscales electorales, ya designados recientemente, ofrecen el dato de que fueron seleccionados políticamente y se les ordenó perseguir los delitos de la oposición. “Esa es la orden”, revelan. El objetivo es el control del Ministerio Público durante los próximos cuatro años, para que el Procurador General que venga con un nuevo gobierno no tenga nada que hacer.

También está controlado el Tribunal Disciplinario del Ministerio Público, al que le hicieron transformaciones fundamentales.

La Procuraduría Especializada en Delitos Tecnológicos fue concursada el año pasado, pero ahora la ponen nuevamente en concurso para renovar por los próximos cuatro años su mandato. Lo mismo pasará con la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción, la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud, y la de los asuntos electorales que ya fue mencionada.

Otras 16 procuradurías serán concursadas en sus titularidades.

Las autoridades tienen bajo su control las dos asociaciones de fiscales. La Asociación de Fiscales de Carrera (ADOFIC) y la Asociación de Fiscales Dominicanos (AFIDOM). Son dos organizaciones con criterios diferentes, pero ambas están bajo la tutela de Jean Alain Rodríguez.

Un panorama sombrío y desesperanzado

Los fiscales que describen este cuadro se miran entre sí y debaten posiciones, pero no tienen tiempo para el cansancio ni el abandono. Entienden que deben seguir la batalla para que no se destruya totalmente el Ministerio Público.

“No tenemos carrera, no tenemos escuela, no tenemos asociaciones. El Procurador las ha controlado todas para sus fines y propósitos ajenos al Ministerio Público”, dicen.

Ya ningún fiscal puede hablar, dar declaraciones o defender sus posiciones sobre temas judiciales. El cierre es rígido. Los medios están cerrados, y salvo situaciones excepcionales, pueden pedir permiso y si se lo otorgan es posible acudir a un medio de comunicación. Es frecuente que lo nieguen.

A algunos fiscales se les ha querido prohibir que escriban en las redes sociales. No se puede decir nada. Hay persecución y seguimiento. El concurso del 22 de febrero es la estocada final, pues 14 puestos de alta dirección del Ministerio Público están renunciando para que las posiciones sean sometidas a concurso por voluntad del Procurador. En la historia de la Procuraduría nunca habían renunciado tantas personas, jamás se había registrado un fenómeno como este de las renuncias.

Tampoco se publican las actas del Consejo Superior del Ministerio Público. Las actas del Consejo del Poder Judicial se hacen públicas pero las del Ministerio Público jamás.

¿Cuáles son las consecuencias negativas de estas acciones?

Es la pregunta que formulamos para comenzar a cerrar el diálogo. Y de inmediato comienza la lista de negatividades que se desprenden del actual Ministerio Público:

Retiro de acusaciones formuladas, sin que nadie se entere.

Acuerdos irregulares patrocinados por fiscales, como los de violencia de género. Nadie los conoce, y no ofrecen datos a ningún periodista o interesado.

Opacidad en la administración de Bienes Incautados

Selectividad de la persecución penal a los responsables de violaciones

Archivos discrecionales de expedientes, como acaba de ocurrir con el caso de Andy Dauhajre, que fue ilegal, y que lo firmó Joan Alcántara, adjunto del Procurador, quien jamás ha realizado una investigación de corrupción, además de que no es de la carrera del Ministerio Público.

Palabras finales

Todo lo que se logró en independencia y capacitación del Ministerio Público en los últimos 15 años, ahora se hunde. Estos últimos tres años han sido de retroceso, explican.

En caso de que esta situación continuara no podremos hablar más de la carrera del Ministerio Público. Hoy día los miembros del MP no sienten orgullo de ser fiscales.

Las actuaciones del Ministerio Público contra Miriam Germán, un estandarte del Poder Judicial, fue un ejemplo de cómo tratan a las personas honestas y que han sido y son símbolos de calidad y capacidad, ademas de honestidad.

No dejan de mencionar los casos de Luisa Liranzo Y Yenny Berenice Reynoso, fiscales de Santiago y del Distrito Nacional, que fueron en la práctica sacadas de las posiciones que habían ocupado, son honestidad y solvencia.

“Los los fiscales piensan que si estas maniobras las hicieron contra esas mujeres meritorias, cómo no lo harían contra ellos, que no son reconocidos. Es mejor quedarse callados y sin reaccionar”, explican es la actitud que asumen los fiscales actuales.

Por Fausto Rosario Adames
Acento.com.do

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Procuraduría admite que intercepta teléfonos de ciudadanos

SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República (PGR) admitió que intercepta telófonos de ciudadanos, pero aseguró que hace las interceptaciones «bajo estricto apego a la ley».

Sostuvo que para pinchar los teléfonos busca primero la autorización de jueces competentes, debido a que el espionaje telefónico es un valioso medio de prueba habitual usado en su misión de persecución del delito.

La PGR manifestó que durante la investigación del caso Odebrecht se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación a número telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados y que en este proceso fueron investigadas decenas de personas.

La institución afirmó que debido a que los imputados del caso Odebrecht han hecho de público conocimiento documentos confidenciales que forman parte del expediente instrumentado por el Ministerio Público y depositado ante la Suprema Corte de Justicia, es oportuno aclarar a la ciudadanía una vez más, que la solicitud y autorización de interceptación telefónica de un juez no significa ni que se haya ejecutado, ni que las personas propietarias de dichos números estén involucrados penalmente en el caso.

A juicio de la PGR, por tratarse del caso de corrupción más grande del país, ello conllevó la realización de una amplia investigación en el transcurso de la cual la solicitud de interceptación telefónica representó una de las tantas diligencias investigativas llevada a cabo por el Ministerio Público en estricto cumplimiento a lo establecido en la ley, todo lo cual puede ser demostrado a cualquier ciudadano interesado o que se sienta afectado.

De manera particular, la Procuraduría General de la República confirmó que todos y cada uno de los teléfonos interceptados pertenecen a los imputados o a personas vinculadas a los mismos, ya sea por familiaridad, sociedad, vínculos cercanos, alto tráfico de llamadas o porque durante el período de investigación prestaban estos teléfonos a los imputados, siendo este el caso de varios de los números que han salido a la luz pública.

