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Juez reenvía audiencia caso Odebrecht tras acoger un primer incidente

SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, reenvió ayer para el próximo viernes el conocimiento de la audiencia de solicitud de ampliación de plazo hecha por el Ministerio Público para la investigación del caso Odebrecht.

La audiencia fue suspendida a los fines de que los fiscales y los imputados del proceso tomen conocimiento de cuatro pruebas documentales depositadas por el procesado Andrés Bautista García.

El juez Ortega explicó en su resolución, que Bautista García sólo depositó un ejemplar de las pruebas que deberán ser reproducidas y notificadas a todos los encartados, y que el 5 de febrero, día en que las depositó en la Secretaría General de la Suprema Corte, sólo se pudo notificar a la Procuraduría General de la República.

Según la instancia del expresidente del Senado, los audios son de declaraciones de prensa hechas por el procurador Jean Alain Rodríguez, con las cuales probará la fecha del inicio formal de la investigación por los US$92 millones que admitió haber pagado la empresa brasileña en sobornos para ser favorecida con obras del Estado.

El Ministerio Público dijo que la defensa de Andrés Bautista buscaba incidentar el proceso al depositar un día antes de la audiencia las pruebas audiovisuales, por lo que pidió que se le otorgue un plazo razonable para no sólo conocerlas, sino también elaborar la respuesta a las mismas.

Carlos Salcedo, abogado del imputado, rechazó lo argumentado por el fiscal Milcíades Guzmán, y dijo que está de acuerdo en que se le otorgue el tiempo necesario para referirse al respecto. Los abogados de los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, Víctor Díaz Rúa, Bernardo Castellanos, Radhamés Segura y César Sánchez no se opusieron al pedimento del órgano investigador.

En tanto que los representantes legales del diputado Alfredo Pacheco, Juan Temístocles Montás, Ruddy González, Conrado Pittaluga y Ángel Rondón Rijo pedían que se diera un receso de horas al Ministerio Público ya que las pruebas deberán ser reproducidas y debatidas en audiencia.

Algunos de los abogados dieron por conocidas las informaciones que están en los cuatro CD depositados por el abogado Salcedo.

Favorecen pedido

El senador César Valentín dijo que la ampliación de plazo solicitada por el Procurador le favorecerá para demostrar su “absoluta inocencia”.

En tanto que el empresario Rondón Rijo explicó que él también solicitó informaciones o diligencias de investigación a la Procuraduría, por lo que no se opone a que le den más tiempo para investigar.

“Nosotros de modo alguno podemos oponernos a que el Procurador pida una prórroga porque yo soy el más llamado a que el Procurador busque pruebas contundentes como él ha dicho, pero pruebas no solamente para acusar, también para descargar”, expresó.

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Juez de la Suprema Corte de Justicia dicta No Ha Lugar a favor de Félix Bautista

alejandro_moscoso_segarraSANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, dictó un auto de No Ha Lugar a favor del senador Félix Bautista y otras seis personas, acusadas de presunta corrupción y lavado de activos en perjuicio del Estado.

El magistrado declaró la nulidad de la acusación presentada por el procurador Francisco Domínguez Brito, y ordenó el levantamiento de cualquier tipo de oposición, nota de advertencia, incautación, secuestro y otra medida restrictiva de la propiedad de los bienes de los imputados.

El descargo de responsabilidad penal, además de Bautista, beneficia a José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimentel, Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.

Es del criterio que sobre los procesados no se han presentado medios de prueba serios, suficientes y vinculantes para admitir la acusación presentada en su contra y, en consecuencia, traducirles a un juicio por los tipos penales atribuidos, ni otros que se les asemejen.

Plantea que resulta oportuno señalar que la ineficacia de actuaciones en actos procesales practicados por el Ministerio Público contrarios a las previsiones de la ley, dificultan una correcta administración de justicia, «no sólo para los ahora acusados, sino para cualquier persona sometida a juzgamiento penal».

«Correcto es aseverar que en la persecución penal, el norte del acusador debe ser lograr introducir la prueba correctamente al proceso, haciéndolo conforme a la Constitución, los tratados y las leyes vigentes, de manera que pueda ser valorada jurisdiccionalmente en base a los parámetros de la sana crítica».