En ese orden, la institución del sistema de justicia hizo un llamado a la población en el sentido de no dejarse confundir con falsas teorías de espionaje, y explicó que las interceptaciones telefónicas han sido realizadas con la debida autorización de un juez, ya que representan un medio de prueba utilizado en todas partes del mundo que pudiera ser determinante para llegar a la verdad y procurar las sanciones que pide la sociedad dominicana.

Ese nivel de meticulosidad y profundidad en la investigación de los vínculos ha sido también una respuesta a un reclamo de la sociedad. Destacó que la población debe tener en cuenta que los imputados cuentan con amplios recursos económicos para poder sustentar sofisticadas estructuras de propagandas y cuentan con la colaboración de personas que se prestan a maniobras de desinformación, cuya misión es entorpecer e incidentar el proceso con el objetivo de restar credibilidad al expediente que los implica y evadir la justicia con trucos mediáticos de redes sociales y propagandas maliciosas que no hacen ningún servicio al país.

La Procuraduría General de la República recordó que Odebrecht es el caso más grande de corrupción en toda la historia del país, ameritando agotar todas las técnicas legales de investigación, y que fruto de una exhaustiva y minuciosa investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, hoy se puede contar con un expediente con más de 1,700 pruebas que comprometen la responsabilidad penal de siete imputados.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Rondón quiere un arreglo relacionado con sobornos

Santo Domingo.-El empresario Ángel Rondón afirmó ayer que está dispuesto a llegar a un acuerdo con la Procuraduría General de la República para buscarle una solución al caso de los 92 millones que la empresa brasileña Odebrecht entregó en sobornos, pero con la condición de no devolver el dinero.

El imputado, acusado de haber pagado sobornos a cambio de asignaciones de obras del Estado, sostiene que el acuerdo no podría ser en base a la devolución de dinero.

Manifestó que no podría hacerlo bajo esa condición, en razón de que solo se ganó 79 millones de dólares por concepto de honorarios pagados y no por sobornos.

Rondón manifestó que no recibió un solo centavo que no fuera por concepto de sus honorarios, tras señalar que si el procurador general de la República, Jean Rodríguez, estaba interesado en resolver el caso, solo debió incluirlo a él en el expediente y no a los demás.

Expresó que el Ministerio Público tendrá que demostrar en el juicio quiénes fueron los sobornados y por qué no están en el expediente los funcionarios con quienes él alegadamente se reunió para diligenciar la aprobación de las obras construidas por Odebrecht.

Díaz Rúa cuestiona

Mientras que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz, cuestionó que en el caso Odebrecht hay gente que admitió recibió dinero y que no fue incluida en la acusación presentada por el Ministerio Público.

El exsecretario de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostiene que esa persona que admitió recibió dinero se encuentra haciendo política, sin que lo incluyeran en la acusación.

“Hay gente que está aquí que recibió dinero y lo sacaron sin dar una explicación y ahora andan por ahí haciendo política”, acotó Díaz Rúa, sin mencionar el nombre de la persona que, según él, admitió haber recibido dinero de Odebrecht.

Díaz Rúa habló en esos términos previo al inicio del conocimiento del juicio preliminar que se le sigue junto a otros seis imputados.

El primero de junio de 2017, el entonces ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, admitió en un comunicado en espacio pagado que recibió aportes para tres campañas políticas de su partido por parte de Rondón.

INICIA PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN

El Ministerio Público inició ayer la presentación formal de la acusación en contra de los siete implicados en el caso Odebrecht, por ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco.

La lectura de la acusación estuvo a cargo de la fiscal Yeisin Alcántara Ciprian, Adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa. La audiencia fue recesada para hoy jueves, a las 9:00 de la mañana, para continuar con la presentación de la acusación.

En la acusación el Ministerio Público detalla al tribunal los cargos que se le imputan a los encartados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Jesús Vásquez y el senador Tommy Galán.

Con la acusación el Ministerio Público pretende demostrar al tribunal que los encartados fueron beneficiarios de los US$92 millones pagados como sobornos por Odebrecht.

Al grupo se le acusa de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Buscan a siete menores que se fugaron de un centro de detención en Santo Domingo Oeste

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que dispuso la recaptura de siete adolescentes que la noche del pasado sábado se fugaron del Centro Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal “Ciudad del Niño”, ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste (SDO) y en cuya acción también murió uno que intentaba escapar.

A través de un comunicado la PGR expresó que el Ministerio Público abrió una investigación sobre el incidente que originó la fuga, durante el cual resultó muerto otro interno al caer de la verja perimetral que había escalado, luego ser alcanzado por un disparo de un agente de seguridad, quien previamente habría hecho un llamado de “alto”, que los fugados y el occiso ignoraron.

La Dirección Central de la Policía Judicial Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes está desplegando todos los esfuerzos necesarios para recapturar a dichos fugados y retornarlos al centro, el cual funciona bajo coordinación directa de la Dirección Nacional de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Un informe preliminar sobre el hecho indica que contra los siete internos fugados existen condenas por homicidio, robo agravado, así como también delitos relacionados con drogas y sustancias contro- ladas.

Según el reporte preliminar de la Dirección Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, previamente el grupo habría fraguado un plan para llevar a cabo la fuga, la cual se produjo en momentos en que los agentes a cargo de la seguridad de dicho centro realizaban el conteo ordinario de la población allí recluida.

El informe de la Procuraduría precisa que la investigación abierta por el Ministerio Público tiene como finalidad determinar la veracidad de lo ocurrido y establecer responsabilidades, para aplicar el tipo de sanciones que correspondan, sin excepción, a quienes sean los responsables de las faltas ocurridas.

Asimismo, la institución dijo que más adelante ofrecerá mayores detalles del caso, los cuales, en cumplimiento del mandato que estipulan las leyes, por el momento se reserva para no obstaculizar la recaptura de los adolescentes fugados y la investigación en desarrollo.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Procuraduría dice que Quirinito está vivo

La Procuraduría General de la República (PGR), informó que durante el proceso de investigación se determinó que Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias “Quirinito”, no ha fallecido.

A través de un comunicado de prensa, la PGR dijo que frente a esto se ordenó activar su búsqueda y solicitar a los organismos de inteligencia del país, así como a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), una orden de captura nacional e internacional contra el prófugo.

Además, ordenaron la suspensión del médico legista Orlando Herrera Robles, quien el pasado 5 de julio emitió el certificado ficticio en base al cual se expidió el acta de defunción No. 00239, Folio 0039, con fecha de registro del 6 de julio del presente año, donde se declara la defunción de Quirinito, por causa de fallo cardíaco debido a infarto agudo al miocardio por carcinoma epidermoide en la base de la lengua.

“Con esta medida no se descarta que el galeno actuante sea procesado judicialmente al concluir la investigación”, reza el comunicado.

Su padre no vio el cadáver

La Procuraduría también indicó que al momento de su supuesta muerte “Quirinito” se encontraba “cumpliendo prisión domiciliaria en el municipio de San Francisco de Macorís.

En el comunicado, se explica que en el transcurso de la investigación se interrogaron 12 personas. Uno de los interrogados fue el padre de “Quirinito”, Rafael Castillo Ramírez, quien informó “que su hijo no está muerto porque de haber fallecido le hubiesen entregado el cadáver”.

De igual manera, la esposa del prófugo, Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo, declaró “que su esposo murió en su residencia, el pasado 5 de julio y que no estaba en disposición de decirle a las autoridades quién se llevó el cadáver ni dónde está enterrado”.

“Fueron sorprendidos en su buena fe”

La PGR dijo que durante los interrogatorios a las autoridades actuantes: jueces, fiscales, personal penitenciario y médicos, las mismas negaron haber actuado en contubernio y alegaron que de encontrarse vivo Castillo Paniagua, “fueron sorprendidos en su buena fe”. Además, resaltaron que el personal de vigilancia, a cargo de supervisar a “Quirinito” en su residencia, cumplió.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Exdirector de CORDE volverá el jueves a la Procuraduría para explicar venta de terrenos

SANTO DOMINGO. Luego de más de 12 horas de interrogatorio, el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar, salió de la Procuraduría General de la República e informó que volverá el jueves porque aún quedaron temas pendientes.

Almánzar llegó a la sede de la Procuraduría a las 10:00 de la mañana de este martes y salió pasadas las 10:00 de la noche. La cita del jueves será a la misma hora de la mañana.

El exfuncionario, quien está siendo interrogado por la venta del sector Los Tres Brazos, a la empresa TITULATEC, fue interrogado por la directora de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier y otros fiscales.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

La Procuraduría ahora se centra en Los Tres Brazos y los Súper Tucanos

SANTO DOMINGO. Luego de haber solicitado y obtenido medidas de coerción por el escándalo por el pago de sobornos hecho por la empresa Odebrecht, la Procuraduría General de la República se centra en los otros casos de corrupción administrativa.

Al cierre de esta edición, en la noche de este martes, aún continuaba el interrogatorio al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar, en torno a la venta irregular de los terrenos ubicados el sector de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, como determinó la comisión designada por el Poder Ejecutivo en su informe.

El contrato de venta de los terrenos por un monto de RD$80 millones fue disuelta por disposición del presidente Danilo Medina y remitido el expediente a la Procuraduría, a fin de determinar si existe responsabilidad penal en el caso.

De acuerdo con las conclusiones de la comisión, el Estado no debe reconocer las ventas de estos terrenos, que eran revendidos a los residentes en Los Tres Brazos por la empresa Titulatec, “por ser contrarias a la Constitución y la ley”, razón por la que debe demandar de “manera inmediata” la venta de las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155 del Distrito Catastral número 15 del Distrito Nacional.

A raíz de estos informes fueron disueltas tanto CORDE como la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP).

La comisión que hizo las sugerencias la encabezó el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, y fue integrada por José Dantés Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado; y Lidio Cadet, director general de Ética e Integridad Gubernamental.

Se recuerda que el procurador general, Jean Alain Rodríguez, encargó también una comisión del Ministerio Público, creada en el mes de diciembre, para elaborar sendos informes sobre la situación legal específica y el historial detallado de los terrenos que ocupan el vertedero de Duquesa y el sector de Los Tres Brazos, ubicados en los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, respectivamente.

Esa comisión la integró el abogado del Estado, Gedeón Platón Bautista Liriano; Juan Amado Cedano, y Laura Guerrero Pelletier.

Extienden plazo para Tucanos

Otro de los casos de corrupción en los que se centra la Procuraduría tiene que ver con la compra de los ocho aviones Super Tucano. Este martes, el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional extendió el plazo para investigar y presentar acusación formal contra los imputados. Danilo Amador Quevedo, mantuvo en prisión por dos meses más al coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez, e impedimento de salida, así como presentación periódica al exministro de Defensa, Rafael Peña Antonio, y a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez.
Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Procuraduría solicita a Cámara de Cuentas comprobar veracidad declaraciones juradas de Diandino

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas de patrimonio del ex director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Diandino Adriano Peña Crique.

La información fue dada a conocer por la Procuraduría a través de un comunicado, en el que explica que mediante carta de fecha 9 de mayo del año en curso, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, solicitó al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, copias certificadas de las Declaraciones Juradas de Patrimonio realizadas y depositadas por Peña Crique, todos los documentos justificativos de las informaciones contenidas en ellas, así como también, la realización de los análisis comparativos de las mismas.

Dijo que ante dicho requerimiento, el pleno del Órgano Superior de Fiscalización y Control Externo del Estado, respondió con una misiva de fecha 19 de mayo, en la que confirman que a partir de la promulgación de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, fueron transferidas a esa institución las atribuciones inherentes a la responsabilidad del control, fiscalización y aplicación de la Declaración Jurada de Patrimonio de los funcionarios públicos.

Agregó la PGR que en tal sentido, la Cámara de Cuentas le comunicó al procurador general, que a través de su Oficina de Evaluación y Fiscalización de los Patrimonios de los Funcionarios Públicos, ese organismo asumirá la comprobación de la veracidad de la información contenida en las Declaraciones Juradas de Patrimonio presentadas por el ex director ejecutivo de la OPRET.