Entiende que de ahí que el acusador deba hacer los esfuerzos de lugar para presentar un caso contentivo de prueba, no sólo suficiente, sino eficaz por ser recogida en respeto del debido proceso, «lo que no ocurrió en el presente caso». Considera que en la especie concurren dos circunstancias acreditadoras del auto de No Ha Lugar.

Cita una respecto de varios hechos atribuidos que no constituyen tipos penales, como quedó determinado en la resolución; y la otra, que los elementos de prueba que superan el tamiz de la licitud resultan insuficientes para fundamentar la acusación.

Sostiene que no existe, razonablemente, la posibilidad de incorporar nuevos; por lo que procede eximir a los imputados de responsabilidadad penal.

Examinados los alegatos de los imputados, el juez estima que, en cuanto al tipo penal de desfalco, el único elemento presente es el relativo a la condición de funcionario o empleado público, pues, respecto al resto de elementos que tipifican la infracción, el Ministerio Público no ha aportado elemento probatorio tendente a sustentar y probar la condición de depositario público a la que hace referencia el párrafo I de la 2da. sección del capítulo III del Código Penal Dominicano.

«Es decir, aquella condición por la cual se pueda decir que al funcionario o empleado le fueron entregados o puestos bajo su guarda dineros, fondos, sellos, o que los haya cobrado o percibido, y deba depositar o remesar tales fondos, debiendo rendir cuentas y devolver los balances no gastados de los mismos».

Tampoco aporta prueba el órgano acusador del elemento material de distracción y uso distinto.

Detalla que conforme a la doctrina, de la que se auxilian, tanto la defensa como el acusador, además de los dos elementos anteriores, la configuración del desfalco opera cuando se trate de sustracción de las cosas señaladas en el artículo 169 del Código Penal (derogado y sustituido por la Ley 712 del 27 de junio de 1927), es decir, rentas o dineros, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suministros y otros valores, que les hayan sido confiados a funcionarios o empleados públicos, respecto de los cuales deben rendir cuentas y devolver los balances no gastados.

Sañala que de todo esto se desprende que, para una persecución exitosa el órgano acusador debe proveer la prueba pertinente y conforme a los procedimientos establecidos en la ley. Recalca que cuando se trata de procesos relativos a malversación de fondos públicos, el constituyente, en pos de garantizar un adecuado uso de dichos fondos, ha regulado ampliamente un esquema de control y fiscalización de los poderes del Estado e instituciones que le integran, y, sin desmedro de otros órganos, atribuye competencia para tales mandatos tanto a la Contraloría General.

Indica que la necesidad de una auditoría para poder impulsar una acusación penal, en casos como el de la especie, es un imperativo legal, y en ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, en sentencia TC/0001/2015 del 28 de enero de 2015.

«La acusación imputa la conformación de una red societaria con miras a obtener beneficios particulares, pero no aporta la prueba aludida que permita elevar a los procesados a juicio por tal razón.

Tampoco se han presentado elementos que indiquen la presunta comisión de maniobras fraudulentas.

La riqueza

El magistrado plantea que el delito presuntamente generador del enriquecimiento ilícito lo constituye el desfalco, el cual carece de la prueba por excelencia para su persecución, en virtud de lo cual no procede retener este tipo. En cuanto a la imputación de estafa en perjuicio del Estado haitiano, entiende el Juzgado que obedece a un error en la acusación puesto que en ninguna parte de la pieza acusatoria se hace referencia a hechos de esa dimensión. Dice que la tesis del MP sobre el lavado de activos, además de ser contradictoria, no encuentra respaldo en el ordenamiento jurídico, donde es deber del acusador proveer prueba a fin de demostrar que el enriquecimiento tiene su origen en actividades delictivas.

Este Juzgador entiende que para imputar el tipo penal de enriquecimiento ilícito, no es suficiente con que se atribuya incremento de patrimonio del funcionario».
Por Federico Méndez
Diario Libre

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SCJ ordena libertad de Luis Álvarez Renta

alavarez_rentaSanto Domingo.-La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ordenó ayer la libertad del economista Luis Álvarez Renta, quien cumplía condena por el fraude del desaparecido Banco Intercontinental (Baninter).

El tribunal decidió la medida porque el exbanquero ya cumplió la pena de 10 años de prisión que le fue impuesta a partir del 18 de junio de 2003, cuando fue arrestado.

Álvarez Renta había elevado un recurso de casación contra una sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 12 de febrero de este año, que rechazó un recurso de apelación contra la decisión del juez de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, contra un hábeas corpus que buscaba su    libertad.