Peña fue destituido por el presidente Medina el pasado viernes 12 de mayo después de difundirse un reportaje de la periodista Alicia Ortega que dio a conocer que el exfuncionario posee 29 empresas, las cuales no registró en su declaración jurada de patrimonio. Según el trabajo periodístico, Peña juró que no cuenta con más de RD$150 mil pesos que devengaba mensualmente como director de la OPRET.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Entrega de información a Procuraduría deja nebulosa sobre acuerdo con Odebrecht

SANTO DOMINGO. Cuando el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, regresó del viaje que hizo a Brasil en febrero de este año, anunció a la población que el país sería privilegiado y tendría informaciones un mes antes que el resto de las naciones involucradas en el escándalo de corrupción por sobornos de parte de la empresa Odebrecht.

“Se estimaría que la totalidad de las informaciones deberá estar en manos de las autoridades dominicanas con más de un mes de antelación a la fecha de junio dispuesta por Brasil para el resto de los países”, dijo entonces, y explicó que ese privilegio de prontitud se basaba en que ya habían adelantado la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa.

El miércoles, al anunciar que había recibido dichas informaciones, la Procuraduría indicó que con esa entrega se cumplía lo acordado con Odebrecht. El Procurador lo reiteró también ayer cuando, en una breve alocución pública, defendió el cumplimiento del acuerdo. “El acuerdo de cooperación realizado por la empresa Odebrecht se está cumpliendo en tiempo y forma, siguiendo así los objetivos de la investigación y el ejercicio de la justicia en el país”, exclamó.

Ante las dudas de que si eran dos entregas, una de parte de la justicia brasileña y otra de Odebrecht, una fuente de la Procuraduría vinculada a las investigaciones del caso explicó: “Mediante el acuerdo, Odebrecht se comprometió a entregar todo antes del 19, y todos esos documentos quien los tiene es el Ministerio Público de Brasil. Brasil y Odebrecht tienen un acuerdo de confidencialidad y gracias al acuerdo de colaboración con República Dominicana se autorizó al Ministerio Público de Brasil a entregar todo”.

Defiende así las declaraciones ofrecidas por el Procurador el pasado 19 de abril, justo el día en que un juez del Distrito Nacional homologó el acuerdo, cuando aseguró que “aunque el acuerdo (con Odebrecht) establece que después de homologado, la empresa tiene un plazo máximo de 60 días para entregar informaciones, hemos logrado que, a más tardar el 19 de mayo próximo, esta multinacional se comprometa a entregar a la Procuraduría General de la República (PGR), la lista de quiénes recibieron esos pagos ilícitos, así como también, todos los testimonios, documentos, archivos, libros, registros y cualquier otro medio de prueba que tenga en su poder”.

Al respecto, reaccionó el abogado Carlos Pimentel, uno de los integrantes del movimiento Marcha Verde, que realiza en el país las protestas por el fin de la impunidad y exige el nombre de los sobornados.

“Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que se hable de la misma información que la empresa Odebrecht debe entregar al país como establece el acuerdo firmado. Las informaciones que vienen de la Fiscalía de Brasil, probablemente incluyen datos e informaciones para avanzar en las investigaciones de los sobornos, de la modalidad de las sobrevaluaciones y del financiamiento ilegal de la campaña, y las informaciones que debe entregar específicamente Odebrecht, es relacionada con los sobornos”.

A Pimentel le parece extraño que la empresa sea la que autorice a la Fiscalía de Brasil a entregar la información. “Me parece muy insólito”, procedió, al tiempo que pidió que no se mezclen las cosas.

Reiteró que desde la Marcha Verde están esperando procesados, imputaciones y responsabilidad penal, así como las sanciones en el caso.

Plazos acordados

Según el acuerdo firmado entre la Procuraduría y la transnacional Odebrecht, esta última se comprometió a entregar en un plazo no mayor de 60 días, a partir de su homologación, “toda información útil que posea, conozca, conserve u obtenga para esclarecer el hecho investigado y sus responsables”.

En dicho acuerdo, la empresa se compromete a resarcir al Estado dominicano con un monto de US$184 millones, pagaderos hasta el 2025, como compensación por los sobornos que, por US$92 millones, admitió haber pagado entre 2001 y 2014 a funcionarios, directamente o a través de intermediarios, para “facilitar o asegurar ciertos contratos de construcción de obras de infraestructura en la República Dominicana”.

En virtud de lo acordado, y siempre que la empresa cumpla, el Ministerio Público aplicará un criterio de oportunidad para librar descargo a favor de Odebrecht, sus sucursales, subsidiarias y/o personas jurídicas de su grupo económico, por los hechos declarados y admitidos.

Defiende validez

La fuente de la Procuraduría insiste en lo valioso del acuerdo arribado.

“Además de toda la información recibida, tenemos la admisión de culpabilidad en nuestro país, y eso es fundamental en un proceso judicial, a esto súmale que tienen obligación de colaborar en todo lo que se requiera a lo largo del proceso, y eso es lo que da espacio a posibles condenas”.

Diario Libre intentó comunicarse con el abogado de Odebrecht en el país sobre la participación local de la compañía en la entrega de los documentos, pero no fue posible obtener una respuesta de Robert Valdez.

Brasil envió los datos el pasado 20 de abril

El pasado 20 de abril, la Procuraduría General de la República de Brasil informó que envió al Ministerio Público de República Dominicana informaciones sobre los acuerdos de cooperación de Odebrecht relacionadas con el país. Indicó que la remisión atendía a un pedido de cooperación jurídica internacional y que fue posible porque la República Dominicana también firmó un acuerdo de lenidad con Odebrecht, lo que permite el intercambio de las informaciones prestadas en ese país. La nota que publicó al respecto la Procuraduría de Brasil indicaba que el compartir las informaciones permitiría que Dominicana tenga acceso más rápido a datos y pruebas con los que las autoridades nacionales podían profundizar las investigaciones sobre el caso en su jurisdicción .
Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Acuerdo Procuraduría y Odebrecht da nuevo matiz a pesquisa por soborno

SANTO DOMINGO. El acuerdo de lenidad firmado entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, fue homologado ayer por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo.

El juez autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) aplicar el criterio de oportunidad para la empresa que admitió haber pagado unos US$92 millones para ser favorecida con obras del Estado en función de que esta se comprometió a identificar a los funcionarios sobornados en el país, así como a los coautores o cómplices.

El órgano investigador explicó en la solicitud de homologación que la acción penal a perseguir reviste mayor relevancia y gravedad que la que se prescinde en cuanto a Odebrecht, ya que la única sanción aplicable a personas jurídicas imputadas de soborno es una multa de hasta el duplo del soborno, sanción que es menor que la que corresponderá a los funcionarios sobornados y sus cómplices.

Sostuvo, además, que el soborno transnacional generalmente supone un concierto fraudulento de agentes que tipifican la asociación de Malhechores y el lavado de activos, las cuales son de mayor relevancia jurídica, mayor gravedad social y penológica.

La constructora se comprometió a identificar las obras que le fueron adjudicadas mediante soborno; identificar las personas físicas y jurídicas que facilitaron y/o coadyuvaron a entregar los sobornos; indicar los montos de los sobornos entregados y el mecanismo financiero utilizado (cuentas bancarias, registros contables, entre otros).

También a prestar declaraciones en el marco de las solicitudes de cooperación internacional y comisiones rogatorias realizadas por el Ministerio Público, aportar al MP todas las aclaraciones y/o precisiones, documentos, testimonios y cualquier otro medio de prueba relacionadas al pago de más de US$92 millones entre 2001 y 2014.

Asimismo, Odebrecht deberá resarcir los daños materiales y morales causados a la República Dominicana a través del pago de US$184 millones hasta el año 2025; suministrar cualquier otro hecho relevante, evidencia o información que sea de su conocimiento relacionado con los hechos admitidos.

Además tendrá que suministrar el acuerdo firmado con el Ministerio Público de Brasil en lo relativo a Dominicana así como el Plea Agreement con los Estados Unidos y declaraciones hecha por los ejecutivos /colaboradores bajo los acuerdos de colaboración individuales con sus respectivos datos de corroboración.

El procurador Jean Alain Rodríguez dijo ayer que aunque el acuerdo establece un máximo de 60 días después de la homologación, a más tardar el 19 de mayo tendrán los nombres de los sobornados.

Ángel Rondón será procesado

Ángel Rondón será procesado

La Procuraduría dejó claramente establecido en el acuerdo firmado con Odebrecht, que no prescinde de perseguir penalmente al enlace comercial de la constructora en el país. Dijo que la prescindencia de las acciones penales y aplicación de una solución alternativa del conflicto, no aplica ni beneficiará de manera alguna a otras sociedades, funcionarios públicos, “ni el señor Ángel Rondón Rijo, cualquiera que sea la calidad que ostente respecto de Odebrecht”.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Procuraduría comienza a citar a los legisladores del PLD por caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. Unas dos horas y media duró el interrogatorio hecho al presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, respecto a varios contratos suscritos entre la empresa Odebrecht con el Estado.

El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, cuestionaron al legislador respecto a los procedimientos y actuaciones llevadas a cabo para la aprobación de préstamos internacionales usados en contratos de obras construidas por la empresa que admitió haber pagado soborno para tales fines.

El legislador dijo estar esperanzado en que la Procuraduría arribe a una conclusión determinada, y “si hay algún responsable que se someta a la acción de la justicia”, pero que él en lo personal nunca ha tenido ningún vínculo con los directivos de la referida multinacional.

“En mi presidencia y cuando Cristina, nunca habido ningún tentativa o intento de soborno para la aprobación de alguna obra”.

“Yo he sido presidente del senado por ocho años, este es mi noveno y se han conocido muchos préstamos relacionados con la Odebrecht. Yo estaba esperando que me citaran, había solicitado que me citaran, porque yo entiendo que si ha habido sobreevaluación, si habido algo irregular que sean sometidos los responsables”, argumentó.

La Procuraduría explicó que en virtud de que Pared Pérez también presidió el Senado desde agosto 2006 hasta agosto 2014, su declaración puede arrojar datos útiles para la investigación que desarrolla el Ministerio Público sobre los US$92 millones en sobornos pagados por la constructora brasileña.

“El Procurador General agradeció la disposición y colaboración del máximo representante del Poder Legislativo, quien inmediatamente fue citado para declarar, aceptó acudir al encuentro”, dijo la Procuraduría General. Manifestó que como parte de la investigación no se descarta invitar próximamente a otros pasados presidentes de cámaras legislativas o comisiones de interés en estas cámaras.

La PEPCA ha retomado los interrogatorios a funcionarios y exfuncionarios públicos que tuvieron alguna vinculación con obras construidas por la multinacional a fin de determinar el pago de sobornos admitido por la compañía ante las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza.

La pasada semana fue llamado por segunda ocasión, a fin de ofrecer declaraciones, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien rubricó varios acuerdos con la Odebrecht.

A su salida el exfuncionario expresó que todos los contratos que firmó durante sus años al frente de Obras Públicas se hicieron cumpliendo con el debido proceso.

Sólo Díaz Rúa y Marcelo Hofke, gerente general de la constructora en el país, han comparecido públicamente en más de una ocasión al despacho del procurador Rodríguez Sánchez.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS VIDEOS

VIDEO: Juez declara inadmisible procedimiento del acuerdo entre Odebrecht y Ministerio Público

SANTO DOMINGO. El juez Alejandro Vargas declaró inadmisible el procedimiento de homologación del acuerdo usado por el Ministerio Público y la Odebrecht basado en que se precisa un “requerimiento procesal de mayor rigurosidad jurídica”, que el “el procedimiento escogido”.

En el acuerdo la compañía brasileña se comprometía a abonar 184 millones de dólares de multa por los sobornos pagados para conseguir contratos a cambio de que el ministerio público renunciara a procesar judicialmente a sus empleados.

En su decisión, el juez estableció que el criterio de la conciliación aludida por el Ministerio Público es para dirimir conflictos entre querellantes y querellados.