El tribunal admitió como interviniente a la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa, Laura Guerra, y a los abogados del Banco Central,  Superintendencia de Bancos y el Banco Intercontinental, representado por la Comisión de Liquidación administrativa de dicha institución.

En su sentencia, el tribunal declara con lugar al referido recurso de casación y en consecuencia, casa sin envío la sentencia impugnada y procede a dictar directamente la decisión del caso, ordenando la libertad del economista.

Los jueces ordenaron que la decisión sea notificada al juez de la Ejecución de la pena de San Cristóbal.

La sentencia establece que cuando esa excarcelación fue revocada, su estatus de libertad estaba a merced de las autoridades judiciales apoderadas de su caso, en virtud de que por la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal el 27 de septiembre del 2004, correspondía  a las instancias judiciales, no a la Procuraduría, vigilar y decidir sobre su condición procesal.

Los jueces expusieron que  desde 2004 al 2008, Álvarez Renta estuvo sujeto a las disposiciones judiciales en lo atinente a la ejecución de la referida revocación de excarcelación, estando en una situación procesal no generada por él.
Por Ramón Cruz Benzán
Listin Diario

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Tribunal de SC ratifica prisión preventiva a los hermanos Buitrago

buitragoSanto Domingo.-La jueza del Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal, Rosa Mateo, ratificó la medida de coerción de prisión preventiva contra los hermanos colombianos Huber Osvaldo Buitrago y Ángel María Buitrago Vacca, acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público y decidió mantener en prisión a los hermanos Buitrago, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.

“Saludamos la disposición de la jueza Mateo porque con ello se fortalecen las acciones de persecución de esos delitos, y sobre todo, el sistema de Justicia en sentido general”, expresó el titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos,  Germán Daniel Miranda Villalona, de acuerdo con un comunicado  de la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría.

Dijo que continuarán atentos a los planes de los hermanos Buitrago para la búsqueda de libertad y fianza en los procesos que tienen abiertos en la República Dominicana.

A la presunta red, a los que se acusa a los hermanos Buitrafo de ser cabecillas, les fue desmantelado un laboratorio de drogas en la comunidad de Sabana Toro en la  provincia de San Cristóbal, así como dólares, armas de fuego y sustancias narcóticas en una operación llevada a cabo en La Caleta, de Boca Chica.

Para este viernes 1 de agosto, a las 11:00 de la mañana, está programada la audiencia preliminar en el proceso que se le sigue por el caso La Caleta junto a otros veintitrés imputados, entre ellos, venezolanos, colombianos y dominicanos.

Durante el desarrollo de la audiencia celebrada en el Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal el Ministerio Público estuvo representado por un equipo de fiscales de la Procuraduría Antilavado, integrado por los magistrados Pelagio Alcántara, Catalina Arriaga, Santiago Castro y María del Carmen De León, mientras que el fiscal Johnny Germán estuvo en representación de la Procuraduría Fiscal de la provincia San Cristóbal.

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Jueces de Suprema Corte de Justicia ganarán RD$375 mil; y suben a RD$90 mil a los de Paz

procuraduria_republicaSanto Domingo. Los casi 700 jueces del país, incluyendo los 17 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), funcionarios judiciales y empleados recibieron aumentos salariales que van desde un 5% hasta un 40%.

El salario de un juez de la SCJ fue llevado de RD$329,503.68 a RD$375,000, para un incremento de RD$46,500.

El aumento, aprobado por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) lleva a RD$155,000 para los jueces de la Corte de Apelación, quienes anteriormente devengaban un sueldo de RD$132,000.

Existen 33 Cortes de Apelación y equivalentes en funcionamiento a nivel nacional, divididos en 50 salas.

En tanto que los magistrados del Juzgado de Primera Instancia pasaron a percibir RD$115 mil. Antes del incremento, el salario era de RD$92,400.

Actualmente existen 171 tribunales de primera instancia y equivalentes en funcionamiento a nivel nacional, divididos en 277 salas. La mayor escala en el aumento la recibieron los jueces de Paz, quienes de un monto de RD$59,400 pasan a devengar RD$90,000. Los aumentos van desde un 5% a un 25% a favor de los funcionarios que ganan RD$134,000.