Aquí las bases del fallo:

Primero: “En virtud de que el instituto jurídico de la conciliación en el cual fundamentan sus pretensiones fue concebido por el legislador para dirimir conflictos entre denunciantes, víctimas, querellantes y querellados cuando los hechos que les atañen responden a la siguiente naturaleza: 1) contravenciones; 2) infracciones de acción privada; 3) infracciones de acción pública a instancia privada; 4) homicidio culposo; 5) infracciones que admiten la suspensión condicional de la pena; infracciones en las que el representante de la sociedad para proceder debe contar con el requerimiento de una instancia privada, una denuncia o una querella del ofendido; por lo que siendo así, es evidente que al recurrir a esa institución para que se homologue el Acuerdo en cuestión, el órgano de persecución penal desborda el principio de legalidad, por cuanto condiciona el ejercicio de la acción penal a un criterio de oportunidad que no le es dado en virtud de algún mandato legal e ignora, y como han reconocido ambas partes, se trata de hechos graves, y en consecuencia, requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica.

Segundo: Se ordena la devolución del acuerdo, a las partes que lo han convenido, al Ministerio Público y empresa imputada Odebrecht a fin de que lo promuevan al amparo del procedimiento establecido para los casos que comportan la gravedad de los hechos que se investigan.

Tercero: Fija la lectura íntegra de la presente decisión, para el día que contaremos al primero de marzo, del año 2017, a las diez de la mañana, valiendo la presente decisión, notificación para la misma.

Cuarto: La lectura de la presente resolución, vale notificación para las partes presentes y representadas.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Juez decide este miércoles si homologa contrato Procuraduría con Odebrecht

SANTO DOMINGO. Será este miércoles cuando el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, emitirá su decisión sobre la validación o no del acuerdo firmado entre la Procuraduría y la constructora Odebrecht, así como de la solicitud de declarar el caso complejo.

El fallo lo emitirá el magistrado, José Alejandro Vargas, en una audiencia fijada para las 10:00 a.m. en la segunda planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde funciona el tribunal de Atención Permanente.

A través del acuerdo la empresa se compromete a retribuir al Estado dominicano con US$184 millones en compensación por el pago de sobornos realizados para ser favorecida con obras públicas. En el mismo, la constructora admite haber pagado sobornos por US$92 millones a funcionarios desde el año 2001 al 2014, y se compromete a pagar el doble en un plazo máximo de ocho años.

El juez Vargas deberá valorar el procedimiento y las condiciones del acuerdo para entonces decidir si homologarlo o no. En caso de ser acogido, adquirirá el carácter de documento público.

El convenio fue depositado el pasado 10 de febrero por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, junto a Robert Valdez, abogado de Odebrecht. Cuatro días después, el pasado 14 de febrero, el magistrado Vargas conoció el documento y se reservó el fallo para ser conocido este miércoles primero de marzo.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Dice son contundentes pruebas caso Tucano

Santo Domingo.-El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró ayer que el ministerio público tiene “pruebas contundentes” para demostrar el involucramiento de los imputados en el pago de sobornos para el contrato de compra a Brasil de ocho aviones Súper Tucano.

Dijo que durante el proceso investigativo el ministerio público ha recibido la colaboración de las autoridades de Estados Unidos y Brasil, lo que ha permitido fortalecer y ampliar las indagatorias.

Destacó que siguen avanzando en las investigaciones y en la estructuración del expediente en contra de los imputados por la compra de los Super Tucano, para lo cual se habrían otorgado sobornos por US$3.5 millones.  Expresó que en este caso no se ha llegado a ningún acuerdo con los imputados ni se ha contemplado el mismo dentro de las acciones programadas. “La Procuraduría trabaja para que se castiguen los hechos de corrupción y toda acción que perjudique el bienestar y el desarrollo del país”, enfatizó el Procurador.

Sostuvo que con relación al caso se ha realizado un significativo número de allanamientos a escala nacional, durante los cuales se ha logrado obtener importantes hallazgos para sustentar el expediente de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

Rodríguez dijo que con las diligencias procuran obtener los mejores resultados, mediante pruebas fehacientes que les permitan demostrar los hechos imputados y que haya sanción.

Indicó que según se ha establecido, el soborno entregado por la empresa aeronáutica brasileña Embraer, asciende a unos US$3,520,000, que ingresaron por partidas al país a través de varias empresas.

Involucrados
Se recuerda que el ministerio público logró en agosto del pasado año que ese caso fuera declarado complejo y que fueran impuestas diferentes medidas de coerción en contra de los implicados, incluyendo la prisión preventiva en contra del coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Carlos Piccini.

Mientras que en cuanto al exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, y a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, se les impuso como coerción presentación periódica e impedimento de salida del país.

Para el próximo 10 abril, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá una solicitud de revisión obligatoria de la coerción al coronel Piccini, empero, el ministerio público dice estar preparado para lograr que se mantenga la prisión preventiva.

(+)
ADQUISICIÓN DE LOS AVIONES EN BRASIL

EL COSTO OPERACIONAL DE LAS AERONAVES: El proyecto fue impulsado por las Fuerzas Armadas, que defendió la necesidad de adquirir los aviones para resguardar el espacio aéreo y las costas nacionales ante el avance del narcotráfico internacional, que utiliza al país como puente de sus operaciones.

Cada una de las naves de cuarta generación que fueron compradas a la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), por US$93 millones, para combatir el narcotráfico y otras misiones, tiene en las alas una ametralladora 50 que hace entre 350 y 450 disparos por minuto, y espacios para otros armamentos.

El costo operacional de las naves es de US$430 por hora de vuelo. Detalló que de los US$93 millones cotizados por Embraer, el costo de cada aeronave fue US$8.8 millones; US$15 millones fueron por paquete logístico, US$5 millones de armamento y radio, y US$1 millón por entrenamiento.

Categorías
MUNDIALES NOTICIAS

Fiscales de RD y otros 14 países cruzarán datos sobre Odebrecht en Brasilia

Brasilia.-Representantes de Ministerios Públicos de quince países se reunirán a partir de mañana en Brasilia para intercambiar información sobre las prácticas de corrupción en que ha incurrido la constructora brasileña Odebrecht.

Según la Procuraduría General de Brasil, que organiza la cita, han sido invitados delegados de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Las reuniones serán a puerta cerrada pues, según dijo a Efe un portavoz de la Procuraduría, existen investigaciones en curso por parte de cada uno de los Ministerios Públicos que asistirán a una cita que consideró como un «inédito caso de cooperación regional».

En esos catorce países, además del propio Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse esas prácticas ilegales, se investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales, el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares.

Todos esos países han solicitado información a las autoridades brasileñas, que desde hace más de dos años iniciaron la llamada operación «Lava Jato», que empezó con un simple asunto de blanqueo de dinero en un puesto de gasolina y lavado de coches de Brasilia y destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia nacional.

Desde entonces, decenas de políticos y empresarios han terminado en prisión por su participación en esa trama, que aún puede salpicar a muchos otros dirigentes de casi todos los partidos, entre quienes figuran miembros del Gobierno y el propio presidente Michel Temer.

Esas prácticas, sin embargo, no se limitaron a Brasil y fueron más allá de las fronteras, para expandirse de la mano de Odebrecht por buena parte de América Latina y llegar hasta a países de África e incluso de Europa, como es el caso de Portugal.

Buena parte del dinero obtenido con esas maniobras ilegales pasó por bancos de Estados Unidos y Suiza, países que también entraron en la investigación y con los cuales Odebrecht firmó sendos acuerdos de lenidad, como hizo en Brasil, mediante los cuales aceptó sanciones pecuniarias que superan los 2.000 millones de dólares.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.

Los pagos se refirieron a «más de 100 proyectos» realizados entre 2001 y 2014 y que, en la gran mayoría de los casos, correspondían a obra pública.

Las investigaciones iniciadas a raíz de las informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han generado una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos.

También han generado un enorme revuelo en cada uno de los países citados, que en su mayoría han pedido información a Brasil, ya que 77 exdirectivos de Odebrecht implicados en el asunto han acordado colaborar con la justicia y pudieran haber revelado detalles sobre las operaciones de la empresa en el exterior.

Los testimonios de esos antiguos ejecutivos de la constructora están bajo un estricto secreto judicial, pero la prensa local afirma que pudieran implicar en el asunto a unos 200 políticos, por lo que los califica como «la delación del fin del mundo».

Odebrecht, que opera en 28 países y tiene unos 168.000 empleados, ha aceptado su responsabilidad en esos hechos y se ha comprometido tanto a colaborar con la justicia en todas las investigaciones como a eliminar definitivamente esas prácticas corruptas.

Fiscalía colombiana investiga «veracidad» de declaraciones en caso Odebrecht

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Odebrecht pagará US$184 MM en ocho años con un primer abono de US$30 MM

Santo Domingo.-El acuerdo arribado entre la Procuraduría general de la República y la constructora Odebrech, en torno a  los sobornos que la empresa brasileña admitió haber pagado en República Dominicana, contempla un bono de 30 millones de dólares  ya pagado y el resto en un plazo de ocho años hasta el 2025.

Así lo explicó el procurador Jean Alain Rodríguez, en un documento dado a conocer ayer jueves.

Detalló que, según el acuerdo, dicho monto será desembolsado en un plazo de ocho años, mediante pagos anuales hasta enero de 2025, tras señalar que “en adición, la República Dominicana gozará de un derecho de prelación o privilegio en el cobro de la indemnización sobre los demás países afectados por sobornos, a excepción de Estados Unidos, Brasil y Suiza”.

Dijo que el contenido del acuerdo está protegido en su totalidad por la confidencialidad  establecida en el artículo 290 del Código Procesal Penal Dominicano.

En cuanto a las operaciones de la empresa brasileña en el país, el documento establece que  el Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Comunicado de prensa íntegro enviada por la PGR

El Procurador General de la República, Jean Rodríguez, reveló este jueves detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña Odebrecht, en virtud de los sobornos que la empresa brasileña admitió haber pagado en República Dominicana, ante autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil y Suiza.

Rodríguez explicó que, “tal y como se había anunciado al país el 20 de enero del año en curso, Odebrecht se comprometió al pago indemnizatorio de 184 millones de dólares, el doble de la suma de 92 millones de dólares que la empresa admitió haber pagado como sobornos en el país, cantidad que fue negociada tomando como referencia la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión”.

Señaló que, según el acuerdo, “dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles. En adición, la República Dominicana gozará de un derecho de prelación o privilegio en el cobro de la indemnización sobre los demás países afectados por sobornos, a excepción de Estados Unidos, Brasil y Suiza”.

Destacó que, “aparte de Brasil, la República Dominicana se destaca como el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos, además de ser el único que recibirá la totalidad de la indemnización pactada en un plazo de 8 años, a diferencia de los plazos de más de 20 años negociados por Brasil, Colombia, Panamá y Perú”.

Cooperación de Odebrecht fortalecerá la investigación

El Procurador resaltó una vez más que la firma del acuerdo económico no detendrá las investigaciones. “Seguiremos trabajando sin descanso y hasta las últimas consecuencias para identificar a quienes aceptaron dádivas en perjuicio del Estado y toda la sociedad, caiga quien caiga. A esos fines, hemos garantizado el fortalecimiento de la investigación local a través de una cláusula de cooperación en el acuerdo, que obliga a Odebrecht a robustecer la potencial acusación del Ministerio Público”, puntualizó.

En efecto, dijo, “como condición para obtener los beneficios del convenio, Odebrecht se comprometió a proporcionar al Ministerio Público toda la información que le sea requerida, especialmente la delación premiada sobre las operaciones de Odebrecht en el país ofrecida ante el Ministerio Público Federal de Brasil, a raíz de la cual resultarán identificadas personas, obras y la estructura financiera empleada en la movilización de los fondos destinados a sobornos, entre otras informaciones que permitirán al Ministerio Público dominicano continuar con su investigación y someter a la justicia a quienes hayan violado la ley”.

Manifestó además que, “estas informaciones serán suministradas una vez sea homologado y librado de confidencialidad el Acuerdo de Lenidad suscrito por Odebrecht con las autoridades brasileñas, con la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos, de conformidad con el Acuerdo de Lenidad firmado por Odebrecht con esta última nación”.

Agregó también que, “el contenido de este acuerdo está protegido en su totalidad por la confidencialidad establecida en el artículo 290 del Código Procesal Penal Dominicano”.

“Nuestro objetivo es identificar a cada uno de los que se beneficiaron de esta estructura criminal en el país y procesarlos para que sientan todo el peso de la ley. Por eso, este acuerdo apenas es el comienzo de los esfuerzos que se están realizando desde la Procuraduría para aclarar el entramado de corrupción creado por Odebrecht en el país”, indicó el Procurador.