En la actualidad existen 213 Juzgados de Paz en funcionamiento. Se trata de tribunales unipersonales y en la pirámide de la estructura judicial son los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía.

El CPJ estima que la escala tendrá un impacto de RD$377,600,000 en el Presupuesto del Poder Judicial para el período que resta del 2014.

El CPJ, que es el órgano con competencia administrativa-financiera, disciplinaria y presupuestaria del Poder Judicial está integrado por su presidente Mariano Germán Mejía, Dulce Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno, Francisco Arias Valera y Elías Santini.
Por Federico Méndez
Diario Libre

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Suprema aplaza para 4 de marzo recursos de apelación interpuso senador Félix Bautista

felix_bautistaSanto Domingo.-Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, aplazaron para el próximo 4 de marzo el conocimiento de los recursos de apelación interpuesto por el senador Félix Bautista, contra la decisión que ordena al Ministerio Público seguir investigándolo.

El tribunal presidido por la magistrada Miriam Germán Brito, tomó la decisión  a los fines de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, decida sobre recurso de oposición interpuesto fuera de audiencia.

El pedimento de aplazamiento al tribunal que integran además los magistrados Alejandro Moscoso Segarra, Frank Soto y Hiroito Reyes, fue planteado por el abogado Rigoberto Rosario, quien representó por separado en el tribunal a la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y la Alianza Dominica Contra la Corrupción (Adocco),  a pesar de la oposición del abogado del exdirector de la oficina Supervisora de Obras del Estado, doctor Marino Feliz Rodríguez.

A juicio del profesional del derecho, Cona y Adocco están rehuyendo al proceso porque la auditoria de la Cámara de Cuentas, que es el objeto del caso, salió favorable al senador razón por lo que le “huyen como el diablo a la cruz al caso”.

El senador Félix Bautista presentó los recursos de apelación contra la sentencia del juez Víctor José Castellanos, y de la jueza Esther Agelan Casasnova, mediante la cual ordenan al Ministerio Público seguir investigándolo ante una denuncia de Cona y de Adocco.
Por Ramón Cruz Benzán
Listin Diario

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Corte Suprema permite límites a aborto en Texas

aborto_texasWASHINGTON.- Una Corte Suprema fuertemente dividida permitió el martes a Texas que continúe aplicando restricciones al aborto que según sus opositores han llevado a que más de un tercio de las clínicas del estado dejen de realizar abortos.

Los jueces votaron 5-4 para dejar en efecto una disposición del estado que obliga a los médicos que realizan abortos en clínicas a que tengan primero privilegios de admisión de pacientes en un hospital cercano.

La mayoría conservadora de la corte rechazó la petición de la organización Planned Parenthood y otras clínicas de Texas donde se practican abortos para que se revocara un fallo de una corte federal de apelaciones que permitió que la disposición entrara en vigencia.

Los cuatro jueces liberales disintieron.

En Texas, 12 clínicas donde se realizan abortos dicen que han tratado de obtener privilegios de acceso a hospitales cercanos para sus médicos, pero que hasta ahora ninguno de los hospitales ha respondido a sus peticiones.

Eso significa que esas clínicas ya no pueden ofrecer abortos, con lo que sólo quedan abiertas como máximo unas 20 instalaciones en un estado de 26 millones de personas. Todas estas instalaciones se encuentran en áreas metropolitanas y ninguna en el Valle del Río Grande, una zona fronteriza con México.

En la actualidad, sólo seis de 32 clínicas para abortos en Texas califican como centros de cirugía ambulatoria y algunas tienen médicos que no cumplen con el requisito de privilegios de admisión.

Las mujeres de Texas se realizan un promedio de 80.000 abortos al año.

El gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, elogió la acción del máximo tribunal de Estados Unidos.

Cecile Richards, presidenta de Planned Parenthood Federation of America, dijo que los grupos continuarán la lucha legal.

«Vamos a tomar todas las medidas que podamos para proteger la salud de las mujeres de Texas. Esta ley está impidiendo que las mujeres en Texas tengan un procedimiento médico seguro y legal, como ha sido su derecho constitucionalmente protegido durante 40 años. Esto es indignante e inaceptable… y también demuestra por qué necesitamos protecciones federales más fuertes para la salud de la mujer. Sus derechos y su capacidad para tomar sus propias decisiones médicas no deben depender de su código postal «, dijo Richards.
Por Prensa Asosiada
Via Diario Libre