Alcance del acuerdo

Como contrapartida de la compensación y colaboración jurídica de Odebrecht, en respeto a los acuerdos internacionales, el principio de non bis in ídem y la economía procesal, y una vez satisfechas las condiciones del acuerdo, la empresa y sus empleados directos continuarán siendo procesados en la jurisdicción brasileña, donde su principal funcionario, Marcelo Odebrecht, se encuentra cumpliendo una condena de 19 años de prisión.

Al igual que en Brasil, Estados Unidos y Suiza, el acuerdo beneficiará únicamente a Odebrecht y sus empleados directos. Quedan completamente fuera del alcance del convenio y podrán ser objeto de persecución penal todas las sociedades que no sean parte del grupo económico de Odebrecht, así como también los representantes comerciales, comisionistas, agentes, intermediarios, empresarios, funcionarios públicos y demás terceros involucrados en los hechos admitidos por la constructora brasileña.

Operaciones de Odebrecht en el país

Siguiendo los estándares y mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo y compliance penal, el Ministerio Público ha exigido a Odebrecht aplicar en la filial dominicana de la compañía las mismas medidas de fortalecimiento de la ética, gobierno corporativo, integridad y transparencia pactadas en el Acuerdo de Lenidad firmado con Brasil, Estados Unidos y Suiza, países donde también se le permitirá operar de manera condicionada. Estas acciones deberán ejecutarse en un plazo de 24 meses y los avances en la implementación deberán ser reportados al Ministerio Público mediante reportes semestrales.

Como consecuencia de este compromiso, el Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la solicitud de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Base legal

La legalidad del acuerdo firmado con Odebrecht se fundamenta en el Artículo 2 del Código Procesal Penal, el cual establece que el proceso penal tiene carácter de medida extrema de la política criminal, por lo que el Ministerio Público tiene la posibilidad de utilizar medidas alternativas para restaurar el orden social fuera de la judicialización del caso.

Igualmente, el Artículo 370.6 de la misma norma permite al Ministerio Público aplicar criterios de oportunidad en casos de naturaleza compleja, como el presente, cuando los imputados colaboran eficazmente con la investigación, brindan información esencial, ayudan a esclarecer los hechos o proporcionan información útil para comprobar la participación de otros imputados.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Procurador Jean A. Rodríguez cancela fiscal de Higüey por golpear a conserje

SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, canceló a la fiscal de Higüey, Elizabeth Rijo, por golpear en la cara e insultar a una conserje en la sede de esa institución frente a varios testigos.

De acuerdo con la investigación realizada por la comisión de inspectoría general del Ministerio Público, Rijo le armó un escándalo a la señora Juana Dilia Paniagua Hidalgo, en la Fiscalía porque las hojas de una “matita” en su despacho estaban en su escritorio.

El informe señala que entre la fiscal y la señora de avanzada edad, se produjo un enfrentamiento luego de que ésta saliera del despacho y le pegara una bofetada.

La comisión designada por Alain Rodríguez interrogó en la Procuraduría General a varios testigos del hecho así como a la Fiscal de Higüey y a Paniagua Hidalgo, mediante lo cual pudo confirmar la veracidad en lo ocurrido.

El Procurador aseguró que bajo ninguna circunstancia permitirá que miembros de la institución se vean involucrados en hechos que afecten la moral y la buena forma. “Bajo ninguna circunstancia permitiré que servidores del Ministerio Público se vean involucrados en hechos que atenten contra la moral y las buenas formas en el ejercicio de sus funciones, y mucho menos, que se produzcan agresiones físicas entre miembros de la misma organización”, expresó.

La comisión investigadora estuvo encabezada por el procurador general adjunto Bolívar Sánchez, Domingo Cabrera y Miriam Cordones.

“Es inaceptable este tipo de conductas en donde ha sido afectada una conserje de nuestra institución, víctima del abuso de poder de quien como superiora inmediata, debía ser el ejemplo de un accionar basado en el respeto mutuo, apegada a las normas que rigen a todo servidor público”, refirió Jean Rodríguez.

Destitución administrativa; no es de carrera
La cancelación de Elizabeth Rijo, quien ingresó al Ministerio Público en el año 2005 como abogado ayudante, se hace de manera administrativa, porque no es una fiscal de carrera. Actualmente se encuentra estudiando en la Escuela Nacional del Ministerio Público para ser fiscal de carrera.

Se le acusa de falta grave por “incurrir en conducta inmoral en el trabajo o en algún acto que afecte gravemente al Ministerio Público”, según lo establece el artículo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica del MP (Ley 133-11). Así mismo lo dispone la Ley 41-08 de Función Pública, en su artículo 84 numeral 4, sobre conducta inmoral en el trabajo y acto lesivo al buen nombre de la institución.

Categorías
NACIONALES NOTICIAS

Procuraduría pide a fiscales mayor investigación en un caso de droga

dominguezbritoprocuraduriaSANTO DOMINGO. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó a los procuradores fiscales de la región del Cibao fortalecer las investigaciones para desmantelar la banda de sicarios y de tráfico de drogas encabezada por José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), a la cual se le atribuye haber asesinado a más de 40 personas por el control de puntos de droga.

Precisó que “Nino Come Mezcla”, guarda prisión preventiva de tres meses en la cárcel de la provincia Hermanas Mirabal., tras ser detenido por la Fiscalía de Moca el 29 de octubre de 2015, en cumplimiento con una orden de arresto del Ministerio Público de Salcedo.

“Estamos instruyendo de manera formal, no solamente a la instrumentación de los procesos de lavado como consecuencia de una actividad ilícita, sino también a una búsqueda exhaustiva de todos los casos de sicariato en los cuales se pueda encontrar involucrado el imputado, cuyo apresamiento y envío a prisión constituye uno de los ejes básicos y de los triunfos más relevantes que se han obtenido en el país contra el microtráfico y venta de drogas”, dice en una comunicación remitida por el procurador a los fiscales.

De acuerdo al Ministerio Público la banda ha operado durante años y es considerada como una de las más peligrosas porque prácticamente controla la venta de drogas de cocaína y marihuana en el Cibao, además de poseer la mayor cantidad de equipos dedicados al sicariato.